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Líbano: preguntas frecuentes sobre el derecho internacional humanitario, la protección de las personas civiles y nuestra labor en situaciones de conflicto armado

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En vista del actual conflicto armado en Líbano, es esencial responder las preguntas frecuentes sobre la situación humanitaria y la función de las organizaciones como el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

Con el trasfondo de las hostilidades que se encarnizan, muchas personas necesitan claridad sobre cómo acceder a la asistencia, cómo ponerse a resguardo y cuáles son los derechos y protecciones que les otorga el derecho internacional humanitario. Este recurso está pensado para brindar información vital a las personas afectadas por el conflicto armado, sobre temas como acceso a ayuda, medidas de seguridad en medio de la violencia y el compromiso del CICR con la acción humanitaria neutral e imparcial. Queremos ofrecer a la población los conocimientos necesarios para atravesar estas difíciles circunstancias de la mejor manera posible.

  • El DIH es el derecho que rige los conflictos armados: regula las relaciones entre los Estados, las organizaciones internacionales y otros sujetos de derecho internacional. Es una rama del derecho internacional público que se compone de normas que, en tiempo de conflicto armado, aspiran a proteger —por motivos humanitarios— a las personas que no participan, o que han dejado de participar, en las hostilidades, y limitar los métodos y medios de la guerra. En otras palabras, el DIH se compone de las normas de los tratados internacionales o de origen consuetudinario especialmente destinadas a resolver cuestiones de orden humanitario directamente relacionadas con conflictos armados, ya sean de carácter internacional o no internacional. 

  • Según el DIH, la población civil se define como todas las personas que no son miembros de las fuerzas armadas de una parte en conflicto. En caso de duda acerca del estatuto de una persona, siempre debe considerarse que pertenece a la población civil.

    Existen tres normas básicas que determinan el modo en que una parte en un conflicto armado puede conducir operaciones militares, es decir, que regulan la conducción de las hostilidades. Se trata de las normas sobre distinción, proporcionalidad y precaución, pensadas para proteger a la población civil de los efectos de las hostilidades. Además de estas normas, causar males superfluos o sufrimientos innecesarios está prohibido para todas las partes en conflictos armados —ya sean Estados o grupos armados no estatales— en todas las circunstancias, en todo conflicto armado, internacional o no internacional.

    El principio de distinción

    El principio de distinción exige que las partes en un conflicto armado distingan en todo momento entre personas civiles y combatientes, así como entre bienes de carácter civil y objetivos militares. Los ataques solo pueden dirigirse contra combatientes u objetivos militares; no contra personas ni bienes de carácter civil.

    El DIH prohíbe también los ataques indiscriminados, es decir:

    • los que no están dirigidos contra un objetivo militar concreto (por ejemplo, un soldado que dispara en todas las direcciones sin apuntar a un objetivo militar en particular, y pone, así, en peligro a la población civil);
    • aquellos en los que se emplea un método o medio de guerra que no puede dirigirse a un objetivo militar específico (por ejemplo, misiles de amplio alcance que no pueden dirigirse a su objetivo);
    • aquellos en los que se emplea un método o medio de combate cuyos efectos no puedan limitarse según lo que exige el DIH (por ejemplo, las armas nucleares).
    • La prohibición de los ataques indiscriminados rige el uso de todas las armas, incluso las que no son indiscriminadas por naturaleza.

    El principio de proporcionalidad

    El principio de proporcionalidad prohíbe los ataques contra objetivos militares “cuando sea de prever que causarán incidentalmente muertos y heridos entre la población civil, o daños a bienes de carácter civil, o ambas cosas, que serían excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa prevista”.

    • La ventaja militar debe ser “concreta y directa”, no hipotética, especulativa ni indirecta. Debe ser sustancial y relativamente cercana, y no puede ser política, económica ni de ninguna otra índole que la militar. Debe saltar a la vista; no puede manifestarse solo a largo plazo, y debe ser el resultado previsto del ataque en cuestión, no de la campaña militar en su totalidad.
    • El carácter “excesivo” del ataque no puede entenderse en referencia a un umbral meramente numérico (por ejemplo, el número de víctimas civiles o de bienes de carácter civil dañados). En principio, hay que considerar el valor militar de un objetivo y compararlo con el daño incidental previsto.
    • La ventaja militar que se obtenga de un ataque debe ser la que se previó al momento del ataque. Dicho de otro modo: en sus evaluaciones, los comandantes militares deben basarse únicamente en los hechos conocidos antes de lanzar el ataque.

