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La fuerza frente al derecho: el Comité Internacional de la Cruz Roja y la guerra química en el conflicto ítalo-etíope de 1935-1936

31-03-1998 Artículo, Revista Internacional de la Cruz Roja, por Rainer Baudendistel

  Ya no es posible «caritas inter arma», es la guerra a ultranza pura y simple, sin distinción alguna entre el ejército nacional y la población civil y, en cuanto a la pobre Cruz Roja, zozobrará ineluctablemente en esas aguas.»  

Sidney H. Brown, delegado del CICR, 25 de marzo de 1936 [1 ] .
 

  Señorita Odier: (...) ¿Cómo conciliar el deber del silencio con el de expresar los dictados de la conciencia humana? Ese es el problema. El presidente: «Enmudecimos porque no conocíamos la verdad».  

Actas de la reunión del CICR, 3 de julio de 1936 [2 ]

En la Primera Guerra Mundial, se recurrió, por primera vez, al empleo generalizado de agentes químicos en los principales frentes bélicos, lo que causó un número sin precedentes de víctimas. Apenas terminada la guerra, se desplegaron esfuerzos para proscribir estas armas. La Sociedad de Naciones se encargó de elaborar las normas específicas, poniéndose así de relieve la convicción de que esta cuestión era de interés mundial y no sólo de las potencias victoriosas. El 17 de junio de 1925, firmaron el Protocolo de Ginebra sobre la prohibición del empleo en la guerra de gases asfixiantes, tóxicos o similares y de medios bacteriológicos 26 Estados [3 ] . En este tratado, se prohíbe categóricamente recurrir a medios de combate químicos y biológicos. Aunque la firma del Protocolo despertó grandes esperanzas de una efectiva prohibición de las armas químicas, la adhesión al tratado progresó lentamente. Varios Estados, que, a todas luces, dudaban de que el Protocolo p udiera aplicarse con la firmeza prevista en el texto, formularon importantes reservas.

En octubre de 1935, cuando estalló la guerra ítalo-etíope, 41 Estados eran partes en el Protocolo, de los cuales Italia y Etiopía. Sin embargo, eran pocos los que en este civilizado mundo confiaban, de veras, en la sola protección del derecho, sabiendo, sobre todo, que la tutela de la fuerza era entonces una creciente amenaza para las relaciones internacionales. A falta de abolir la guerra misma, cabía considerar que la única y efectiva protección podía radicar en la capacidad para tomar represalias contra el enemigo. Esta forma de Realpolitik era más viable que un convenio o que el achacoso sistema de seguridad colectiva de la Sociedad de Naciones para garantizar la protección contra la amenaza de una guerra química. Pero se planteaba, a su vez, el grave problema para quienes carecían de una capacidad fiable de represalia. Etiopía aprendería a su costa la lección en los siete meses de acerba guerra.

La acción del CICR por lo que respecta a la guerra química se remonta a la Primera Guerra Mundial, durante la cual se emplearon, por primera vez, gases tóxicos. Profundamente consternado por los efectos que estas armas surtían en los combatientes, condenó públicamente, a comienzos de 1918, esta «bárbara innovación». Viendo con preocupación la interminable carrera de armamento químico cada vez más potente y la espeluznante perspectiva de su utilización contra la población civil, el CICR protestó, «con todas las fuerzas de nuestra alma contra este medio de combate, que sólo podemos calificar de criminal» [4 ] . El CICR propuso, asimismo, que se concertara un acuerdo internacional, posiblemente bajo los auspicios de la Cruz Roja, para prohibir totalmente el empleo de gases tóxicos. Tras el conflicto mundial, el CICR no cejó en su empeño por favorecer esta causa, haciendo reiteradas gestiones ante la Sociedad de Naciones y mediante s u labor en el marco del Movimiento de la Cruz Roja. Cuando, en 1925, se firmó el Protocolo de Ginebra, la Institución pudo mirar hacia atrás con satisfacción a la culminación de una campaña en la que había empeñado todo su prestigio y su peso moral.

A lo largo del decenio siguiente, el Movimiento de la Cruz Roja en su conjunto hizo de la lucha contra el empleo de armas químicas una prioridad absoluta, en la que el CICR llevó las riendas. Oficialmente encargado por cuatro sucesivas Conferencias Internacionales de la Cruz Roja, desempeñó un papel preponderante en la promoción de la ratificación del Protocolo de 1925. No obstante, la creciente tensión en Europa, a comienzos de los años treinta, hizo que el CICR se percatase de que los Gobiernos no estaban preparados para dejar en manos de la Cruz Roja asuntos de tal importancia. Todo lo relacionado con la guerra química fue en adelante de la incumbencia exclusiva de los Gobiernos, lo que quedaron celosamente tras un velo secreto. Como consecuencia, el CICR logró sólo resultados bien modestos. En el otoño de 1935, quedó claro que el papel de pionero del CICR había llegado a su término y que se recurría cada vez menos a los servicios de la Institución. Con todo, en 1935, la Institución consolidó su cometido por lo que atañe a la guerra química, enfoque que compartían el Movimiento de la Cruz Roja y el público en general.

Durante cuatro de los seis meses que duró la guerra con Etiopía, Italia utilizó gases tóxicos, principalmente sus fuerzas aéreas. Los aviones de guerra italianos arrojaron, de un total global de 1.829 toneladas de explosivos, 330 toneladas de agentes químicos [5 ] . Los bombardeos en que se emplearon agentes químicos, combinados normalmente con explosivos y bombas incendiarias regulares, tuvieron lugar casi diariamente; en una ocasión, se arrojó la cantidad récord de 12 toneladas en un solo día. A pesar de que el objetivo era infundir miedo y terror, sobre todo, en las filas del ejército etíope , las bombas de gas afectaron también indiscriminadamente, con desoladora frecuencia, a la población civil.

La composición química más ampliamente utilizada fue la iperita o gas mostaza, conocido ya en la Primera Guerra Mundial. Se trata de un vesicante que produce muy características ampollas y quemaduras en la piel, con graves consecuencias para las personas no protegidas. Un médico en uno de los hospitales de campaña de la Cruz Roja Británica, J.W.S. MacFie, hizo una desgarradora descripción de la primera vez que atendió a víctimas de gases:

«Al examinar a los pacientes más de cerca, la visión era de horror. El primero al que atendí era un anciano que se mecía sin parar, gimiendo en el suelo, envuelto en una especie de paño que levantó lentamente y echó a un lado cuando me acerqué. Daba la impresión de haber sido torpemente desollado; el gas mostaza le había provocado horrendas quemaduras en todo el rostro, en la espalda y en los brazos. Muchos estaban en el mismo estado: algunos sufrían más que otros; algunos con quemaduras recientes y otros con llagas que comenzaban ya a formar costras medio marrones. Hombres y mujeres por igual, todos horriblemente desfigurados; había también niños de corta edad» [6 ] .

Además de quemar la piel, el gas mostaza surte, a menudo, un doloroso efecto cegador, temporal las más de las veces, como consecuencia de la hinchazón de los párpados.

Los etíopes, que no estaban equipados para responder a estos ataques con gases tóxicos, fueron, pues, incapaces de tomar represalias. Disponían de un escaso material de protección y carecían de asistencia médica adecuada, lo que habría permitido mitigar las secuelas, como demostró la experiencia a finales de la Primera Guerra Mundial. Ni dispuestos ni aptos para combatir contra un enemigo que se valía de tales medios desmoralizadores, muchos soldados prefirieron correr el riesgo de ser capturados como desertores, más bien que morir en tales circunstancias.

A falta de información fidedigna, es imposible precisar el número de personas muertas a causa de la guerra química librada por Italia. Según fuentes de la Cruz Roja, se calcula que el número de heridos por gas fue inferior a los 1.000, aunque esta cifra presenta un cuadro incompleto.

Cabe tener presente las grandes diferencias existentes por lo que respecta a la organización, al número de empleados y al equipamiento de los 12 hospitales de campaña de la Cruz Roja —básicamente el único servicio médico disponible para el ejército etíope. Por otra parte, y lo que es más importante, es que se logró llegar a los frentes casi al final de la guerra y, muy a menudo, cuando más se necesitaban sus servicios, las unidades se batían en retirada, como los soldados derrotados. Según los datos de que se dispone, en el 90% del tiempo que duró la guerra química, el acceso a una adecuada y moderna asistencia médica fue muy limitado o inexistente.

