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Comentario del artículo 3 común a los Convenios de Ginebra y relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional

01-11-1998 por Jean Pictet

Tomado de Comentario del Protocolo del 8 de junio de 1977 adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional (Protocolo II) y del artículo 3 de estos Convenios, CICR - Plaza & Janés Editores Colombia S. A., noviembre de 1998

  Índice  

    Introducción histórica
    Generalidades
    Primer apartado - Disposiciones aplicables
    Segundo apartado - Derecho de iniciativa humanitaria
    Tercero apartado - Acuerdos especiales
    Cuarto aparto - Ausencia de efecto sobre el estatuto jurídico de las Partes en conflicto    
 

  ARTÍCULO 3 DE LOS CONVENIOS DE GINEBRA  

  CONFLICTOS NO INTERNACIONALES [1]  

En caso de conflicto armado que no sea de índole internacional y que surja en el territorio de una de las Altas Partes Contratantes, cada una de las Partes en conflicto tendrá la obligación de aplicar, como mínimo, las siguientes disposiciones:

1. Las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluido s los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera de combate por enfermedad, herida, detención o por cualquier otra causa, serán, en todas las circunstancias, tratadas con humanidad, sin distinción alguna de índole desfavorable, basada en la raza, el color, la religión o la creencia, el sexo, el nacimiento o la fortuna, o cualquier otro criterio análogo.

A este respecto, se prohíben, en cualquier tiempo y lugar, por lo que atañe a las personas arriba mencionadas:

los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles, la tortura y los suplicios;

la toma de rehenes;

los atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes;

las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal legítimamente constituido, con garantías judiciales reconocidas como indispensables por los pueblos civilizados.

2. Los heridos y los enfermos serán recogidos y asistidos.

Un organismo humanitario imparcial, tal como el Comité Internacional de la Cruz Roja, podrá ofrecer sus servicios a las Partes en conflicto.

Además, las Partes en conflicto harán lo posible por poner en vigor, mediante acuerdos especiales, la totalidad o parte de las otras disposiciones del presente Convenio.

La aplicación de las anteriores disposiciones no surtirá efectos sobre el estatuto jurídico de las Partes en conflicto.

 
 

  INTRODUCCIÓN HISTÓRICA  

Este artículo, común a los cuatro Convenios de Ginebra de 1949, marca una nueva etapa en el incesante desarrollo de la idea en que se basa la Cruz Roja y en la transcripción de ésta en compromisos internacionales. Se trata de una ampliación casi inesperada del artículo 2, que acabamos de ver.

Nacida en un campo de batalla, la Cruz Roja fue la impulsora del primer Convenio de Ginebra para la protección de los militares heridos o enfermos. Al extender poco a poco su solicitud, por la lógica aplicación de su principio, a otras categorías de víctimas de la guerra, propició sucesivamente la revisión de este Convenio y la extensión de la protección legal a los prisioneros de guerra y, posteriormente, a los civiles. La misma lógica debía necesariamente llevar a la idea de una aplicación de este principio a todos los casos de conflictos armados, incluidos los conflictos internos.

La importancia de este artículo, que constituye por sí solo la reglamentación aplicable a los casos de conflictos no internacionales, nos obliga, antes de hacer el análisis y el comentario del mismo propiamente dichos, a extendernos sobre su origen y sobre las principales fases de su elaboración por la Conferencia Diplomática, en el transcurso de las veinticinco sesiones que se le dedicaron [2 ] .

  1. Origen y desarrollo de la idea  

Los Convenios internacionales, tanto el que nos ocupa como cualquier otro, son ante todo asunto de los Gobiernos. Los Gobiernos los discuten y los firman; es a ellos a quienes incumbe aplicarlos. No obstante, es imposible hablar de los Convenios de Ginebra, y especialmente de su aplicación a la guerra civil, sin recordar el papel de la Cruz Roja.

El principio del respeto de la persona humana, que está en la base de todos los Convenios de Ginebra, no fue creado por éstos, sino que es anterior y exterior a ellos. Si, hasta 1949, sólo se había formulado en los Convenios en favor de los militares, esto no se debía a su condición de militares. Por encima de esta circunstancia, dicho principio se refiere a la persona por su sola condición de ser humano, sin consideración de uniforme, deber de fidelidad, raza o creencia; sin consideración incluso de los compromisos que la autoridad de la que depende haya podido contraer en su nombre o en su favor. Herida o enferma, esa persona tiene, como tal, el derecho a recibir los cuidados o la asistencia que ordena el respeto de la persona humana.

No es, por lo tanto, nada sorprendente que la Cruz Roja se haya preocupado desde hace mucho tiempo de socorrer a las víctimas de los conflictos internos, cuyos horrores sobrepasan a veces a los de las guerras internacionales a causa del odio fratricida que los caracteriza. Pero, a las dificultades con que tropezaba la Cruz Roja en este ámbito –como en todos en los que se esfuerza por actuar más allá de los textos convencionales– se agregaban los obstáculos particulares debidos a la política interior del Estado asolado por el conflicto. En una guerra civil, el Gobierno legal –o el que afirma serlo– propende a no ver en sus adversarios más que vulgares criminales. Esta tendencia ha llevado a veces a las autoridades gubernamentales a considerar los socorros que la Cruz Roja proporciona a las víctimas pertenecientes a la parte adversa como una ayuda indirecta a culpables. En cuanto a las solicitudes de intervención caritativa de una sociedad de la Cruz Roja extranjera o del Comité Internacional de la Cruz Roja, fueron más de una vez consideradas como tentativas inamistosas de intromisión en los asuntos internos del Estado. Esta concepción predominaba todavía cuando, en la Conferencia Internacional de la Cruz Roja de 1912, se presentó por primera vez un proyecto de Convenio relativo al papel de la Cruz Roja en caso de guerra civil o de insurrecció n. El tema no fue ni siquiera discutido.