    El principio de precaución

    Las partes en el conflicto deben respetar el principio de precaución. Existen dos tipos de precauciones en virtud del DIH:

    • las que deben tomarse en el momento en que se realiza el ataque, también llamadas “precauciones en el ataque”;
    • las que deben tomarse para proteger a la población en un territorio controlado por una parte en el conflicto contra los efectos de los ataques, también llamadas “precauciones pasivas” o “precauciones contra los efectos de los ataques”.

    Precauciones en el ataque: las partes en un conflicto armado deben tener cuidado constante de resguardar a las personas civiles y los bienes de carácter civil en la conducción de las operaciones militares. Se tomarán todas las precauciones factibles para evitar o, en todo caso, reducir a un mínimo, el número de muertos y heridos entre la población civil, así como los daños a bienes de carácter civil, que pudieran causar incidentalmente esas operaciones.

    Veamos cuáles son las obligaciones de la parte que planifica, decide y conduce un ataque.

    Las partes en el conflicto deben hacer lo siguiente:

    • tomar todas las precauciones factibles para verificar que los objetivos de ataque sean militares;
    • cuando sea posible optar entre distintos objetivos militares que darían una ventaja militar similar, optar por aquel cuyo ataque, según sea de prever, presente menos peligro para las personas civiles y los bienes de carácter civil;
    • hacer todo lo que sea factible para evaluar si el ataque causará incidentalmente muertos o heridos entre la población civil, daños a bienes de carácter civil o ambas cosas, que sean excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa prevista;
    • tomar todas las precauciones factibles, especialmente en la elección de las armas, así como de los métodos y medios de guerra, para evitar o, en todo caso, reducir a un mínimo el daño incidental que pudieran causar los ataques a la población y los bienes de carácter civil;
    • dar aviso con la debida antelación y por medios eficaces (por ejemplo, por altavoces, por la radio, por teléfono cuando sea posible, mediante señales fáciles de entender y distribución de folletos cuando corresponda, etc.) de los ataques planificados contra objetivos militares que puedan afectar a la población civil, salvo que las circunstancias lo impidan;
    • tomar todas las precauciones factibles para cancelar o suspender un ataque si se advierte que el objetivo no es militar o si es de prever que el ataque sea desproporcionado (porque el daño incidental a la población y los bienes de carácter civil será más grave o la ventaja militar será menor de lo que se había previsto).

    Precauciones contra los efectos de los ataques:

    El DIH también exige que las partes en el conflicto tomen todas las precauciones factibles para proteger de los peligros de las operaciones militares a la población civil y los bienes de carácter civil que estén bajo su control. En particular, en la medida de lo posible, deben hacer lo siguiente:

    • evitar situar objetivos militares en el interior o en las proximidades de zonas densamente pobladas;
    • alejar de los objetivos militares a la población civil y los bienes de carácter civil que se encuentren bajo su control;
    • tomar todas las demás medidas de precaución que sea necesario (por ejemplo, construir refugios, establecer sistemas de alerta y procedimientos de evacuación, etc.).
  • El derecho de la guerra prohíbe los ataques directos contra hospitales y personal de salud, que gozan de protección especial en virtud del DIH por la función vital que tienen para los heridos y los enfermos. Eso significa que las partes en un conflicto no pueden atacarlos ni poner ninguna traba a sus actividades sanitarias. Además de abstenerse de atacar hospitales, las partes en el conflicto deben hacer todo lo posible para protegerlos y facilitar su trabajo.

    Ahora bien, los hospitales pueden perder esa protección si se los usa al margen de su función humanitaria: por ejemplo, para lanzar un ataque, como depósito de armas o para esconder a soldados o combatientes sanos. Y aun en ese caso, pesan ciertas condiciones sobre un eventual ataque.

    De todos modos, las partes deben hacer todo lo posible para verificar que el hospital en cuestión haya perdido su condición de bien protegido, lo que implica hacer una evaluación fáctica antes del ataque sobre la base de información fehacientemente establecida.

    Ante la duda, no se puede atacar. Los hospitales solo pierden su protección en ciertas circunstancias.