Sin duda alguna, el desastre humanitario en las zonas de conflicto fue muy devastador debido al empleo sin límites de armas químicas por parte de la Italia fascista. John Melly, valiente jefe del hospital de campaña de la Cruz Roja Británica, escandalizado por la dimensión del sufrimiento alcanzado en el frente norte de la guerra, resumió la situación con su típico estilo mordaz: «Esto no es una guerra —ni siquiera es una matanza— sino la tortura con bombas y gases tóxicos de miles de hombres, mujeres y niños indefensos» [7 ] .

Inmediatamente después de estallar la guerra, en octubre de 1935, el CICR ofreció sus servicios a las dos partes en conflicto, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos de la Cruz Roja Internacional. Italia, cuya agresión fue condenada por la Sociedad de Naciones, rechazó de plano toda asistencia, mientras que Etiopía, deficientemente preparada, la aceptó sin vacilar. Se emprendió sin demora una operación internacional de as istencia médica, que recibió el apoyo sin precedentes de 28 Sociedades Nacionales. Para que los suministros llegaran hasta las víctimas del conflicto, el CICR decidió enviar dos delegados suizos a Etiopía. El jefe de la delegación, Sidney H. Brown, era abogado y prestaba servicios en la sede del CICR desde 1929. Lo secundaba un cirujano recién reclutado, Marcel Junod [8 ] .

Esta primera delegación del CICR, en el sentido moderno del concepto, se encargó de coordinar las actividades de los hospitales de campaña de la Cruz Roja —seis de la Cruz Roja Etíope y seis de Sociedades Nacionales europeas. Se ocupó además de asistir a la inexperimentada Cruz Roja local, fundada apenas tres meses antes del conflicto. Esto, a su vez, permitió al CICR obtener noticias directas sobre el desarrollo del conflicto y la consiguiente crisis humanitaria y recibir, en la sede ginebrina, valiosa información de las propias fuentes. La Institución se hallaba, así, inesperadamente en el centro de la controversia por lo que respecta a las cuestiones de índole humanitaria que planteaba la guerra ítalo-etíope.

  Falta de lucidez en la sede del CICR  

En Ginebra, a pesar de tener conocimiento del empleo de armas químicas por Italia mediante los primeros informes presentados por los delegados sobre el terreno, no se consideró útil seguir de cerca el asunto. Cuando los informes se hicieron más insistentes y reiterativos, a comienzos de marzo de 1936, el CICR estaba totalmente ocupado en ultimar los preparativos de la inminente visita de sus altos cargos a Roma. La finalidad de este viaje era examinar con las autoridades italianas los procedimientos de una investigación sobre las violaciones alegadas contra el Convenio de Ginebra de 1929 para mejorar la suerte de los heridos y los enfermos en los ejércitos en campaña, de conformidad con lo dispuesto en su artículo 30 [9 ] . Las dos partes en el conflicto ya habían aceptado, al menos en principio, dicha investigación. En los documentos preparatorios, muy concienzudamente redactados para las reuniones de Roma, se hacía tan sólo una sucinta referencia al empleo de gases, lo que todavía no era motivo de preocupación para la Institución. Esta actitud tampoco varió tras las entrevistas mantenidas con dos ex delegados de la Cruz Roja Etíope, ambos de nacionalidad polaca, que habían sido capturados por los italianos.

Tras su liberación, el doctor Stanislaw Belau y su asistente, Tadeusz Medinsky, viajaron a Ginebra, donde informaron al CICR acerca de lo que les había acontecido y su experiencia por lo que atañe a la utilización de gases. A este respecto, el testimonio de Belau es particularmente interesante. Como oficial del ejército polaco en la Primera Guerra Mundial ya había tenido conocimiento de los gases tóxicos, por lo que pudo reconocer fácilmente el gas mostaza empleado en Etiopía, además de otros dos agentes químicos que no conocía. La deposición de Belau se remitió a la delegación del CICR antes de viajar a Roma, junto con un sorprendente telegrama de Junod sobre el incidente de Korem, donde este delegado había presenciado el bombardeo con gas mostaza por aviones italianos. Así pues, cuando el presidente Max Huber, el vicepresidente Paul Logoz, Carl Jacob Burckhardt y Jacques Chenevière salieron, el 24 de marzo de 1936, con destino a Roma, llevaban en su equipaje sensacionales noticias, recibidas de fuente directa, sobre el empleo de gases en Etiopía.

Desde el punto de vista del CICR de entonces, el viaje a Roma fue todo un éxito culminando con una breve audiencia concedida por Mussolini en el Palazzo Venezia, el 30 de marzo de 1936. El CICR había obtenido el asenso italiano para emprender las gestiones de investigación sobre el uso indebido del emblema. Pero, ¿que ocurrió con la cuestión de los gases? En los documentos del CICR no hay rastro al respecto. Fuentes italianas confirman que la delegación no habló del asunto ni en las conversaciones con el barón Pompeo Aloisi, jefe de gabinete en el Ministerio de Relaciones Exteriores, ni con Filippo Cremonesi, presidente de la Cruz Roja Italiana. Mediante una iniciativa simple y calculada, los italianos se apropiaron de un eventual intento del CICR de plantear la cuestión oficialmente. Aloisi comunicó al CICR, en la primera reunión, que el tema sobre la investigación se restringía a cuestiones que concernían exclusivamente a los Convenios de Ginebra, lo que significaba que se excluían los métodos de guerra, como el hecho de recurrir a gases venenosos. El CICR carecía de argumentación para rebatir tan contundente conclusión formulada, ni más ni menos, por uno de los beligerantes, que tenía derecho a establecer libremente sus propias condiciones de investigación.

Si, por vía oficial, la cuestión había quedado empantanada, ¿no había alguna posibilidad de avanzar de manera informal? Una vez más, no se hizo alusión a la guerra química, aunque no fue por falta de ocasiones propicias. Una excelente oportunidad habría sido la reunión con el presidente de la Cruz Roja Italiana, Filippo Cremonesi, durante la cual se pasó revista a todos los asuntos relevantes que preocupaban al CICR. Entre éstos, figuraban el bombardeo contra los hospitales de campaña de la Cruz Roja y la cuestión de los prisioneros de guerra. El propio Cremonesi quedó, por lo visto, sorprendido de que no se hubiera mencionado el asunto y, al final de su informe presentado al Ministerio de Relaciones Exteriores, especificaba que no se habían examinado otros asuntos entre el CICR y la Cruz Roja Italiana.

No obstante, en una ocasión, que no deja de tener su importancia, se abordó la cuestión de los gases tóxicos. Chenevière relata que Max Huber aludió a la guerra química durante la corta audiencia con Mussolini. Refiriéndose a la presentación que hizo Huber al inicio de la reunión, Chenevière recuerda: «Se trató todo lo esencial: represalias proscri tas, aun en apariencia justificadas; garantía de inmunidad y asistencia a toda persona fuera de combate. Hasta sorprendí, de paso, una palabra «explosiva»: iperita. El duce se sobresaltó. Max Huber prosiguió con mucha calma: «Simple acotación general sobre los métodos de guerra». ¿Estaba emocionado? Quizás, pero quizás no fue inoportuno» [10 ] . La audiencia duró exactamente diez minutos, lo que fue, desde luego, demasiado poco para entablar un debate serio, particularmente sobre un tema controvertido como el del empleo de gases tóxicos.

En la visita del CICR a Roma, ésta es la única indicación registrada sobre la guerra química por cierto muy general. El silencio es tanto más enigmático cuanto que la delegación sabía, gracias a las varias conversaciones telefónicas con Ginebra, que la cuestión de los gases en Etiopía era grave y urgente. A mayor abundamiento, desde Ginebra se envió un cable confidencial a la delegación, por mediación del Ministerio suizo de Relaciones Exteriores, en el que se daba cuenta de otra ocasión en que se utilizaron gases tóxicos en la región de Sidamo, hecho comunicado esta vez por la Cruz Roja Noruega. Aunque en ningún momento se trató de algo oficial, ¿por qué el presidente del CICR desaprovechó esa oportunidad de oro al menos para solicitar alguna aclaración sobre un asunto acerca del cual disponía de información fidedigna y buenas razones para intervenir?

