Cómo superar las diferencias entre las necesidades de los familiares de los desaparecidos y los procedimientos judiciales

31-12-2002 Artículo, Revista Internacional de la Cruz Roja, por Vasuki Nesiah

  Se examinan los mecanismos concebidos para resolver la cuestión de las personas desaparecidas como consecuencia de un conflicto armado o de infracciones graves de los derechos humanos. Se analiza, en particular, la pertinencia de esos mecanismos para atender a tres categorías de necesidades de los familiares de personas desaparecidas: información, responsabilidad y reconocimiento. El análisis destaca que esencial establecer mecanismos de diferente índole para satisfacer las diversas necesidades y prioridades de los familiares de las víctimas.  

En este artículo se analiza en qué medida los mecanismos judiciales y extrajudiciales pueden servir para atender a las necesidades y prioridades de las familias de las personas desaparecidas y, en este contexto, se hacen algunas recomendaciones a los agentes estatales, no estatales e internacionales concernidos.

Cuando las personas desaparecen, sus familias quedan sumidas en la tristeza. A menudo los efectos traumáticos de la ausencia de los seres queridos se ven exacerbados por el hecho de que se descuidan o no se aceptan las necesidades y las prioridades motivadas por esta ausencia. El CICR ha determinado tres categorías principales de necesidades y prioridades de tales familias: de información, de que se determinen las responsabilidades y de reconocimiento. Aquí sólo se abordarán estas tres categorías, cada una de las cuales entraña una compleja retahíla de intereses y reivindicaciones en cuanto a la gestión de los expedientes de personas desaparecidas.

  Familias y procedimientos judiciales  

 
Los mecanismos judiciales varían mucho en función del sistema jurídico, del contexto sociohistórico y de las tradiciones interpretativas, etc. En el actual contexto, las generalizaciones que han sido necesarias en esta amplia visión de conjunto no deberían interpretarse como demandas completas que tipifican todos los mecanismos judiciales existentes; se trata más bien de un ensayo mucho más modesto, en el que se emplean las generalizaciones con fines heurísticos para poner de relieve las características específicas de cierto " tipo " de mecanismo ordinario de justicia penal, que calificamos de judicial. Un sistema judicial que no funcione de conformidad con los principios de los derechos humanos no satisfará como es debido las necesidades que tienen las familias de los desaparecidos de ser informadas, de que se exijan responsabilidades y de que se reconozcan las culpabilidades. En este artículo se analiza cómo los mecanismos judiciales que funcionan razonablemente bien hacen frente, o podrían hacer frente, a las necesidades de esas familias, centrándose en cada una de las tres categorías de necesidades y prioridades citadas. En efecto, la importancia que un sistema judicial da a las necesidades y prioridades de una víctima o de sus familiares puede ilustrar un destacado aspecto de la posición que ocupan los principios de los derechos humanos en ese sistema judicial.

  Información y mecanismos judiciales  

 
Según sea el sistema jurídico de que se trate, realizan las investigaciones penales la policía, la fiscalía y/o el juez o magistrado de instrucción. En las fases siguientes del proceso judicial, desde las declaraciones hasta el juicio propiamente dicho, también los abogados y los testigos dan información, que se encauza a través del derecho sustantivo, de las normas procesales y de la jurisprudencia. El cometido de los funcionarios estatales y de los procedimientos judiciales en la tarea de recabar y analizar la información puede beneficiar a los familiares de las personas desaparecidas y favorecer el interés que éstos tienen en que se realicen investigaciones y se divulgue la información.

Las investigaciones que se efectúan en virtud de acciones judiciales pueden determinar los recursos y la autoridad del Estado para obtener información. En efecto, pueden movilizar los poderes policiales de arresto, de detención lícita, de someter a interrogatorio, de concertar pactos sobre la declaración de culpabilidad y otras estrategias parecidas para persuadir a los testigos reacios a facilitar información. Asimismo, pueden emitir órdenes para acceder a documentos y demás pruebas que estén ocultas o en posesión de personas particulares o del Estado. Las investigaciones judiciales también garantizan que la información recabada esté relacionada con el delito y sustente los procesos para establecer las responsabilidades. Además, los investigadores policiales y de la fiscalía, gracias a su formación y experiencia profesionales, especializadas precisamente en obtener información sobre delitos, pueden ser particularmente eficaces en la obtención de información confidencial. Por último, dado que ésta se canaliza a través de mecanismos judiciales, que la comprueban y evalúan sobre la base de normas objetivas, los familiares de las personas desaparecidas pueden confiar en la fiabilidad y el peso de la información que surja en ese proceso.

Así, en la medida en que se lleven a cabo de buena fe y de forma objetiva las investigaciones que comportan las diligencias judiciales, pueden al menos hacer que se descubran importantes informaciones relacionadas con los autores del delito y las circunstancias del mismo. Además, gran parte de la información revelada por el proceso de investigación penal puede ser valiosa para cualquier acción civil que deseen entablar los familiares de las personas desaparecidas. Por ello, las investigaciones penales realizadas de buena fe son casi siempre bien acogidas por los familiares de los desaparecidos.

Sin embargo, al mismo tiempo, es posible que las investigaciones policiales y de la fiscalía efectuadas en el marco de las diligencias penales no respondan a las necesidades de los familiares. En la mayoría de los casos, abrir una investigación criminal con miras a un juicio puede depender únicamente de que el fiscal decida proseguir el asunto con poca o ninguna información. El acceso de las víctimas a la información que se halla en poder de la policía y del fiscal está a menudo limitado por imperativos legales, garantías procesales y otras exigencias de la ley que quizá requieran que los investigadores y la fiscalía mantengan algunas informaciones en secreto, que no revelen prematuramente información pendiente de comprobación por el juicio y que no lesionen el derecho del acusado a gozar de un juicio imparcial con una divulgación prematura. Además, las tácticas de la acusación, así como la cultura institucional y profesional de las investigaciones policiales y de la fiscalía, casi siempre cubren tales investigaciones de un considerable secreto. Por eso, mientras los familiares de los desaparecidos pueden ser interrogados e investigados, es posible que no dispongan de información sobre la marcha de las investigaciones, lo que puede intensificar su sentimiento de impotencia y de exclusión del procedimiento judicial.

La finalidad de las investigaciones es lograr el objetivo de la acusación de identificar a las personas cuya culpabilidad legal puede probarse. Tal vez los familiares de los desparecidos tengan metas más amplias. En el marco de las desapariciones, los familiares pueden desear obtener, por ejemplo, información sobre las autoridad es políticas que fueron las instigadoras intelectuales de esos crímenes, que los hicieron posible o los legitimaron, mientras que la investigación penal puede dar la prioridad a canalizar las energías investigadoras en averiguar quién " apretó el gatillo " , ya que la responsabilidad de haber dado las órdenes es difícil de probar en un juicio (especialmente porque las desapariciones suelen tener lugar mediante una autorización centralizada, pero una planificación y una ejecución descentralizadas).

Al hacer frente a estos desafíos, algunos países de derecho civil otorgan a los familiares de las víctimas el derecho individual a incoar una demanda y/o a constituirse en parte civil o en codemandante con el fiscal. Estas disposiciones permiten a las familias de los desaparecidos tener más acceso a la información obtenida a través de mecanismos judiciales y controlarla mejor. Otras posibilidades que les permiten un mayor acceso a la información en el marco de los mecanismos judiciales consisten, en particular, en reforzar la asistencia letrada de modo que permita más consultas y una mejor coordinación con el cliente.