Pero la Cruz Roja no se desanimó. A pesar de la frecuente incomprensión de las autoridades, logró en ciertos casos llevar a cabo alguna labor humanitaria en conflictos internos [3 ] . La cuestión se incluyó en el orden del día de la X Conferencia Internacional de la Cruz Roja de 1921 y dio lugar a una resolución que afirmaba el derecho de todas las víctimas de guerras civiles y de disturbios sociales o revolucionarios a ser socorridas de conformidad con los principios generales de la Cruz Roja. En esta resolución se enunciaban, además, de manera bastante detallada, los deberes de la Cruz Roja Nacional del país en cuestión y, en caso de imposibilidad de ésta, el procedimiento que habían de seguir el Comité Internacional de la Cruz Roja y las Sociedades Nacionales extranjeras para proporcionar los socorros necesarios. Por ser una simple resolución, no tenía el valor de un texto convencional, pero permitió al Comité Internacional, en dos casos al menos –la guerra civil en el territorio plebiscitario de la Alta Silesia, en 1921, y la guerra civil española– obtener de las dos partes adversas que se comprometieran, en mayor o menor medida, a respetar los principios del Convenio de Ginebra [4 ] .

En vista de los resultados obtenidos por el Comité Internacional de la Cruz Roja, la XVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja de 1938 reforzó y completó, considerablemente, el deseo de 1921 mediante una resolución que vale la pena citar:

La Conferencia, [... ] invita al Comité Internacional y a las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja a orientar sus esfuerzos comunes con el fin de obtener, en particular:

la aplicación de los principios humanitarios que han hallado su expresión en los dos Convenios de Ginebra de 1929 y el X Convenio de La Haya de 1907, especialmente en lo que se refiere al trato debido a los heridos, enfermos y prisioneros de guerra, así como a la inmunidad del personal y del material sanitarios;

un trato humano para todos los detenidos políticos, su canje y, dentro de lo posible, su liberación;

el respeto de la vida y la libertad de los no combatientes;

facilidades para la transmisión de información de carácter personal y para la reunión de las familias;

medidas eficaces par la protección de los niños;

La Conferencia Internacional se proponía, pues, explícitamente y por primera vez, que las partes en una guerra civil aplicaran, si no todas las disposiciones de los Convenios de Ginebra, al menos los principios fundamentales de éstos. Tanto esta resolución como los resultados obtenidos en los dos conflictos que acabamos de citar, alentaron al Comité Internacional a reemprender el estudio de la inserción en los Convenios mismos de disposiciones relativas a la guerra civil.

Ya en 1946, en la Conferencia Preliminar de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja, el Comité Internacional propuso que, en caso de guerra civil en el interior del Estado, las partes enfrentadas fuesen invitadas a declarar que aplicarían los principios del Convenio, con la condición de reciprocidad. Esta propuesta, muy modesta porque era realista, sólo pretendía “legalizar” de algún modo en los Convenios una práctica que había dado resultados satisfactorios, para dotarla de una base más sólida en el futuro. La iniciativa partía de la idea de que, al pedir a las partes en conflicto una declaración explícita, que seguramente les sería difícil rechazar, se las animaba a alinearse con los partidarios de los principios humanitarios, con lo cual se aliviarían notablemente los sufrimientos generados por las guerras civiles. Ahora bien, la Conferencia Preliminar hizo algo más que aprobar esa propuesta; fue inmediatamente al fondo del problema, recomendando introducir al principio de cada Convenio un artículo que dijera: “En caso de conflicto armado en el int erior de un Estado, todas las partes adversas aplicarán igualmente el Convenio, a menos que una de ellas declare explícitamente que rehúsa hacerlo” [5 ] .

Tal era la opinión –una aspiración ideal, pero lógica– del mundo de la Cruz Roja. Quedaba por saber lo que pensarían de ello los círculos gubernamentales. Era de temer que se mostrasen reacios a la idea de comprometer internacionalmente a un Estado con motivo de asuntos internos; que negasen la posibilidad de obligar mediante un convenio a Gobiernos provisionales, partidos o agrupaciones aún inexistentes. Ahora bien, lejos de repetir los argumentos aducidos a menudo contra las intervenciones caritativas de la Cruz Roja, la Conferencia de Expertos Gubernamentales, convocada por el Comité Internacional de la Cruz Roja en 1947, reconoció la necesidad de incluir en el Convenio las disposiciones pertinentes para extenderlo, al menos parcialmente, a la guerra civil. Sus trabajos culminaron en un proyecto de artículo según el cual, en caso de guerra civil, la Parte contratante aplicaría los principios del Convenio, con la condición de que la parte adversa también se conformase a ellos [6 ] .

Este proyecto se quedaba muy corto con respecto al de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja. Sólo pretendía la aplicación de los principios, subordinándola, además, a la condición de reciprocidad. No obstante, animó al Comité Internacional de la Cruz Roja a continuar su labor.

Respaldado por estas opiniones, el Comité Internacional completó el artículo 2 de sus proyectos de Convenios, tanto los revisados como los nuevos, presentados en la XVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja de Estocolmo, con un cuarto y último apartado, que rezaba así:

“En cualquier caso de conflicto armado que no sea de índole internacional, en particular en los casos de guerras civiles, conflictos coloniales o guerras de religión, que surjan en el territorio de una o varias de las Al tas Partes Contratantes, todos los adversarios estarán obligados a aplicar las disposiciones del presente Convenio. En tales circunstancias, la aplicación del Convenio no dependerá en modo alguno del estatuto jurídico de las partes en conflicto ni tendrá efectos sobre ese estatuto”.

La primera parte de este artículo respondía a la aspiración de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja, suprimiendo incluso la condición que éstas habían previsto. La segunda frase tenía en cuenta un deseo expresado durante la Conferencia de Expertos Gubernamentales. Se trataba de evitar, por un lado, que el Gobierno legal alegase el no reconocimiento del bando adverso para negarse a aplicar el Convenio, y por otro, que este bando utilizara su respeto del Convenio como argumento para hacerse considerar como Gobierno regular.

En la Conferencia de Estocolmo, en la que los Gobiernos estaban representados al lado de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja, este proyecto dio lugar a larguísimos debates. La Conferencia aprobó finalmente las propuestas del Comité Internacional de la Cruz Roja para el I y el II Convenios, mientras que, para el III y el IV Convenios, sometía la aplicación del Convenio a la condición de que la parte adversa se conformase también a él.

Fue en esta forma como el proyecto se sometió a la Conferencia Diplomática de 1949.

