En 2015 registramos 812 posibles violaciones de normas humanitarias en Colombia

La reducción de los combates y los ataques armados en varias zonas de Colombia fue la cara visible del conflicto en el último año. El lado que no se mostró fueron las muertes, amenazas, desapariciones y restricciones de movimiento que padecieron muchas comunidades.

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En diciembre de 2015, mientras en La Habana (Cuba) el Gobierno y las FARC-EP anunciaban el sistema de justicia transicional que se aplicaría tras la firma de la paz, en una zona rural del Caquetá doscientas familias afectadas por el conflicto recibían insumos del CICR para mejorar su seguridad alimentaria. La figura del presidente Juan Manuel Santos anunciando el acuerdo apareció en los televisores de un caserío de la zona.

Los pobladores de esta región reciben las noticias del proceso de paz entre entusiasmados e incrédulos. "Aquí siempre nos hemos tenido que valer de nosotros mismos", explicaba un campesino. "Me imagino que con paz todo sería diferente, que uno podría andar, salir como antes", decía otra pobladora.

El peligro constante de los artefactos explosivos, el control de los actores armados y la falta de acceso a servicios básicos, como agua, salud y educación, han asfixiado por años a estas comunidades. De ahí que, para ellas, un posible futuro sin violencia signifique la posibilidad de vivir con mayor libertad. Sin embargo, aunque sienten que su situación ha mejorado un poco, saben que algunos problemas, como la presencia de artefactos explosivos, no se solucionarán en el corto plazo.

Durante buena parte de 2015 y las primeras semanas de 2016, los equipos del CICR en el terreno pudieron observar una reducción de la intensidad del conflicto en varias zonas, especialmente de los enfrentamientos armados o ataques entre las FARC-EP y la Fuerza Pública. Producto de las medidas acordadas entre las partes en La Habana, esta reducción de hostilidades ayudó, sin duda, a aliviar la dura situación de los pobladores de varias regiones. Ejemplo de ello es la reducción de los desplazamientos masivos. Mientras en 2014 el CICR atendió veinte emergencias de este tipo, en 2015 esta cifra se redujo a nueve.

Sin embargo, el CICR también pudo constatar que la violencia armada, lamentablemente, siguió dejando huella pese a los avances del proceso de paz. A lo largo de 2015, en las 22 zonas del país donde el CICR concentra su acción humanitaria, nuestros colaboradores documentaron 812 posibles violaciones de las normas humanitarias, tanto de las partes en conflicto como de otro tipo de actores armados. Estos hechos dejaron, en total, unas 19.000 víctimas. En particular, las amenazas de muerte, los malos tratos, la violencia sexual y la desaparición de personas encabezaron nuestros registros. En 2014, habíamos registrado 875 casos. Estas cifras indican que las consecuencias humanitarias de la violencia armada permanecen y son, en la práctica, similares a las que hemos documentado en los últimos tres o cuatro años.

A su vez, como en años anteriores, los departamentos que más sufrieron las consecuencias de la violencia armada, según los registros en zonas cubiertas por el CICR, fueron Antioquia, Cauca, Caquetá, Chocó, Nariño, Norte de Santander y Putumayo, así como las ciudades de Buenaventura, Tumaco y Medellín.

Las tendencias en 2015

Las consecuencias de la violencia armada que más documentaron los equipos en terreno del CICR durante el último año fueron las que ocurrieron 'gota a gota', es decir, aquellas que afectaron a una sola persona o a grupos pequeños, lo que suele impedir que se hagan visibles. Las amenazas y la violencia sexual son ejemplos claros de esta tendencia.

También se documentaron violaciones de normas sobre la conducción de hostilidades: por ejemplo, la ocupación de bienes civiles, como casas o escuelas, por un actor armado, o la falta de precaución en los ataques contra objetivos militares para no afectar a los civiles. En muchas ocasiones, las afectaciones a la población provinieron de bandas armadas que no forman parte del conflicto. Ante esta realidad creciente, el CICR reforzó el diálogo confidencial con esos grupos, a fin de reducir las consecuencias en la población.

Por otro lado, el CICR registró en 2015 cifras similares a 2014 respecto a personas que debieron trasladarse a un lugar más seguro luego de sufrir amenazas de muerte y malos tratos físicos o psicológicos. Estas 670 personas provenían de zonas controladas por diferentes actores armados, ya fueran partes en el conflicto o no. Con frecuencia, las amenazas ocurrieron tras un intento de reclutamiento o un acto de violencia sexual.