En resumen, las investigaciones judiciales pueden, hasta cierto punto, corresponder a los objetivos de los familiares, pero, en otros casos, los respectivos intereses pueden diferir, y los mecanismos judiciales verse atrapados entre la necesidad de información que tienen los familiares de los desaparecidos y la necesidad del fiscal de garantizar que la divulgación de ésta no perjudique al acusado.

  Responsabilidad y mecanismos judiciales  

 
En efecto, los mecanismos judiciales se consideran como el modelo estándar para dar a los familiares de las víctimas un medio eficaz de pedir a los autores cuentas de sus actos. En un sistema que funcione bien, en el que se respeten las libertades civiles y la igualdad de protección ante la ley, los mecanismos judiciales son una manera especialmente eficaz de garantizar la determinación de responsabilidades.

El sistema judicial tiene por objeto establecer la culpabilidad o la inocencia con las debidas garantías procesales, así como las normas que deben cumplir las pruebas para que confirmen de forma inequívoca el hecho de que personas identificables, no entidades anónimas, han infringido la ley. Al confirmar la responsabilidad de los autores de las infracciones, los sistemas judiciales pueden imponerles asimismo sanciones y ordenar que las víctimas sean indemnizadas. Para las familias de los desaparecidos, los mecanismos judiciales no sólo representan un instrumento fidedigno para establecer las violaciones del derecho cometidas por los autores, sino una declaración oficial y pública por la que se reconoce que se ha cometido una infracción bajo la tutela del Estado, y que las víctimas han sufrido daños. Además de la responsabilidad individual, los mecanismos judiciales también van en el sentido de pedir directa o indirectamente cuentas al sistema. Y, lo que es más importante, indican claramente que la impunidad es inadmisible y afirman el compromiso del Estado por lo que respecta a la reparación judicial y los derechos humanos.

A pesar del gran valor que los sistemas judiciales dan al hecho de exigir responsabilidades a los infractores individuales, los mecanismos judiciales también pueden obstaculizar esa responsabilización. Han elaborado reglamentos para garantizar un juicio justo y objetivo. Ahora bien, respetar esas garantías puede resultar muy costoso y requerir mucho tiempo, así como unas infraestructuras policial y jurídica eficaces. Cuando estos ingredientes faltan o son deficientes, el sistema judicial no tendrá la capacidad institucional de satisfacer los deseos de los familiares de los desaparecidos de que se exijan responsabilidades. Este problema se ve agravado en aquellos casos en que la extensión de las atrocidades contra los derechos humanos, en particular el número de personas desaparecidas, es tan grande que incluso un sistema que funciona bien sólo puede ocuparse de una parte de los autores. Las pesquisas judiciales para determinar responsabilidades se centran en gran medida en la responsabilidad individual. La mayor parte de los casos pueden ser llevados a los tribunales como casos individuales más que como acciones de grupo. Sin embargo, muchas familias pueden sentir sus derechos atropellados por aspectos fundamentales del sistema que ha fomentado, o como mínimo permitido, esas atrocidades. En consecuencia, es lógico que quieran mecanismos para determinar las responsabilidades que vayan más allá de la culpabilidad individual y abarquen aspectos tales como la estructura o la organización específicas del Estado, de ciertas categorías de personas, de un Gobierno militar, de un grupo militante, de una etnia opresora, de una mayoría racial o religiosa, e incluso de una comunidad internacional indiferente o cómplice. En algunos casos, los mecanismos judiciales suelen funcionar, además, en sesiones a puerta cerrada, lo que priva a los familiares de las víctimas del derecho a pedir públicamente responsabilidades.

Los contrainterrogatorios pueden incrementar todavía más los daños sufridos por las víctimas durante el proceso para establecer las responsabilidades. Quizá sea éste un síntoma de un problema de mayor alcance: la forma en que a menudo los sistemas judiciales son insensibles a las víctimas y se adaptan a las necesidades de la ley y de la victoria jurídica, en vez de a las de los desaparecidos y sus familiares.

  Reconocimiento y mecanismos judiciales  

 
Los mecanismos judiciales son una importante base para satisfacer el objetivo de los familiares de que se reconozcan los hechos. Pueden ser un símbolo del reconocimiento por parte del Estado de la infracción y de su culpabilidad directa o indirecta. Al proporcionar un modo de " búsqueda de la verdad " oficial, los mecanismos judiciales pueden contribuir a exponer y reconocer los contextos en que se producen las infracciones. Pueden asimismo permitir que los autores individuales, gracias a su propio testimonio, reconozcan su papel en el crimen y se responsabilicen del daño causado. Especialmente cuando exigen indemnizaciones, reformas institucionales, etc. constituyen un medio poderoso de reconocer el sufrimiento de los desaparecidos y de sus familiares.

Por otra parte, los familiares de los desaparecidos pueden interpretar los obstáculos de procedimiento inherentes a las conclusiones judiciales como denegación de información y del " reconocimiento " debido al proceso legal. Por ejemplo, es posible que la verdad judicial no esté encaminada a exigir cuentas a aquellos individuos e instituciones que quizá hayan tenido responsabilidad de mando en el proceso de las desapariciones, si no son " jurídicamente " culpables de manera demostrable en juicio. Por eso se ocupan de ordinario de los casos de forma individual y, en ese sentido, el reconocimiento por parte del Estado también se individualiza. Hay poca capacidad jurídica para reconocer directamente los problemas sistemáticos o estructurales que condujeron a la infracción o permitieron que se produjera. Asimismo, cuando el blanco ha sido un tipo de víctimas como grupo (por factores tales como la etnia, la religión, etc.), los mecanismos judiciales están especialmente mal dotados para identificar y rastrear esas pautas y causas sistémicas.

En este contexto, tenemos que analizar también los mecanismos extrajudiciales (incluidas las disposiciones referentes a los fiscales especiales y a otros procedimientos no habituales) y su capacidad de atender a las necesidades y prioridades de los familiares de los desaparecidos.

  Los familiares y los mecanismos extrajudiciales  

 
Tal y como se emplea en este artículo, " mecanismos extrajudiciales " es una categoría abierta, que abarca una amplia gama de iniciativas, que van desde comisiones de la verdad hasta proyectos de documentación sobre derechos humanos, pasando por monumentos públicos. En general, los mecanismos extrajudiciales son menos formalistas y más flexibles que los judiciales. A algunos les preocupa que esa gran maleabilidad pueda debilitar estos mecanismos a la hora de presionar a las autoridades para conseguir información y reconocimiento, y/o de hacerlas responsables de su acción o inacción. Sin embargo, la esperanza que despiertan estos mecanismos quizá se base precisamente en el hecho de que pueden centrarse en las víctimas, no sólo en los infractores, ni en la sociedad civil o el Estado. Por su sencillez y flexibilidad son más aptos para adaptarse a las necesidades de las víctimas y de sus familiares.

