Minas antipersonal
15-11-2012 Introducción
Las guerras deberían terminar apenas cesan las hostilidades. Sin embargo, las minas antipersonal siguen causando muertes y lesiones mucho tiempo después de que los conflictos han concluido. Las minas antipersonal no distinguen entre civiles y combatientes. Numerosos civiles mueren o sufren una amputación a causa de esas armas mucho tiempo después de finalizados los enfrentamientos. Vastas extensiones de tierra quedan inutilizadas, al igual que diversos medios de sustento. Las comunidades sufren los efectos de estas armas durante décadas, incluso después de terminados los conflictos armados.
En 1997, la comunidad internacional aprobó la Convención sobre la prohibición de las minas antipersonal, que dispone una prohibición total de esas armas.
La campaña por la prohibición de las minas antipersonal fue una de las mayores iniciativas humanitarias de las últimas tres décadas. El CICR, junto con los Gobiernos y muchos otros organismos, abogó por una prohibición total del empleo, el almacenamiento, la producción y la transferencia de esas armas. La comunidad internacional respondió mediante la aprobación de la Convención sobre la prohibición de las minas antipersonal. Pero ese fue sólo el comienzo. Era necesario implementar el tratado.
Quince años después de la aprobación de la Convención, se han logrado avances significativos, pero aún queda mucho por hacer, sobre todo en lo relativo a la remoción de minas y a la atención de las necesidades de las personas heridas y sus familiares.
Hasta el presente, más de tres cuartas partes de los países del mundo se han adherido a la Convención sobre la prohibición de las minas antipersonal. Gracias a ello, los índices anuales de víctimas han disminuido considerablemente. Sin embargo, en más de 60 Estados y regiones afectados por las minas antipersonal, el legado de conflictos internos pasados, y presentes, sigue provocando miles de víctimas por año, sobre todo en los Estados más gravemente afectados, como Afganistán, Pakistán, Colombia y Myanmar.
Las personas heridas por minas antipersonal y otros restos explosivos de guerra por lo general necesitan atención a lo largo de toda la vida. La Convención obliga a los Estados a ayudar a los cientos de miles de víctimas de las minas; la mayoría de ellas se encuentra en países con servicios de salud y de rehabilitación limitados. Si bien la inclusión de la obligación de asistir a las víctimas fue un logro importante de la Convención, ha sido difícil lograr y medir los avances en esa materia. Se debe garantizar una mejor calidad de vida y un mayor acceso a la atención médica, a la rehabilitación física, al apoyo psicológico, a los servicios sociales, a la educación y al trabajo a la mayoría de los sobrevivientes.
La remoción de minas también ha representado un problema especial, dada la magnitud de la tarea. Sin embargo, la Convención establece objetivos claros, y otorga diez años a cada país para limpiar su territorio. Un número elevado de Estados Partes ha informado oficialmente que ha concluido las tareas de remoción, pero otros tantos han tenido que pedir una extensión del plazo establecido; muchos desconocen la magnitud de la contaminación. Por ello, el cumplimiento de esa obligación es un reto clave para la implementación de la Convención.
Los Estados Partes también tienen la obligación de destruir sus reservas de minas antipersonal. Antes de la aprobación de la Convención, más de 130 Estados tenían reservas de minas antipersonal. Desde entonces, los Estados Partes han informado de la destrucción de más de 46 millones de minas antipersonal. Hoy en día se calcula que sólo unos 40 Estados siguen teniendo reservas de minas antipersonal. Los tres Estados que siguen teniendo reservas para destruir no han procedido a la destrucción, y sus plazos no prolongables ya se han cumplido (Belarús y Grecia, desde 2008, y Ucrania, desde 2010). En total, estos tres Estados poseen más de 10 millones de minas antipersonal.
Pese a los retos pendientes, la Segunda Conferencia de Examen de la Convención, celebrada en Cartagena, Colombia, en diciembre de 2009, demostró la dinámica y la orientación a los resultados de la Convención sobre la prohibición de las minas antipersonal. La Conferencia abordó los retos clave y adoptó el Plan de Acción de Cartagena, que contiene categóricos compromisos para mejorar las tareas en los ámbitos de asistencia a las víctimas, destrucción de reservas y remoción de minas. Con miras a la Tercera Conferencia de Examen, que se celebrará en 2014, es importante avanzar en pos del cumplimiento de los compromisos contraídos y de la plena implementación de la Convención.
La Convención sobre la prohibición de las minas antipersonal ha tenido efectos considerables por lo que respecta a la destrucción de reservas, remoción de minas y reducción del número de víctimas. Otro logro de la Convención es haber dirigido la atención a las consecuencias que otras armas tienen después de terminados los conflictos, en particular los restos explosivos de guerra, como las municiones en racimo. Sin embargo, se debe seguir trabajando en los años venideros para cumplir con las promesas de la Convención.
