A fin de garantizar el cabal respeto del derecho internacional humanitario (DIH), los Estados deben establecer mecanismos para castigar las violaciones de ese derecho. La represión de las violaciones del DIH requiere, a menudo, la cooperación de diferentes Estados, no sólo porque las personas implicadas en el proceso (acusados, víctimas, testigos, etc.) pueden ser de diversas nacionalidades o estar en diferentes países, sino también porque se considera que las violaciones más graves del DIH afectan a la comunidad internacional en su conjunto. La cooperación entre Estados es también esencial cuando la prueba relativa a dichos crímenes está situada en un Estado que no es el que ha incoado el juicio, o en varios países diferentes. Habida cuenta de estas observaciones, el derecho internacional establece procedimientos de cooperación en materia de extradición, traslado de presos, asistencia mutua en ámbito judicial entre Estados, así como cooperación con los Tribunales penales internacionales ad hoc y la Corte Penal Internacional (CPI).
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