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El reto de mejorar los servicios de salud mental para víctimas de violencia en América Latina

Para cerrar la brecha de la desigualdad y atender a las víctimas se requiere presupuesto y voluntad política en un esfuerzo coordinado y sostenible.

Artículo originalmente publicado en El País.

Fue la peor sorpresa de Navidad. Un grupo armado se llevó a Wilmer en la Nochebuena de 2010. Tenía 15 años y su madre nunca lo volvió a ver. Desde entonces, sus días se llenaron de angustia. "Es muy doloroso, son tiempos de espera, tiempos de estrés, de desesperación, de sufrimiento. Todo se acaba, todo se daña, todo se pierde", nos dice ella, admitiendo no saber qué sentimientos compartir o no con amistades y familia. "Lo que uno se calla a veces lo afecta personalmente y emocionalmente", añade.

La situación que describe es un desafío dramático para su salud mental. Pero no está sola, y no se rinde. Se llama Margarita y vive en el sur de Colombia, pero su historia podría ser la de muchas otras mujeres en América Latina. Historias diferentes y, a la vez, muy similares, que dejan cicatrices emocionales dolorosamente duraderas.

A nivel mundial, alrededor de 66 millones de personas viven bajo el control de grupos armados. En ciudades como Puerto Príncipe, por ejemplo, se habla ya de 150 grupos que operan solo en el área metropolitana. Inevitablemente, las consecuencias de esta violencia, vinculada tanto a conflictos como a crimen organizado, inciden en el bienestar anímico de comunidades enteras.

La probabilidad de que quienes viven en zonas afectadas por conflictos o violencia armada sufran dificultades en cuanto a la salud mental, desde depresión y ansiedad hasta trastorno por estrés postraumático, triplica la de la población general. Son heridas ocultas que perduran en el tiempo, afectan a individuos, generaciones y sociedades enteras, y a menudo quedan desatendidas porque se decide hacer frente a problemas aparentemente más graves. Sin embargo, el costo de ignorar el impacto de la violencia en la salud mental es de una magnitud abrumadora.

Lo he podido comprobar en primera persona en todas y cada una de las zonas afectadas por violencia y conflictos que he visitado en los últimos años como directora regional del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para América. A pesar de que el trauma psicológico puede ser menos visible que el físico, sus efectos no son menos destructivos, especialmente cuando se prolongan en el tiempo.

Por ello, la apuesta institucional por la salud mental debe necesariamente poder medirse a través de la implementación de políticas públicas en zonas de difícil acceso, con servicios escasos y población altamente vulnerable. La alarmante falta de profesionales en zonas afectadas por violencia y conflictos armados es un flagelo para nuestros países y sus habitantes más vulnerables, una y otra vez victimizados y estigmatizados cuando tratan de acceder a un apoyo que debería ser un derecho.

Cada vez más, instituciones de todo el mundo reconocen, de manera explícita, la importancia de atender las necesidades de salud mental en zonas afectadas por la violencia. La quinta Cumbre Mundial de Salud Mental, celebrada en estos días en Buenos Aires, Argentina, es una muestra del interés de la región por atender y enfrentar esta situación.

Sin embargo, y a pesar de que el progreso es significativo y esperanzador, aún tenemos un largo camino por delante. Más allá de palabras, se necesitan medidas concretas que, en algunos casos, pueden llegar a salvar vidas.

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) trabaja cada día para acceder a estas zonas y ofrecer apoyo a las comunidades más afectadas por la violencia. En 2022, implementamos 64 programas de salud mental y apoyo psicosocial en América Latina, que beneficiaron a más de 13.000 personas. Somos conscientes, sin embargo, de que el reto que enfrentamos no será solucionado por una única organización o iniciativa.

Para cerrar la brecha de la desigualdad en el acceso de las víctimas de la violencia a la atención en salud mental, se requiere presupuesto y voluntad política a todos los niveles, en un esfuerzo coordinado y sostenible. Los hombres, las mujeres y los niños afectados por la violencia armada en América Latina y el mundo entero merecen una acción firme y decidida de nuestra parte, que tenga un impacto real donde más se necesita.

Sophie Orr es directora regional del Comité Internacional de Cruz Roja (CICR) para América.