  Información y mecanismos extrajudiciales  

 
En una campaña para recopilar información sobre los desaparecidos, puede autorizarse a los organismos de investigación habilitados para indagar su paradero a utilizar una combinación de recompensas, incentivos y amenazas para alentar a los testigos y a los infractores reacios a cooperar. Mientras que la elaboración de esas disposiciones dependería de una planificación estratégica específica del contexto de quienes poseen información, y de qué tipo de premios, incentivos y amenazas podrían servir para obtener información de ellos, su utilización dependería asimismo de la capacidad institucional del organismo de investigación para ofrecer a los testigos que se presenten la protección de las garantías procesales fundamentales. Deberían evacuarse consultas con los grupos que apoyan y defienden a las víctim as para garantizar que estos métodos no pongan en peligro la seguridad de los testigos, ofrecer amnistías o también oportunidades para las víctimas de intercambiar opiniones y que éstas sean tenidas en cuenta en el proceso de toma de decisiones.

Los organismos de investigación podrían dar incentivos a la cooperación sin negociar directamente las sanciones penales. Por ejemplo, podrían ofrecer a las víctimas la opción de prestar confidencialmente declaración, lo que puede ser un incentivo en contextos donde las continuas amenazas a la seguridad justifican tales mecanismos de protección de los testigos. La declaración confidencial también podría ser un incentivo para aquellas personas que temen hablar en público por miedo al estigma social o al " qué dirán " . Por ejemplo, en muchos contextos, las víctimas de delitos sexuales han dudado en presentarse y facilitar información por vergüenza al público y/o porque piensan que la violación es una cuestión demasiado íntima y personal para ser debatida en público. La declaración confidencial, combinada con alguna disposición de inmunidad limitada, también podría ser un incentivo para quienes quieren revelar información susceptible de ayudar a los familiares de desaparecidos a obtener más datos sobre la suerte que han corrido sus seres queridos, sin poner en peligro a los acusados desde el punto de vista del enjuiciamiento.

Los órganos de investigación también podrían ser habilitados a obtener información estableciendo una sanción por falta de cooperación, como es retener información sobre una violación de los derechos humanos (siempre y cuando exista un programa adecuado de protección de testigos cuando cumplir con esa obligación entrañe un riesgo para la seguridad). Así, en vez de premiar la cooperación con amnistías y/o una reducción de la pena, esta manera de proceder sugiere la posibilidad de promulgar una disposición que conmine con imponer sanciones penales o administrativas a quienes no cooperen. Es ta disposición podría ser especialmente útil cuando una amnistía anterior por el delito inicial haya dejado muy poco margen para incentivar a los infractores a cooperar, y los investigadores tienen muy poco poder de negociación para inducir a éstos y a los testigos reacios a revelar información. Aunque la amnistía anterior proteja a los autores de ser enjuiciados por su delito inicial, esa amnistía se limita a la responsabilidad penal por el delito en sí y no perdona la retención de información sobre un crimen.

En este contexto, deberían incluirse asimismo en dicha disposición el derecho a abstenerse de autoincriminarse y otras garantías procesales. Al redactar y aplicar ese tipo de ley, hay que poner especial cuidado en que ésta no cree una nueva infracción ex-post-facto . La ley debería anunciar adecuadamente la nueva obligación de revelar información, y no crear retroactivamente una obligación. Es especialmente importante garantizar que las víctimas de los delitos en cuestión no sean consideradas culpables del delito de no revelación. Con este mecanismo, como con otros, es importante tener en cuenta la dificultad de distinguir las víctimas de los infractores en algunas situaciones; de Ruanda a Sierra Leona, hay muchos casos en que los transgresores también son víctimas.

En general, las amnistías inhiben la revelación de información, y deberían evitarse todo lo posible. Sin embargo, en algunos casos, los organismos de investigación dotados de un poder de concesión de amnistías cuidadosamente elaborado pueden ser capaces de mover a los infractores a revelar información. La promesa de un perdón condicional o de una reducción de pena para quienes faciliten voluntariamente información puede funcionar como incentivo similar al proceso de sentencia acordada, empleado en algunas jurisdicciones de justicia penal. Este tipo de disposición constituye asimismo un aspecto clave de la Comisión Verdad y Reconciliación de Sudáfrica, que ofrece a los infractores que revelan todo lo referente a un delito específico una amnistía por cualquier responsabilidad penal o civil de ese delito En Sudáfrica, el Comité de Amnistías de dicha Comisión fue habilitado para conceder amnistías a infractores individuales si hacían una revelación completa. Un aspirante a amnistía tenía que declarar ante el Comité en una audiencia pública, a menos que el acto en cuestión implicara una grave violación de los derechos humanos. V. Promotion of National Unity and Reconciliation Act , 26 de julio de 1995, artículo 19.3)b)iii).. Para que una disposición de ese tipo sea eficaz, los autores han de sentir la amenaza real de ser enjuiciados y condenados muy severamente. Si piensan que es improbable que sean encausados, una reducción de pena o una amnistía no tendrán gran valor para alentarles a cooperar. A pesar de que a un órgano de investigación no judicial, como un grupo especial de estudio sobre los desaparecidos o una comisión de la verdad, puede serle útil la concesión de una amnistía, la eficacia de esta medida depende en gran parte de la simultánea vigencia de un sistema de justicia penal eficaz. Es más, en vez de ser una amnistía general, estaría condicionada a la revelación completa y de buena fe de información importante que diera satisfacción al órgano de investigación, y se aplicaría a los delitos cometidos por motivos políticos. Se debería reflexionar sobre si, incluso una amnistía limitada y condicional, menoscaba la lucha contra la impunidad; hasta cierto punto esta es una cuestión específica del contexto relativa a la mejor estrategia para tener en cuenta el derecho de las víctimas a ser informadas y a pedir responsabilidades en circunstancias constrictivas.

La finalidad de los procesos de amnistía condicionales debería ser proteger el derecho de un testigo de abstenerse de autoincriminarse y el derecho de la víctima a compensación mediante la acción civil. La legitimidad de cualquier amnistía depende, ante todo, de la consulta con los grupos de víctimas y con las asociaciones defensoras de los derechos humanos. Por último, habría que reflexionar sobre si esa ley de amnistía se opone a las obligaciones legales internacionales del Estado, en virtud del derecho internacional humanitario, al derecho de los derechos humanos o al derecho penal internacional.

La mayor parte de las veces, muchos mecanismos se emplean asociados; por eso, la coordinación y la colaboración entre las distintas instituciones puede ser crucial para el éxito de cada mecanismo. Por ejemplo, los mecanismos judiciales y los extrajudiciales pueden servir para complementar su respectiva jurisdicción, como ocurre actualmente en Timor Leste (donde la comisión de la verdad y la fiscalía especial trabajan simultáneamente, teniendo cada una de ellas una jurisdicción distinta para diferentes tipos de delitos). Una consulta continua entre las fiscalías y las instituciones que gestionan mecanismos extrajudiciales de determinación de las responsabilidades puede contribuir a equilibrar complejas prioridades, jurisdicciones y enfoques de cada institución y a gestionar el intercambio de información.

