Actuemos ahora para salvar vidas y evitar la desaparición de migrantes

En vistas al Foro Mundial de Examen de la Migración 2022, llamamos a los Estados a realizar compromisos concretos para actuar, movilizar esfuerzos, salvar vidas y prevenir que los migrantes terminen en paradero desconocido.

Miles de migrantes desaparecen o pierden la vida cada año en las rutas migratorias. En 2018, los Estados miembros de las Naciones Unidas se comprometieron a "salvar vidas y emprender iniciativas internacionales coordinadas sobre los migrantes desaparecidos" mediante la adopción del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular. Cuatro años más tarde, en los que se han documentado más de 15.000 muertes, es imperativo no postergar más los esfuerzos para dar una respuesta contundente a esta tragedia humana.

En calidad de jefes de las entidades del Comité Ejecutivo de la Red de las Naciones Unidas sobre la Migración —a saber, el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y la Comisión Internacional sobre Personas Desaparecidas—, hacemos un llamamiento a los Estados para que asuman urgentemente la responsabilidad colectiva de salvar vidas y evitar que los migrantes terminen en paradero desconocido o pierdan la vida en las rutas migratorias, y también para que busquen e identifiquen a los desaparecidos y ayuden a sus familias.

Ello guarda consonancia con las disposiciones del Pacto Mundial para la Migración, en particular los objetivos 8 (salvar vidas), 5 (vías de migración regular), 7 (reducir las vulnerabilidades en la migración) y 23 (fortalecer la cooperación internacional) y con las obligaciones pertinentes del derecho internacional.

Un gran número de personas aspiran a migrar para lograr la reagrupación familiar, un trabajo decente, una vida digna y mejores oportunidades o se ven obligadas a marcharse debido a desastres naturales y situaciones precarias. Sin embargo, en un contexto en el que las políticas migratorias son cada vez más restrictivas y las vías de migración segura y regular siguen estando fuera del alcance de muchos, incluso durante la pandemia de COVID-19, no les queda más opción que la migración irregular por rutas más peligrosas, y a menudo se ven obligadas a recurrir a traficantes para poder migrar.

Las consecuencias son obvias: desde el mar Mediterráneo, el océano Atlántico y el mar de Andamán, hasta el desierto del Sáhara, y a lo largo de los corredores migratorios de América, la muerte y la desaparición de migrantes es constante.

En los últimos ocho años, más de 47.000 personas han perdido la vida en estas y otras rutas de todo el mundo. Es más, un número aún superior de muertes no se registra. Y esta cifra no incluye a los miles de migrantes que desaparecen cada año por no poder establecer contacto con sus familias —al caer víctimas de desapariciones forzadas, ser detenidos o quedarse varados, al esconderse por miedo a ser detenidos o deportados, al ser menores no acompañados y separados de sus familias o al quedar gravemente heridos.

Cuando los migrantes desaparecen en las rutas migratorias, sus familias suelen afrontar consecuencias socioeconómicas, psicológicas, administrativas y jurídicas devastadoras. La desaparición de un familiar no solo es motivo de angustia, sino que también puede repercutir en el acceso a la propiedad, la herencia, la patria potestad o la asistencia social.

En este contexto, todos los países —tanto de origen, como de tránsito y de destino— tienen la responsabilidad de dar respuesta a estas dinámicas, algo que requiere esfuerzos multipartitos, y la participación de interlocutores locales y nacionales; para ello, sigue siendo fundamental escuchar las voces de los migrantes y mantener el contacto con las familias afectadas.

También consideramos alarmante la creciente tendencia a criminalizar u obstruir los esfuerzos para proporcionar asistencia humanitaria vital, incluidas las iniciativas de búsqueda y rescate y la atención médica a los migrantes necesitados, lo que es contrario al compromiso consignado en el Objetivo 8 del Pacto Mundial para la Migración.

Por ello, instamos a los Estados a respetar las obligaciones contraídas en virtud del derecho internacional, incluido el derecho de los derechos humanos, defendiendo el derecho a la vida y el derecho a la salud de todas las personas —independientemente de su nacionalidad, origen étnico o social, género, situación migratoria, y otros aspectos—, así como el derecho a la vida familiar, el interés superior del niño y la prohibición absoluta de la desaparición forzosa o la detención arbitraria, entre otros.