En ausencia de pruebas documentadas, dos razones explican la timidez del CICR en Roma. En primer lugar, su prioridad era la investigación sobre las alegadas violaciones del Convenio de Ginebra de 1929. Por primera vez, se iba a seguir el procedimiento de investigación, que se consideraba como un destacado logro de los nuevos Convenios. El CICR no deseaba comprometer sus probabilidades de éxito, y mucho menos por la cuestión de los gases venenosos, asunto sumamente espinoso para el régimen fascista. En segundo lugar, el CICR en Ginebra, al igual que los delegados sobre el te rreno en un comienzo, desconfiaba de los informes sobre el empleo de gases tóxicos. Sencillamente parecía imposible, y para muchos resultaba ser otra jugada en la campaña contra Italia en Etiopía. ¿Cómo Italia, la cuna de la civilización europea, habría podido faltar a la buena fe y utilizar un arma prohibida transgrediendo así el Protocolo de 1925, al que se había adherido solemnemente?

Sin duda, no se puede reprochar al CICR que desconociera lo que el historiador descubrió más tarde, esto es, que las autoridades italianas ya habían tenido conocimiento del mensaje de Junod referente a su testimonio del empleo de gas mostaza (de hecho, habían interceptado el telegrama que la delegación del CICR llevó a Roma [11 ] , pero no lo utilizaron con otra finalidad); o que Mussolini, el día anterior a la reunión con la delegación del CICR, había autorizado al jefe de las fuerzas italianas, Badoglio, «que empleara gases de cualquier tipo y a cualquier escala» [12 ] . La cuestión es saber si el CICR no habría debido mostrarse más clarividente y más determinado, dada la información de primera mano que obraba en su poder. Resulta, a todas luces, palmario que la delegación desaprovechó la primera oportunidad de defender los intereses de las víctimas en favor de las cuales había contraído un compromiso.

  La Sociedad de Naciones y el CICR: seguridad colectiva y preocupaciones de índole humanitaria  

Hasta la guerra ítalo-etíope, los caminos de la Sociedad de Naciones y del CICR se habían cruzado en contadas ocasiones. Ambas Instituciones, como sus objetivos y sus métodos, eran muy diferentes. La Sociedad de Naciones actuaba en la escena política internacional, intentando establecer un nuevo orden mundial, propiciado por el período de paz reinante en Europa la década de los veinte y a comienzos de la de los treinta. Disponía de una numerosa plantilla y de una impresionante infraestructura en Ginebra. El CICR, en cambio, era una Institución casi desconocida, que se ocupaba de cuestiones de índole humanitaria en tiempo de guerra, fenómeno que se consideraba —si no superado— al menos regulado por una serie de tratados y merced al progreso de las naciones civilizadas. En vista de lo anterior, algunos, demasiado optimistas, opinaban incluso que la organización fundadora de la Cruz Roja había perdido su razón de ser. El Comité propiamente dicho estaba integrado por menos de 20 miembros voluntarios, algunos más activos que otros, procedentes principalmente de los círculos liberales y protestantes de la sociedad ginebrina. Ellos procuraban despojar a la Institución de su imagen de «comité de barrio», como la había apodado el ministro de Relaciones Exteriores, Giuseppe Motta, antes de que él y otros insignes ciudadanos suizos se incorporaran en sus filas. Asistía al Comité un puñado de profesionales que trabajaba en un chalet a orillas del lago Lemán. Desde la Primera Guerra Mundial, la pequeña aunque activa Institución abordó cuestiones de derecho humanitario esencialmente y se las arregló para alcanzar una posición especial dentro del movimiento internacional de la Cruz Roja, reorganizado en 1928.

En el conflicto ítalo-etíope, las relaciones entre ambas Instituciones cambiaron radicalmente. Una Sociedad de Naciones en ciernes aceptó los retos lanzados a la comunidad internacional por la Italia fascista, mientras que el CICR se afanaba por llevar a cabo la primera operación humanitaria que desplegaba en una guerra desde 1918. La situación había virado repentinamente. El CICR, que había desempeñado hasta entonces un modesto papel en la escena internacional, pasaba a estar en primer plano. Esclarecer los respectivos papeles de las dos organizaciones era una cuestión de tiempo y esta ocasión la brindaba el desencadenamiento por Italia de la guerra química en Etiopía.

En las borrascosas deliberaciones sobre la conducción de las hostilidades, celebra das en el Comité de los Trece de la Sociedad de Naciones, a primeros de abril de 1936, se consideró necesario obtener información exacta acerca de lo que había ocurrido en el campo de batalla en el «Cuerno de África». Ante la negativa de Italia de cooperar con la organización mundial por lo que respecta al supuesto empleo de armas químicas, la Sociedad de Naciones se encomendó al CICR. Se había publicado en la prensa que sus delegados habían sido testigos del uso de gases tóxicos cerca de la ciudad de Korem, en el norte de Etiopía, y se sabía que la Institución había recibido otras informaciones pertinentes del personal de Sociedades Nacionales de la Cruz Roja. El secretario general de la Sociedad de Naciones, Joseph Avenol, solicitó por escrito al CICR información sobre este asunto [13 ] . Se esperaba respuesta para la misma tarde, a fin de proseguir las deliberaciones en el Comité de los Trece.

El CICR se hallaba en una muy incómoda posición entre la Sociedad de Naciones e Italia. Se había asignado a la institución el ingrato papel de árbitro, lo que podía poner en peligro la continuación de su labor sobre el terreno. Se había convertido en un testigo presencial con autoridad en una guerra moderna que se libraba no sólo con todos los medios militares de que se disponía, sino también bajo la atenta mirada de la opinión pública internacional. En síntesis, la solicitud de la Sociedad de Naciones ponía al CICR ante el clásico dilema con el que se ha visto confrontado hasta hoy: tener que elegir entre condenar las injusticias y prestar socorro a las víctimas.

Tras haber consultado por teléfono con el presidente Max Huber, el Comité ya no tenía dudas y debía denegar la solicitud de la Sociedad de Naciones. Los documentos y la información del CICR no se podían utilizar con fines políticos, y es lo que habría ocurrido inevitablemente si hubieran obrado en poder del Comité de los Trece. Lo curioso es que el CICR no adujo esta razón en su apresurada y torpe respue sta a la Sociedad de Naciones, sino que explicó su rechazo refiriéndose a la investigación prevista sobre las alegadas violaciones del Convenio de Ginebra «relacionadas, en parte, con los mismos hechos». En segundo lugar, el CICR no podía intercambiar los informes de sus delegados con la Sociedad de Naciones, porque estaban estrictamente reservados para el logro de los objetivos de la Cruz Roja. Por último, el CICR puntualizó a la Sociedad de Naciones que incumbía a los Gobiernos o a las Sociedades Nacionales decidir si se revelaba la información de que disponía [14 ] .

La Sociedad de Naciones se sintió ofendida —lo que no fue sorpresa alguna— por la respuesta negativa que dio la pequeña Institución humanitaria. El propio presidente del Comité de los Trece, Salvador de Madariaga, se encargó de contestar, destacando claramente un error en el razonamiento del CICR: la solicitud de la Sociedad de Naciones abarcaba cuestiones como la guerra química, hecho que no figuraba en la investigación prevista por el CICR y que, por lo tanto, éste no podía aducir como razón para callar información relevante. El segundo argumento del CICR se consideró como una afrenta para «un organismo que actúa en nombre de la Sociedad de Naciones» [15 ] .

La enfadada respuesta de la Sociedad de Naciones inducía imperativamente a otra reacción del CICR, puesto que aquélla había publicado el intercambio de cartas con éste. Se había trasladado el asunto a la escena pública, en la que no tardó en suscitar un vivo interés. Esta vez, el CICR redactó una respuesta cuidadosa, bien argumentada y pertinente, que prepararon los experimentados jurisperitos Huber y Logoz, fundándose en los ideales de la Cruz Roja y en los Estatutos del CICR. De conformidad con su cometido, el CICR debía permanecer al margen de cualquier acción de índole política; era ésta la verdadera razón por la que había rehusado cooperar. Además, tenía que mantener su neutralidad en relación tanto con los Convenios de Ginebra como con otros t ratados destinados a salvaguardar los intereses humanitarios en tiempo de conflicto. Por último, y era el punto medular:

«El cometido del Comité Internacional de la Cruz es de índole estrictamente humanitaria y apolítica; el Comité Internacional debe esforzarse, ante todo, por aliviar los sufrimientos de las víctimas de la guerra. A fin de lograr este objetivo, debe avenirse escrupulosamente con una línea de conducta que le permita entablar relaciones de confianza con las partes en conflicto (...). El Comité Internacional considera que no puede soslayar los principios arriba enunciados, incluso en tiempo de conflicto, cuando se cuestiona el derecho a hacer guerra» [16 ] .

