Declaración conjunta del CICR y la IFRC en la segunda conferencia sobre la Declaración Política sobre Armas Explosivas en Zonas Pobladas

Cuando se usan armas explosivas pesadas en las ciudades, los empleados y voluntarios del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (las Sociedades Nacionales, el CICR y la Federación Internacional) vemos cifras estremecedoras de personas heridas y víctimas fatales entre la población civil. Vemos barrios enteros convertidos en escombros bajo los que quedan sepultados sus habitantes. La infraestructura vital para la supervivencia de la población civil queda destruida o dañada sin que haya medios suficientes para repararla. Vemos hospitales arrasados, sistemas de salud en crisis y pacientes que mueren por causas evitables.

Siempre que estalla un conflicto armado, procuramos aliviar el sufrimiento humano, por ejemplo, prestando servicios de salud, suministro de agua y saneamiento, y restableciendo el contacto entre familiares. Nuestros voluntarios y empleados experimentan a diario las consecuencias humanitarias de la guerra urbana: lamentamos la pérdida de nuestros colegas fallecidos a causa de ataques y exigimos mayor protección para el personal humanitario y los destinatarios de sus servicios.

La Declaración Política de 2022 acerca del fortalecimiento de la protección de la población civil contra las consecuencias humanitarias derivadas del uso de armas explosivas en zonas pobladas constituyó un valioso reconocimiento de los efectos devastadores de ese tipo de armamento en las personas civiles y los bienes de carácter civil. Sin embargo, tres años después, el uso generalizado de esas armas sigue causando graves daños a la población civil. Los Estados que han refrendado la Declaración aún no han aprovechado plenamente su peso político y normativo para impulsar cambios concretos y prevenir el sufrimiento. En última instancia, el objetivo central de los esfuerzos por universalizar e implementar rigurosamente la Declaración debe ser lograr un cambio tangible en la vida de la población civil afectada por el uso de armas explosivas en los conflictos armados en Sudán, Siria, Ucrania, Gaza y otros lugares, tanto hoy como en el futuro. 

El Movimiento insta a los Estados a integrar de manera eficaz los objetivos y compromisos de la Declaración en sus políticas nacionales y prácticas operacionales. Es necesario acelerar significativamente la adopción de medidas de implementación a nivel nacional e internacional. Esta conferencia representa una importante oportunidad para adoptar medidas concretas con ese fin, medidas que deben sostenerse en el ámbito nacional. El imperativo de lograr cambios en el terreno es urgente. El Movimiento está a disposición para ayudar a las autoridades políticas y militares, según corresponda y de conformidad con el cometido y la capacidad de cada componente, a fortalecer los marcos jurídicos y políticos y a adoptar medidas prácticas a fin de mitigar los riesgos para la población civil derivados del uso de armas explosivas en zonas pobladas. En este sentido, las recomendaciones que presentó el CICR a esta conferencia ofrecen avances prácticos y eficaces. 

En particular, el Movimiento llama a los Estados a centrar sus esfuerzos de implementación en dos ámbitos: 

• abstenerse de usar armas explosivas con área de impacto extensa en los enfrentamientos que se libran en las ciudades;

• fomentar el cumplimiento de los compromisos de la Declaración entre todas las partes en un conflicto armado, en particular tomando decisiones y medidas en materia de transferencias de armas. 

Uno de los principales avances normativos de la Declaración consiste en su compromiso, establecido en el párrafo 3.3, respecto de “la restricción o abstención, según corresponda, del uso de armas explosivas en zonas pobladas, cuando se prevea que su uso causará daños a la población civil o a los bienes de carácter civil”. Las armas explosivas que se sabe que causan mayor daño son las que tienen un área de impacto extensa, como las municiones de gran calibre, guiadas o no guiadas, los sistemas de armas de fuego indirecto no guiados y los sistemas de lanzamiento de múltiples cohetes. Existen pruebas sobradas de los efectos directos e indirectos de dichas armas en las personas civiles y los bienes de carácter civil. Ningún actor puede escudarse razonablemente en el desconocimiento de los daños sistemáticos y predecibles que provocan a las personas civiles cuando se emplean en zonas pobladas.

Por lo tanto, instamos a los Estados a que, en los debates que se celebran aquí en San José y en los procesos nacionales de implementación, se centren en cómo se puede cumplir, tanto en la letra como en el espíritu, el compromiso de la Declaración de evitar el uso de determinadas armas explosivas, con el fin de fortalecer la protección de las personas civiles. Hace apenas un año, el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja hizo un llamamiento solemne a todos los Estados y partes en conflictos armados para que adoptaran e implementaran políticas destinadas a evitar el uso de armas explosivas con amplia zona de impacto en zonas pobladas debido a la alta probabilidad de que acarreen efectos indiscriminados, en particular en la implementación de este compromiso de la Declaración. En efecto, esto requiere que la abstención de utilizar armas explosivas con una amplia zona de impacto en zonas pobladas, a menos que se puedan adoptar medidas de mitigación suficientes para limitar su radio de impacto y el consiguiente riesgo de daños civiles, forme parte de las políticas y las buenas prácticas.

La aspiración de la Declaración de tener mayor incidencia respecto de la práctica de los Estados en lo que respecta a la conducción de las hostilidades en entornos urbanos en tordas partes del mundo se refleja en el párrafo 4.8, que compromete a los Estados que la han refrendado a “procurar que quienes participan en un conflicto armado (...) cumplan” los compromisos de la Declaración y promuevan prácticas coherentes con ella. Este compromiso puede ponerse en práctica de muchas maneras, por ejemplo, a través de actividades de formación sobre derecho internacional humanitario (DIH) y el intercambio de mejores prácticas en torno a la protección de la población civil frente al impacto de las armas explosivas en la guerra urbana, iniciativas diplomáticas, comunicación pública y transferencia responsable de armas. Por lo tanto, una forma eficaz de lograr el cumplimiento es que los Estados que respaldaron la Declaración condicionen la transferencia de armas explosivas, sus componentes y sistemas vectores a partes que las hayan utilizado o que podrían utilizarlas de formas que ellos mismos no podrían justificar en virtud de los compromisos asumidos al suscribir la Declaración.

Este compromiso político de procurar el cumplimiento de la Declaración complementa las obligaciones jurídicas de los Estados en materia de transferencia de armas. Todos los Estados están obligados, como mínimo, a respetar y garantizar el respeto del DIH, en particular al tomar decisiones sobre transferencias de armas. Además, muchos de los Estados reunidos aquí en San José se comprometieron a aplicar restricciones más detalladas mediante acuerdos regionales sobre la transferencia de armas o la adhesión al Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA). Por ejemplo, los Estados Partes en el TCA, una vez realizada una evaluación de riesgos y examinadas las medidas de mitigación disponibles, tienen prohibido exportar armas o elementos relacionados en caso de que exista un riesgo preponderante de que las armas suministradas se utilicen para cometer o facilitar una violación grave del DIH o del derecho internacional de los derechos humanos.

Esta conferencia representa una oportunidad crucial para renovar el compromiso con la necesidad imperiosa de reforzar la protección de la población civil en la guerra urbana. Instamos a todos los Estados que aún no lo hayan hecho a que refrenden la Declaración sin demora, y exhortamos a todas las partes en conflictos armados, ya sean grupos armados estatales o no estatales, a que adhieran a sus compromisos y adopten medidas eficaces para cumplirlos rigurosamente. También llamamos a todos los Estados que han refrendado la Declaración a que utilicen los foros pertinentes para promover activamente la Declaración con ese fin.