Armas explosivas en las ciudades: la devastación y el sufrimiento de la población civil deben cesar

Armas explosivas en las ciudades: la devastación y el sufrimiento de la población civil deben cesar

El Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, y el presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Peter Maurer, hacen un llamamiento conjunto
Declaración 18 septiembre 2019 Siria Yemen Afganistán Situación en Irak Ucrania Libia

Actualmente, Idlib y Trípoli padecen niveles indecibles de sufrimiento y destrucción a raíz de una lluvia de bombas y proyectiles; se suman así a una extensa lista de ciudades que las precedieron, como Mosul, Alepo, Raqqa, Taíz, Donetsk, Falluya y Saná, entre las más recientes.

Casi nunca aparecen en los titulares principales, pero deberían estar allí. La guerra en las ciudades no puede ser una noticia publicada en la última página. De hecho, cerca de 50 millones de personas sufren actualmente sus efectos.

Alarmados ante las devastadoras consecuencias humanitarias de la guerra urbana, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y las Naciones Unidas (ONU) hacen un llamamiento conjunto a los Estados y a todas las partes en los conflictos armados para que se abstengan de utilizar armas explosivas que puedan tener una amplia zona de impacto en entornos poblados.

Los conflictos armados crecen al ritmo de la urbanización mundial. Cuando las ciudades son bombardeadas –ya sea mediante ataques aéreos, cohetes, artillería o artefactos explosivos improvisados– las personas civiles, en forma contundente, son quienes sufren las peores consecuencias. De hecho, la amplia mayoría de las víctimas –más del 90 por ciento, según una estimación– son civiles. Las imágenes desgarradoras de los entornos poblados en Afganistán, Irak, Siria y Ucrania –por citar solo algunos casos– muestran un cuadro de daños graves contra la población civil. Resulta imposible ignorarlos; sin embargo, suelen quedar en el olvido.

Las partes en conflicto deben reconocer que no pueden combatir en zonas pobladas de la misma manera en que lo harían en campos de batalla abiertos. Deben reconocer que el uso de armas explosivas con una amplia zona de impacto en ciudades, pueblos y campamentos de refugiados expone a las personas civiles a un alto riesgo de sufrir daños indiscriminados.

Los conflictos armados en las ciudades matan y hieren de gravedad a innumerables civiles, y dejan –de por vida– a muchas personas con discapacidades y traumas psicológicos. La infraestructura necesaria para el funcionamiento de los servicios esenciales (agua, electricidad, saneamiento, asistencia de salud) está dañada o destruida. Esto provoca una reacción en cadena que exacerba el sufrimiento. Como uno de los innumerables ejemplos, al menos 200.000 personas se quedaron sin acceso al agua potable luego de los intensos enfrentamientos que tuvieron lugar el mes pasado en Adén, Yemen.

Cuando se interrumpe el abastecimiento de agua o de electricidad porque las vías de suministro han sido atacadas, la asistencia de salud se vuelve sumamente difícil o imposible. Por cierto, cuando las ciudades son bombardeadas, la asistencia de salud también se ve fuertemente afectada: los profesionales médicos mueren o resultan heridos, las ambulancias no pueden trasladarse hasta donde se encuentran las víctimas y los hospitales sufren daños irreparables.

Las condiciones de vida se vuelven insostenibles para los sobrevivientes, que, a menudo, se ven obligados a huir. El verano pasado, en apenas dos meses, alrededor de 100.000 personas debieron desplazarse debido a los fuertes bombardeos y ataques en Trípoli. Las personas desplazadas son particularmente vulnerables a los riesgos para su salud y su vida, sobre todo las mujeres y los niños. En Irak, 1,5 millones de personas internamente desplazadas en todo el país no pueden regresar a sus hogares. Quienes logran retornar, se esfuerzan por rehacer sus vidas contra todo pronóstico; sus hogares han quedado destruidos, las redes de servicios esenciales han colapsado y la amenaza de los restos explosivos de guerra está por doquier.