El CICR delimitaba así su independencia con respecto a la Sociedad de Naciones y demostraba que las organizaciones humanitarias y políticas tenían cada una los respectivos derechos y deberes, que de tanto en tanto podían diferir. Las reacciones frente a esta postura fueron inmediatas y violentas. Los etíopes, que solicitaron al CICR que intercambiara documentos con la Sociedad de Naciones, quedaron profundamente decepcionados. Junod puso de relieve que las relaciones de trabajo con ellos se deterioraron, llegando a una «fuerte oposición» tras la negativa del CICR. Funcionarios gubernamentales próximos al emperador Haile Selassie acusaron al CICR de mala voluntad y de tomar partido por los italianos. Fueron aun más incisivas las opiniones posteriormente formuladas por testigos presenciales como John H. Spencer, joven asesor estadounidense del Ministerio etíope de Relaciones Exteriores. Refiriéndose al rechazo de Huber con respecto a la Sociedad de Naciones, comentó: «Firmando esa fútil e infamante tentativa de encubrir un crimen internacional que, por entonces, ya no era secreto para nadie y que Italia nunca negó, ha mancillado su propia reputación y la del derecho internacional en pro de intereses políticos» [17 ] .

Decepción por un lado, satisfacción por el ot ro: tras haber tomado nota de la solicitud presentada al CICR por el Comité de los Trece, el delegado de la Cruz Roja Italiana en Ginebra, conde Guido Vinci, acudió inmediatamente al CICR para conocer cual sería su respuesta. Las estrechas relaciones que mantenía con la institución le permitieron obtener confortantes noticias: el CICR no iba a acceder a la solicitud de la Sociedad de Naciones. Sin tardar, puso al corriente al presidente de la Cruz Roja Italiana que, ansioso de tener noticias, sabía perfectamente el papel que estaba desempeñando entonces el CICR con respecto a la imagen de Italia en el mundo. Tanto el presidente Cremonesi como el Ministerio de Relaciones Exteriores se enteraron, aliviados, de la denegación del CICR. Tras la guerra, en un discurso pronunciado ante el duce, que visitaba la sede de la Cruz Roja Italiana, ¡Cremonesi llegó incluso a atribuir el rechazo del CICR a la visita efectuada, a finales de marzo de 1936, por sus miembros a Roma!

Quien quedó satisfecho también de esta decisión, pero por otras razones, fue Giuseppe Motta, ministro suizo de Relaciones Exteriores y miembro del CICR. En su opinión, la respuesta negativa del CICR al Comité de los Trece sirvió para apaciguar los ánimos en cuanto a un tema controvertido, cuyo contenido era un peligro potencial para las relaciones ítalo-suizas, ya bastante complejas. La Institución humanitaria en Ginebra hizo un gran favor a Suiza; defendiendo la neutralidad de la Cruz Roja defendía, al mismo tiempo, indirectamente la neutralidad suiza [18 ] . Por la misma razón, el embajador suizo en Roma, Paul Ruegger, expresó su satisfacción por el cada vez mayor prestigio que el CICR tenía en Italia, «cuya actitud neutral e imparcial, puesta una vez más de relieve en la correspondencia intercambiada con el Comité de los Trece, se refleja en nuestro país» [19 ] .

La disputa con la Sociedad de Naciones debe verse desde varios ángulos. Al omitir informar a las Sociedades Nacionales acerca de su pos tura y concertar una respuesta con ellas, el CICR perdió una ocasión que habría permitido al Movimiento de la Cruz Roja actuar al unísono. Varias Sociedades Nacionales, que habían recibido una solicitud similar a la enviada al CICR por la Sociedad de Naciones, accedieron a la demanda. De esto cabía inferir que los demás componentes de la Cruz Roja tenían sus propios cánones y políticas que podían redundar en detrimento del espíritu de la Cruz Roja en su conjunto. Si el CICR deseaba desempeñar con seriedad su liderato en tales circunstancias, debía cerciorarse de que el Movimiento adoptaría una posición lo más concertada posible.

Desde un punto de vista interno, la disputa evidenciaba un grave error en los mecanismos de trabajo de la Institución. Max Huber, presidente del CICR, residía en Zúrich y viajaba a Ginebra solamente para asistir a las reuniones importantes, durante unos pocos días. Su ausencia física en la sede de Ginebra, donde se tomaban las decisiones, era un inconveniente, sobre todo cuando había que examinar urgentes e importantes asuntos. Las comunicaciones por teléfono con el presidente no compensaban esta ausencia. Si se hubiese podido contactar fácilmente al presidente Huber, la respuesta inicial a la Sociedad de Naciones, escrita apresuradamente y sin tiempo de reflexión, no se habría hecho de esa forma. Si, desde un comienzo, el CICR hubiera fundamentado su respuesta en las razones posteriormente aducidas, habría planteado de inmediato las verdaderas cuestiones sobre las cuales disentían ambas Instituciones. Probablemente no habrían surgido ciertos equívocos.

Además, y lo que es tal vez lo más importante, la presencia del presidente del CICR en Ginebra habría permitido una conversación cara a cara con los representantes de la Sociedad de Naciones durante la cual el CICR habría podido explicar más claramente su postura que en una carta impersonal.

Ahora bien, volviendo a la esencia de la disputa, hay que a dmitir que la decisión del CICR de denegar a la Sociedad de Naciones el acceso a sus documentos fue correcta por dos razones. En primer lugar, estaba el aspecto político. En el momento del litigio, resultaba evidente que la Sociedad de Naciones era incapaz de detener al agresor italiano, ya victorioso en los campos de batalla. Si el CICR hubiese satisfecho la solicitud de la Sociedad de Naciones, habría sido, en el mejor de los casos, un gesto de buena voluntad y, en el peor de los casos, habría planteado complicaciones innecesarias con una de las grandes potencias europeas, no sólo en el breve período que quedaba de la guerra en Etiopía, sino también por largo tiempo en el futuro. En segundo lugar, desde el punto de vista de sus principios, el CICR tuvo razón en distinguir la acción humanitaria y la actividad política de la Sociedad de Naciones. Confundirlas habría propiciado la politización y el indeseado debilitamiento de las actividades de la Cruz Roja. Se necesitaba una Cruz Roja fuerte y fiable en una Europa donde los nubarrones de la guerra comenzaban a cubrir aceleradamente el horizonte.

Sin embargo, no podemos concluir aquí nuestro análisis. Obviamente, cada beligerante sacó sus propias conclusiones políticas por lo que respecta a la decisión del CICR. Si el asunto se dejaba tal cual, se le seguía el juego al Gobierno italiano. Silenciando el empleo de gases tóxicos, sobre el cual la organización humanitaria tenía información de primera mano, se protegía una ilegalidad. La denegación a la solicitud de la Sociedad de Naciones implicaba una mayor presión sobre el CICR para intervenir en este asunto, de la manera que fuere. ¿Qué medidas iba a tomar para mantener efectivamente su neutralidad y su imparcialidad? ¿Cómo iba a evitar caer en la trampa de ser considerado como proitaliano?

Explicar esta situación era otra cuestión importante. Lo cierto es que, para realizar su labor, el CICR necesitaba entablar «relaciones de confianza mutua» con los bel igerantes, pero esto no se hacía a cualquier precio. Si un beligerante no contribuía a trabar tales relaciones y recurría abiertamente a medios de combate ilegales, ¿podía el CICR simplemente hacer la vista gorda? Había ciertos límites, claro está. ¿No se habría acusado al CICR de ingenuidad política o incluso de complicidad en un crimen, considerando el hecho desde el punto de vista de una parte escrupulosa en un conflicto armado?

  El CICR entre el espíritu de 1918 y la letra del derecho  

Incuestionablemente, el CICR se veía confrontado con una grave violación de un convenio internacional, situación en la que estuvo implicado durante 18 años. En la Primera Guerra Mundial, ya se habían cometido violaciones de los Convenios. El CICR protestó entonces ante los beligerantes, —la medida más drástica que podía tomar—, en cuatro ocasiones. Una de ellas fue el llamamiento de 1918 contra el empleo de gases tóxicos. El común denominador de las protestas era la existencia de hechos incontrovertibles particularmente graves resultantes de una abierta y deliberada política gubernamental. Además, la violación en cuestión amenazaba al propio sistema jurídico de protección [20 ] . ¿Debería haber adoptado el CICR su enfoque pasado en el caso aquí reseñado?