  Comisiones de la verdad y mecanismos similares  

 
Aunque varían mucho por su cometido y atribuciones, las comisiones de la verdad, así como otras comisiones de investigación específicamente encargadas del problema de las personas desaparecidas, pueden concebirse con suficiente flexibilidad para buscar activamente informaciones difíciles de obtener mediante las diligencias penales habituales. Por ejemplo, la Comisión para el Reconocimiento del Derecho a la Identidad Biológica, recientemente creada en Argentina, está encargada de registrar los datos genéticos de los niños desaparecidos que fueron secuestrados o nacieron en la cárcel. Estos procedimientos pueden ayudar a esos niños y a sus padres biológicos a obtener más información sobre su caso y a mitigar el miedo de los niños a exponer a sus padres adoptivos a una acción judicial. Hasta cierto punto, este proceder supone postergar el impulso de emprender acciones penales para dar la prioridad a la necesidad de información que sienten los niños víctimas y sus familiares. Los juicios de la verdad argentinos utilizaron asimismo la fiscalía para obtener más información sobre los desaparecidos, valiéndose únicamente de los mecanismos judiciales para conseguir información sobre estos casos, incluso aunque no fuera posible aplicar una sanción judicial.

Contrariamente a un sistema de justicia penal sobrecargado en el que se barajan una variedad de prioridades, las instituciones especializadas que nos ocupan en esta sección se centran en investigar delitos pasados y, en ese contexto, pueden estar, y a menudo lo están, específicamente encargadas de investigar la suerte que han corrido los desparecidos Recabar información sobre la suerte que han corrido los desaparecidos fue el primer cometido de la comisión de la verdad en Argentina, la Comisión Nacional Argentina sobre Desaparecidos (CONADEP). " La Comisión escuchó más de 7.000 declaraciones en nueve meses, sobre 8.960 personas que habían desaparecido " . Priscilla Hayner, Unspeakable Truths , Routledge, Nueva York, 2001, p. 34. V. asimismo Nunca más : informe de la Comisión Nacional Argentina sobre Desaparecidos, septiembre de 1984. Asimismo, en Chile, el segundo volumen del informe de la Comisión " cita los nombres de las víctimas y proporciona información personal, incluidas todas las circunstancias relacionadas con su desaparición o su muerte " . Jo M. Pasqualucci, " The whole truth and nothing but the truth: Truth commissions, impunity and the inter-American human rights system " , Boston University International Law Journal, vol. 2, 199 4, p. 339.. En el informe final de la Comisión Verdad y Reconciliación de Sudáfrica se dice que " establecer y dar a conocer la suerte que han corrido las víctimas y su paradero " es uno de los medios para lograr la unidad nacional y la reconciliación A la Comisión Verdad y Reconciliación de Sudáfrica se le encargó " facilitar e iniciar o coordinar la recopilación de información (...) [a fin de ] establecer la identidad de las víctimas de violaciones [pasadas ] , la suerte que han corrido o su paradero actual " . South African Truth and Reconciliation Commission Final Report, vol. 1, cap. 4, párr. 31.. Cuando se supone que los desaparecidos están muertos, la investigación de una comisión de la verdad también puede requerir la exhumación de cadáveres y otras acciones que los familiares de los desaparecidos puedan desear para esclarecer lo que les ha ocurrido a sus seres queridos. Esas investigaciones pueden dar lugar a extender certificados de defunción, que pueden ser muy importantes para ayudar a los familiares a cerrar el caso, a la vez que proporcionan la información necesaria para los seguros de vida, las pensiones, etc.

La obtención de información para los familiares de los desaparecidos constituye la esencia de lo que hacen todas las comisiones de la verdad, lo que abarca desde recopilar detalles sobre casos específicos y sobre la suerte que han corrido los desaparecidos hasta indagar las pautas de la responsabilidad de mando, buscando las repercusiones de las violaciones de los derechos humanos en comunidades específicas, examinando la complicidad de diferentes agentes institucionales y desarrollando una comprensión histórica más amplia de las condiciones que hicieron posible que se produjeran violaciones generalizadas de los derechos humanos. Como muchos han puesto de relieve, la finalidad de la labor de una comisión de la verdad no debería ser elaborar nuevos criterios oficiales de información, sino satisfacer la necesidad de información de las víctimas de la man era más transparente y participativa posible. En vez de establecer una nueva " verdad " registrando los daños padecidos por las víctimas, una comisión de la verdad, reduce –como ha señalado Michael Ignatieff– la gama de " mentiras lícitas " referentes a la historia de las violaciones de los derechos humanos en esa comunidad.

Dado que las comisiones de la verdad no son procedimientos penales acusatorios, la recopilación de información que emprenden de conformidad con su cometido puede realizarse basándose en normas procesales menos rígidas que el sistema de justicia penal ordinario. Así, la carga de la prueba que se requiere para que una comisión establezca sus conclusiones quizá no tenga que ser una “prueba suficiente sin que quede duda razonable”, sino la que presente “mayor probabilidad”. En general, el poder de citación puede permitir que las comisiones de la verdad obliguen a los acusados a declarar en condiciones más flexibles. Las restricciones probatorias a que están sujetas las declaraciones de los testigos y de las víctimas también pueden flexibilizarse (por ejemplo, la regla del testimonio indirecto); esto contribuye a que las comisiones de la verdad puedan valerse de fuentes muy variadas. Las comisiones de la verdad pueden asimismo tener un acceso más fácil a la información documental e incorporar material que quizá no sería admitido como prueba en un juicio penal (como las declaraciones no juradas).

Como las investigaciones de las comisiones de la verdad no se limitan a recopilar informaciones pertinentes para que la fiscalía establezca la inocencia o la culpabilidad, pueden también recabar datos relacionados con las diferentes condiciones y dinámicas que sirvieron de factores habilitantes en incidentes relacionados con personas desaparecidas. Analizar aspectos tales como las pautas de las transgresiones –aspectos que pueden ser menos evidentes con un enfoque más específico en casos individuales– también puede contribuir a es clarecer por qué se tomaron como blanco determinadas personas. Todas estas posibilidades podrían ayudar a las comisiones de la verdad a proporcionar a las víctimas una cantidad de información –y de una calidad– que no suele estar disponible en los juicios penales.

Las audiencias públicas tienden a hacer que el proceso de búsqueda de la verdad sea más social, más bien un diálogo, lo que no sólo favorece los resultados de las comisiones de la verdad, sino que promueve el debate público. Esto ofrece a las víctimas un foro para dar a conocer sus experiencias, intereses y demandas; contribuye a resaltar información que se ha marginado en los informes oficiales y permite a las víctimas poder participar más en el proceso de obtención de información de las comisiones de la verdad. En ese sentido, esas audiencias pueden al menos servir mejor a los intereses de los familiares de las víctimas gracias a un enfoque más amplio de la recopilación y del análisis de los datos.

