Reflexiones sobre la documentación científica relativa a las violaciones de los derechos humanos

31-12-2002 Artículo, Revista Internacional de la Cruz Roja, por Luis Fondebrider

  Examen de las consecuencias psicológicas, jurídicas, políticas, económicas y humanitarias que implica la exhumación de restos humanos y los procedimientos para identificarlos. Se analizan y consideran los nuevos desafíos que afrontan los profesionales que se ocupan de la documentación científica relativa a violaciones de los derechos humanos, tanto en el plano técnico como ético.  

En los últimos 30 años, la recuperación, el análisis y la identificación de restos de personas que han fallecido a causa de desastres naturales o provocados por el hombre, o como resultado de violencia política, ha comenzado a transformarse en un elemento clave, tanto para la acción humanitaria, como para las investigaciones judiciales.

Organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, tanto a nivel nacional como internacional, participan en esos procesos a través del aporte de médicos legistas, policías, abogados, bomberos y otros especialistas.

Para los familiares de las personas desaparecidas, la incertidumbre sobre si su ser querido está vivo o muerto es terrible. Esa incertidumbre es aún peor cuando la desaparición se da en un contexto de violencia política.

Tras un terremoto o la caída de un avión, el Estado es el primero que interviene para buscar los cuerpos. Los familiares pueden dirigirse a las oficinas estatales en búsqueda de información, las que además les ofrecerán apoyo y, a veces, asistencia psicológica. Como toda la sociedad se moviliza, las tragedias individuales se transforman en experiencias colectivas de pé rdida. Pero cuando el responsable de las desapariciones es el Estado, la familia sufrirá una gran incertidumbre, angustia y aislamiento. Además, es posible que los responsables de las desapariciones -usualmente miembros de las fuerzas de seguridad- oculten, e incluso traten de eliminar, todo rastro del cuerpo después de la muerte.

En el presente trabajo, se examinan los desafíos que se plantean en materia de búsqueda e identificación de personas desaparecidas o fallecidas como resultado directo de violencia política interna.

  Desapariciones y muertes por razones políticas  

Si bien las guerras en ex Yugoslavia finalmente suscitaron el interés internacional en este tipo de cuestiones, las desapariciones forzadas, la tortura de prisioneros y las ejecuciones extrajudiciales han sido habituales en países del Tercer Mundo durante los últimos 40 años. En gran parte de los casos, los cuerpos de las personas desaparecidas son ocultados, o se intenta destruirlos. Los cadáveres que se dejan en la superficie usualmente se descubren poco tiempo después de la muerte. Pero cuando se intenta ocultar el cuerpo, por lo general mediante un entierro clandestino, el descubrimiento se realiza de alguna de las siguientes maneras:

  • El cuerpo fue enterrado en una fosa superficial y comienza a quedar expuesto por la acción de animales o de otros procesos ambientales.

  • El cuerpo es descubierto accidentalmente: por ejemplo, durante la construcción de un camino, una pala u otro tipo de equipo da con los huesos.

  • Varios años después de la muerte, los cuerpos son encontrados por investigadores que se han dedicado a su búsqueda activa, por lo general luego de que ha cambia do el gobierno o desde que el clima político ha hecho posibles, e incluso deseables, tales investigaciones.

En la mayoría de los países donde se ha tratado de “investigar el pasado” y se han iniciado tales procesos después de períodos de violencia política, los deseos de los familiares de las víctimas no han sido suficientemente tenidos en cuenta por los investigadores. En particular, éstos pueden dejar en un segundo plano el deseo de los familiares de que se determinen responsabilidades en cuanto a los crímenes y de que se haga justicia en un sentido más amplio, porque su tarea les impone otras necesidades más urgentes.

Toda investigación debe tener en cuenta que la exhumación e identificación de restos tiene consecuencias psicológicas, judiciales, políticas, económicas y humanitarias. Lo que parece una mera operación técnica y científica puede acarrear problemas complejos y de límites poco claros, así como plantear dilemas éticos inesperados.