Había tres opiniones discrepantes en el Comité. La primera formulada por el grupo menos numeroso, según la cual se ponía en duda el empleo de gases en la guerra o se pensaba que se había exagerado sin razón en las informaciones de prensa. Hasta el 8 de abril de 1936, apoyaban este punto de vista la secretaría del CICR y su vicepresidente, Georges Patry [21 ] , que cortó en seco el pormenorizado informe del doctor Junod relativo a los acontecimientos registrados cerca de Korem, recibido en la sede del CICR al día siguiente.

La segunda opinión era la de un grupo de miembros del CICR, de los cuales el vicepr esidente Guillaume Favre, Edmond Boissier, Rodolphe de Hallers y la única mujer que participó en la operación en Etiopía, Lucie Odier. Este grupo deseaba preservar la tradición del llamamiento de 1918. El CICR había denunciado entonces el empleo de armas químicas, al margen de su deber humanitario. De hecho, Odier ya había iniciado gestiones en el CICR para protestar contra Italia, cuando los dirigentes del CICR se encontraban aún en Roma. Patry bloqueó dichas gestiones arguyendo que no había suficientes pruebas, pero se reanudaron los acalorados debates cuando, a comienzos de abril, la delegación regresó a Ginebra. Boissier, el único miembro del CICR que quedaba de los que habían firmado el llamamiento de 1918 contra el empleo de gases (junto con Paul Des Gouttes, que también lo hizo como secretario general), declaró: «En 1918, el Comité Internacional denunció el empleo de gases tóxicos, a pesar de que no se le había asignado cometido alguno a ese respecto y de que aún no se había firmado protocolo alguno en el que se prohibiera el empleo de gases. ¿Puede el CICR cruzarse de brazos hoy, si se demuestra el empleo de gases en el conflicto ítalo-etíope?» [22 ] Este grupo se granjeó el respaldo de Louis Demolis, asesor técnico del CICR en armas químicas. Refiriéndose a los diferentes informes sobre el empleo de gases en Etiopía y recordando los cometidos específicos que confirió el Movimiento de la Cruz Roja había asignado al CICR, instó a la Institución a que protestara una vez más y condenara firmemente tales prácticas.

Al otro lado del debate estaba el grupo de juristas, encabezado por Max Huber, Paul Des Gouttes y Paul Logoz, al que se unió también Jacques Chenevière. Fundamentaba su argumentación en el hecho de que el CICR carecía de base jurídica para intervenir en cuestiones relativas a métodos de guerra y de que, según lo dispuesto en los Convenios de Ginebra, le incumbían específicamente los asuntos de índole humanitar ia. Las dos cuestiones eran muy distintas, y no había que confundirlas. A esto Huber añadió el decisivo y contundente argumento de que «al Comité Internacional no compete tomar posición a favor o en contra de tal o cual método de guerra; su deber es ocuparse de aliviar los sufrimientos infligidos por la guerra» [23 ] . A estos dos argumentos de la Cruz Roja se añadía el razonamiento circunstancial de Italia. Cuando en el Comité de los Trece de la Sociedad de Naciones los debates sobre el empleo de gases por Italia eran ya inevitables y cuando la investigación solicitada por la Sociedad de Naciones fue inminente —aunque una probabilidad poco deseada— el cuerpo diplomático italiano propuso repentinamente habilitar al CICR para que realizara una amplia investigación, que no sólo debía abarcar los Convenios de Ginebra, tal como especificó expresamente Italia y se convino en Roma con la delegación del CICR, sino también todas las violaciones de los convenios internacionales pertinentes. Esta posición era diametralmente opuesta a la defendida hasta entonces por Italia. En vista de las circunstancias, los italianos opinaban que era preferible que el CICR investigara sobre los métodos de guerra, y que no lo hiciera la Sociedad de Naciones. Esta astuta jugada maniató al CICR, ya que el sólo hecho de aceptar examinar una ampliación de la investigación propuesta inducía automáticamente a la Institución a abstenerse de todo comentario público, que se habría podido interpretar como un anticipo de las conclusiones de la investigación prevista.

En el centro de este debate había dos opiniones discrepantes sobre el cometido del CICR en tiempo de conflicto armado, que habían sido inherentes en tales situaciones desde la fundación de la Cruz Roja en el campo de batalla de Solferino y eran las dos caras de una misma moneda. Una era el indignante hecho del sufrimiento humano, agravado en este caso por una deliberada infracción contra un convenio internacional, ante lo cual no cabía la indiferencia. La otra era la legítima preocupación de poder prestar socorro a las personas menesterosas, lo cual requería comedimiento y circunspección. No había más que dos alternativas: expresar la indignación y aceptar las consecuencias o enmudecer y continuar la labor humanitaria. En el trasfondo, el espíritu del llamamiento de 1918 estaba en contradicción con la letra del derecho. Ante este delicado dilema, el CICR de 1936 optó por la segunda alternativa. Prevaleció el enfoque estrictamente legalista del pequeño aunque importante grupo de juristas del CICR. Pero la situación en 1936 difería, sin lugar a dudas, de la de 1918, pues era más peligrosa desde la perspectiva del CICR. En abril de 1936, una arrogante y agresiva Italia fascista estaba a punto de ganar la guerra contra Etiopía y se debería haber echado la culpa al Gobierno. Ahora bien, ello habría expuesto al CICR mucho más de lo que deseaba. Sus denuncias dieciocho años antes fueron dirigidas a todas las partes contendientes que utilizaron gases tóxicos. A este respecto, en 1918 era más fácil protestar y, al mismo tiempo, mantenerse neutrales que en 1936. Una respuesta más enérgica habría requerido muchísimo valor.

Esto nos lleva a destacar otra importante diferencia: timoneaban el CICR personalidades muy diversas. En 1928, Max Huber había sustituido al carismático y dinámico Gustave Ador, quien había conocido al CICR desde los albores de la Cruz Roja. Huber era un prestigioso y muy respetado juez, de integridad y sinceridad innegables; sin embargo, era una persona indecisa, más pendiente de valorar los méritos en un caso que de hacer lo que se debía hacer [24 ] . Esta actitud influyó en la decisión tomada por el CICR en abril de 1936.

  Gestiones mediante la Cruz Roja Italiana: un argumento fútil  

En medio de estos intensos debates y cuando las protestas contra el empleo de gases v enenosos por Italia habían alcanzado en Europa su punto álgido, el vicepresidente Favre propuso, con el apoyo de algunos de sus colegas, que el CICR expresara «su emoción y su ansiedad» a la Cruz Roja Italiana. Tomar esta medida era tanto más imperativo cuanto que el CICR había rehusado, pocos días antes, intercambiar información con el Comité de los Trece de la Sociedad de Naciones. La Institución humanitaria se percató de que el Movimiento de la Cruz Roja y la opinión pública en general estaban pendientes de su conducta y de que era necesario tomar una iniciativa.

En la carta del 12 de abril de 1936 dirigida al presidente de la Cruz Roja Italiana trasparecían las disensiones internas de entonces. En ella se recordaba que la Cruz Roja Internacional —no el CICR— veía con preocupación el empleo de armas químicas desde 1925 y se mencionaba una serie de acusaciones, según fuentes de la Cruz Roja, relacionadas con el empleo de gases tóxicos, incluido el testimonio de Junod relativo al ataque con gas mostaza en el valle de Korem. Pero la Institución evitaba cuidadosamente implicarse de una u otra forma y concluía la carta sin una solicitud específica, contrariamente a la intención de sus instigadores, declarando: «Creemos que es nuestro deber poner en conocimiento de Vuestra Excelencia estos hechos. El empleo de armas prohibidas ha alcanzado proporciones cuya gravedad sabrá usted medir. Según nuestro delegado, tal conducta podría incluso paralizar totalmente la labor de la Cruz Roja en las regiones afectadas» [25 ] . La verdad es que el CICR no se encontraba a sus anchas en este asunto y era incapaz de aclararlo.

El tono tímido y excesivamente comedido de la carta no podía satisfacer, claro está, a sus instigadores, ya que estaba bien lejos de expresar emoción y ansiedad. No es de extrañar la decepción de Odier y de Haller cuando se enteraron de la versión enviada a Italia. Chenevière, con toda probabilidad autor de la misiva, fundó su respuesta en los argument os presentados por los juristas, según los cuales el CICR no tenía una base jurídica para legitimar su intervención, pues en los Convenios de Ginebra no se preveía la cuestión de los gases tóxicos.