    Antes de que una parte pueda responder atacando, deben dar aviso de buena fe, con un plazo razonable, para que quienes estén haciendo un uso indebido del hospital cesen en él y/o para permitir la evacuación segura de los pacientes y el personal de salud. Además, todo ataque debe regirse siempre por los principios de proporcionalidad y precaución, es decir que las partes deben hacer todo lo posible para evitar causar daños a los pacientes y el personal.

  • Las obras de infraestructura civil que son vitales para la prestación de servicios esenciales a la población civil son, en principio, bienes de carácter civil, y están alcanzadas por todas las normas del DIH que protegen a la población civil y a los bienes de carácter civil contra los efectos de las hostilidades. En particular, eso incluye las prohibiciones contra ataques indiscriminados y desproporcionados, así como las precauciones en el ataque y contra los efectos de los ataques.

    Los servicios esenciales para la población civil y otras personas protegidas durante conflictos armados están interconectados y son interdependientes, es decir que los trastornos que sufra uno de ellos pueden, por medio de un efecto dominó, provocar interrupciones en varios servicios o incluso paralizarlos por completo. Por ejemplo, se necesita electricidad para el suministro de agua y el saneamiento, la gestión de residuos sólidos y el mantenimiento de la cadena de frío. A su vez, los hospitales y los servicios de producción y distribución de alimentos dependen del suministro de agua potable, saneamiento y electricidad.

    Los ataques de los que se prevé que provoquen daños en infraestructura esencial tienen altas probabilidades de afectar a una gran parte de la población civil más allá de la zona de impacto y por un período mucho más prolongado que el inmediatamente posterior al ataque. Eso repercute tanto en la proporcionalidad como en las precauciones en el ataque, ya que tiene relación causal con el ataque y es razonablemente previsible en el momento en que este se produce.

    El DIH también otorga una protección especial a ciertos tipos de infraestructura esencial —en particular, los hospitales, así como otras instalaciones y vehículos de salud, los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil, y las obras e instalaciones que contienen fuerzas peligrosas—, a los bienes culturales y al medioambiente natural. Cada régimen específico es diferente, pero todos suelen otorgar protección contra operaciones que no constituyen ataques e, incluso, cierto grado de protección en los casos en que esos bienes pudieran constituir objetivos militares.
     

  • Mujeres

    El DIH tiene por objeto prevenir y aliviar el sufrimiento humano en la guerra sin discriminación por motivo de género. Sin embargo, reconoce que, en situaciones de conflicto armado, las mujeres están expuestas a problemas específicos, como la violencia sexual y determinados riesgos para su salud, por lo que deben recibir protección especial. Por ejemplo, las reclusas deben estar en alojamientos separados de los ocupados por los hombres, para evitar situaciones de abuso sexual. Además, el DIH contiene normas específicas que protegen a las mujeres encintas y a las madres de niños pequeños.

    Deberán respetarse las necesidades específicas de las mujeres en materia de protección, salud y asistencia. Las mujeres también gozan de protección especial, en particular contra la violencia sexual.

    Además, hay ciertas normas que regulan la situación de las mujeres privadas de libertad, entre otras:

    • alojamiento separado del de los hombres detenidos;
    • derecho a la higiene personal;
    • derecho a que se respete la unidad del grupo familiar de las mujeres encintas y madres de niños pequeños.

    Además de la protección de la que goza la población civil contra los efectos de las hostilidades o de cualquier otro peligro que surja de las circunstancias generales de la guerra, el DIH otorga protección especial a los niños durante los conflictos armados: por ejemplo, en relación con el acceso a alimentos, al agua, a la atención de salud y a la educación; contra la separación familiar, y salvaguardias especiales durante las evacuaciones.

    Niños y niñas

    En las situaciones de guerra en las ciudades, los enfrentamientos tienen graves repercusiones en la salud, el desarrollo y el bienestar infantil. Por la anatomía y la fisiología de los niños y las niñas, los artefactos explosivos diseñados para herir a combatientes adultos pueden causarles heridas graves y, a menudo, letales. Además, los niños y las niñas corren el riesgo de quedar separados de sus familiares, por ejemplo, si son hospitalizados, o durante las evacuaciones, los desplazamientos y la búsqueda de refugio ante los ataques.

    Por último, la guerra urbana impide u obstaculiza la educación de los niños y las niñas, especialmente cuando las escuelas sufren ataques o daños incidentales, o cuando se las usa con fines militares. Cuando las escuelas se utilizan como refugios, la educación también puede sufrir interrupciones. El DIH confiere protección a los estudiantes, los docentes y los centros educativos durante los conflictos armados para preservar la continuidad de la educación.