  Necesidades jurídicas, necesidades humanitarias  

Los mecanismos utilizados en el pasado reciente para investigar violaciones de los derechos humanos han variado de país en país, pero en general se ha recurrido a dos clases de instrumentos: comisiones de la verdad (nacionales e internacionales) y tribunales (locales e internacionales). Las comisiones de la verdad tienden a adoptar una línea histórica de investigación, mientras que los tribunales siguen procesos judiciales.

Entre 1984 y 1987, Argentina fue uno de los primeros países que utilizó dichos instrumentos para realizar investigaciones de envergadura, exhumar los restos de un número importante de personas desaparecidas, establecer las causas y maneras de muerte, e intentar identificarlos y devolverlos a los familiare s. Posteriormente, otros países de la región, primero Chile, luego Guatemala y El Salvador, emprendieron procesos similares. A mediados del decenio de 1990, lo hicieron Etiopía, Rwanda, Sudáfrica, Croacia, Bosnia y Kosovo, donde hoy día continúan las investigaciones. Así pues, toda investigación de derechos humanos relacionada con desapariciones y ejecuciones tiene ahora un componente forense.

El uso de las ciencias forenses en la documentación relativa a violaciones de los derechos humanos ha planteado preguntas y situaciones sin precedentes para la mayoría de las personas que participan en esos procesos. No se trata de crímenes comunes, sino de violaciones masivas y extraordinarias, de las que, por lo general, el Estado es el principal responsable. Por lo tanto, los análisis forenses efectuados por profesionales locales pueden ser parciales, lo que se explica, en parte, por el hecho de que, en muchos países del tercer mundo, con democracias débiles, los poderes político y ejecutivo pueden presionar al poder judicial, obstaculizando la administración de justicia. Además, los familiares de las víctimas por lo general no confían en funcionarios del mismo Estado que secuestró a sus seres queridos, incluso en los casos en que hay un nuevo gobierno.

La participación de las Naciones Unidas en los procesos de investigación marca una diferencia considerable. Cuando interviene directamente en una investigación (como, por ejemplo, en las Comisiones de la Verdad para El Salvador o Guatemala, el Tribunal Internacional para el enjuiciamiento de los crímenes internacionales perpetrados en ex Yugoslavia y en Rwanda, y la misión en Timor Oriental), se resuelven o se neutralizan los problemas políticos, financieros y logísticos. Esto facilita las investigaciones y los análisis forenses. Sin embargo, el punto débil suele ser que las relaciones con los familiares de las víctimas se vuelven más distantes, pues con frecuencia se les deja fuera del proceso de investigación y no se les mantiene informados, lo cual sería impensable en un proceso " normal " de investigación sobre una desaparición o un crimen doméstico. Según nuestra experiencia, es recomendable trabajar con una organización local que incluya, en la medida de lo posible, a los familiares de las víctimas. Ellos pueden ser importantes fuentes de información, y sus derechos no deben resultar debilitados por el hecho de que sus seres queridos hayan sido víctimas de crímenes masivos y no individuales.

Otro aspecto que ha de considerarse es si se debe iniciar un caso judicial o si es preferible limitarse sólo a recuperar los restos por razones humanitarias. En este sentido, es importante reflexionar sobre las consecuencias a largo plazo. En muchos de los lugares donde estas investigaciones se desarrollan existe un vacío de poder. Lejos de las grandes ciudades, la presencia del Estado tiende a ser difusa y la legislación sobre los procedimientos de exhumación y análisis puede ser inexistente. Con frecuencia surgen preguntas como quién está encargado de custodiar la fosa, dónde deberían ser depositados los cuerpos, o quién tiene la autoridad para analizarlos. En muchos casos, no pueden hacerse las suposiciones que comúnmente se harían en Estados Unidos y en Europa. Por ejemplo, si la excavación de una fosa demorará más de un día, el sitio debe permanecer bajo custodia policial cuando los investigadores no estén trabajando. Puede resultar complicado cumplir con este requisito si el área es de difícil acceso o si es demasiado peligroso para la policía permanecer allí toda la noche. Estos cuestionamientos son habituales cuando la ONU no participa en el proceso de investigación. En la mayor parte de los casos, se llega a una solución intermedia, por lo que se logra cumplir con sólo algunos de los requisitos comunes de una investigación.

