La represión de los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y del crimen de genocidio, independientemente de la nacionalidad de su autor y del lugar donde fueron cometidos, es fundamental para el respeto del derecho internacional y el interés de la justicia. El derecho penal y el sistema judicial de cada Estado deben permitir enjuiciar y juzgar a las personas acusadas de haber cometido esos crímenes. No obstante, todas las personas acusadas y/o que han de comparecer ante un tribunal deben beneficiarse de un conjunto de salvaguardias procesales y garantías fundamentales destinadas a garantizarles un debido proceso y protegerlas de toda privación ilícita o arbitraria de sus libertades y sus derechos humanos fundamentales.
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