  2. Los debates en la Conferencia Diplomática de 1949  

Ya en el primer debate de orden general, se perfilaron concepciones divergentes [7 ] . Muchas delegaciones se oponían, si no a toda disposición referente a la guerra civil, sí al menos a la aplicación pura y simple del Convenio en este caso. Las principales críticas pueden resumirse así: el proyecto de Estocolmo –se decía– amparaba de antemano todas las formas de insurrección, de rebelión, de anarquía y de desintegrac ión del Estado, incluso el simple bandidaje. A fuerza de buscar la protección de los individuos, se corría el riesgo de olvidar la no menos legítima del Estado. Al obligar al Gobierno de un Estado afectado por disturbios internos a aplicar todas las disposiciones de un Convenio previsto esencialmente para el caso de guerra, se conferiría a sus adversarios, aunque sólo fuesen un puñado de rebeldes, incluso de vulgares bandidos, la condición de beligerantes, quizás hasta un cierto reconocimiento legal. Se corría asimismo el riesgo de alentar a criminales de derecho común a hacerse pasar por una organización para invocar el beneficio de los Convenios e intentar así escapar al justo castigo de sus fechorías, presentadas como “actos de guerra”. Un partido rebelde, por insignificante que fuera, podría, gracias a los Convenios, solicitar la asistencia y la intervención de una potencia protectora. Finalmente, cabía preguntarse si, una vez calmados los disturbios, no estaría el Gobierno legal obligado a liberar a los rebeldes capturados, dado que la aplicación del Convenio tendría el efecto de asimilarlos a prisioneros de guerra. Todo esto, al dar un estatuto legal –y, por consiguiente, un incremento de poder– a los insurrectos, obstaculizaría y limitaría al Gobierno en sus operaciones de legítima represión.

Los partidarios del Proyecto de Estocolmo veían, por el contrario, en este texto un acto de valentía. Los insurrectos no son siempre bandidos, afirmaban algunos. Puede suceder que, en una guerra civil, quienes son considerados rebeldes sean, de hecho, patriotas que luchan por la independencia y la dignidad de su patria. La actitud de los insurrectos, señalaban otros, mostrará precisamente si se está ante simples bandidos o si éstos combaten, por el contrario, como verdaderos soldados, dignos de beneficiarse de la aplicación de los Convenios. Se hizo, además, valer que, para tranquilizar a los adversarios del proyecto, bastaría con prever la cláusula de reciprocidad en los cuatro Convenios y no solamente en los Convenios III y IV, como se había hecho en Estocolmo, pues, cuando los rebeldes actúan de conformidad con los principios humanitarios, no se puede hablar de terrorismo, de anarquía o de desórdenes. Finalmente, se resaltó que la aprobación del proyecto de Estocolmo no impediría en modo alguno a un Gobierno legal reprimir, de conformidad con su legislación, los actos que a su juicio fuesen peligrosos para el orden y la seguridad del Estado.

Ante opiniones tan diversas, se encomendó a un Comité restringido el estudio del artículo [8 ] . Desde la primera sesión de este Comité, se presentaron una serie de enmiendas o de propuestas. Sólo una enmienda abogaba por la supresión pura y simple del texto de Estocolmo. A la inversa, sólo una propuesta pedía que se mantuviera íntegro este texto. Entre estos dos extremos, había seis enmiendas encaminadas a limitar la aplicación de los Convenios a los casos en que el conflicto, aunque interno, presentara características de una verdadera guerra. Se enunciaban en ellas diversas condiciones alternativas o acumulativas, que debía cumplir una u otra de las partes en conflicto para que el Convenio fuese aplicable.

Un Grupo de Trabajo fue encargado de elaborar sucesivamente dos proyectos, que dieron pie a nuevas enmiendas y críticas. Parecía difícil alcanzar una mayoría en favor de una u otra de las soluciones.

El mérito de sacar al Comité del atolladero recae en la delegación francesa. Haciendo suya una idea ya expuesta por la delegación italiana, referente a los conflictos internacionales que no cumplieran las condiciones previstas, la delegación francesa propuso que, en todos los casos de conflictos no internacionales, la aplicación del Convenio se limitase sólo a sus principios. El texto propuesto fue el siguiente:

“En caso de conflicto armado que no sea de índole internacional y surja en el territorio de una de las Altas Partes Contratantes, cada una de l as partes en conflicto aplicará las disposiciones del Preámbulo del Convenio para la protección de las personas civiles en tiempo de guerra”.

Hasta ese momento, ante la casi unanimidad de las opiniones contrarias a una aplicación integral, se había buscado la solución limitando los casos en los que el Convenio debería aplicarse. La propuesta francesa veía la solución en otra limitación: la de las disposiciones aplicables.

Era la vía adecuada, pero el proyecto tenía un defecto. Se refería a un proyecto de preámbulo que aún no había sido votado y que, por los demás, nunca lo sería [9 ] . Además, este proyecto de preámbulo se limitaba a enunciar algunas prohibiciones y, aunque hacía alusión a los principios, no los definía.

Tras deliberación, se encargó a un segundo Grupo de Trabajo que elaborara un texto que contuviera, para todos los casos de conflictos no internacionales, una definición de los principios humanitarios que debían aplicarse y un mínimo de normas imperativas. Su proyecto se inspiraba, por lo que respecta a la definición de los principios, en el preámbulo que el propio Comité Internacional de la Cruz Roja había propuesto para los cuatro Convenios [10 ] y, en cuanto a las normas imperativas, en el proyecto de preámbulo para el Convenio sobre “civiles” [11 ] . De aquí salió el texto que, con algunas ligeras diferencias, sería finalmente aprobado. No obstante, éste no logró inmediatamente una adhesión unánime. El proyecto anterior conservaba sus partidarios. Por otro lado, la delegación de la URSS opinaba que no se podía resumir hasta tal punto disposiciones tan importantes como las del Convenio, cuya aplicación se justifica tanto en caso de guerra civil como de conflicto internacional. Esta delegación propuso entonces un nuevo texto:

“En caso de conflicto armado que no sea de índole internacional que surja en el territorio de uno de los Estados participantes en el presente Convenio, cada un a de las partes en conflicto aplicará todas las disposiciones del presente Convenio que:

  • garanticen un trato humano a la población civil;

  • prohíban sobre el territorio ocupado por las fuerzas armadas de una u otra parte las represalias contra la población civil, la toma de rehenes, la destrucción o el daño de bienes que no estén justificados por las necesidades militares;

  • prohíban todo trato discriminatorio de la población civil debido a diferencias de raza, color, religión, sexo, nacimiento o fortuna.