La destrucción masiva causada por los conflictos armados en las ciudades puede retrasar los índices de desarrollo durante años, e incluso décadas: por ejemplo, después de los primeros cuatro años del conflicto armado en Yemen, los indicadores de desarrollo humano cayeron al índice que tenían 20 años atrás. Es un enorme retroceso para el logro de muchos de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS). Los progresos alcanzados durante décadas se pueden revertir rápidamente a medida que los entornos poblados –anteriormente animados y prósperos– se convierten en pueblos fantasmas.

Este año se conmemora el 70.° aniversario de los Convenios de Ginebra de 1949, tratados que gozan de aceptación universal y que, cuando sus normas se respetan escrupulosamente, extienden el poder protector del derecho internacional humanitario (DIH). El DIH prohíbe en forma absoluta los ataques contra personas civiles o bienes de carácter civil, los ataques indiscriminados o desproporcionados, las armas indiscriminadas y el uso de civiles como escudos humanos. Requiere que las partes en conflicto adopten medidas a fin de reducir lo más posible los daños contra las personas civiles. El respeto de estas normas es todavía más crucial cuando se libra un conflicto armado en entornos poblados, donde conviven objetivos militares, personas civiles y estructuras civiles, en cuyo caso la población civil está expuesta a un alto riesgo de sufrir daños.

Debido a la vulnerabilidad inherente de las personas civiles en las zonas pobladas, es imperativo que los Estados reconsideren y adapten su elección de armas y de tácticas a fin de evitar los daños a la población civil, y de preparar, formar y equipar adecuadamente a sus fuerzas armadas con este propósito. Para este fin, los Estados también deben ejercer influencia sobre sus socios y otras partes en conflicto a quienes prestan apoyo. Además, es imperativo que la protección de las personas civiles sea considerada una prioridad estratégica en la planificación y en la conducción de las operaciones militares. Si bien existen algunas medidas en este sentido, es preciso hacer mucho más, y pronto.

Nos alienta que exista una serie de iniciativas con miras a fortalecer la protección de las personas civiles en los conflictos armados urbanos. En primer lugar, apoyamos las iniciativas de los Estados tendientes a formular una declaración política, así como limitaciones adecuadas, normas comunes y políticas operacionales de conformidad con el DIH en relación con el uso de armas explosivas en zonas pobladas.

Asimismo, instamos a los Estados y a otras partes interesadas a fortalecer la recopilación de datos sobre víctimas civiles y a establecer mecanismos para mitigar e investigar el daño a las personas civiles, velar por la rendición de cuentas y extraer enseñanzas para futuras operaciones.

Alentamos a los Estados a que identifiquen e intercambien la experiencia de prácticas idóneas para mitigar el riesgo de daños contra la población civil en los conflictos armados urbanos, incluidas las restricciones y limitaciones sobre el uso de armas explosivas pesadas en zonas pobladas, y nos comprometemos a prestar apoyo a tales intercambios de prácticas idóneas.

Hacemos un llamamiento a todas las partes en conflictos armados para que empleen estrategias y tácticas de conducción de los combates fuera de las zonas pobladas a fin de tratar de reducir por completo los enfrentamientos urbanos, e instamos a las partes a permitir que la población civil abandone las zonas sitiadas.

Asimismo, hacemos un llamamiento a los Estados para que adopten políticas y prácticas tendientes a mejorar la protección de las personas civiles cuando la guerra se libra en zonas pobladas, en particular políticas y prácticas para evitar el empleo de armas explosivas que puedan tener una amplia zona de impacto en entornos poblados, debido a la fuerte probabilidad de sus efectos indiscriminados. Estas medidas contribuirán considerablemente a mitigar los efectos de la guerra en las ciudades y a reducir el sufrimiento.

Para más información:

Anita Michele Dullard, portavoz del CICR, Ginebra, +41227303028, adullard@icrc.org