Esta situación es una muestra más de que la violencia sigue cebándose en la población, que nunca debería verse involucrada. Asimismo, es un claro ejemplo de cómo las consecuencias menos visibles de la violencia se mantuvieron en 2015 y continúan ocurriendo en 2016.

Niños, niñas y mujeres

En más de la mitad de los casos de presuntas violaciones a las normas humanitarias registradas por el CICR, las víctimas fueron niños, niñas y mujeres, lo que resalta su grado de vulnerabilidad a situaciones de violencia y la necesidad de una respuesta diferenciada para estas poblaciones.

Durante 2015, la organización registró 249 posibles violaciones a las normas humanitarias con cerca de 469 víctimas mujeres, quienes suelen pagar el precio más alto de los conflictos armados y ocupan un rol vital en el mantenimiento del tejido social de las comunidades afectadas por la guerra.

Además, 166 mujeres víctimas de violencia sexual recibieron atención del CICR, pero las cifras totales son mucho más altas. Este balance indica que este flagelo está lejos de terminar a pesar de la reducción de hostilidades.

El reclutamiento y la utilización de niños, niñas y adolescentes por los actores armados también sigue siendo una realidad en el marco del conflicto colombiano y otras situaciones de violencia. Durante 2015, el CICR registró 181 violaciones a las normas humanitarias que tuvieron como víctimas a unos 2.000 niños, niñas y adolescentes. Además, el año pasado, 35 menores se desvincularon de grupos armados y pudieron restablecer contacto con sus familias gracias al apoyo del CICR.

La vulneración de los niños, niñas y adolescentes va más allá del reclutamiento e incluye utilizarlos como informantes o transportadores de droga, pero también como perpetradores directos de la violencia.

Cuando los menores abandonan grupos armados que no forman parte del conflicto, si bien son acogidos por los programas de bienestar del Estado, no han podido acceder a una reparación ni a un programa especial de reintegración, tan necesarias para poder rehacer sus vidas. Es sumamente importante que las instituciones del Estado atiendan todas las necesidades que tienen como víctimas.

Los retos para 2016

Colombia cerró enero de 2016 con 7,9 millones de víctimas del conflicto armado registradas por el Estado. Alrededor de 116.000 de ellas (el 1,46 por ciento) fueron víctimas de hechos ocurridos en 2015. Responder a las necesidades de la población que ha sufrido los estragos de este largo conflicto será un reto descomunal para el país en los años venideros. Sin duda, la firma potencial de un acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC-EP alimentará estas expectativas.

En 2015, los acuerdos a los que llegó la mesa de La Habana sobre medidas inmediatas para la búsqueda de personas desaparecidas y el desminado humanitario, junto con la decisión conjunta de detener los enfrentamientos armados, ayudaron a disminuir las consecuencias de la guerra. No obstante, incluso después de la firma de la paz, quedará mucho por hacer para aliviar el sufrimiento de las víctimas.

Como se verá en los siguientes capítulos de este informe, miles de familias seguirán, por un lado, buscando a sus seres queridos desaparecidos. Por otro, la presencia de artefactos explosivos improvisados y restos explosivos de guerra que aún no han sido eliminados seguirán amenazando a las comunidades e impidiéndoles acceder a sus territorios. En los centros de reclusión del país, falta todavía una mejora de las precarias condiciones humanitarias que aquejan a los detenidos.

Aún está pendiente, también, el inicio formal de las conversaciones de paz entre el Gobierno y la segunda guerrilla del país, el ELN. Para completar el panorama, en 2016 la violencia armada ocasionada por grupos que no hacen parte del conflicto será otro factor de riesgo para los habitantes de varias regiones.

Desde el CICR, como hemos hecho a lo largo de cuarenta y siete años de permanencia en Colombia, continuaremos con nuestros esfuerzos para reducir el impacto de la violencia, de la mano, como es habitual, de la Cruz Roja Colombiana. 

Colombia es una de las 15 operaciones más grandes del CICR en el mundo. En 2015 el presupuesto de esta delegación fue de 33,3 millones de francos suizos, unos 100.000 millones de pesos (cambio promedio en 2015).