Este proyecto se basaba en la misma idea que la propuesta francesa: limitar las disposiciones aplicables. Difería de ella en cuanto al método, pues se remitía, mediante una disposición general, a las disposiciones particulares del Convenio que deberían aplicarse.

Como ningún texto logró la mayoría, los tres proyectos se sometieron a la Comisión Mixta [12 ] . La propuesta del II Grupo de Trabajo fue la clara triunfadora, siendo finalmente aprobada, en sesión plenaria, en la forma definitiva transcrita al comienzo de este capítulo, aunque no sin largas deliberaciones, en el transcurso de las cuales no les faltó ocasión a sus adversarios de principio y a los partidarios de otros proyectos de hacer valer ampliamente sus puntos de vista [13 ] .

 
 

  GENERALIDADES  

Según expresó un delegado, el artículo 3 se asemeja a una “Convención en miniatura”. Sólo se aplica a los conflictos no internacionales y es el único artículo aplicable a estos conflictos, siempre que un acuerdo especial entre las partes no ponga total o parcialmente en vi gor, para ambas partes, otras disposiciones convencionales. El artículo dista mucho del proyecto inicial del Comité Internacional de la Cruz Roja aprobado en Estocolmo, que preveía la aplicación integral de los Convenios. Pero, como señaló el representante del Comité Internacional en la Conferencia Diplomática, dado que hubo que convencerse de que este texto no tenía ninguna probabilidad de ser aceptado por los Gobiernos y que había que plegarse a una solución intermedia entre los diferentes proyectos elaborados en el transcurso de la Conferencia, era el enunciado al que había que dar la preferencia. Este texto, en efecto, tiene el mérito de la sencillez y la claridad. Garantiza, al menos, la aplicación de normas humanitarias reconocidas como esenciales por los pueblos civilizados y da una base legal a las intervenciones caritativas del Comité Internacional de la Cruz Roja o de cualquier otro organismo humanitario imparcial, intervenciones que, en el pasado, habían sido muy a menudo rehusadas como una injerencia inamistosa en los asuntos internos de un Estado. Otro mérito del texto es el de ser aplicable automáticamente, sin condición de reciprocidad. Su observancia no está subordinada a deliberaciones preliminares sobre la índole del conflicto o de las disposiciones particulares que han de respetarse, como hubiera sido el caso con los otros proyectos debatidos. Aunque el texto sólo prevé la aplicación de los principios del Convenio, define estos principios y los completa mediante la enunciación de algunas normas imperativas. Tiene, por último, la ventaja de formular, en cada uno de los cuatro Convenios, la norma común que los rige.

 
 

  PRIMER APARTADO - DISPOSICIONES APLICABLES  

  I. Primera frase. Ámbito de aplicación del artículo.  

     

  A. Los casos de conflicto armado  

¿Qué debe entenderse por “conflicto armado no internacional”?

Esta es la gran pregunta que se planteó con perspicacia en numerosas ocasiones en la Conferencia Diplomática. La expresión es tan general, tan vaga, que muchas delegaciones temían que cubriese todo acto cometido por la fuerza de las armas, o sea, cualquier forma de anarquía, de rebelión, incluso de simple bandidaje. ¿Basta, por ejemplo, que un puñado de individuos se rebelen contra el Estado y ataquen un puesto de policía para que haya conflicto armado en el sentido del presente artículo? Para responder a estos interrogantes se había previsto, o bien definir el conflicto o bien –lo que viene a ser lo mismo– enumerar una serie de condiciones para que el Convenio fuese aplicable. Finalmente se renunció a ello y nos parece que se obró atinadamente. No obstante, aunque estas diferentes condiciones no tienen ningún carácter obligatorio, constituyen criterios convenientes. Por esta razón, nos parece útil dar la lista de ellos, extraída de las diversas enmiendas discutidas:

1. Que la parte en rebelión contra el Gobierno legítimo posea una fuerza militar organizada, una autoridad responsable de sus actos, que actúe sobre un territorio determinado y tenga los medios para respetar y hacer respetar el Convenio.

2. Que el Gobierno legítimo esté obligado a recurrir al ejército regular para combatir a los insurrectos, que han de estar organizados militarmente y disponer de una parte del territorio nacional.

3. a) Que el Gobierno legal haya reconocido a los insurrectos la condición de beligerantes; o bien

b) que haya reivindicado para sí mismo la condición de beligerante; o bien 

c) que haya reconocido a los insurrectos la condición de beligerantes exclusivamente con miras a la aplicación del Convenio; o bien

d) que el conflicto se haya incluido en el orden del día del Consejo de Seguridad de la Asamblea General de las Naciones Unidas como constitutivo de una amenaza contra la paz internacional, una ruptura de la paz o un acto de agresión.

4. a) Que los insurrectos tengan un régimen que presente las características de un Estado.

b) Que las autoridades civiles de los insurrectos ejerzan el poder de facto sobre la población de una fracción determinada del territorio nacional.

c) Que las fuerzas armadas estén a las órdenes de una autoridad organizada y estén dispuestas a conformarse a las leyes y costumbres de la guerra.

d) Que las autoridades civiles de los insurrectos reconozcan que están obligadas por las disposiciones del Convenio.

Estos criterios son útiles en cuanto permiten distinguir un verdadero conflicto armado de un simple acto de bandidaje, o de una insurrección desorganizada y de corta duración.

¿Quiere esto decir que si estallan disturbios armados en un país, pero no cumplen de hecho ninguna de las condiciones mencionadas –no obligatorias y citadas a título indicativo– no es aplicable el artículo 3? Mucho nos guardaremos de sostener tal idea. Pensamos, al contrario, que este artículo debe tener un ámbito de aplicación tan vasto como sea posible. De ello no puede surgir inconveniente alguno, pues, al fin y al cabo, es muy reducido y, contrariamente a lo que se ha podido pensar, no limita en nada el derecho de represión del Estado, ni proporciona ningún aumento de poder al partido rebelde. ¿Qué pide este artículo si no es el respeto de algunas normas que, mucho antes de que el Convenio fuese firmado, se reconocían como esenciales en todos los países civilizados y estaban ya prescritas por las leyes intern as de esos Estados? ¿Qué Gobierno se atrevería a pretender ante el mundo –en caso de disturbios internos que él calificara, con justo motivo, de simples actos de bandidaje– que, dado que el artículo 3 no es aplicable, él tiene derecho a dejar a los heridos sin asistencia, a infligir torturas o mutilaciones y a tomar rehenes? Por útiles que sean, pues, las diversas condiciones antes enunciadas, no son indispensables, ya que ningún Gobierno puede sentirse molesto por respetar, en la confrontación con sus adversarios internos y sea cual fuere la denominación del conflicto que lo opone a ellos, un mínimo de normas que respeta de hecho todos los días, en virtud de sus propias leyes, e incluso en el trato de vulgares criminales de derecho común.

