Protección de la población civil – Nuestra experiencia en Libia y Costa de Marfil

En los dos últimos meses, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas autorizó la intervención militar en Libia y en la Costa de Marfil. En ambas ocasiones, justificó su decisión en la necesidad de proteger a la población civil y de evitar que hubiera más víctimas civiles.

El 10 de mayo, el Consejo de Seguridad se reunió en Nueva York para debatir acerca de la protección de la población civil. Quizá nunca antes había sido tan grande la desproporción entre el progreso en los campos político, militar y doctrinal y la realidad sobre el terreno el desde el punto de vista humanitario.

A pesar, o quizás a causa, de esas iniciativas destinadas a proteger a la población civil, resulta aún más difícil prestar una ayuda humanitaria de índole imparcial y neutral a los civiles q ue viven en carne propia el conflicto armado en Libia y en la Costa de Marfil, países en los que la comunidad internacional humanitaria se ha visto sometida a una dura prueba.

La situación humanitaria en Libia es desastrosa y empeora cada vez más, sobre todo en la ciudad sitiada de Misrata, donde diferentes servicios básicos, como el abastecimiento de agua y la atención de salud, están gravemente perturbados o, simplemente, no funcionan. Los hospitales arrostran grandes dificultades. El reciente bombardeo de un barco cargado de socorros y los heridos que hubo en Misrata –el segundo incidente de este tipo en las últimas semanas– provocaron más víctimas mortales y sufrimientos.

En otros lugares afectados por los enfrentamientos, como Ajdabiya, miles y miles de personas han abandonado sus hogares. Su regreso se ve obstaculizado no sólo por la creciente inseguridad sino también por el constante peligro que suponen las municiones sin estallar. El acceso de las organizaciones humanitarias a muchos lugares, especialmente a Trípoli y al oeste de Libia, ha sido sumamente problemático, y muy pocas han podido prestar una ayuda eficiente a las personas necesitadas.

Al mismo tiempo, la situación humanitaria en el oeste de la Costa de Marfil, cerca de la frontera con Liberia, sigue siendo crítica. El conflicto ha devastado localidades enteras y las necesidades de los habitantes y los desplazados en víveres, agua, alojamiento y atención de salud son ingentes. Como consecuencia de la destrucción y el pillaje de muchos hospitales y centros de salud, se necesitan con urgencia medicamentos y suministros médicos. Desafortunadamente, la respuesta humanitaria general ha sido inadecuada. En esa zona del país, el CICR, junto con la Sociedad Nacional de la Cruz Roja, sigue siendo una de las pocas organizaciones humanitarias que puede ayudar a las personas necesitadas sin tener que recurrir a escoltas armadas.

No obsta nte las buenas declaraciones y resoluciones de orden político sobre la protección de la población civil, ¿por qué ha resultado tan limitado el esfuerzo humanitario para proteger y asistir a los civiles?

Además de la patente falta de respeto que muestran las partes estatales y no estatales por el derecho internacional humanitario, principal causa de los sufrimientos a gran escala de que somos testigos, una razón importante es la politización y la militarización cada vez más grandes de la asistencia humanitaria, lo que incluye el uso de la asistencia como instrumento por parte de los Estados para dirigir el conflicto y para promover sus propios intereses. En el caso tanto de Libia como de la Costa de Marfil, puede resultar difícil distinguir los programas humanitarios, militares y políticos de los principales actores internacionales, al menos por lo que respecta a la opinión pública; lo que resulta claramente espinoso cuando una misión integrada de las Naciones Unidas desempeña funciones militares y humanitarias al mismo tiempo y cuando se convierte, de hecho, en una parte en conflicto, como ocurrió en la Costa de Marfil. Al final, esta confusión de funciones complica o impide no sólo a los organismos de las Naciones Unidas y sus asociados en la realización de operaciones, sino también a otras organizaciones, prestar una asistencia humanitaria imparcial a las personas de una o de otra parte en un conflicto.

Otra razón importante es la forma en que se desempeñan y conducen las organizaciones humanitarias. Mi entras que muchas afirman que se adhieren no sólo al principio fundamental de imparcialidad (que es lo mínimo), sino también a los principios de neutralidad e independencia, pocas los aplican en la práctica. La tendencia es que los principios cedan el paso al pragmatismo cuando resulta más conveniente. En definitiva, esto limita la entrega de una ayuda humanitaria que esté realmente basada en principios.

Dada la profusión de actores que reivindican la realización de una labor de protección, una coordinación efectiva y significativa debe basarse más en un verdadero respeto por ciertos principios básicos que en mecanismos y procedimientos más perfeccionados de coordinación. En pro de la transparencia y la rendición de cuentas, todos debemos ser realistas y claros acerca de la capacidad que tenemos en situaciones de emergencia. Esto incluye saber a qué lugares tenemos acceso para desplegar actividades humanitarias y a cuáles no, y en qué lugares las realizamos de forma individual y en qué medida mediante asociados. Si delegamos actividades, ¿hasta dónde supervisamos esas actividades? ¿Estamos pasando a otros los riesgos que no estamos dispuestos a correr nosotros mismos?

El desafío de proteger a la población civil, considerado en todas sus dimensiones, es enorme. Los Estados, los actores no estatales, los donantes y las organizaciones humanitarias tienen, todos, una función propia que desempeñar. Es demasiado fácil culpar a otros de un fracaso.

Los Estados y los actores no estatales deben dar prueba de voluntad política y buena fe para convertir en realidad las disposiciones legales, y tomar en serio la obligación de proteger a la población civil. La asistencia debe ser una prioridad y ha de prestarse según necesidades estrictamente humanitarias, y no sobre la base de objetivos políticos, militares o económicos. Y las organizaciones humanitarias, entre las cuales se cuenta el CICR, pueden comenzar con un sincero examen de sus capacidades y límites, y comprometerse verdaderamente a hacer corresponder las buenas palabras e intenciones con la realidad sobre el terreno. De esto depende la vida de multitudes de hombres, mujeres y niños que se encuentran atrapados en los conflictos armados.