Convención sobre Municiones en Racimo: un nuevo tratado para terminar con el sufrimiento provocado por las municiones en racimo

En respuesta a las muertes, las heridas y los sufrimientos causados por las municiones en racimo, 107 Estados negociaron y aprobaron la Convención sobre Municiones en Racimo en una conferencia diplomática celebrada en Dublín, Irlanda, en mayo de 2008. La Convención es una adición importante al derecho internacional humanitario (DIH). Establece nuevas normas para garantizar que dejen de emplearse las municiones en racimo y que se aborden los problemas causados por esas armas en el plano humanitario. Es importante señalar que la Convención contiene disposiciones específicas para responder a las necesidades de las víctimas y las comunidades afectadas. El instrumento entra en vigor el 1 de agosto de 2010.

  ¿Qué dispone la Convención?  

La Convención establece una prohibición general de las municiones en racimo; prohíbe su empleo, producción, almacenamiento y transferencia. Además, prohíbe a los Estados Partes asistir, alentar o inducir a terceros a realizar cualquiera de las actividades prohibidas por las disposiciones del tratado.

Por otro lado, los Estados que poseen o que están afectados por las municiones en racimo tienen la obligación específica de destruir las reservas, eliminar los restos de municiones en racimo y prestar asistencia a las víctimas.

• Destrucción de reservas – Cada Estado debe, en un plazo de ocho años a partir del momento en que ese Estado pase a ser Parte en la Convención, destruir las reservas de municiones en racimo bajo su jurisdicción y control. Este plazo puede prorrogarse hasta un máximo de cuatro años y se podrán, en circunstancias excepcionales, solicitar prórrogas adicionales de hasta cuatro años. Asimismo, los Estados podrán conservar un número limitado de municiones en racimo y submuniciones explosivas para la formación en materia de remoción de esos artefactos y el desarrollo de técnicas de destrucción.

• Remoción de restos de municiones en racimo – Cada Estado también deberá limpiar su territorio de las submuniciones sin estallar y de las municiones en racimo abandonadas en un plazo de 10 años a partir del momento en que ese Estado pase a ser parte en la Convención. Si no puede hacerlo, podrá solicitar prórrogas por períodos adicionales de cinco años. Los Estados también deben conducir programas de educación sobre el riesgo que conllevan esas armas para sensibilizar a los civiles que viven en zonas afectadas por municiones en racimo o en sus alrededores.

• Asistencia a las víctimas – La Convención contiene firmes disposiciones sobre la asistencia a las víctimas. Cada Estado Parte que tenga víctimas de las municiones en racimo en áreas bajo su jurisdicción o control debe proporcionar atención médica, rehabilitación física, apoyo psicológico y los medios para lograr su inclusión social y económica. Además, debe evaluar las necesidades de las víctimas en esas zonas, elaborar planes y movilizar recursos para satisfacer dichas necesidades. Es la primera vez que se incluye en un tratado de DIH una disposición pormenorizada sobre asistencia a las víctimas.

Cabe observar que la expresión " víctimas de municiones en racimo " no sólo abarca a las personas que han resultado muertas o heridas por el empleo de municiones e n racimo, sino también a los familiares y las comunidades que han padecido consecuencias socioeconómicas y de otra índole. Esta definición amplia tiene en cuenta el creciente consenso que predomina entre los implicados en la remoción de las armas.

  ¿Cómo se definen en la Convención las municiones en racimo?  

En los términos de la Convención, una munición en racimo es una munición convencional que dispersa o libera submuniciones. Éstas son explosivos pequeños (o “bombetas”) no guiados (cada uno pesa menos de 20 kilogramos), diseñados para estallar antes del impacto, al impactar o después de haberlo hecho.

Las armas que contienen menos de 10 submuniciones explosivas no se consideran municiones en racimo, siempre que cada submunición pese más de cuatro kilogramos, pueda detectar y atacar un objeto que constituya un blanco único y esté equipada con un mecanismo de autodestrucción y con un dispositivo de autodesactivación electrónicos. También están excluidas las armas diseñadas para disparar bengalas, humo o pirotecnia, así como las municiones diseñadas para producir efectos eléctricos o electrónicos. La Convención no prohíbe ni restringe el recurso a esas armas; sin embargo, su empleo se rige por las disposiciones generales del DIH.