De manera general, hay que admitir que los conflictos a los que se refiere el artículo 3 son conflictos armados caracterizados por hostilidades en las que se enfrentan fuerzas armadas. En suma, nos encontramos ante un conflicto que presenta muchos de los aspectos de una guerra internacional, pero que se libra en el interior de un mismo Estado. En muchos casos, cada una de las dos partes está en posesión de una parte del territorio nacional y, a menudo, existe alguna forma de frente.

  B. Obligaciones de las Partes  

Las palabras “cada una de las Partes” marcan toda la evolución que el derecho internacional ha experimentado en algunos años. Todavía no hace mucho se consideraba como jurídicamente irrealizable la idea de obligar mediante un Convenio internacional a una parte no signataria y, lo que es más, a una parte aún no existente, de la que ni siquiera se exige que represente a una entidad jurídica capaz de comprometerse internacionalmente.

La obligación para cada una de las partes es incondicional. Fue a propósito que se omitió la cláusula de reciprocidad, que figuraba para el IV Convenio en el proyecto de Estocolmo. Esto representa un progreso importante, aunque es cierto que está compensado por el hecho de que ya no es el conjunto del Convenio lo que es aplicable, sino únicamente el contenido del artículo 3 mismo.

La obligación de la parte en conflicto que representa la autoridad establecida no plantea problemas. La mera legalidad del Gobierno implicado en un conflicto interno obliga a este Gobierno, en cuanto Parte contratante en el Convenio. En cambio, ¿cómo se justifica la obligación de la parte adversa, rebelada contra el Gobierno establecido? En la Conferencia Diplomática se expresó la duda de si los “insurrectos” podían estar válidamente obligados por un Convenio que ellos mismos no hubiesen firmado. Pero si la autoridad responsable que los dirige ejerce una soberanía efectiva, está obligada por su propia pretensión de representar al país, o incluso sólo a una parte de éste. Esta “autoridad” sólo podría liberarse de sus obligaciones convencionales haciendo uso del procedimiento de denuncia previsto en el artículo 158. Y aun así, la denuncia sólo tendría valor y sólo podría hacerse materialmente si la autoridad denunciante estuviese reconocida internacionalmente como un Gobierno competente. Observemos, por lo demás, que, de conformidad con el artículo 158, la denuncia no surte efecto inmediatamente.

Si un partido rebelde aplica el artículo 3, tanto mejor para las víctimas del conflicto. Nadie se quejará de ello. Si no lo aplica, dará la razón a quienes consideran su acción como un simple acto de anarquía o bandidaje. En cuanto al Gobierno legal, el hecho de aplicar el artículo 3 no puede tener ningún efecto perjudicial para él. No cabe duda de que no existe ningún Estado cuya autoridad gubernamental reclame el derecho de utilizar la tortura o los demás actos contrarios a la humanidad prohibidos por el Convenio como armas contra sus enemigos.

El artículo 3 tiene cuidado de puntualizar que las disposiciones aplicables representan un mínimo obligatorio. Las palabras como mínimo deben entenderse en ese sentido, a la vez que constituyen un estímulo para superar ese mínimo.

  2. Párrafos 1 y 2 - Contenido de la obligación  

  A. Párrafo 1 - Trato humano  

Se encuentra aquí el fundamento mismo de los cuatro Convenios de Ginebra. Es una suerte que se haya formulado en este artículo, ya que se había renunciado a la idea de un preámbulo o de un artículo preliminar, donde habría tenido naturalmente cabida. Contiene una definición de la idea, no expresada en ese entonces, que dio lugar al nacimiento de la Cruz Roja y del I Convenio de Ginebra.

El valor de esta disposición sobrepasa el marco del simple artículo 3. Si representa el mínimo que debe aplicarse en el más indeterminado de los conflictos, con mayor razón debe respetarse en los conflictos internacionales propiamente dichos, que implican la aplicación internacional del Convenio, pues podría decirse que “quien está obligado a lo más está obligado a lo menos”.

Habida cuenta de que se estaban elaborando cuatro Convenios, cada uno de los cuales protegía a una categoría particular de víctimas de la guerra, cabría pensar que se hubiera debido fraccionar este párrafo, para poner en cada Convenio únicamente la parte correspondiente. De este modo, en el IV Convenio sólo se hubiera hablado de personas civiles. Pero, teniendo en cuenta el carácter indivisible y sagrado del principio proclamado, y dada su brevedad, pareció preferible enunciarlo íntegramente y de manera rigurosamente idéntica en los cuatro Convenios. Sin embargo, nos limitaremos en este comentario a lo que atañe más especialmente a las personas protegidas por el IV Convenio.

¿Qué garantiza el artículo 3 a las personas protegidas?

Un trato humano.

Ya explicaremos más adelante, a propósito del artículo 27, lo que hay que entender por “un trato humano”. Esta definición no es, como veremos, muy precisa. En cambio, es más fácil enumerar lo que es incompatible con un trato humano. Es la vía que sigue el Convenio, enunciando cuatro prohibiciones absolutas. La fórmula no puede ser más clara: “A este respecto, se prohíben, en cualquier tiempo y lugar [... ] ”. No hay escapatoria, ni excusa, ni circunstancia atenuante posibles.

Las letras a) y c) conciernen a los actos –cometidos frecuentemente durante la II Guerra Mundial– que repugnan de una manera más particular a la conciencia universal. ¿Es completa la enumeración de estos actos? Se pensó por un momento, en el transcurso de los debates, en agregar a ella, en particular, los “experimentos” biológicos, de siniestro recuerdo, practicados con detenidos en campos de concentración. Se renunció a ello, y con razón. Los experimentos biológicos forman parte de los actos englobados en la letra a). Además, siempre es peligroso, sobre todo en este ámbito, querer puntualizar demasiado. Por mucho cuidado que se ponga en enumerar todos los tipos de atrocidades, siempre se irá a la zaga de la imaginación de los eventuales torturadores que quieran saciar su brutalidad a pesar de todas las prohibiciones. Cuanto más precisa y completa pretenda ser una enumeración, tanto más adquiere un carácter restrictivo. La fórmula aprobada es a la vez más flexible y precisa. Lo mismo sucede con la letra c).