    El DIH también contiene normas específicas sobre el suministro de alimentos y ropa, la atención de los niños y niñas huérfanos o separados de sus familiares, y el trato de los niños en detención.

    Medidas que deben tomar las partes en un conflicto en relación con la protección de los niños y las niñas:

    • verificar que todos los menores de 15 años no acompañados estén a cargo de algún adulto responsable;
    • facilitar la reunificación de los niños y niñas no acompañados con sus familiares;
    • hacer todo lo posible para evitar que los menores de 15 años participen en las hostilidades;
    • abstenerse de reclutarlos.
  • Como organización humanitaria imparcial, neutral e independiente cuyo principal cometido es lograr la fiel aplicación del DIH, así como proteger y asistir a las víctimas de conflictos armados, el CICR está preparado para llevar adelante la labor que le fue encomendada mediante los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, sus Protocolos adicionales y los Estatutos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. En particular, el CICR solicita que se le otorguen todas las facilidades necesarias para obtener acceso a todas las personas afectadas por hostilidades, sean residentes, desplazadas, heridas o enfermas o privadas de libertad.

  • No. El CICR no es una organización religiosa, y presta asistencia exclusivamente sobre la base de las necesidades humanitarias de una población. Como componente del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, nuestra labor humanitaria se orienta por los Principios Fundamentales, que enfatizan la neutralidad, la imparcialidad y la independencia. Nos abstenemos de tomar partido en asuntos religiosos, políticos o de cualquier otro orden. Nuestra misión se centra únicamente en aliviar el sufrimiento humano, prestar asistencia a quienes la necesiten, y defender los principios de neutralidad, imparcialidad e independencia en nuestras tareas humanitarias. Si bien algunos símbolos asociados con el Movimiento, como la cruz roja y la media luna roja, pueden tener un origen histórico relacionado con la religión, el Movimiento se define como una entidad no religiosa dedicada a la acción humanitaria y a la protección de la vida y la dignidad humanas.

Más recursos sobre el derecho internacional humanitario:

Desmentir discursos dañinos sobre nuestra labor en Líbano

Las campañas de desinformación e información errónea ponen en riesgo directo a quienes necesitan asistencia y a quienes intentan prestársela. Instamos a todos los actores de influencia a no recurrir a esas prácticas ni avalarlas, así como a fomentar un entorno de información en el que se preserve la dignidad y la seguridad de las personas, se proteja la acción humanitaria y se respete el derecho internacional humanitario.

  • Como organización independiente y neutral, no tenemos la capacidad de evitar las guerras, pero sí tenemos la función vital de prestar protección y asistencia a las personas afectadas por conflictos armados. Brindamos atención de salud, alimento, refugio y otros servicios esenciales. Además, trabajamos para proteger y promover los derechos de las personas en conflictos armados, en particular los prisioneros de guerra, la población civil y los heridos. No podemos evitar las guerras, pero sí podemos mejorar la situación de quienes las padecen.

  • Si tomara partido, el CICR perdería la confianza de los distintos bandos. Sin esa confianza, no podría seguir realizando actividades vitales y respondiendo a las necesidades de las comunidades afectadas, las personas detenidas, los familiares de personas desaparecidas y los enfermos. Nuestra neutralidad y los demás principios que nos orientan no siempre son bien comprendidos, en especial en situaciones de alta carga emocional. Sin embargo, tanto nuestra neutralidad como nuestra imparcialidad son cruciales para que podamos trabajar en cualquier contexto.

    En todos los países en los que desempeñamos nuestra labor, siempre dialogamos con todas las partes, puesto que necesitamos tener contacto con las personas con autoridad e influencia sobre las decisiones que afectan la vida de las víctimas de los conflictos armados, así como sobre nuestra posibilidad de llegar a ellas. No es nuestra función juzgar ni calificar a ninguna de las partes en un conflicto, ni participar en controversias políticas. La neutralidad se suele malinterpretar, pero es lo que nos permite establecer y mantener el diálogo con todas las partes, necesario para acceder a las comunidades afectadas.

  • De ninguna manera. Como componente del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, el CICR es una organización humanitaria neutral, que no participa en política. Nuestro interés es puramente humanitario: nos ocupamos de salvar vidas y de reducir o evitar el sufrimiento de las personas que se ven atrapadas en conflictos armados.