Examinando más detalladamente esta carta, se puede comprobar que no se hizo sino repetir el contenido de los informes que ya se conocían públicamente. La (muy disimulada) solicitud de información presentada al Gobierno italiano no aportaba nada nuevo a las gestiones ya realizadas por el Comité de los Trece el 23 de marzo, justo veinte días antes, como tampoco lo hacía la carta dirigida no ya al Gobierno responsable, sino a una sumisa Cruz Roja Italiana. Así pues, con la iniciativa del CICR no se registraron nuevos progresos: llegó a finales del día y llegaba dirigida a un órgano que no tenía competencia para tratar el asunto. En todo este período, el CICR adoptó una actitud pasiva y reactiva, y no deja de ser sorprendente que cuando tenía que actuar lo hacía siempre escudándose en la presencia de la Sociedad de Naciones.

Es posible llevar el asunto aun más lejos. Mussolini quedó estupefacto ante las protestas internacionales contra el empleo de gases por Italia en Etiopía. Al día siguiente del apasionado debate en el Comité de los Trece, ordenó a Graziani que se abstuviera de utilizar armas químicas hasta nuevo aviso. Siguió muy de cerca el acatamiento de esta orden e incluso, una vez amainada la tormenta con respecto a este asunto, a finales de abril, prohibió el empleo de gas mostaza, por lo menos durante cierto tiempo. Por otra parte, el trato dispensado al CICR en Roma por Mussolini demostró la suficiente astucia del hombre político como para evitar provocar inútilmente a una Cruz Roja que disfrutaba de indiscutible prestigio. Dada la lucidez de Mussolini en estos asuntos, cabe hacerse la pregunta de si el CICR hubiera realizado gestiones más enérgicas, incluso estando limitado por la confidencialidad, ello no habría contribuido a convencer a Mussolini de que se mostrara más prudente en cuanto al empleo de un arma proscrita. Ésta es una cuestión esencial, pues el empleo de armas químicas no cesó el 27 de abril de 1936, la última vez que se vieron en la guerra ítalo-etíope. De comienzos de mayo de 1936, cuando Addis Abeba fue ocupada, a marzo de 1939, la Italia fascista continuó utilizando gas mostaza contra los rebeldes etíopes [26 ] , sin captar la atención de la comunidad internacional. En abril de 1936, el CICR desaprovechó, por segunda vez, la posibilidad de adoptar una posición y hacerla pública.

La Cruz Roja Italiana despachó inmediatamente la carta del CICR al Ministerio de Relaciones Exteriores, pero el Gobierno italiano, visiblemente poco impresionado, no consideró que era un asunto urgente. El presidente de la Cruz Roja Italiana, Cremonesi, no respondió al CICR sino hasta un mes más tarde, tras una nota rememorativa de la organización humanitaria. Entre tanto, la situación en Etiopía había cambiado radicalmente. El mariscal Badoglio había entrado en Addis Abeba al frente de sus tropas; el emperador Haile Selassie había huido del país y había encontrado asilo provisional en Jerusalén. Mussolini había proclamado triunfalmente la fundación del «Impero fascista italiano in Africa Orientale» desde el balcón del Palazzo Venezia. En su respuesta, la Cruz Roja Italiana había repetido palabra por palabra los pasajes importantes de una contestación anterior a la Sociedad de Naciones, esto es, que el Gobierno italiano, reconociéndose obligado por el Protocolo de Ginebra de 1925, «tiene presente, sin embargo, que ello no impide el ejercicio del derecho a tomar represalias para reprimir las abominables atrocidades cometidas por las tropas etíopes» [27 ] . El propio Cremonesi añadió que las unidades de la Cruz Roja no serían objeto de represalias.

Aunque tardía, la respuesta seguía siendo importante. Por fin, los italianos decían directamente al CICR que habían emplea do gases tóxicos en la guerra, pero como represalia por las atrocidades que perpetraba Etiopía [28 ] . Tras haber examinado la última carta de Cremonesi, el CICR se dio cuenta de que era necesario responder. Habida cuenta de lo delicado del asunto, el mismo presidente Huber se encargó de redactar el primer borrador.

Habían transcurrido tres semanas desde el cese oficial de las hostilidades con Etiopía cuando se envió la carta [29 ] . En ella, el CICR puntualizaba que carecía de suficiente autoridad para adentrarse en el terreno jurídico en que se fundaba el argumento italiano, esto es, opinar si se justificaba o no que Italia hubiera recurrido a emplear un arma prohibida como represalia contra Etiopía. Su razonamiento se basaba en los motivos humanitarios menos controvertidos «de que es absolutamente necesario proscribir la guerra química». Por último, el CICR acogió con satisfacción la garantía de Cremonesi de que «todas las unidades de la Cruz Roja, es decir, el personal, los heridos, los enfermos y el material que se benefician de la protección de los Convenios de Ginebra» no serían objeto de represalias.

Es interesante comprobar, al cotejar esta versión final con el borrador de Max Huber [30 ] , dos diferencias esenciales. En primer lugar, Huber planteaba algunas cuestiones de índole jurídica relativas al derecho a tomar represalias y expresaba la preocupación de la Cruz Roja al respecto: «El hecho de recurrir a este medio de represión de actos ilícitos puede menoscabar, en todo momento, todas las normas laboriosamente establecidas para limitar, al menos en cierta medida, los horrores de la guerra. Desde el punto de vista humanitario, las represalias que se ejercen contra una persona (...) deben considerarse particularmente peligrosas». En segundo lugar, Huber destacaba que, independientemente de cuestiones de índole jurídica, «la Cruz Roja deplora profundamente el empleo de gases tóxicos». Es evidente que a juicio del presidente del CICR, era necesario ad optar una postura firme, pero probablemente Logoz, a quien se solicitó que revisara el borrador, suprimió estas observaciones.

Habría sido interesante conocer la reacción de las Sociedades Nacionales concernidas —dejando al margen a la Cruz Roja Etíope [31 ] — cuyo personal se vio expuesto a los bombardeos con gas de los italianos —si se les hubiera enviado este intercambio de cartas. Desafortunadamente no fue así. El propio Huber se inquietaba por la probable reacción negativa de las Sociedades Nacionales. En cuanto a los últimos cambios, se lamentó diciendo: «La nueva versión va aun menos lejos que la primera, aunque es aceptable para los italianos. Tal vez las Sociedades Nacionales opinen que es demasiado tímida» [32 ] .

Esta segunda carta dirigida a la Cruz Roja Italiana concluía el último capítulo de la participación del CICR en la cuestión de la guerra química en Etiopía. No se hicieron nuevas gestiones. La Cruz Roja Italiana no se tomó la molestia de contestar. Con esta carta el CICR cumplió con lo mínimo y repitió sin más lo estipulado en el Protocolo de 1925, es decir, que está estrictamente prohibido el empleo de gases. Una vez más, se abstuvo de utilizar términos más drásticos, evitando cuidadosamente cualquier redacción que hubiera podido contrariar a los italianos. Es difícil comprenderlo, porque, mal que bien, los italianos habían violado un acuerdo internacional. Reconocieron finalmente que habían empleado gases tóxicos, después de haberlo negado rotundamente durante tanto tiempo. Hay que admitirlo, era demasiado tarde a esas alturas emprender gestión alguna, por ejemplo, ante el Gobierno italiano. Habría que haber tomado medidas en el momento en que de verdad se utilizaron gases, y no cuando había acabado la guerra.

  El CICR en una encrucijada  

La guerra ítalo-etíope de 1935-1936 representa un viraje decisivo para el CICR. Po r un lado, era el término de un período, en el cual el CICR estaba absorto con cuestiones de índole teórica, jurídica y organizativa relativas a la Institución propiamente dicha y al Movimiento. Por el otro, anunciaba el comienzo de un decenio de guerras, en el que el CICR se vio confrontado con el sufrimiento humano a una escala cada vez mayor, en conflictos tanto internos como internacionales. Había llegado la hora de reanudar su cometido primigenio, participando plenamente en lo operacional.

La guerra misma fue desequilibrada. Los italianos disponían de todo lo que el armamento moderno podía ofrecer frente a unas fuerzas etíopes de estilo tradicional, escasamente entrenadas y mal equipadas. Estaba en juego el prestigio de una de las principales potencias en Europa, de una Italia que debía borrar la humillante derrota sufrida en Adua, el año 1896. Etiopía, en medio de un amplio proceso de modernización, se vio arrastrada a una lucha por la supervivencia nacional. Con este telón de fondo, el CICR abrió su primera delegación en el continente africano e, inevitablemente, se encontró sumergido en algunos de los trágicos eventos de la guerra, que sacudieron los cimientos de la pequeña Institución.