En cuanto a las letras b) –toma de rehenes– y d) –condenas y ejecuciones sin juicio legítimo–, su objetivo es prohibir prácticas bastante generales en tiempo de guerra. Pero, por corrientes que hayan sido estas prácticas hasta un pasado muy reciente, no dejan de repugnar a los espíritus civilizados. La toma de rehenes, lo mismo que las represalias, de las que a menudo no es más que el preludio, es contraria al sentido actual de la justicia, por cuanto se basa en la responsabilidad penal colectiva. Tanto la una como la otra afectan a personas inocentes del crimen que se pretende prevenir o castigar.

Las condenas y ejecuciones sin previo juicio llevan aparejado un riesgo de error demasiado grande. La “justicia sumaria”, por eficaz que sea –lo que aún está por demostrar–, debido al temor que suscita, añade más víctimas inocentes a todas las víctimas inocentes que causa el conflicto. Todo los pueblos civilizados dotan a la administración de la justicia de garantías tendentes a eliminar los errores judiciales. El Convenio ha hecho bien en proclamar que ésta es una necesidad válida incluso en tiempo de guerra. Precisemos bien que el Convenio sólo pretende prohibir aquí la justicia “sumaria”. Mediante esta disposición, el Convenio no confiere ningún tipo de inmunidad. No impide en modo alguno que se ponga al presunto culpable, mediante su detención, en la imposibilidad de hacer daño; deja intacto el derecho del Estado a enjuiciar, condenar y castigar, de conformidad con la ley.

Ya que acabamos de mencionar las represalias, señalemos aquí que éstas no figuran en la enumeración de los actos prohibidos. ¿Quiere esto decir que las represalias –categóricamente prohibidas por el artículo 33– están admitidas en caso de conflicto no internacional, dado que en este caso sólo es aplicable el artículo 3? Como hemos visto antes, la prohibición de los actos mencionados en las letras a) a d) es absoluta y permanente; no admite excepción ni excusa alguna. Por consiguiente, está prohibida toda medida de represalia que implicara uno de estos actos, así como, de un modo general, toda medida de represalia incompatible con el “trato humano” incondicionalmente exigido por el primer apartado del párrafo 1.

Hay que señalar que las prohibiciones enunciadas en las letras a) a d) son igualmente objeto de otros artículos del Convenio, en particular los artículos 27, 31 a 34 y 66 a 77.

Como ya hemos dicho, el artículo 3 tiene un ámbito de aplicación sumamente amplio y concierne tanto a los miembros de las fuerzas armadas como a las personas que no toman parte en las hostilidades. Pero, en el caso presente, queda claro que a quienes se aplica este artículo es ante todo a las personas civiles, es decir, a quienes no llevan armas. Para los miembros de las fuerzas armadas, es la disposición correspondiente, que figura en el III Convenio, la que se invocará principalmente. Todas las personas a las que se refiere el párrafo 1) tienen derecho a un trato humano, sin distinción alguna. En esta disposición se enumeran, a fin de eliminarlos, los criterios que podrían emplearse para tratar de manera desfavorable a una u otra categoría de personas. Fue el recuerdo de las atrocidades perpetradas durante el último conflicto mundial lo que incitó a los autores de los Convenios de 1949 a emplear esta fórmula, que reaparece en otras varias disposiciones del Convenio, particularmente en el artículo 13 y en el artículo 27. Se observará que la noción de la nacionalidad no está incluida entre los criterios eliminados. Lo mismo ocurre, por lo demás, en el artículo 27. Esto no significa en modo alguno que las personas de una nacionalidad determinada puedan ser tratadas arbitrariamente; toda persona, independientemente de su nacionalidad, tiene derecho a un trato humano. Es posible, en cambio, que se tomen medidas particulares de seguridad con personas civiles de determinada nacionalidad; también es posible que ciertas infracciones sean consideradas como más o menos graves según las hayan cometido ciudadanos del país o extranjeros. Se trata en ese caso de medidas administrativas o judiciales que pueden tener como criterio la nacionalidad, pero que no tienen ningún efecto sobre el trato que reciben los individuos, que debe ser humano para todos.

  B. Párrafo 2. Asistencia a los heridos y los enfermos  

El artículo 3 reafirma aquí, generalizándolo, el principio que está en la base del I Convenio de Ginebra de 1864. En su forma concisa y densa, esta disposición, que está numerada separadamente y que, aunque independiente de la precedente, la completa, adquiere un vigor muy particular. Es un imperativo categórico que no admite restricciones ni siquiera interpretaciones. No cabe menos que felicitarse de ello.

Como sabemos, el Convenio extendió a los heridos y enfermos civiles las garantías que otorgaba a los heridos y enfermos militares el I Convenio, en cuyo artículo 12 se dice: “habrán de ser respetados y protegidos en todas las circunstancias [... ] ”, mientras que el artículo 16 del presente Convenio dispone que “serán objeto de protección y de respeto particulares”. No obstante, hay que admitir que, pese a estas ligeras diferencias de redacción, los textos están basados en la misma idea, es decir, que los heridos y enfermos deben ser respetados y protegidos.

 
 

  SEGUNDO Apartado - Derecho de iniciativa humanitaria  

Es evidente que cualquier organismo, e incluso cualquier individuo, puede en cualquier momento “ofrecer sus servicios” a las partes en conflicto. Ofrecer sus servicios no cuesta prácticamente nada y, sobre todo, no compromete en nada a quien se le hace la oferta, pues no está obligado a aceptarla. De hecho, el Comité Internacional de la Cruz Roja, por lo que le atañe, no dejó de proponer sus buenos oficios humanitarios en el transcurso de diversas guerras civiles, cuando lo juzgó útil en interés de las víctimas de las hostilidades, tal y como lo hacía cuando se desencadenaba un conflicto internacional. De todos modos, este apartado puede parecer a primera vista una simple cláusula de estilo, sin alcance real. Sin embargo, tiene un gran valor, tanto moral como práctico. Pese a su extrema simplicidad, es suficiente, y el propio Comité Internacional no pedía nada más. Es una reducción, a escala de este “Convenio en miniatura” que es el artículo 3, de la disposición del artículo 10 del presente Convenio (o del artículo 9 de los Convenios I, II y III), que veremos después, válida en los conflictos internacionales, cuando es aplicable todo el Convenio.

