Colombia: cultivos lícitos de campesinos afectados por aspersiones aéreas contra la coca

"Cuando fumigan a veces se nos muere todo: el plátano, la caña, la yuca, toca volver a sembrar y esperar a que crezca, nos quedamos sin con qué comer, pasamos hambre". Con esta frase resume un poblador del departamento de Nariño los daños que para él genera la aspersión aérea de cultivos ilícitos con glifosato. Reconoce que en su zona hay plantaciones de coca, pero no en sus predios.

Este tipo de preocupaciones han sido recibidas por delegados del CICR en las zonas afectadas por el conflicto armado. Quejas de poblaciones que viven en una situación de precariedad y que ven sus cultivos lícitos destruidos. El CICR ha tratado de documentar este fenómeno y sus consecuencias en todo el país y de forma más específica en cuatro departamentos: Nariño, Caquetá, Antioquia y Guaviare, a fin de evaluar el impacto real que la aspersión aérea tiene sobre estas comunidades.

Es importante aclarar que no le compete al CICR opinar sobre la política del Gobierno contra los cultivos ilícitos. Sus preocupaciones tienen que ver únicamente con el impacto humanitario de la aspersión aérea sobre los cultivos de uso lícito de poblaciones que viven en zonas alejadas.

En sus numerosas visitas a las zonas afectadas por la problemática, el CICR encontró como principal problema la falta de precisión de la aspersión aérea que, en muchos casos, afecta los cultivos lícitos de familias. Esta imprecisión de la aspersión ha afectado también proyectos de desarrollo alternativo de varias instituciones internacionales e, incluso, un proyecto de cacao desarrollado por el CICR en beneficio de comunidades afectadas por el conflicto armado en Guaviare.  Además del impacto que tiene la aspersión en los cultivos lícitos, al CICR también le preocupa la dificultad que tienen los campesinos para reclamar una reparación efectiva a la que tienen derecho por los daños sufridos. La complejidad de los trámites del sistema de quejas y compensaciones establecido, prácticamente imposibilita y desincentiva a muchos pobladores a reclamar sus derechos. Muchos de los que lo hacen ven su petición desestimada ante la gran dificultad de cumplir con todos los requisitos exigidos.  Estas preocupaciones fueron presentadas por el CICR en un informe a las autoridades en 2011.

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