Gracias, embajador.
Excelencias, distinguidos delegados y estimados colegas:
La realidad es clara: vivimos una década marcada por la guerra.
La intensificación de las operaciones militares entre Irán e Israel podría desatar una situación incontrolable, dentro y fuera de la región, con consecuencias devastadoras para la población civil de ambos lados. Por otra parte, siguen arreciando los conflictos armados en Gaza, Sudán, Ucrania y otras partes del mundo.
Hoy, el CICR contabiliza alrededor de 130 conflictos armados en el mundo, cifra superior a la de hace apenas un año y que excede con creces la de hace un cuarto de siglo.
Al mismo tiempo que se multiplican las guerras, el respeto por el derecho internacional humanitario (DIH) está en crisis, lo que pone en riesgo nuestra existencia misma.
La magnitud de la destrucción está empujando a los sistemas internacionales a una situación extrema. Las repercusiones económicas de los conflictos armados de hoy se hacen sentir mucho más allá de las líneas del frente y atentan contra el desarrollo humano.
La violencia desenfrenada y las denominadas “guerras sin límites” siembran las semillas de futuras atrocidades. En una época de alianzas que se desdibujan, defender las leyes de la guerra puede ser la mejor salvaguarda de la que disponen los Estados para velar por la seguridad de su población.
¿No fueron acaso esos mismos Estados los que formularon dichas leyes, a raíz de su experiencia en dos guerras mundiales que causaron una devastación inconcebible?
Y, sin embargo, a pesar de las décadas de consenso y avances en materia de tratados humanitarios para minimizar el sufrimiento en la guerra, los propios cimientos del DIH vuelven a ser atacados.
Ya no es necesario presionar el gatillo para ser cómplices de posibles crímenes de guerra. Todos los Estados tienen un interés —y una responsabilidad— en revertir la peligrosísima tendencia de quitar peso al marco normativo que protege nuestra dignidad humana.
Para lograrlo, hay cuatro acciones urgentes que deben orientar nuestros esfuerzos colectivos:
En primer lugar, es posible librar guerras respetando sus leyes.
Evitar las violaciones del DIH es una obligación jurídica y también moral. Por sobre todas las cosas, es una responsabilidad política de los Gobiernos y los líderes de los Estados.
Proteger los hospitales, las viviendas, las escuelas y los servicios esenciales es la base del DIH, y debe priorizarse en toda estrategia diplomática y militar.
En segundo lugar, debemos preservar el objetivo humanitario del DIH.
En tiempos de nuevas tecnologías y conflictos de naturaleza cambiante, debemos permanecer atentos y tomar medidas eficaces para evitar volvernos tolerantes al sufrimiento humano y la destrucción.
Las leyes de la guerra no se pueden interpretar de manera flexible, según de qué lado esté cada cual o de qué tipo de conflicto se trate
En tercer lugar, debemos reconocer que el respeto del DIH es esencial para alcanzar la paz.
No habrá victoria en las guerras que presenciamos hoy. En todo conflicto armado, tiene que haber un plan para restablecer la paz tarde o temprano. El respeto del DIH puede contribuir a la mediación y a la reconciliación.
El camino a la paz puede comenzar en una celda. Permitir que el CICR visite a los detenidos de todos los bandos previene desapariciones y mantiene vínculos familiares vitales que preservan la esperanza y la dignidad.
Por último, debemos garantizar que la asistencia humanitaria llegue a quienes la necesitan. Mientras la asistencia se manipula y militariza de maneras aberrantes, cada vez más, los trabajadores humanitarios son objeto de ataques y pierden la vida mientras llevan adelante su vital labor.
No podemos tolerarlo.
Pero hay esperanza.
El pasado mes de septiembre, el CICR, junto con Brasil, China, Francia, Jordania, Kazajistán y Sudáfrica, lanzó una iniciativa mundial para impulsar el compromiso político con el DIH.
Desde entonces, más de 75 Estados se han sumado a esta iniciativa, un potente testimonio de la vigencia imperecedera del DIH y una clara señal de que el mundo no está dispuesto a renunciar a su humanidad frente a la guerra.
De esos Estados, 24 están trabajando con nuestros equipos jurídicos para conducir siete líneas de trabajo en las que se formularán recomendaciones prácticas para mejorar el respeto del DIH: por ejemplo, establecer buenas prácticas para prevenir violaciones, fomentar el funcionamiento de comisiones nacionales de DIH y analizar de qué maneras ese marco jurídico puede eliminar obstáculos para la paz. Esos 24 Estados también están avanzando en construir consensos sobre la protección de la infraestructura civil —en particular, de los hospitales—, las tecnologías de la información y la comunicación, y la guerra naval.
En las últimas semanas, más de 130 Estados participaron en consultas en torno a estos temas. En estos momentos, los 24 Estados que copresiden las actividades están trabajando codo a codo con nuestros equipos jurídicos para resumir estas recomendaciones.
Esos Estados propondrán un plan para seguir analizando algunas de las ideas planteadas por los países y otras partes interesadas durante las actividades realizadas en septiembre en Nueva York y en Ginebra, con el objetivo de arribar a medidas prácticas y, sobre todo, soberanas, que ayuden a fortalecer el respeto por las leyes de la guerra para fines de 2026.
Quiero agradecer a los seis Estados fundadores de la iniciativa, a los copresidentes de la línea de trabajo y a todos aquellos que nos ayudan a impulsar esta tarea. También me da ánimos el llamado a la acción formulado con anterioridad a esta reunión, que hace fuerte hincapié en la importancia de respetar y promover el DIH.
Todos los aquí presentes —y muchos más— desempeñan una función crucial.
Ya lo he dicho y lo reitero una vez más, con más urgencia todavía: hoy, la humanidad está fracasando a la vista de todos.
Necesitamos que los dirigentes políticos corten de plano esta peligrosa tendencia.
Muchas gracias.