Si bien el Comité Internacional de la Cruz Roja pudo desarrollar una considerable acción humanitaria en ciertos conflictos internos, en otros, por el contrario, le cerraron brutalmente las puertas, al considerarse sus meros ofrecimientos de servicios caritativos como un acto inamistoso, una tentativa inadmisible de injerencia en los asuntos internos del Estado. Con la aprobación del artículo 3, la situación cambia. El ofrecimiento de servicios de una institución humanitaria imparcial está legitimado. Las partes en conflicto pueden, sin duda, declinar tal ofrecimiento si no necesitan esos servicios. Pero ya no podrán ver en él un acto inamistoso, ni reprochar al autor del ofrecimiento que intente socorrer a las víctimas del conflicto.

Es evidente que la ayuda exterior no puede ni debe ser más que supletoria. Es a las partes en conflicto a quienes les corresponde aplicar el artículo 3 y procurar que se observen todas sus disposiciones. Es también evidente que la Sociedad Nacional de la Cruz Roja, en cuanto órgano auxiliar, es a quien le incumbe, en primer lugar, ayudar a ello y a conseguir, mediante las palabras y las obras, que las exigencias humanitarias prevalezcan en todo el territorio nacional. Puede suceder, no obstante, que las necesidades sobrepasen las posibilidades de las autoridades y de la Cruz Roja del país en cuestión, o que esta última no esté en condiciones de actuar, con la eficacia necesaria, en todas partes donde haría falta. Se impone, entonces, una ayuda complementaria. La parte en conflicto que rehusara en tal caso los ofrecimientos de servicio caritativo del exterior asumiría una grave responsabilidad moral.

Para que los ofrecimientos de servicio sean legítimos, y puedan ser aceptados, deben emanar de un organismo humanitario e imparcial. Y es necesario que los servicios ofrecidos y prestados tengan este mismo carácter de humanidad e imparcialidad. El Comité Internacional de la Cruz Roja se menciona aquí tanto por sí mismo, en cuanto institución estatutaria y tradicionalmente llamada a intervenir en caso de conflicto, como por ser un ejemplo de lo que se entiende por organismo humanitario e imparcial. Para otras observaciones al respecto, nos remitimos, por analogía, al comentario del artículo 10, más adelante.

 
 

  TERCER APARTADO - ACUERDOS ESPECIALES  

Hemos visto que, si se querían tener disposiciones convencionales válidas para todos los conflictos no internacionales, había que renunciar a pedir la aplicación integral del Convenio. Las partes en conflicto sólo están, pues, obligadas legalmente a observar el artículo 3, y pueden hacer caso omiso de todos los demás. Pero es evidente que cada una de ellas tiene la plena libertad para declarar su intención de aplicar, todas o parte de las demás disposiciones, y no podríamos menos que animarlas a hacerlo. Puede también suceder que, al prolongarse, un conflicto interno adquiera el carácter de una verdadera guerra. Entonces, la situación de millares de víctimas es tal que ya no basta con respetar solamente el artículo 3. Es entonces de desear que se regule detalladamente el trato que hay que garantizarles y los socorros que hay que proporcionarles, además de otras cuestiones. Puede llegar un momento en que la s propias partes en conflicto estén tan interesadas en ello como las víctimas. ¿Qué puede ser más práctico entonces que, en lugar de negociar durante mucho tiempo arreglos particulares, recurrir al Convenio tal como es, o por lo menos a algunas de sus disposiciones?

Esta disposición no sólo brinda una posibilidad práctica, sino que hace, además, una exhortación acuciante, señala un deber: “las Partes en conflicto harán lo posible por [... ] ”. Aunque las partes, cada una por lo que le atañe, no tienen el deber de observar unilateralmente otra norma que el artículo 3, están obligadas a procurar una aplicación más amplia, mediante un acuerdo bilateral.

El temor –tan a menudo expresado en el transcurso de los debates– de reforzar el poder de un partido rebelde, ¿no hace correr el riesgo de hacer inoperante este apartado? ¿No debería temer un Gobierno legal que la firma de tales acuerdos refuerce la autoridad de los que se han rebelado contra él, por constituir un reconocimiento implícito de la existencia legal y del estatuto de beligerante de dicha agrupación? Señalemos que, aunque el Gobierno legal debe esforzarse en suscribir tales acuerdos, queda libre en cuanto a su decisión final. Además, tiene la posibilidad de estipular explícitamente que su adhesión no implica ningún reconocimiento de la legalidad de su adversario. Por lo demás, en la práctica, la concertación de los acuerdos previstos en el apartado 3 estará condicionada por las circunstancias. Generalmente, sólo se efectuará a raíz de una situación de hecho que ninguna de las partes podría negar, sea cual fuese su apreciación jurídica de esta situación.

Por último, no hay que olvidar que esta estipulación, al igual que todas las precedentes, está cubierta por la última disposición del artículo, que vamos a comentar.

¿Cuáles son las disposiciones que podrían ponerse más fácilmente en vigor mediante acuerdos especiales [14 ] ? Ante todo, las di sposiciones contenidas en los artículos 27 a 34, comunes a los territorios de las partes en conflicto y a los territorios ocupados. Por otro lado, no cabe duda de que también podrían aplicarse las disposiciones relativas al territorio ocupado, lo mismo que las que se refieren al régimen de los internados (artículos 79 a 135). En cambio, las disposiciones que conciernen a los extranjeros en el territorio de una parte en conflicto serían más difíciles de aplicar en caso de guerra civil. En efecto, en una guerra civil, la lucha se libra en un territorio cuyos ciudadanos tienen todos la misma nacionalidad. Por lo demás, ésta fue una de las objeciones que se hicieron contra la extensión completa e incondicional de este Convenio a los casos de guerra civil. Numerosos delegados destacaron que muchas disposiciones del Convenio no podrían aplicarse en caso de guerra civil, o que, en todo caso, deberían introducirse importantes modificaciones en ellas. Para resolver estos problemas, el Comité Internacional de la Cruz Roja tuvo que presentar a la Conferencia Diplomática una definición de las personas protegidas en caso de guerra civil y del régimen que debía aplicárseles. Esta definición rezaba así: “Además, en caso de conflicto que no presente un carácter internacional, los ciudadanos del país en que tiene lugar el conflicto que no pertenezcan a las fuerzas armadas están igualmente protegidos por el presente Convenio, de conformidad con las disposiciones relativas a los territorios ocupados” [15 ] .

