El mapeo realizado por el CICR en 2025 identifica a 383 grupos armados que representan una preocupación humanitaria, distribuidos entre más de 60 países. Más de un tercio son partes en conflictos armados y, por lo tanto, están supeditados al derecho internacional humanitario (DIH). El CICR mantiene contacto con alrededor de tres cuartas partes de estos grupos a fin de negociar el acceso, prestar asistencia y promover el respeto por la población civil.
“Estas cifras confirman lo que venimos observando desde hace ya varios años: que la mayoría de los grupos armados no son actores temporarios, sino que tienen hondo arraigo en los territorios en los que operan”, detalla Matthew Bamber-Zryd, asesor del CICR sobre grupos armados. “De esos grupos, son cada vez más los que participan en conflictos armados y, por lo tanto, están sujetos al DIH, y muchos están dispuestos a dialogar con el CICR sobre cuestiones humanitarias. Sin embargo, la inseguridad, las restricciones que impone la lucha contra el terrorismo y la falta de recursos obstaculizan progresivamente el diálogo sostenido. Es esencial reconocer estas realidades —quién controla qué, durante cuánto tiempo y qué circunstancias limitan nuestra intervención— para poder llegar a quienes viven en las zonas más afectadas por la violencia”.
Un estudio de campo realizado en Camerún, Irak y Filipinas entre 2024 y 2025 pone de relieve que en las zonas disputadas se vive en constante tensión por los riesgos, la falta de claridad respecto de las jerarquías y el temor a represalias. Un jefe comunitario en Camerún dijo que los pobladores están siempre “entre la espada y la pared”: una descripción gráfica de las dificultades extremas que encuentran para mantenerse a salvo en un contexto en el que distintos grupos armados se disputan el control.
El colapso o la interrupción de los servicios esenciales agravan estas presiones. En muchas zonas disputadas, ni las autoridades estatales ni los grupos armados funcionan como un prestador confiable de servicios de salud, educación o documentación civil. Sin documentos, las personas encuentran dificultades para trasladarse, acceder a servicios o demostrar su identidad, lo que las deja todavía más expuestas a maltratos y exclusión.
A pesar de que la mayor parte de los grupos armados están dispuestos a dialogar con el CICR, las organizaciones humanitarias se topan con graves obstáculos para llegar a esas comunidades: desde condiciones inseguras que impiden el paso hasta restricciones jurídicas y administrativas impuestas por los Estados.
“En muchas zonas disputadas, por el colapso de los servicios básicos, la población está librada a su propio ingenio y al tejido social para sobrevivir”, explica Arjun Claire, asesor principal del CICR en materia de políticas. “Muchas personas quedan atrapadas en la violencia; uno de los bandos las tacha de colaboradoras del otro y eso las expone a brutales represalias. Los Estados y los grupos armados no pueden cargar el costo de la guerra que libran sobre las espaldas de la población civil. La disputa por el dominio no pone en tela de juicio las obligaciones de las autoridades: quien controla un territorio adquiere la responsabilidad de proteger a sus habitantes, no un permiso para atacarlos”.
El CICR insta a todas las partes en conflictos armados a respetar el DIH, garantizar la protección de la población civil y facilitar el acceso y el trabajo humanitarios imparciales.
ENCUENTRO: Fortalecer la respuesta humanitaria en territorios disputados | Comité Internacional de la Cruz Roja. Se invita a la prensa a una sesión informativa sobre las conclusiones del informe, que se llevará a cabo el 9 de diciembre de 13.30 a 15.00 CET. Le solicitamos confirmar su presencia hasta el 8 de diciembre (contacto: alachant@icrc.org).
Notas para los editores:
Las conclusiones están tomadas del análisis realizado en 2025 por el CICR sobre su diálogo con grupos armados, así como de su informe sobre protección Navigating Violence: Learning from Civilian Experiences and Strengthening Humanitarian Action in Contested Territories, basado en un estudio realizado en Camerún, Irak y Filipinas. El informe toma datos del terreno y relatos de primera mano para documentar la experiencia de las personas civiles y sus formas de adaptarse a la vida en contextos de autoridad disputada.
Se dice que el control está en disputa cuando la autoridad estatal se ve desafiada por grupos armados que intentan reemplazarla por medios violentos. La expresión “territorio disputado” es descriptiva, no jurídica, y distinta del concepto de “territorio ocupado”, reconocido por el derecho internacional, que denota zonas que se encuentran bajo el dominio de potencias extranjeras en el contexto de un conflicto armado internacional.
Enlaces:
Para más información:
Aurélie Lachant, CICR, Ginebra, alachant@icrc.org