    Para poder funcionar en zonas de conflicto, el CICR establece confianza por medio del diálogo confidencial con todas las partes, a fin de aliviar el sufrimiento de las personas afectadas.

    Eso nos permite realizar una parte vital de nuestro trabajo: recordarles a las partes beligerantes sus obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario —algo que hacemos también públicamente— y plantear, en forma directa y franca, nuestras inquietudes en relación con la conducción de las hostilidades. El contenido de estas conversaciones es confidencial, por lo que no se da a conocer de manera pública.

    Si señaláramos públicamente a alguna de las partes o reveláramos el contenido de nuestras conversaciones confidenciales, nos expondríamos a perder la confianza de las partes, junto con la crucial posibilidad de conversar con todas ellas sobre la necesidad de proteger a la población civil durante las hostilidades. También pondríamos en riesgo nuestra capacidad de prestar asistencia vital a la población afectada.

    Algunas personas pueden considerar que no nos pronunciamos lo suficiente. Sin embargo, por nuestras décadas de experiencia, creemos que el enfoque más eficaz para nosotros es trabajar de manera discreta y constante con aquellos sobre quienes queremos ejercer influencia.

    Sabemos muy bien que los principios que nos orientan no siempre son bien comprendidos, en especial en situaciones de alta carga emocional. Sin embargo, nuestra neutralidad e imparcialidad son cruciales para que podamos trabajar en cualquier contexto. Seguimos haciendo esfuerzos por informar a las personas, entre ellas las partes en conflictos, sobre lo que puede y lo que no puede hacer el CICR en virtud de su cometido y sus principios.

Información para las personas afectadas por la escalada del conflicto armado en Líbano

  • Desde el 8 de octubre de 2023, la reanudación del conflicto armado en Gaza y su desbordamiento en Líbano han trastocado por completo la vida cotidiana en la región. Los habitantes del sur de Líbano padecen una tensión en aumento e incesantes hostilidades a uno y otro lado de la frontera. Lo que comenzó como enfrentamientos localizados se ha propagado en forma desenfrenada, y hoy la violencia llega al norte del valle de Becá, gobernación de Baalbek-Hermel, y hasta al corazón de Beirut. Según se informa, ha habido más de 1.700 personas fallecidas o heridas en todo Líbano. Además, el conflicto ha provocado desplazamientos internos considerables: más de 102.000 personas se han visto obligadas a abandonar su hogar en los últimos diez meses, lo que ha repercutido en sus medios de subsistencia, que se apoyan mayormente en actividades agrícolas y ganaderas. Gracias a su presencia constante en el país desde 1967, el CICR es la organización mejor posicionada para responder con rapidez a las necesidades humanitarias causadas por esta última ronda de hostilidades.

    Más información sobre nuestras actividades en Líbano: El CICR en el terreno | Comité Internacional de la Cruz Roja

  • Para contactarse en árabe, puede llamar al CICR al 01-727727.

    Nuestras líneas funcionan de lunes a viernes, de 08:30 a 17:00, excepto durante los feriados oficiales.

    * El CICR respeta su privacidad y está comprometido con la protección de sus datos personales.

  • Ante un bombardeo, trate de refugiarse bajo tierra o en terreno bajo. Aléjese todo lo que pueda de las ventanas.

    1. Échese al suelo, cúbrase la cabeza con los brazos y tápese los oídos.
    2. Abra la boca (para reducir el impacto de la onda expansiva en el cuerpo y evitar heridas internas).
    3. Espere a que hayan cesado las explosiones para trasladarse a un lugar más seguro.

    Si encuentra objetos metálicos extraños, como balas y proyectiles, mantenga distancia y no los toque, ya que podrían causar heridas e incluso muertes.

    Para dar aviso de municiones sin estallar, llame al centro de acción contra las minas del ejército de Líbano al 05 956 143.

  • Muchas gracias por su apoyo. Nuestros equipos están trabajando constantemente para ayudar a las personas afectadas por la violencia. Si desea apoyar al CICR, no dude en compartir con su comunidad, ya sea en persona o en forma virtual, datos fácticos sobre nuestra labor. Mostramos con transparencia tanto lo que hacemos como nuestras limitaciones. Nuestra razón de ser es proteger la vida y la dignidad  de las víctimas de los conflictos armados y de otras situaciones de violencia, así como prestarles asistencia, y su apoyo nos ayuda a lograrlo.