Uno de esos hechos fue el despliegue de armas químicas por Italia, en flagrante violación del Protocolo de Ginebra de 1925. Esto planteaba cuestiones fundamentales, y el CICR hubo de encontrar soluciones, tanto para sí mismo como para la Sociedad de Naciones. Estas soluciones dejaron hondas huellas en la Institución durante los años de guerra y lo han seguido haciendo, en cierta medida, hasta hoy. En primer lugar, la guerra química puso al descubierto los límites del cometido del CICR. Así, decidió que le incumbían solamente las cuestiones relativas a los Convenios de Ginebra, considerando que los métodos de guerra no eran de su competencia. En consecuencia, optó por dejar de lado todo lo que atañía a la guerra química, otrora motivo de profunda preocupación. Esto llegó a tal punto que, el año 1938, en el informe general sobre sus actividades durante la guerra ítalo-etíope presentado a la Conferencia Internacional de la Cruz Roja, el CICR no hacía ni la más mínima alusión a la guerra química, como si nunca hubiera tenido que ver con el asunto.

En segundo lugar, se especificó mejor el contenido del cometido del CICR que, en opinión de Max Huber, era aliviar el sufrimiento, no formular protestas. En abril de 1936, hubo en la Institución profundas disensiones al respecto durante algunas semanas. La postura de «buen samaritano» del presidente del CICR prevaleció e hizo mella en el CICR durante varios decenios. Compartían este enfoque los miembros influyentes del Comité, como Carl J. Burckardt, que llegaron incluso a decir que la expresión de protesta era más un signo de debilidad que de fuerza, en la vida pública y privada. La protesta tenía sentido solamente si se basaba en las conclusiones de una investigación jurídicamente vinculante [33 ] .

El alcance y el contenido del cometido del CICR, en su nueva definición, suponían una retirada hacia sus actividades fundamentales e inatacables —retirada comprensible en una situación de abrumadora presión, como lo fue el episodio final de la guerra ítalo-etíope. Pero por extraño que parezca, el CICR desconocía la autoridad moral que tenía y que habría podido aprovechar mejor. Su actitud pasiva y reactiva conllevaba el grave riesgo de ser menos receptivo en cuanto a otras necesidades humanitarias. Esta receptividad fue precisamente el motor del llamamiento de 1918 contra el empleo de gases tóxicos. Era necesario mantener un equilibrio entre los dos aspectos del cometido del CICR, a fin de evitar la indiferencia ante las necesidades de las víctimas y la parcialidad política. A lo largo de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo con respecto a los campos de concentración nazis, el CICR se vio confrontado con este grave problema. Se plegó escrupulosamente a su cometido stricto sensu , tal como se definió durante la guerra ítalo-etíope, pero tuvo que hacer frente a cuestiones sumamente embarazosas cuando se conoció el holocausto en toda su extensión [34 ] .

Otra de las consecuencias esenciales de la guerra química en Etiopía fue la dilucidación a que dio lugar entre la Sociedad de Naciones y el CICR. El litigio con la Sociedad de Naciones sirvió para demostrar que el CICR era una organización independiente, que no estaba subordinada a todas las demandas de la entidad internacional. Había que separar los asuntos de índole humanitaria y las cuestiones políticas. Sin embargo, esta actitud radical tendía a soslayar el interés común de ambas organizaciones por poner término al empleo de medios de combate proscritos, sin prestar suficiente atención a las relaciones existentes entre asuntos políticos y humanitarios. De hecho, el CICR no actuaba totalmente aislado y necesitaba el apoyo de instituciones políticas como la Sociedad de Naciones, que podían mitigar parte de la presión que había de afrontar. Un enfoque menos rígido y políticamente más receptivo habría sido probablemente más provechoso. A este respecto, en el CICR estaba muy arraigada la tradición decimonónica de un institución que germinó a partir de una iniciativa filantrópica, cuyo papel se restringía a arrostrar las consecuencias humanitarias de acciones políticas.

Al examinar la reacción global del CICR ante la guerra química en Etiopía, lo primero que se debe analizar es la pregunta clave: ¿estaba el CICR a favor de Italia? La respuesta es negativa, si esto implica parcialidad en el sentido político. No hay indicios de que alguna opinión política haya ejercido una indebida influencia en las decisiones del CICR, aun cuando ciertos miembros expresaban individualmente su inclinación por Italia. Un juez del calibre de Max Huber no habría permitido que tales consideraciones interfiriesen en las decisiones.

Desde luego, no podemos dejar aquí la evaluación. Como ya se mencionó, la respuesta del CICR a la Italia fascista fue en demasía prudente y tímida. Se comentó que la posición del CICR en este período era «perfectamente clara» [35 ] . Esto es cierto sólo por lo que se refiere a la afirmación formulada a la Cruz Roja Italiana de que era imperativo prohibir la guerra química: en el correspondiente comentario se omite el significativo hecho de que el CICR no hizo sino reiterar lo estipulado en el Protocolo de 1925, después de finalizada la guerra. Aunque convendría recordar que no todos los miembros de la Institución propugnaban el mismo enfoque, el hecho es que el CICR no adoptó la postura que era la suya, contrariamente a las expectativas, y las medidas que tomó fueron demasiado modestas y demasiado tardías.

Dada su estricta política de confidencialidad, el CICR no consideró con suficiente detenimiento el hecho de que sólo parte de sus deliberaciones y sus actividades se dan a conocer a un público más amplio. En el caso aquí reseñado, es evidente que las decisiones del CICR hicieron, en término políticos, el juego a Italia. Desde el exterior, especialmente tras la denegación de intercambiar información con la Sociedad de Naciones, pareció como si el CICR hubiera tomado partido por la Italia fascista. ¿Quién podía culpar a Italia, que aprovechó, a su vez, hábilmente la situación convirtiendo a la Institución en un instrumento de su política? El error del CICR fue que no previó estas graves implicaciones. Debería haber preservado un equilibrio, centrando sus gestiones ante los Gobiernos interesados, la Sociedad de Naciones y —en una fase inicial— ante sus colaboradores naturales, las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja. Esto nos retrotrae al punto antes planteado, es decir, la falta de lucidez del CICR con respecto a las cuestiones políticas.

El asunto va incluso más lejos. Está claro que Mussolini y su general descuidaron olímpicamente el derecho internaci onal, en particular el Protocolo de 1925, en el que se prohíbe el empleo de gases. Para ellos, la fuerza primaba sobre el derecho y, peor aún, lo sustituía. Esta nueva orientación de las relaciones internacionales echó por tierra los fundamentos en que se forjó el orden mundial después de 1918. ¿Se puede confiar en un beligerante de ese tipo y puede entablarse una relación de confianza en tales circunstancias? Hay límites tras los cuales una organización como el CICR, que tenía solamente una autoridad moral, no podía rebasar. Estaba en juego un principio, por el cual el propio CICR tenía el máximo interés: el respeto de normas internacionalmente aceptadas. La respuesta debe estar en la afirmativa. Los indicios eran evidentes: la flagrante violación por Mussolini del Pacto de la Sociedad de Naciones, la infracción contra el Protocolo de 1925 y, por sobre todo, los alarmantes y desoladores informes de los delegados de la Cruz Roja sobre el terreno. Max Huber y sus colegas deberían haberse interrogado sobre el tipo de hombre y de sistema con que estaban tratando. Retrospectivamente, por lo visto el CICR escuchó el mensaje, pero no pudo actuar. La Institución estaba demasiado impresionada por Mussolini como para sopesar sus palabras y sus actos.

Analizándolo bien, el CICR no comprendió lo que ocurrió realmente en Etiopía. Careció de la lucidez política para imaginar lo que había detrás de la hábil fachada que la Italia fascista había levantado y, en realidad, cayó en la trampa que meticulosamente se le había tendido mediante la maquinaria propagandística italiana. Compartió, pues, esta suerte con muchas personas y con muchos Gobiernos en Europa. No fue sólo el fracaso del CICR, sino el de toda una época.

  Rainer Baudendistel   es licenciado en filosofía e historia por la Universidad de Ginebra y doctor en relaciones internacionales por la Facultad de Derecho y Diplomacia de Fletcher. Experimentado delegado del CICR, el autor pasó en total seis años en Etiopía y Eritrea.  

Original: inglés

  Notas   :  

  1. «Il n'y a plus de possibilité de «caritas inter arma»», c'est la guerre à outrance pure et simple, sans distinction aucune entre l'armée nationale et la population civile, et quant à la pauvre Croix-Rouge, il est bien naturel qu'elle soit engloutie dans les flots». Archivos del Comité Internacional de la Cruz Roja, Ginebra (en adelante, Archivos del CICR), Rapports des délégués, nº 13, 25 de marzo de 1936.