  Investigación y transmisión de la información por parte de organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales  

 
Desde el punto de vista histórico, tanto las ONG nacionales como las internacionales han jugado un papel especialmente constructivo no sólo para crear conciencia institucional del respeto de los derechos humanos en los diferentes Estados, sino para desarrollar una base nacional de datos con informaciones de diversas fuentes sobre los expedientes de personas desaparecidas y otras violaciones de los derechos humanos En Sudáfrica, la ONG Coalition on the Truth and Reconciliation Commission coordinó la información que poseían organizaciones de derechos humanos en Sudáfrica y a nivel internacional incluso antes de que la comisión de la verdad comenzará sus diligencias; la Coalition entregó luego sus datos sobre violaciones de los derechos humanos a la comisión de la verdad para que los incorporara a una base de datos nacional. V. Hugo van der Merwe et al., " Nongovernmental organizations and the Truth and Reconciliation Commission: An impact assessment, " www.csvr.org.za/papers/paphvp & b.htm, p. 12 y nota 23 al pie de la p. 30.. El alcance y el valor de esta información se han ampliado en los casos en los que ha habido colaboración y coordinación entre distintos agentes en el ámbito de los derechos humanos y de la ayuda humanitaria. Por ejemplo, el año pasado el CICR y la Comisión Peruana de la Verdad se asociaron para compartir, con algunas limitaciones, expedientes y lanzar una campaña pública para recabar más información De conformidad con la asociación, el CICR facilitará a la Comisión Peruana de la Verdad información genérica (no expedientes sobre personas en sí) sobre unos 430 casos que no figuran en ninguna base de datos hasta ahora. Luego habrá una campaña pública para verificar esta información y solicitar más; los delegados del CICR instarán a los miembros de las comunidades locales a que proporcionen más información. El proyecto incluye una compilación sistemática de la experiencia del CICR en la búsqueda de personas y en la creación de una lista única de desaparecidos.. Se trata de una asociación sumamente importante, susceptible de aumentar en gran medida la cantidad de información disponible para los familiares. En una época de gran propagación de las infracciones de los derechos humanos, son a menudo las ONG las que recopilan datos y almacenan la información que puede entregarse, y a menudo se ha entregado, a las comisiones de la verdad, a los fiscales especiales y a otros equipos de investigación.

Las ONG también pueden desempeñar un papel en otro tipo de obtención de información, a saber, información sobre los servicios de apoyo y defensa de las víctimas. Habida cuenta de la índole traumática de las declaraciones hechas por las víctimas, diversos gr upos sociales les prestan a menudo asesoramiento y otros servicios de apoyo, lo que también puede formar parte del reconocimiento que buscan las víctimas. En situaciones en las que las víctimas proceden con frecuencia de comunidades marginadas y privadas de derechos civiles, las ONG pueden desempeñar un papel decisivo para organizarlas en grupos, impulsar esfuerzos en su defensa y promover redes de familiares, grupos de apoyo y similares. Asimismo, dado que los familiares de los desaparecidos se sienten a menudo desamparados y aislados en su búsqueda de información sobre lo ocurrido a sus seres queridos, muchas organizaciones pueden proporcionar servicios jurídicos y de investigación para ayudarles a seguir esos casos y obtener el necesario apoyo. En este contexto, las ONG pueden actuar (y a menudo lo hacen) como intermediarias clave entre el Gobierno y los ciudadanos, aproximando el sistema a los familiares y haciendo posible que los servicios del Gobierno atiendan a sus necesidades.

Las misiones internacionales de investigación de las Naciones Unidas o de organismos zonales podrían funcionar como intermediarios neutrales para recabar información confidencial de los testigos y los acusados, a fin de comunicársela a los familiares de las víctimas. Cuando se tema que esta transmisión de información pueda poner en peligro la futura acción judicial contra los imputados, los agentes internacionales están, como personas externas, en condiciones de coordinar consultas conjuntas de asociaciones de víctimas y de derechos humanos con los fiscales para alcanzar un acuerdo sobre algunos principios y formalidades en la gestión de la información, manteniendo un equilibrio de prioridades entre el derecho a la información y la responsabilidad judicial.

  Reformas institucionales  

 
La reforma institucional es un proceder con miras al futuro para satisfacer las nec esidades de las víctimas en materia de información. En este contexto, son pertinentes dos categorías de reforma institucional: reformas para atender las actuales necesidades de información de los familiares de los desaparecidos y reformas para evitar el tipo de situaciones que dan lugar a la desaparición de personas y las correspondientes barreras que impiden el acceso de los familiares a la información.

El Estado debería disponer de leyes e instituciones que permitan un acceso de los ciudadanos a los registros estatales que salvaguarde sus derechos y libertades fundamentales. En la mayoría de los casos, recomendaríamos encarecidamente que se adopte la suposición por defecto de que los ciudadanos tienen libre acceso a los documentos oficiales. La práctica en la clasificación de los documentos por lo que atañe a la confidencialidad y a la responsabilidad debería partir del supuesto de libre acceso del público, si la ley no dispone otra cosa. Y el Estado tendría que cumplir muchas exigencias para clasificar un documento como secreto.

Igualmente importante es promulgar leyes e institucionalizar procedimientos que exijan el mantenimiento de registros detallados de los datos de las personas detenidas y una notificación inmediata a los familiares del paradero de las personas detenidas, así como disposiciones parecidas que garanticen que quedan trazas escritas. Además, cuando un ciudadano es detenido, habría que comunicarlo al departamento de policía que tenga jurisdicción sobre el lugar de residencia de esa persona. Asimismo, hay que dar a conocer al público en general el derecho de los familiares a ser informados.

Muchos países con gran número de desaparecidos disponen de reglamentos de emergencia que permiten a las fuerzas del Estado guardar un mayor secreto en sus operaciones. En contextos en los que las personas son detenidas en virtud de reglamentos de emergencia y de otras leyes al margen de las garantías de los derechos hu manos habituales, debería haber procedimientos de supervisión que garanticen que se guarda un registro de las acciones de las fuerzas del Estado que actúan en virtud de ese reglamento. Debería obligarse a las fuerzas del Estado a que presenten informes periódicos a organismos de supervisión, tales como la comisión nacional de derechos humanos o la fiscalía o procuraduría general del Estado, por lo que atañe a las detenciones, los encarcelamientos, los traslados y la puesta en libertad de los presos en virtud de reglamentos de emergencia. Tales organismos supervisores también podrían ser establecidos por organismos externos imparciales, como el CICR.

  Formas indígenas de búsqueda de la verdad, justicia y reconciliación  

 
En algunos contextos, los métodos más valiosos de búsqueda de información se sirven de fuentes que discurren fuera del cauce principal de los modelos de justicia penal. Algunos podrían calificar éstos de formas indígenas de búsqueda de la verdad, pero habitualmente son modelos híbridos y modernos, procedentes de diversas tradiciones.

Las personas tienden menos a compartir la información con instituciones de las que se sienten alejados. El juicio gacaca en Ruanda puede ser un ejemplo de una iniciativa que se tomó conscientemente a raíz de diversos procesos de resolución de conflictos y de justicia penal, algunos de los cuales son percibidos como especialmente ruandeses y otros como procedentes de otras tradiciones africanas y europeas. Es todavía muy pronto para sacar conclusiones sobre si este proceso es justo para todos los concernidos y si proporciona información exacta e imparcial. Sin embargo, la creatividad que pone de manifiesto su concepción es instructiva; en muchas situaciones quizá sea necesario hacer experimentos con procedimientos alternativos que cuentan con la legitimidad local.