  ¿Cómo se efectuará el seguimiento de la aplicación y el cumplimiento de la Convención?  

La Convención contiene diversos mecanism os para promover su aplicación y velar por que se respeten sus disposiciones.

Por afán de transparencia, los Estados deben presentar un informe anual al Secretario General de las Naciones Unidas sobre diversas cuestiones, tales como los tipos y el número de municiones en racimo destruidas, la extensión y la ubicación de las áreas contaminadas por las municiones en racimo, el avance de los programas de limpieza, las medidas adoptadas para impartir educación sobre reducción de riesgos y advertir a los civiles, el avance de los programas destinados a prestar asistencia a las víctimas y las medidas adoptadas a nivel nacional a fin de prevenir y reprimir las violaciones de la Convención. Los informes que se presenten sobre dichas cuestiones también permitirán dar cuenta del cumplimiento que se está dando a la Convención.

En caso de que surja algún problema con respecto al cumplimiento de las disposiciones del tratado por parte de un Estado, se puede presentar una solicitud de aclaración mediante el Secretario General de las Naciones Unidas. Si fuera necesario, el asunto podrá presentarse a una reunión de los Estados Partes, que pueden adoptar procedimientos o mecanismos específicos para aclarar la situación y elaborar una resolución. En caso de controversia entre dos o más Estados Partes, se harán esfuerzos para encontrar una solución a través de la negociación o por algún otro medio pacífico de su elección, como someter el asunto a la Corte Internacional de Justicia de conformidad con el Estatuto de la Corte.

Por último, cada Estado Parte tiene la obligación de adoptar todas las medidas legales, administrativas y de otra índole que procedan para aplicar la Convención, incluida la imposición de sanciones penales para prevenir y reprimir las violaciones que hayan sido cometidas por personas o en el territorio bajo la jurisdicción o control de ese Estado. A tales

efectos, es probable que sea necesario aprobar leyes nacionales y enmendar las normas por las que se rigen las fuerzas armadas.

  ¿La Convención aportará beneficios?  

Cuando se hayan tomado las medidas de implementación, la Convención evitará tremendos sufrimientos humanos, ya que garantizará que se destruyan y nunca se empleen cientos de millones de submuniciones. Además, la Convención beneficiará directamente a las comunidades afectadas, pues se realizarán mayores esfuerzos para limpiar las zonas contaminadas por las municiones en racimo, es decir que se salvarán vidas y las tierras podrán volver a utilizarse para la agricultura y otras actividades productivas. Por otro lado, ayudará a las víctimas de las municiones en racimo, ya que se harán mayores esfuerzos para brindar diversos tipos de apoyo, como atención médica, rehabilitación, apoyo psicológico e inclusión económica y social. Todos los Estados Partes en la Convención tienen una cuota de responsabilidad para lograr que se la aplique eficazmente. Cuando estén en condiciones de hacerlo, todos los Estados Partes, incluso los que no tienen reservas o restos de municiones en racimo en su territorio, deben prestar asistencia a los países afectados para ayudarles a aplicar la Convención. 

Además de afectar la conducta y las prácticas de los Estados Partes, la Convención sobre Municiones en Racimo tendrá repercusiones en los Estados que aún no han firmado o ratificado el instrumento. Con la aprobación y la entrada en vigor de esa Convención, muchos países, los medios de comunicación y el público en general ahora consideran que las municiones en racimo son un arma estigmatizada. En el futuro, para un Estado o para un grupo armado, será más difícil emplear ese tipo de arma.

Con la aprobación y la entrada e n vigor de la Convención sobre Municiones en Racimo, el derecho internacional humanitario dispone de un marco general para prevenir y terminar con el sufrimiento de la población causado por las " armas que no pueden parar de matar " . La Convención que prohíbe las minas antipersonal, de 1997, el Protocolo sobre los restos explosivos de guerra, de 2003, y la Convención sobre Municiones en Racimo, de 2008, constituyen, en su conjunto, una respuesta de gran alcance a las consecuencias humanitarias de los explosivos abandonados y sin estallar, y traerán la esperanza de que un futuro es posible cuando las comunidades puedan vivir sin la amenaza de esas armas.

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