  2. «Señorita Odier: (...) Comment concilier le devoir du silence et celui d'exprimer les avis de la conscience humaine? Tel est le problème. Le Président: Nous nous sommes tus parce que nous ne connaissions pas la vérité». PV Séances plenières, 1935-36, 3 de julio de 1936, Archivos del CICR.

  3. Para mayor facilidad, en el presente artículo se utilizará la denominación «Protocolo de Ginebra de 1925» o «Protocolo de 1925». Asimismo, en lugar de los términos técnicos correctos «agentes químicos», se empleará la expresión más familiar de «gases tóxicos», cuando sea necesario.

  4.   Le Comité international de la Croix-Rouge aux Belligérants, Appel contre l'emploi des gaz vénéneux , 6 de febrero de 1918, Archivos del CICR, CR 210, 1125.

  5. Las dos principales fuentes de estas cifras son Giorgio Rochat, «L'impiego dei gas nella guerra d'Etiopia 1935-1936», en Guerre italiane in Libia e in Etiopia , Pagus Edizioni, Paese, 1991, pp. 157-168, y Roberto Gentilli, Guerra aerea sull'Etiopia 1935-1936 , EDAI, Florencia, 1992, pp. 95 y 100.

  6. J.W.S. MacFie, An Ethiopian diary : Record of the British Ambulance Service in Ethiopia , Hodder and Stoughton, Londres, 1936, p.77.

  7. Carta de John Melly a K.N., 12 de abril de 1936, en K. Nelson y A. Sullivan, John Melly of Ethiopia, Faber & Faber, Londres, 1937, p. 240.

  8. Tras su misión, Sidney H. Brown (1898-1970) dejó el CICR en circunstancias poco claras, mientras que Marcel Junod (1904-1961) hizo carrera en el CICR, primeramente como delegado, luego como miembro y vicepresidente de la Institución.

  9. El CICR propuso esta investigación, pues ambas partes se habían acusado mutuamente de utilizar indebidamente el emblema de la Cruz Roja.

  10. Jacques Chenevière, Retours et images , Éditions Rencontre, Lausanne, 1966, p. 254. Burckhardt, en su relato de la reunión con Mussolini, describe la audiencia de manera bastante distinta y no menciona la referencia de Huber con respecto a los gases tóxicos. Carl J. Burckhardt, Vom Krieg und Frieden, Festschrift der Universität Zürich zum 70. Geburtstag von Max Huber, Schulthess & Co AG, Zúrich, 1944, pp. 260-261.

  11. Los italianos controlaban, por mediación de las autoridades en África oriental, no sólo las comunicaciones internas de los etíopes, sino también el envío de telegramas extranjeros desde y hacia Addis Abeba, gracias al sistema especial de escuchas del Ministerio del Interior. La mayoría de los telegramas del CICR, incluido el que ya se mencionó, figura en el Archivio Centrale dello Stato (en adelante, ACS), Ministero dell'Interno, Roma, P.S. 1936, Busta 1 A.

  12. ACS, Fondo Graziani, Busta 18, Fasc. 21/6, 29 de marzo de 1936.

  13. Joseph Avenol al presidente del ICRC, 8 de abril de 1936, Archivos del CICR, CR 210, 1042.

  14. Guillaume Favre al secretario general de la Sociedad de Naciones, 9 de abril de 1936, Archivos del CICR, CR 210, 1054.

  15. Salvador de Madariaga al presidente del ICRC, 18 de abril de 1936, Archivos del CICR, CR 210, 1102.

  16. Max Huber a Salvador de Madariaga, 24 de abril de 1936, Archivos del CICR, CR 210, 1123.

  17. John H. Spencer, Ethiopia at bay , Reference Publications, Michigan, 1984, p. 50.

  18. Giuseppe Motta a Légation de Suisse, 19 de junio de 1936, Bundesarchiv Bern, E 2200 Rom 22, Schachtel 9, Question de la Croix-Rouge.

  19. Paul Reugger a Giuseppe Motta, 14 de abril de 1936, Nachlass Paul Ruegger, Archiv für Zeitgeschichte, ETH, Zürich, III, 15.3.3. Paul Ruegger, alumno y amigo de Max Huber, prestó posteriormente servicios en el CICR y desempeñó, de 1948 a 1955, el cargo de presidente.

  20. François Bugnion, Le Comité international de la Croix-Rouge et la protection des victimes de la guerre , CICR, Ginebra, 1994, p. 126.

  21. Archivos del CICR, Commission d'Éthiopie, PV 61, 8 de abril de 1936, p. 3. El jefe de la secretaría, Etienne Clouzot, dudaba de que Italia hubiera desplegado armamento químico y ello a pesar de que tenía acceso a todas las noticias directas más recientes procedentes del terreno y a una restringida información en la sede. Vinci lo consideraba como «nuestro amigo», ACS, Croce Rossa Italiana (CRI), Busta 189, Fasc. 10. En este contexto es interesante observar que, en noviembre de 1935, un mes después de haber estallado la guerra, Clouzot fue galardonado con la orden «Cavaliere Ufficiale de la Corona d'Italia», en honor a sus servicios en el CICR y en la Unión Internacional de Socorro. ACS, CRI, Busta 189, Fasc. 1.

  22. Archivos del CICR, Commission d'Éthiopie, nº 61, 8 de abril de 1936, p. 2.

  23. Archivos del CICR, PV Séances plénières, 1935-36, 23 de abril de 1936, p. 2.

  24. Carta de Max Huber a Carl J. Burckhardt, 25 de mayo de 1936, Nachlass Max Huber, Zentralbibliothek Zürich, 2.75, Umschlag IV/1936.

  25. Max Huber a Filippo Cremonesi, 12 de abril de 1936, Archivos del CICR, CR 210, 1073.

  26. En este período, se utilizaron unas 100 toneladas de bombas con gas mostaza, según un promenorizado desglose hecho por Gentilli, op. cit. (nota 5), pp. 182-183. En los documentos del CICR consultados, no se hace mención deque se siguieran empleando armas químicas después del 5 de mayo de 1936.

  27. Filippo Cremonesi a Max Huber, 11 de mayo de 1936, Archivos del CICR, CR 210, 1203. Original: italiano.

  28. De hecho, esta justificación era una pura mentira. La posibilidad de utilizar armas químicas se previó desde un comienzo cuando se emprendieron los primeros preparativos. Durante la guerra, Mussolini justificó el empleo de gas «como último recurso para acabar con la resistencia enemiga» (27 de octubre de 1935), «por supremas razones de defensa» (16 de diciembre de 1935) e incluso simplemente «en caso de necesidad» (9 de enero de 1936). Argumentos como «métodos de guerra del enemigo» no se utilizaron hasta el 28 de diciembre de 1935. Rochat Giorgio, Il colonialismo italiano , Loescher editore, Torino, pp. 168-169.

  29. Max Huber a Cremonesi, 26 de mayo de 1936, Archivos del CICR, CR 210, 1249.

  30. 19 de mayo de 1936, Archivos del CICR, CR 210, 1237.

  31. Tan pronto como los italianos llegaron a Addis Abeba, la suerte de la Cruz Roja Etíope quedó sellada: dejó de existir oficialmente el 3 de junio de 1936.

  32. Nota de Max Huber, 25 de mayo de 1936, Archivos del CICR, CR 210, 1243.

  33. Carl J. Burckhardt a Felix Moeschlin, 12 de febrero de 1940, Carl Jacob Burckhardt Archiv, Universidad de Basilea, B II 46 a).

  34. En cuanto a la guerra química, la política del CICR viró totalmente tras la Segunda Guerra Mundial. En 1967, en el conflicto yemenita, el CICR se vio confrontado con el empleo de gases tóxicos por una de las partes, como en el caso de la guerra ítalo-etíope, lo que corroboró ulteriormente el personal del CICR sobre el terreno. Sus delegados no fueron testigos directos de tal empleo, pero recopilaron pruebas contundentes. Esta vez, el CICR no silenció el asunto de los métodos de guerra. En dos ocasiones, condenó públicamente tales métodos, tras lo cual remitió un memorándum a los Estados signatarios de los Convenios de Ginebra. Bugnion, op. cit. (nota 20), p. 1103.

  35. Bugnion, op. cit. (nota 20), p. 172.




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