Combatiendo al coronavirus en las prisiones de Honduras
En más de un año de pandemia Honduras ha logrado contener la expansión del coronavirus SARS CoV2 dentro de los centros de detención, a la vez que empezó con la vacunación de personas privadas de libertad.
En el marco del Día Internacional de Nelson Mandela, celebrado el 18 de julio, recordamos que garantizar el acceso a la salud de los detenidos, además de responder a la obligación que tienen los estados en la materia, ayuda a evitar que el virus causante de la COVID-19 se propague, protegiendo así a todas las personas que están a su alrededor y contribuyendo a romper con la cadena de contagios.
A la fecha, cerca de 3,000 privados de libertad se han contagiado y recuperado de la COVID-19 a nivel nacional, según el Instituto Nacional Penitenciario (INP). Los números de contagio son bajos en comparación con la población total privada de la libertad que asciende a más de 21.000 personas. En paralelo, más de 12,300 personas privadas de libertad y personal administrativo, operativo y de salud han sido vacunadas: casi la totalidad de las mujeres privadas de libertad de la penitenciaria nacional femenil recibieron ya su primera dosis de la vacuna.
Las personas privadas de libertad están particularmente expuestas al contagio al habitar lugares sobrepoblados, que les impiden aplicar medidas de distanciamiento físico y que no siempre cuentan con suficiente ventilación. También tienen un acceso limitado a equipos de protección personal, agua y productos de higiene y desinfección. La situación empeora cuando la atención en salud o la referencia a hospitales es limitada.
Por eso contener los contagios en los centros de detención y garantizar el acceso a servicios de salud es una urgencia humanitaria.
Detrás de las cifras en Honduras están los esfuerzos de muchas personas, el personal de salud, instituciones y autoridades por tratar de controlar la expansión del virus entre la población penitenciaria. Un esfuerzo en que el Comité Internacional de la Cruz Roja ha acompañado.
"En un doble confinamiento"
Una de estas personas es Alexander Rivera (39) quien vivió de primera mano la lucha contra la COVID-19 dentro del Centro Penitenciario Nacional de Támara, el mayor del país, conocido como "Támara" por la localidad vecina donde se ubica.
Gracias a sus estudios en enfermería durante su segundo año de reclusión en el desaparecido penal de la ciudad de San Pedro Sula, fue parte de los esfuerzos del personal de salud, las instituciones y las autoridades para controlar la expansión del virus entre la población penitenciaria.
"Los últimos meses dentro de la penitenciaría fueron un vaivén", recuerda Alexander quien vio llegar esta enfermedad al centro penal un sábado de junio de 2020.
El primer día ingresaron 20 personas, al día siguiente un grupo de cinco. Los ingresos fueron multiplicándose tanto que llegó a supervisar y cuidar a 78 privados de libertad dentro de la iglesia, llamada por las autoridades RAC (régimen de aislamiento en cuarentena).
Los días de Álex, como le conocían el resto de los privados de libertad, transcurrían entre tomar la temperatura, la presión y los niveles de oxígeno, así como distribuir los medicamentos designados por el personal médico para tratar a los detenidos aislados.
Estar privado de libertad y en aislamiento no fue fácil: "era como sentirse en un doble confinamiento. Hubo días buenos y días malos". Uno de los momentos más duros fue cuando un hombre de 64 años bajo su cuidado falleció debido a la COVID-19. "Cuando se murió me sentí muy mal. Él estuvo en aislamiento y yo siempre estuve pendiente. Le daba comida en la boca porque no se podía mover y para mí fue duro ver cuando se murió", lamenta.
Su madre fue su inspiración. Ella es enfermera y trabajó en una clínica privada durante muchos años. Sus primeras experiencias como voluntario de salud formado fueron durante una epidemia del cólera, en el extinto centro penal de San Pedro Sula. Un brote de agua sucia y el deficiente sistema hídrico de la prisión provocaron el surgimiento de la enfermedad. "Pero aquella epidemia de cólera no se compara para nada con la situación de la COVID-19 en Támara. Aquí murieron varias personas en mis manos", lamenta.
Por eso, ver a sus compañeros de la tercera edad levantar los brazos y sentir el Sol luego de una larga batalla contra este nuevo virus es una imagen que Álex llevará consigo por siempre. "Haber vivido la pandemia de la COVID-19 dentro de Támara fue una experiencia que Dios me regaló".
Álex cumplió una condena de 9 años y hoy se encuentra en libertad. Ahora trabaja para Cozumel, una de las organizaciones que apoyó con su rehabilitación y reinserción mientras estuvo detenido en Támara. Esta institución ha sido de gran apoyo para el manejo de la pandemia en el centro penitenciario. Se enfoca en personas privadas de libertad con mayor situación de vulnerabilidad a través de donaciones de medicamentos, sillas de rueda, muletas, equipos de bioseguridad, entre otros.
Sacrificios y respuesta humanitaria
La contención de la pandemia implicó retos y sacrificios para la población interna, en particular la suspensión de visitas familiares a partir del primer caso de contagio por COVID-19 registrado en los centros penales del país en marzo del 2020. Álex enfatiza en la importancia de no perder el contacto con las familias: "El recibir visitas ayuda mucho, uno siente alegría, emoción y eso ayuda a sobrellevar esta pandemia".
El contacto con los familiares permite a las personas detenidas contar con un soporte emocional y psicológico. El CICR apoya a las autoridades penitenciarias para que esa comunicación pueda darse y las alienta a reactivar las visitas de manera inclusiva y segura.
Marylin Hernández, médica de salud en detención del CICR, señala que la organización acompaña también a las autoridades para mantener la vigilancia de la salud en los centros penitenciarios pese a los múltiples retos que esto implica.
El CICR formó parte del comité técnico de la Secretaría de Salud y brindó apoyo a médicos penitenciarios para la elaboración de protocolos para centros penales, así como en la implementación de lineamientos para prevención y control de la COVID-19 entre la población privada de libertad.
"El trabajo en conjunto con la Secretaría de Salud, el Instituto Nacional Penitenciario y otras organizaciones ha sido fundamental para vencer este virus y garantizar el derecho a la salud de las personas privadas de libertad en Honduras", enfatiza la doctora Hernández.
Como parte de la respuesta humanitaria a la población privada de libertad, el CICR donó equipo de protección personal e insumos para fortalecer las medidas de bioseguridad a cada unidad médica de salud en los distintos centros penales del país. También acompaña los esfuerzos hechos durante las jornadas de inoculación para población recluida en los centros penitenciarios hondureños.
El apoyo e involucramiento de diversos actores a las autoridades penitenciarias y de salud, así como la pronta implementación de protocolos sanitarios y de control, aunque no evitaron que la COVID-19 ingresara a los centros penales, sin duda contribuyeron a reducir su impacto y a evitar el peor escenario posible para la población penitenciaria. Pero, ante todo, la participación y cooperación de los mismos detenidos, entre ellos Álex, ha sido fundamental para afrontar esta enfermedad.
"Estando privado de libertad encontré mi vocación para la vida", concluye con orgullo el enfermero.