Las instituciones que sacrifican la reconstrucción social, la reconciliación y otros elementos de las prioridades a largo plazo de una comunidad en favor de un enfoque restringido, centrado sólo en la búsqueda de responsabilidades, no pueden tener éxito en la tarea de lograr que la gente participe y facilite información. En muchos casos, las comunidades hacen hincapié tanto en el proceso de determinación de las responsabilidades como en el de reconstrucción social, y es posible que sea más fácil obtener información cuando los mecanismos de búsqueda de la verdad persiguen ambos objetivos. En este contexto, el cometido de miembros respetados de la comunidad, que instan públicamente a los testigos a presentarse y que lo hacen relacionando la búsqueda de información y la reconstrucción social, pueden llegar muy lejos en la legitimación de los procesos de obtención de información. El papel del arzobispo Tutu, por ejemplo, que alentó a los testigos a presentarse a la comisión sudafricana de la verdad, es un ejemplo no sólo de la lograda movilización de la legitimidad " indígena " , sino de su éxito en asociar la revelación de información a una gama más amplia de compromisos y metas, especialmente a la necesidad de reconciliación y de curar las heridas colectivas.

  Campañas de información pública sobre personas desaparecidas  

 
Las campañas de información pública pueden revestir una importancia vital, no sólo para obtener información, sino para que las familias se sientan menos aisladas en su papel de víctimas, unas familias que no sólo buscan información, sino que también disponen de ella. A menudo la información está dispersa y desorganizada y una campaña de información pública puede servir de catalizador en la reconstrucción de todos los datos disponibles y para obtener datos adicionales de otros sectores de la sociedad.

  Responsabilidad y mecanismos extrajudiciales  

 
Mientras las comisiones de la verdad pueden ser mecanismos institucionalmente flexibles y accesibles al público para lograr que se exijan responsabilidades, como desean los familiares de los desaparecidos, es importante señalar que no reemplazan necesariamente a los mecanismos de justicia penal. En efecto, a menudo, las comisiones de la verdad pueden trabajar en coordinación con la fiscalía, como ocurre en Argentina, Sierra Leona y Timor Leste, o recomendar decididamente que se emprendan acciones penales, como en Sudáfrica, y/o que se lleven a cabo investigaciones que podrían ser más tarde de gran utilidad para la fiscalía, como es el caso en Chile. En circunstancias especiales, es posible que se produzcan tensiones entre los requisitos de la ley y la satisfacción de las necesidades de los familiares mediante mecanismos alternativos. No obstante, la mejor forma de conciliar esas necesidades divergentes es la coordinación, la sincronización y el establecimiento de principios comunes que rijan la labor de los respectivos mecanismos. Estas consultas podrían concluir en acuerdos sobre una repartición de la jurisdicción, sobre un orden de prioridad de los distintos tipos de expedientes de desaparecidos o sobre las diferentes repercusiones procesales que se seguirían en función del número de casos gestionados por mecanismos judiciales y extrajudiciales. Del mismo modo, tales consultas podrían culminar en la concertación de acuerdos sobre ciertos trámites para intercambiar información que equilibren los distintos imperativos de los diferentes mecanismos. Los mecanismos judiciales y no judiciales para establecer las responsabilidades se ocupan de las necesidades y las prioridades de los familiares de forma distinta y pueden, por supuesto, abordar necesidades diferentes pero igualmente importantes. En resumen, aunque en los párrafos siguientes se pone de relieve la capacidad de las comisiones de la verdad para impulsar la rendición de cuentas, opinamos que las comisiones de la verdad y los procesos judiciales son complementarios, y no mecanismos competidores para determinar las responsabilidades.

Las comisiones de la verdad podrían ser especialmente valiosas cuando una amnistía prohíba un enjuiciamiento penal, o cuando una frágil paz haga los procesamientos demasiado inestables y, por consiguiente, indeseables, o cuando se perciba al poder judicial como parcial, estrechamente ligado a un orden represivo y, por lo tanto, con poca legitimidad. En tales contextos, una comisión de la verdad podría ser la única vía para garantizar que las víctimas logren alguna medida de determinación de responsabilidades que satisfaga sus necesidades. La labor de las comisiones de la verdad podría ser especialmente valiosa para impulsar la responsabilización penal a largo plazo cuando, en un entorno político distinto, sea posible revocar leyes de amnistía y recurrir de nuevo a otras opciones de enjuiciamiento. En ese sentido, el trabajo previo de una comisión de la verdad proporciona un abanico inestimable de recursos probatorios en un momento más cercano a la comisión del delito original. Las comisiones de la verdad también pueden representar una valiosa vía de responsabilización en los casos en que la amplitud de las violaciones es tal que imposibilita el enjuiciamiento de todos los infractores. Pero ese modelo puede disuadir a los autores de delitos de participar en la comisión de la verdad, puesto que la información que dan puede incriminarlos en el futuro.

Algunas comisiones de la verdad están habilitadas para dar nombres a medida que obtienen resultados, lo que puede ser una importante manera de atribuir responsabilidades si las circunstancias lo permiten. Esas circunstancias pueden comprender la posibilidad de imparcialidad y de respeto de las garantías procesales a la hora de sacar conclusiones, las perspectivas de f acilitar u obstaculizar los juicios, las tensiones políticas que rodean el proceso, etc. Cuando un procesamiento es improbable, y en la medida en que las comisiones de la verdad se centran en el reconocimiento y la responsabilidad de la colectividad, llamar a capítulo a los infractores individuales, citando sus nombres, puede ser especialmente importante.

En los contextos en que las violaciones de los derechos humanos, como son las desapariciones, reflejan divisiones estructurales del antiguo sistema, las comisiones de la verdad también podrían centrarse en determinar las responsabilidades entre quienes se beneficiaron del antiguo sistema y quienes fueron oprimidos por él. Las comisiones de la verdad podrían oír al que ha disparado o " apretado el gatillo " , por así decirlo, así como lo que otros dicen de él, pero habida cuenta de su mandato más amplio, también podrían seguir la cadena de responsabilidad de mando hasta llegar a los instigadores intelectuales del delito. Las víctimas y sus familiares buscan a menudo la responsabilidad a todos esos niveles, y lo ideal sería que las comisiones de la verdad concibieran y abordaran la determinación de responsabilidades en distintos frentes.

En general, las comisiones de la verdad son también más accesibles, suelen centrarse en el apoyo a las víctimas, sus procedimientos son menos complejos y su plantilla está integrada por juristas profesionales, agentes sociales y otras personas con formación y experiencia en recursos humanos. Invariablemente, son también fruto de reformas del derecho de los derechos humanos y, en consecuencia, no están contaminadas con el legado de regímenes pasados. Efectivamente, a menudo son creadas y reciben su mandato a instancias de agrupaciones de víctimas. Mecanismos tales como las audiencias públicas también permiten a los familiares de las víctimas y al público en general seguir y participar en la vida y el trabajo de las comisiones de la verdad. Por eso puede percibirse a veces un acentuado sentimiento de pertenencia que las comisiones de la verdad provocan durante los procesos para establecer las responsabilidades.

  Reconocimiento y mecanismos extrajudiciales  

 
Las comisiones de investigación, si están concebidas e institucionalizadas de conformidad con unos principios centrados en los derechos humanos y en las víctimas, son medios para quienes ejercen la autoridad reconozcan su responsabilidad por las violaciones de los derechos humanos cometidas bajo su mandato. Para las víctimas y sus familiares, esas comisiones podrían facilitar un proceso de reconocimiento oficial del contexto efectivo en el que se produjeron las desapariciones, del principio normativo de que se ha violado la confianza entre el ciudadano y el Estado y de legitimación jurídica de sus reivindicaciones y quejas.