Si la finalidad de la encuesta es proporcionar evidencia legal, errores de procedimiento, tales como interrupciones en la caden a de custodia, pueden dificultar la aceptación de la validez de las pruebas. También es importante considerar los diferentes objetivos y los límites de tiempo que se han fijado a las comisiones de la verdad y los tribunales. Un proceso judicial puede extenderse por varios meses, pero las comisiones no tienen esa opción.

  Identificación y causa de muerte  

Las tareas que, en general, la autoridad judicial o el perito forense tratan de resolver son establecer la identidad de un cadáver o un esqueleto y su causa de muerte. Pero las respuestas no siempre pueden ser rápidas o definitivas. Desde el punto de vista de la familia, la identificación es, sin duda, crucial, ya que permite cerrar el período de incertidumbre que comienza con la desaparición. Pero el proceso de identificación se vuelve más complicado a medida que el cuerpo se va descomponiendo.

Es importante considerar, asimismo, que en la amplia mayoría de los casos las víctimas son muy pobres. En general, se trata de campesinos o de indígenas con patrones culturales diferentes de los de los investigadores, que pueden no haber tenido nunca acceso a servicios médicos u odontológicos. Esto significa, simplemente, que no poseen registro alguno que pueda ser comparado con los restos hallados. Por ello, es posible que los parámetros usualmente utilizados para realizar identificaciones en contextos urbanos no se puedan aplicar.

El uso del ADN ha aportado cambios importantes a los procesos de investigación criminal y forense, así como a la identificación. Sin embargo, y contrariamente a la creencia general, es aún muy difícil extraer ADN de restos óseos, debido, fundamentalmente, al proceso de contaminación del tejido que se produce durante los años de entierro. Además, existen pocos laboratorios en el mundo con capacidad para procesar grandes cantidades de este t ipo de muestras. Y finalmente, tanto familiares como autoridades judiciales en la mayoría de los países del tercer mundo no tienen los recursos para solventar este tipo de servicios.

Por esta razón, suelen efectuarse numerosas exhumaciones, pero luego los restos no se identifican y se los guarda en instituciones forenses sin ninguna intención o posibilidad de llegar a identificarlos en el futuro.

Por otra parte, debido a la falta de acceso a cierta información pre mortem , es posible  que la investigación se proponga sólo establecer la causa de muerte, dejando de lado el proceso de identificación. En tales circunstancias, los procesos legales se vuelven más importantes que las necesidades humanitarias de los familiares.

Antes de iniciar cualquier tipo de investigación, sea la exhumación de uno o dos cuerpos, sea una investigación de gran envergadura auspiciada internacionalmente, debe prestarse especial atención, desde el inicio, a este equilibrio de intereses y necesidades, otorgando la prioridad y la consideración debidas a los deseos de los familiares.

  Los efectos en los familiares  

Independientemente de las posibles diferencias culturales, religiosas o ideológicas, los efectos que causa una desaparición en familias que han atravesado períodos de violencia política son similares. Los parientes de una persona que ha desaparecido forzosamente son víctimas, antes que nada, del secuestro súbito de un hijo, un hermano, un cónyuge, al que nunca vuelven a ver con vida.  En general, no reciben noticias sobre la suerte que su pariente ha corrido, no saben si está vivo o muerto, precisamente porque las autoridades responsables de la desaparición se niegan a darles información. Además, el sistema judicial no investiga sus casos y por años los familiar es viven en una especie de limbo. Incluso en países donde saben que sus seres queridos han sido, con gran probabilidad, asesinados, los familiares siguen aferrándose a la posibilidad de que puedan volver con vida. Hasta que no se hallan los cuerpos o no se confirma la muerte no puede haber ritos funerarios ni respuesta final. Por lo tanto, en cada caso hay dolor, angustia, miedo y una vida familiar profundamente perturbada, junto con una necesidad desesperada de recuperar los restos y poder darles un enterramiento adecuado, y cerrar –al menos parcialmente- el angustioso ciclo de incertidumbre.