 
 

  CUARTO APARTADO - AUSENCIA DE EFECTO SOBRE EL ESTATUTO JURÍDICO DE LAS PARTES EN CONFLICTO  

Esta disposición es esencial. Sin ella nunca se habría votado el artículo 3, ni ningún otro en su lugar. Responde al temor –siempre el mismo– de que, en caso de guerra civil, la aplicación del Convenio, incluso muy restringida, entrabase al Gobierno legal en su represión legítima de la rebelión o confiriese al bando adverso el estatuto de beligerante, acrecentando así su autoridad y poder. Esta disposición ya se había propuesto en la Conferencia de Expertos Gubernamentales convocada por el Comité Internacional de la Cruz Roja en 194716, y reaparecía, aproximadamente en los mismos términos, en todos los proyectos sucesivos. Puntualiza, con la mayor claridad, que el objetivo del Convenio es exclusivamente humanitario; que no afecta en nada a los asuntos internos del Estado; que sólo garantiza el respeto del mínimo de normas humanitarias que todos los pueblos civilizados consideran como válidas en todas partes y en todas las circunstancias, por estar por encima y fuera incluso de la guerra.

Así pues, el hecho de aplicar el artículo 3 no constituye en sí mismo, por parte de un Gobierno legal, ningún reconocimiento de poder alguno a la parte adversa; no limita de ningún modo su derecho –que le confiere su propia ley– a reprimir una rebelión por todos los medios, incluido el uso de las armas; no afecta en nada a su derecho a perseguir judicialmente, juzgar y condenar a sus adversarios por sus crímenes, de conformidad con la propia ley.

De igual manera, para el bando adverso, sea cual fuere, así como la calificación que él se dé o que pretenda, el hecho de aplicar este artículo no le confiere ningún derecho a una protección especial, ni ninguna inmunidad.

El artículo 3 –como todo el Convenio, por lo demás– sólo tiene por objeto el individuo y el trato físico debido a su condición de ser humano, independientemente de las otras calidades de la que está revestido, pero carece de efecto sobre el trato jurídico o político que puede acarrearle su comportamiento.

  Notas:  

1  Artículo común a los cuatro C onvenios.

2 F. SIORDET, Les Conventions de Genève et la guerre civile, Ginebra, 1950.

3 V. Revue internationale de la Croix-Rouge, 15 de diciembre de 1919, pp. 1427 y ss.

4 V., en particular, XVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja, Documento no 12: Rapport du Comité international de la Croix-Rouge sur son action d’août 1934 à mars 1938 y Documento no 12 bis: Rapport complémentaire du Comité international de la Croix-Rouge.

5 V. Rapport sur les travaux de la Conférence préliminaire, pp. 16 y ss. y p. 54.

6 V. Rapport sur les travaux de la Conférence d’experts gouvernementaux, p. 8.

7  V. Actes, II-B, art. 2, pp. 9-15.

8 El Comité Especial de la Comisión Mixta, en cuyo seno se debatió la disposición que nos ocupa: primero con el número que tenía en el proyecto de Estocolmo, es decir, como artículo 2, apartado cuatro, y luego como artículo 2A. V. Actes, II-B, pp. 39-46; 73-76; 79-80; 85; 89-90; 93-97.

9 V. Commentaire IV, p. 19.

10 V. ibíd., p. 18.

11 V. ibíd., p. 17.

12 V. Actes, II-B, pp. 34-35.

13 V. Actes, II-B, art. 2 A, pp. 320-335.

14 Hay que señalar a este respecto que uno de los Estados signatarios de este Convenio, Argentina, hizo una reserva en el momento de la firma. En ella se puntualiza que el artículo 3 común a los cuatros Convenios, con exclusión de todos los demás artículos, será el único aplicable en caso de conflicto armado que no presente carácter internacional.

15 Remarques et propositions, p. 72.

16 V. Rapport sur les travaux de la Conférence d’experts gouvernementaux, p. 9

Extractado del COMENTARIO A LOS CONVENIOS DE GINEBRA DEL 12 DE AGOSTO DE 1949, publicado bajo la dirección editorial general de Jean S. PICTET, Doctor en Derecho, Director de Asuntos Generales del Comité Internacional de la Cruz Roja, por Oscar M. UHLER, Dr. en Derecho, Ex miembro del Servicio Jurídico del CICR; Frédéric SIORDET, Abogado, Miembro del CICR; Roger BOPPE, Diplomado en Ciencias Políticas, Miembro del Servicio Jurídico del CICR; Henri COURSIER, Dr. en Derecho, Ex miembro del Servicio Jurídico del CICR; Claude PILLOUD, Abogado, Subdirector de Asuntos Generales del CICR; René-Jean WILHELM, Miembro del Servicio Jurídico del CICR; Jean-Pierre SCHOENHOLZER, Secretario de la Dirección Central del CICR.

Traducido del francés al español por:

José Chocomeli Lera, con la colaboración de Mauricio Duque Ortiz.

Referencias: Margarita Serrano García y María Ecuyer.

Primera edición en español: noviembre de 1998

ISBN 1: 90-247-3403-7 (original en francés)

ISBN 1: 90-247-3460-6 (versión inglesa)

ISBN: 958-14-0301-9 (Colombia)

© 1. Comité Internacional de la Cruz Roja - Ginebra 1986

 (original en francés), 1987 (versión inglesa)

© 2. Comité Internacional de la Cruz Roja - Ginebra 1956

 (original en francés), 1958 (versión inglesa)

© 3. Comité Internacional de la Cruz Roja - Colombia 1998

 (traducción parcial al español de 1 y 2)

Edición: PLAZA & JANÉS Editores Colombia S. A.

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Preparación editorial: 4x4 Editores Ltda.

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Comité Editorial de la delegación:

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