Antes de que se celebre el primer Foro de Examen de la Migración Internacional, que tendrá lugar del 17 al 20 de mayo de 2022, y cuya finalidad es examinar los progresos realizados en la aplicación del Pacto Mundial para la Migración, instamos asimismo a los Estados a:

Prevenir la muerte y la desaparición de migrantes mediante:

• La concesión de prioridad a las operaciones de búsqueda y rescate, y la colaboración en las mismas, para prestar asistencia a los migrantes, independientemente de su situación migratoria, incluido mediante el establecimiento de mecanismos de desembarco claros y predecibles que garanticen la puesta a salvo en un lugar seguro de todos los supervivientes y la facilitación de una atención y una acogida adecuadas y no privativas de libertad a todos los menores;
• La prestación de apoyo a las organizaciones humanitarias y las tripulaciones de los buques mercantes, cuando proceda, en sus esfuerzos para prestar asistencia vital, atención sanitaria y protección a los migrantes en tierra y en el mar; y la no criminalización, obstrucción o disuasión por cualquier otro medio de los empeños de quienes prestan dicha asistencia;
• La evaluación periódica de la incidencia de las leyes, las políticas y las prácticas relacionadas con la migración, y su consiguiente revisión, de ser necesaria, para garantizar que se ajusten a las obligaciones jurídicas internacionales y no creen o exacerben el riesgo de muerte o desaparición de migrantes;
• La facilitación de los esfuerzos de los migrantes y sus familias para establecer, restablecer o mantener el contacto a lo largo de las rutas migratorias y en los lugares de destino;
• El fomento y el refuerzo de las oportunidades para la migración segura y regular de manera que se respete el derecho a la vida familiar y se responda a las necesidades de los migrantes en situación de vulnerabilidad, así como de las prácticas de admisión y estancia basadas en consideraciones compasivas, humanitarias o de otra índole para los migrantes que se hayan visto obligados a abandonar sus países de origen.

Buscar e identificar a los fallecidos o desaparecidos a través de:

• El establecimiento de mecanismos transnacionales que permitan el intercambio de información y la concertación de esfuerzos entre los países de origen, tránsito y destino para buscar e identificar a las personas fallecidas o en paradero desconocido, en cooperación con las partes interesadas, incluidas las familias de los desaparecidos, respetando el derecho a la seguridad, la privacidad y las normas de protección de datos;
• La recopilación y la divulgación periódicas de los datos sobre las muertes de migrantes y los migrantes desaparecidos, de acuerdo con el derecho a la privacidad y la protección de datos.

Proporcionar apoyo y reparación a las familias de los fallecidos o desaparecidos mediante:

• La provisión de mecanismos para que las familias puedan registrar los casos de personas desaparecidas y obtener información sobre las labores de búsqueda, respetando el derecho a la privacidad y protegiendo los datos personales;
• La garantía de que las familias de los migrantes desaparecidos en los países de origen, tránsito y destino puedan ejercer sus derechos y acceder a los servicios y otras ayudas para satisfacer sus necesidades específicas;
• La garantía del acceso a la justicia, la rendición de cuentas y la reparación para los migrantes y sus familias mediante la realización de investigaciones independientes, imparciales y exhaustivas de todas las denuncias de casos en los que la vida o la seguridad de los migrantes se haya visto amenazada durante la travesía y en los que estos hayan sido objeto de violaciones de los derechos, perpetradas tanto por interlocutores estatales como no estatales, incluido como resultado de formas graves de tráfico de migrantes y trata de personas;
• La instauración de procedimientos para la recuperación, la identificación, el traslado y el entierro en condiciones dignas de los restos de los migrantes fallecidos, y la notificación y la asistencia adecuadas a las familias a este respecto.

Si bien aún queda mucho por hacer, existe un conjunto creciente de prácticas, conocimientos y directrices que pueden servir de base para los esfuerzos coordinados encaminados a materializar los compromisos contraídos en virtud del derecho internacional y de los Objetivos del Pacto Mundial para la Migración. Los organismos internacionales, regionales y subregionales pueden desempeñar un papel fundamental para facilitar estos esfuerzos, en colaboración con los interlocutores y las comunidades locales.

En este periodo que precede la celebración del Foro de Examen de la Migración Internacional, instamos a los Estados a que asuman compromisos y promesas de acción concretos a fin de movilizar los esfuerzos para salvar vidas y evitar la desaparición de migrantes.

Nuestras organizaciones están dispuestas a apoyar a los Estados en la aplicación de estos compromisos para garantizar que los principios humanitarios y los derechos humanos de los migrantes y sus familias sigan ocupando un lugar central en todas las iniciativas.

António Vitorino, Director General de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y Coordinador de la Red de las Naciones Unidas sobre la Migración
Guy Ryder, Director General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos(ACNUDH)
Liu Zhenmin, Secretario General Adjunto para Asuntos Económicos y Sociales(DAES)
Achim Steiner, Administrador del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
Filippo Grandi, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)
Catherine M. Russell, Directora Ejecutiva del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)
Ghada Fathi Waly, Directora Ejecutiva de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)
Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la Organización Mundial de la Salud (OMS)
Peter Maurer, Presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR)
Francesco Rocca, Presidente de la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR)
Kathryne Bomberger, Directora General de la Comisión Internacional sobre Personas Desaparecidas (CIPD)

Para más información y solicitudes de medios de comunicación:

Marie-Servane Desjonquères, CICR Ginebra
mdesjonqueres@icrc.org