Con frecuencia, los familiares solicitan estar presentes en todo el proceso de excavaciones, y en algunos lugares, como en el Kurdistán iraquí y en Etiopía, incluso han trabajado junto a nosotros, porque dicen que les ayuda a satisfacer su necesidad de hacer algo más por sus seres queridos. Así, los arqueólogos no sólo se preocupan por las exigencias metodológicas del proceso, sino que trabajan en un contexto mucho más humano, pues se comprometen más emocionalmente con los familiares y sus historias. Al mismo tiempo, el trabajo forense se efectúa de una manera mucho más transparente y comprensible para los familiares de las víctimas, ya que pueden observar directamente las tareas y hacer preguntas específicas.

En definitiva, en cualquier proceso que implique la documentación científica de violaciones de los derechos humanos, se deben contemplar las necesidades y los deseos de los familiares de las víctimas, además de utilizar los procedimientos técnicos adecuados.

     

  Conclusiones y recomendaciones  

Con frecuencia, el proceso que habitualmente se sigue -en nuestra opinión, erróneamente- consiste en abrir una fosa y luego efectuar la investigación preliminar. Nosotros proponem os, en cambio, el siguiente procedimiento de investigación, que ha dado prueba de su eficacia a través de los trabajos que hemos realizado en más de 30 países.

En los casos en que se requiere una exhumación, la investigación debería organizarse en tres fases, que se hallan íntimamente relacionadas y deberían seguir el siguiente orden:

  • Antes de la exhumación, debe efectuarse una investigación de las fuentes orales y escritas para reconstruir la historia del caso y elaborar una hipótesis de trabajo.

  • El trabajo de campo, que incluye la recuperación del cuerpo y la evidencia asociada, ya sea en el área que rodea la fosa o dentro de ésta.

  • El trabajo de laboratorio para efectuar el análisis correspondiente de los restos humanos y de otras evidencias físicas.

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que no siempre es posible o deseable seguir este orden y que las tres fases pueden superponerse. Por ejemplo, cuando un cadáver es descubierto accidentalmente, la segunda fase inicia la investigación, por lo que la investigación histórica debe comenzarse posteriormente. En los casos relacionados con violaciones de los derechos humanos, se suele pensar que el médico legista puede lidiar solo con todas las tareas, muchas de las cuales pueden, de hecho, no corresponder a su campo de conocimiento. Otra dificultad generalmente observada es la falta de discusión de los casos entre los fiscales, los peritos forenses y los criminalistas, por mencionar sólo los tres componentes más comunes en la investigación.

Debe tenerse en cuenta que los peritos, más allá de su ámbito de especialización, son asistentes técnicos del fiscal, quien ordena las medidas de investigación que estima necesarias. Pero si el fiscal desconoce qué tipo de información puede obtenerse, desde un punto de vista científico, de un cadáver o de una mancha de sangre descubierta en una pared puede ser difícil, para é l, determinar si la pericia presentada durante el juicio es completa y contundente. Dado que se necesitan expertos y conocimientos provenientes de diversos ámbitos, sólo un enfoque multidisciplinario puede llevar a un resultado satisfactorio.

  Luis Fondebrider   es antropólogo forense y miembro del Equipo Argentino de Antropología Forense, institución no gubernamental que desde 1984 se ha dedicado a la investigación forense de casos de violaciones de los derechos humanos, la exhumación de fosas y el análisis de los cuerpos recuperados. A lo largo de los últimos 19 años, el EAAF ha conducido y/o participado en investigaciones forenses en 27 países.  



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