En el Perú, el hacinamiento en las cárceles llega al 131%. Esta situación genera condiciones inhumanas e indignas de alojamiento, higiene y alimentación. Los detenidos tienen poco espacio para el descanso, pasan pocas horas al aire libre, tienen escasa ventilación y acceso a luz natural o agua potable. También tienen acceso limitado a la atención en salud, al trabajo y la educación. Enfermedades como la TBC y VIH se propagan por falta de prevención y entornos poco salubres, impactando a la población interna así como a sus familiares.
Las cárceles necesitan más recursos financieros, mejores condiciones de vida y habitabilidad y más personal adecuadamente preparado. Hoy, el Estado peruano ha declarado en estado de emergencia al sistema penitenciario y dicta medidas para su reestructuración. Entre ellas se estipula una nueva aplicación de beneficios penitenciarios y la conversión de pena privativa de libertad por pena alternativa ( limitativa de derechos o servicios comunitarios).