Uso de la fuerza en escenarios de conflicto armado y de violencia

Diferencias de la aplicación entre el DIH y el DIDH.

20 junio 2018
Uso de la fuerza en escenarios de conflicto armado y de violencia

Cada situación en la que puedan identificarse hechos de violencia debe ser analizada con detenimiento para saber cuál es el marco normativo aplicable. Varían los intervinientes, el territorio, las condiciones sociales y la autoridad competente, entre otros factores que determinan si estamos frente a una situación de conflicto armado o una situación relacionada con el mantenimiento regular del orden público.

Colombia comparte ambos escenarios. Por un lado, el uso de la fuerza dentro del conflicto armado regulado por el derecho internacional humanitario (DIH) y, por otro, el uso de la fuerza en situaciones que no se relacionan con este (como disturbios internos, motines, protestas y otras situaciones de violencia), que requieren intervención de las autoridades y se encuentran cubiertas por el derecho interno colombiano y el derecho internacional de los derechos humanos (DIDH).

En este último panorama están incluidos el Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y los Principios Básicos sobre el empleo de la fuerza y de las armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley*.

En un escenario de aplicación del DIH las partes en conflicto tienen como objetivo debilitar a las fuerzas militares del enemigo y, para ello, usan la fuerza letal contra objetivos militares como primer recurso, en concordancia con los métodos y medios autorizados por las normas del DIH. En cambio, frente a la necesidad de mantener o restablecer el orden público, el uso de la fuerza letal puede emplearse única y exclusivamente como último recurso.

El uso de la fuerza en el fondo del conflicto armado puede emplearse de manera abierta siempre y cuando no contravenga la normatividad internacional. Por otro lado, para el uso de la fuerza en otras situaciones de violencia se espera cierto nivel de protección de las autoridades y, por ende, se limita su ejercicio a lo estrictamente necesario.

Uno de los criterios definitivos para determinar la aplicabilidad de la fuerza es identificar la persona o el grupo de personas contra quien se requiere usar. En otras palabras, cuando se identifica que se trata de partes del conflicto o personas que participan directamente de las hostilidades podemos aplicar la normatividad del DIH.

En cambio, cuando se trata de población civil generando disturbios, la aplicación de la fuerza cambia y se deben proteger sus derechos aplicando el mínimo nivel de fuerza.

Necesidad y proporcionalidad

Tanto el DIH como el DIDH comparten principios similares, como es el caso de la necesidad y proporcionalidad.

Por ejemplo, el principio de necesidad militar en conflictos armados está relacionado con que toda actividad de combate debe justificarse y, por lo tanto, están prohibidas las acciones que no sean necesarias. Es posible realizar un ataque directo mientras este represente una ventaja militar directa, prevista y concreta.

Por el contrario, en situaciones de mantenimiento y restablecimiento del orden público, el principio de necesidad se entiende como la utilización de los medios no violentos antes de hacer uso directo de la fuerza y de las armas de fuego. Estos mecanismos solo podrán ser utilizados cuando las primeras medidas resulten ineficaces o no garanticen el logro del resultado previsto.

Entretanto, el principio de proporcionalidad en el marco del DIH equilibra la ventaja militar que se quiere lograr con un ataque a los daños que este ataque puede ocasionar contra la población civil. En una situación de mantenimiento o restablecimiento del orden público, este principio demanda nivelar el riesgo o daño que puede causar una persona a terceros, frente a la manera de neutralizarlo.

En caso de una situación de disturbio interno en el que un grupo de personas ataca con palos, piedras y otros objetos se deben equilibrar los medios como técnicas duras de intervención física, o con la utilización de armas intermedias (como el PR-24 o bastón policial, agentes lacrimógenos). Si se realiza un ataque directo con armas letales en este tipo de situaciones podría romperse el principio de proporcionalidad.

En conclusión, cada escenario es diferente y la aplicación de la fuerza en situaciones de conflicto armado y en situaciones de violencia que no califican como conflicto puede conllevar consecuencias jurídicas y humanitarias de gran magnitud.
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* Pese a que el Código de Conducta y los Principios no son instrumentos jurídicamente vinculantes, forman parte de lo que se conoce como derecho indicativo o soft law.

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