El uso que hace una comisión de la verdad de un proceso tan notorio de investigación de la suerte que han corrido los desaparecidos y la responsabilidad de los implicados también puede ser una oportunidad inestimable para que los distintos agentes sociales reconozcan los secretos, las mentiras y las injusticias del pasado. Las comisiones de la verdad podrían ser instrumentos especialmente poderosos para que las autoridades del Estado reconocieran oficialmente sus culpas, aunque también pueden ser vías tan poderosas, si no más, para que las reconozcan asimismo los infractores, quienes se beneficiaron de un régimen represivo, quienes fueron cómplices por su inacción y no protestaron para impedir la represión y hasta la sociedad en general. En una sociedad civil comprometida, las comisiones de la verdad podrían servir de medio institucional para que la sociedad en su conjunto reconozca y asuma el pasado.

     

  Reparaciones  

 
El tema de las reparaciones ha surgido como una cuestión de importancia nacional en países en transición, después de años de represión. Tras un período de violaciones generalizadas de los derechos humanos, las víctimas supervivientes, así como sus familiares, sufren a menudo una serie de traumas físicos y psicológicos. Además, a veces viven en condiciones de extrema pobreza debido a la pérdida del sostén de la familia, su incapacidad física o emotiva para trabajar y/o los costes adicionales ocasionados por la investigación para esclarecer la suerte que han corrido sus parientes desaparecidos y la correspondiente acción judicial. El principio de reparación consiste en proporcionar cierto tipo de justicia " eliminando o reparando las consecuencias del perjuicio padecido, así como evitando que se cometan nuevas violaciones " V. " Principios y directrices sobre el derecho de las víctimas de violaciones graves de los derechos humanos y del derecho humanitario a obtener reparación " , Anexo, " Serie revisada de principios y directrices sobre el derecho de las víctimas de violaciones graves de los derechos humanos y del derecho humanitario a obtener reparación " , preparada por el señor Theo van Boven de conformidad con la decisión 1995/117 de la Subcomisión, UN Doc. E/CN.4/Sub.2/1996/17, 24 de mayo de 1996, párr. 7.. La violación comprenderá restitución, compensación, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. Los mecanismos judiciales (por ejemplo, sanciones o una decisión judicial) y los extrajudiciales (por ejemplo, divulgación pública de la verdad o conmemoraciones) forman parte de las reparaciones Ibíd., párr.15..

La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como la de diversas jurisdicciones nacionales específicas, como la de Argentina, reconocen cada vez más un derecho a la verdad Los tribunales argentinos han desarrollado una j urisprudencia interesante sobre el derecho a la verdad. A pesar de las leyes de 1987 (Ley de Punto Final y la Ley de Obediencia Debida) con las que se intentaba restringir la investigación de la fiscalía de pasados delitos contra los derechos humanos, a mediados de los años noventa, los familiares de los desaparecidos solicitaron con éxito a los tribunales que reconocieran que las víctimas tenían derecho a la verdad y que el Estado debía tomar las oportunas medidas para satisfacerlo. Los tribunales reconocieron que los afectados necesitaban llegar a una conclusión y poder llorar a sus muertos y que " el Estado tenía la ineludible obligación de emplear medios jurídicos para reconstituir el pasado, a fin de descubrir los hechos y responder con ello a los familiares y a la sociedad " . Margaret Popkin et al., " Latin American amnesties in comparative perspective " , Ethics and International Affairs , vol. 13, 1999, p. 109.. Organismos no judiciales tales como la Comisión chilena, también han reconocido que la información es un componente decisivo de las reparaciones y han clasificado la revelación de la verdad y el final del secreto como una de las tres categorías de reparación, siendo las otras dos el reconocimiento de los delitos y algún tipo de compensación.

Hay varios tipos de medidas de reparación que se pueden adoptar para mejorar el acceso de las víctimas a la información. En Guatemala, la Comisión para el Esclarecimiento Histórico ha recomendado la creación de un Programa Nacional de Reparación que comprenda, entre otras cosas, una comisión especial encargada de " buscar a niños desaparecidos, adoptados ilegalmente o separados ilegalmente de sus familiares " , así como de proseguir " una política activa de exhumaciones " , dado que " la localización de cementerios clandestinos y ocultos es un acto de justicia y reparación en sí mismo " Ibíd.. Los programas de reparación podrían incluir servicios de apoyo para facilitar a los familiares los oportunos recursos de investigación, de búsqueda y jurídicos para determinar la suerte que han corrido los desaparecidos.

Los programas de reparación material podrían resarcir a los afectados de diferentes maneras: pagos en metálico, acceso a servicios de beneficencia, dispensa de la obligación de cumplir el servicio militar, etc. En algunos casos, los programas de reparación podrían concebirse para reconocer la pérdida específica que han sufrido las diferentes víctimas, de manera que la índole y la cuantía de la compensación guardaran relación con el daño concreto. En otros casos, por motivos pragmáticos y/o por razones de principio, se podría optar por un programa de compensación más generalizado y uniforme, que reconociera la responsabilidad del Estado para con todos los tipos de víctimas sin distinción. Aunque ninguna cantidad de dinero ni ningún servicio podrán compensar nunca totalmente el daño sufrido ni la pérdida de un ser querido, incluso un pago relativamente modesto puede suponer tanto una ayuda decisiva para las víctimas menesterosas como un importante apoyo psicológico, por representar un reconocimiento de violaciones pasadas y una excusa oficial tangible. Esos pagos pueden constituir asimismo un medio de reconocimiento permanente de esos daños y traumas mediante unas reparaciones que se prolongan durante cierto tiempo. Además de reconocer la difícil situación material de las víctimas, las reparaciones simbólicas movilizan a la autoridad del Estado a reconocer la dignidad y el valor de la persona desaparecida, las transgresiones legales y normativas que suponen los incidentes relacionados con personas desaparecidas, así como el trauma psicológico y emotivo que han padecido las víctimas.

Las medidas simbólicamente significativas podrían incluir la presentación de excusas, monumentos, lápidas y otra serie de medidas, que constituyen un medio de reconocimiento que puede ser especialmente importante pa ra satisfacer las necesidades de los familiares de rememorar a los seres queridos y el alcance de la pérdida sufrida por ellos y la respectiva comunidad. También para la sociedad en su conjunto, los monumentos plasman la memoria viva de los desaparecidos, la aspiración de aclarar el caso y la inmensidad del trauma. La petición de disculpas y los actos conmemorativos pueden ser excepcionalmente valiosos como reconocimiento público . Con frecuencia, los culpables quedan impunes por las violaciones cometidas, especialmente las desapariciones, que tienen lugar en secreto. Paralelamente, las víctimas sufren a menudo su pérdida aisladas, con poco reconocimiento social del daño recibido. En este contexto, conmemorar públicamente a los desaparecidos mediante la presentación oficial de excusas y la erección de monumentos pueden tener un enorme valor simbólico de reconocimiento de los desaparecidos. Si se pide a los familiares su opinión sobre la concepción y ejecución de tales conmemoraciones, éstas suelen ser con mucha frecuencia, fuentes de curación y de conclusión del caso.

