Colombia: 2025, camino a ser el peor año de la última década en cuanto a consecuencias humanitarias.

Este deterioro estuvo estrechamente relacionado con el aumento de los enfrentamientos entre grupos armados, así como entre la Fuerza Pública y algunos de estos grupos. Las hostilidades generaron consecuencias especialmente graves para la población civil debido a la reiterada falta de respeto por los principios de distinción, proporcionalidad y precaución establecidos en el derecho internacional humanitario (DIH). A ello se sumó el endurecimiento del control ejercido por actores armados, que en numerosos casos derivó en tratos indebidos hacia la población, amenazas, restricciones a la movilidad, desplazamientos y otras alteraciones profundas en la vida cotidiana. 

En este contexto, al CICR también le preocupa la creciente estigmatización e instrumentalización de las comunidades. En varias regiones, la población ha sido señalada, acusada de favorecer a una u otra parte de los conflictos o sometida a presiones que la ponen en riesgo. Esta situación ha incrementado su vulnerabilidad frente a distintas formas de violencia y ha debilitado su tejido social. Las consecuencias han sido especialmente graves en términos de amenazas, restricciones, desplazamiento y dificultades para el acceso a servicios esenciales.

Uno de los fenómenos más preocupantes fue el incremento de la presencia, uso y abandono de armas, municiones y artefactos explosivos, como minas antipersonal, restos explosivos de guerra, artefactos lanzados y de detonación controlada. Entre enero y mayo, el CICR registró 524 personas heridas o fallecidas por artefactos explosivos, un aumento del 145 % frente al mismo periodo de 2024. El 70 % corresponde a civiles, incluidos 56 menores de edad. Cauca concentró el 55 % de los casos. Huila, sin registros el año anterior, fue el tercer departamento más afectado, con 50 casos. El uso intensivo de artefactos explosivos lanzados, a través de medios de lanzamiento de fabricación improvisada y drones armados, así como de artefactos de detonación controlada, fue el principal factor que provocó este incremento. Se registraron 137 personas heridas o fallecidas por artefactos lanzados, lo que representa un aumento del 342 %, y 266 por artefactos de detonación controlada, con un incremento del 343 %.También se mantuvo la afectación por artefactos activados por la propia víctima, como minas antipersonal y restos explosivos de guerra, con 121 personas afectadas.

El confinamiento también tuvo un impacto considerable. En el mismo periodo, según cifras oficiales, 85.760 personas estuvieron confinadas en 13 departamentos, un aumento del 169 % en comparación con los primeros cinco meses del año anterior. Norte de Santander, que no había presentado registros de confinamientos en años recientes, fue la región más afectada en este periodo, con 30.213 personas. Le siguió Chocó, con 19.706 personas. La problemática también se extendió a otros departamentos, como Guaviare y Amazonas, donde tampoco se habían registrado confinamientos en años recientes. En estas zonas, comunidades enteras quedaron sin acceso a alimentos, servicios de salud, agua segura o educación, lo que debilitó su autonomía y organización colectiva.

El desplazamiento masivo también aumentó. Entre enero y mayo, 58.160 personas fueron desplazadas en diez departamentos, lo que representó un incremento del 117 % frente al mismo periodo de 2024. Norte de Santander fue nuevamente la región más afectada, con 49.808 personas. En contraste, Nariño, que tradicionalmente registraba las cifras más altas, reportó una disminución del 92 %, una tendencia inusual frente al resto del país. A ello se sumó el desplazamiento individual, un fenómeno menos visible pero igualmente grave. En total, 87.461 personas fueron incluidas en el Registro Único de Víctimas por esta causa. Muchas de ellas abandonaron sus hogares en silencio, lo que fragmentó familias y proyectos  de vida, sin que las consecuencias de este fenómeno fueran plenamente reconocidas.

La desaparición de personas continúa siendo una de las consecuencias más dolorosas. Entre enero y mayo, el CICR documentó 136 nuevos casos relacionados con los conflictos armados, el 79 % de ellos correspondientes a civiles. Entre las personas desaparecidas se encuentran 26 menores de edad. Ocho de estos casos estuvieron relacionados con el reclutamiento y la utilización por parte de actores armados, lo que evidencia una conexión directa entre ambas consecuencias humanitarias.

El reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes representa una violación grave del DIH y es una problemática que se ha acentuado en 2025. Aunque el CICR no publica cifras propias, su trabajo en los territorios y el diálogo con las comunidades le permite entender la dimensión de este fenómeno. El reclutamiento, uso y utilización interrumpe las trayectorias de vida de niños, niñas y adolescentes, los expone a múltiples formas de violencia y deja huellas profundas en sus comunidades.

Entre enero y mayo, la Mesa Nacional de Misión Médica reportó 101 actos violentos contra la asistencia de salud relacionados con los conflictos armados, un aumento del 38 % frente al mismo periodo de 2024. Entre los eventos registrados hay amenazas al personal sanitario, restricciones al acceso a servicios, exigencias de atención en condiciones inadecuadas, obstáculos para atender a personas heridas y falta de precaución para proteger al personal, las instalaciones y los medios de transporte sanitarios. Estas situaciones comprometieron la labor del personal médico y el acceso a servicios esenciales para miles de personas en las zonas más afectadas por los conflictos armados. Norte de Santander, Chocó y Antioquia concentraron el 59 % de los hechos registrados.

Además, este entorno cada vez más complejo también ha incidido en el acceso humanitario. Las condiciones de seguridad, las restricciones impuestas por algunos grupos armados y la disminución de la financiación han limitado la capacidad de las organizaciones humanitarias imparciales para aliviar el sufrimiento. Estas condiciones, en conjunto, no solo impiden brindar asistencia opo tuna, sino que también dificultan que las organizaciones puedan identificar los riesgos que enfrentan las comunidades, mitigar las consecuencias humanitarias de los conflictos y documentar de manera adecuada la realidad que viven miles de personas.

En el contexto de los conflictos armados, el respeto del DIH no es una opción, sino una obligación. Su cumplimiento es fundamental para proteger a quienes no participan o han dejado de participar en las hostilidades. Aunque no elimina la violencia, el DIH establece límites claros que previenen sufrimientos innecesarios, protegen la vida y la dignidad humana, y contribuyen a preservar un mínimo de humanidad en medio de la guerra. Ignorarlo solo profundiza el daño, prolonga el sufrimiento y debilita aún más el tejido social de las comunidades afectadas.