En algunos contextos, los programas de reparación pueden resultar muy útiles para reconocer y ocuparse de la incertidumbre que rodea los casos de desaparecidos. En Argentina, las reparaciones no económicas incluían la nueva categoría de los " desaparecidos forzosos " , que es el equivalente jurídico a la muerte a efectos de la ley (pues permite la gestión de testamentos y la repartición de herencias), pero preservando la posibilidad de que una persona reaparezca, así como la dispensa del servicio militar y la concesión de créditos para viviendas a los hijos de los desaparecidos Algunos grupos que representan a los familiares de las víctimas en Argentina, en particular las Madres de la Plaza de Mayo, denuncian las reparaciones del Estado y solicitan en su lugar que se haga la luz sobre la suerte que han corrido los seres queridos. Sin embargo, la mayoría de las familias de los desaparecidos y antiguos prisioneros políticos han aceptado las reparaciones. Priscilla Hayner, Unspeakable Truths , Nueva York, 2001, pp. 177-178 y pp. 330-331..

Hay al menos cuatro agentes distintos a los que se puede responsabilizar en teoría: el Gobierno que está en el poder, la sociedad en general, quienes se beneficiaron del sistema represivo y los ejecutores de la represión. El Gobierno sufraga la mayoría de los programas de reparación y, en ese sentido, se le puede considerar titular de la responsabilidad por no haber salvaguardado a sus ciudadanos, y/o por los funcionarios del Estado y las instituciones estatales directamente responsables de las desapariciones. El principio de la responsabilidad del Estado, tal y como se aplica en programas de reparación, ofrece a las víctimas cierto grado de resarcimiento. Como ocurrió en Chile cuando se inició el programa de reparación, la compensación mediante reparaciones es especialmente importante para las víctimas a las que se les deniega o no consiguen una compensación judicial mediante juicios penales o demandas civiles.

Cualquier programa de reparación, por absorber parte del presupuesto del Estado, es responsabilidad del Gobierno en funciones, que es el que establece las prioridades que guían sus asignaciones presupuestarias. Ahora bien, el método particular de cada Gobierno de sufragar el renglón de las reparaciones puede hacer también responsables a otros agentes. Esos programas suelen estar financiados en parte por la ayuda internacional y en parte por las rentas públicas, incluidos los impuestos. Si está costeado en parte por el sistema tributario habitual público, el programa de reparación podría considerarse como una forma de responsabilizar a toda la sociedad. Sin embargo, los fondos públicos generales no son la única opción para financiar los programas de reparación. Las corporaciones u otros organismos que hayan podido beneficiarse del régi men anterior, también pueden ayudar a sufragar un fondo de reparación. Por ejemplo, el programa de reparación en favor de las víctimas que trabajaron como esclavos en la Alemania nazi está parcialmente financiado por un consorcio de empresas que utilizaron el trabajo de esclavos en sus fábricas en aquella época. Asimismo, la Comisión Sudafricana Verdad y Reconciliación recomendó que se percibiera un impuesto único de todas las personas de raza blanca para reparar a las víctimas negras, lo que era, en esencia, hacer a los principales beneficiarios del apartheid responsables ante sus víctimas directas. Por último, los programas de reparación también pueden ser directamente costeados por los infractores. Así como las demandas civiles son quizás el método tradicional de hacer a los infractores económicamente responsables ante sus víctimas, también hay métodos alternativos de responsabilizarlos. Por ejemplo, en algunos países, como en Filipinas, el Gobierno procedió a congelar los bienes de los responsables de violaciones de los derechos humanos, mientras que en Perú, los bienes recuperados de las personas responsables del caso de Barrios Altos se emplearán para reparar a sus víctimas. Las víctimas no sólo reciben así reparación, sino que esas reparaciones adquieren indudablemente un significado adicional, ya que hacen efectiva parte de la responsabilidad económica de los autores.

  Conclusión  

 
Hay que reconocer que las familias de las víctimas pueden tener necesidades distintas e incluso opuestas, y por eso es preferible que puedan atenderlas múltiples mecanismos, en vez de uno solo. Los mecanismos judiciales y extrajudiciales no son necesariamente dos vías alternativas, sino que hacen más bien necesario encontrar la manera de compartir información y otros recursos para pedir responsabilidades y reconocimiento. Para maximizar la eficac ia, es preciso coordinar los diversos mecanismos y colaborar con las distintas instituciones que se ocupan de diferentes aspectos de las necesidades y prioridades de las víctimas.

Por ejemplo, en la mayoría de los países, la necesidad de información que tienen las familias se satisfacerían mejor agrupando diferentes mecanismos para mancomunar todos los datos sobre las personas desaparecidas. En ese sentido, las ONG y los organismos encargados por el Estado para investigar los casos de desaparecidos deberían procurar crear una amplia base de datos, ordenando sus distintos ámbitos de conocimientos, recursos y puntos de acceso a los familiares de los desaparecidos para cotejar e intercambiar datos.

Todos los mecanismos deberían procurar mantener informadas a las víctimas y a sus familiares, así como capacitarlas legalmente. Por ejemplo, los mecanismos judiciales y extrajudiciales pueden desarrollar normativas que permitan a las familias expresar sus opiniones sobre las condenas, las fianzas y las audiencias de liberación en casos relativos a sus allegados desaparecidos. Esto se podría hacer con familiares físicamente presentes en esas audiencias y/o con la presentación de estudios del efecto en las víctimas. Si no integramos a las familias en la concepción, la elaboración y la aplicación de mecanismos para ocuparse de los expedientes de las personas desaparecidas, nos arriesgamos a victimizar de nuevo a las familias en los procesos, cuya finalidad es hacer frente a los daños que han padecido.

Además, es vital que esos procesos tengan en cuenta y aborden de forma dinámica cuestiones de lengua, ubicación rural, sexo, pobreza, analfabetismo y otros factores susceptibles de inhibir el acceso de los familiares de los desaparecidos a la información, titularidad o participación en las iniciativas patrocinadas por organizaciones de defensa de los derechos humanos, comisiones de la verdad, fiscales especiales, departamentos gubernamenta les, etc. Esto también es hasta cierto punto un reconocimiento de que, para garantizar un proceso que cuente con la legitimad local y aborde las prioridades y necesidades de los más afectados, es indispensable fortalecer la sociedad civil.

Flexibilidad y creatividad en las técnicas y los procedimientos de investigación son la clave para equilibrar las distintas prioridades mediante enfoques específicos, según el contexto. Desde Timor-Leste hasta Ruanda, pasando por Sudáfrica, un entorno transicional ha demostrado ser terreno fértil para una innovación institucional, en la que la necesidad –ya sea la escasez de recursos, la magnitud de los abusos o los compromisos de una transición negociada– ha engendrado una gran creatividad y espíritu experimental en los mecanismos que se ocupan de las atrocidades en masa.

  Vasuki Nesiah es doctor en Derecho Internacional Público (Harvard Law School), doctor en Teoría del Derecho (Harvard Law School), licenciado superior en letras (Cornell University) y socio directivo del   International Center for Transitional Justice   de Nueva York.  



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