Ataques contra los servicios de salud: diez años después de la resolución 2286
Cada vez que Ashraf Al-Khatib, paramédico de la Media Luna Roja Palestina, sale a trabajar, su familia se despide de él como si no fuera a verlo más. “Cada vez que volvemos a casa, nuestros familiares nos reciben como si hubiéramos regresado de la muerte”, sostiene.
Esa frase, silenciosamente devastadora, formulada sin énfasis, capta algo que ningún documento normativo logra expresar de manera cabal. En todas las zonas de conflicto armado en el mundo, el personal de salud hace ese mismo cálculo a diario: el peligro es real y, aun así, acude a trabajar.
El 3 de mayo de 2016, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó la resolución 2286, en la que se condenan los ataques perpetrados contra instalaciones, personal y medios de transporte médicos en los conflictos armados. Reafirmó lo que el derecho internacional humanitario ya establece con claridad: los hospitales, los pacientes, el personal médico y las ambulancias nunca deben ser objeto de ataques. Una década después, ese principio continúa siendo vulnerado, y las consecuencias son devastadoras.
Prestar asistencia no debería tener que ser un acto de valentía
Ashraf ha reflexionado profundamente sobre el miedo: qué implica, qué le cuesta y qué le demanda
“Las probabilidades de regresar a casa y las de no hacerlo son iguales”, afirma. “Cada vez que salimos a trabajar, nos despedimos de nuestra familia”.
Aunque el peso de esa realidad es evidente, él se niega a que prevalezca. “Sentir miedo no es una debilidad. Todo el mundo siente miedo. La valentía consiste en superarlo y dominarlo. Nuestra valentía reside en no dejar que el miedo nos domine”.
Ashraf Al-Khatib, paramédico de la Media Luna Roja Palestina.
Se trata de una realidad que la resolución 2286 pretendía abordar y que persiste una década más tarde. Diez años después, las instalaciones de salud continúan siendo dañadas o destruidas. Diez años después, el personal médico sufre amenazas, heridas y muertes. Diez años después, se bloquean o atacan las ambulancias y se impide a los pacientes acceder a la atención de salud.
Los costos no se limitan a lo inmediato. Cuando la inseguridad en torno a la atención de salud se vuelve sistemática, los servicios esenciales colapsan no solo para quienes se ven afectados por un incidente concreto, sino para comunidades enteras.
Se trata de una realidad que la resolución 2286 pretendía abordar y que persiste una década más tarde. Diez años después, las instalaciones de salud continúan siendo dañadas o destruidas. Diez años después, el personal médico sufre amenazas, heridas y mue
El Dr. Mohammed Shaaban es médico del CICR y trabaja en un hospital de campaña de la Cruz Roja. Presenció el colapso desde dentro.
“Perdimos a un compañero paramédico mientras trasladábamos a un paciente de un hospital a otro”, cuenta. “Recibió una bala perdida”. Hace una pausa para reflexionar sobre lo que conlleva esa pérdida más allá del dolor que provoca.
“La imposibilidad de que el personal médico o de emergencias salga a rescatar a las personas heridas y enfermas presagia una verdadera catástrofe, además del peligro al que se enfrenta el propio personal paramédico”.
Dr. Mohammed Shaaban, médico del CICR en un hospital de campaña de la Cruz Roja.
Detrás de cada estadística hay una persona. Un paciente al que no podemos llegar, una familia desatendida, una comunidad aislada de servicios que ya estaban al límite.
En Colombia, Danilo Torrado coordina misiones médicas en Norte de Santander, atravesando puestos de control y cortes de ruta, y evaluando constantemente dónde es o no seguro enviar personal.
“Nos despedimos de nuestra familia sin saber en qué medida nos afectará el conflicto”, dice.
“Confiamos en que las partes en conflicto no atenten contra nosotros y respeten el derecho internacional humanitario; aun así, la incertidumbre persiste”.
Danilo Torrado coordina misiones médicas en Norte de Santander, Colombia.
Esa incertidumbre conlleva un costo humano directo. Cuando el personal no puede trasladarse de manera segura hasta las zonas rurales remotas, los niños no reciben sus vacunas. No se presta atención prenatal. Las enfermedades que pueden tratarse no reciben tratamiento.
Zuheir Ramiyeh, un paramédico de la Media Luna Roja Palestina en Ramala, Cisjordania, lo vivió en carne propia durante una llamada de emergencia a una aldea palestina para asistir a una mujer en trabajo de parto. Su ambulancia quedó retenida en un puesto de control durante casi una hora. “La única forma de resolver la situación fue hacer que la paciente y su acompañante caminaran hasta el puesto de control”, recuerda. “Los tiempos de respuesta se han prolongado debido a la guerra, lo cual afecta la vida de quienes necesitan asistencia médica”.
Zuheir Ramiyeh, paramédico de la Media Luna Roja Palestina.
Miguel Peña, un farmacéutico que trabaja con el CICR en Venezuela, explica el impacto sistémico más amplio:
“Cuando una ambulancia o un hospital son objeto de ataques, no solo se pierde la infraestructura física, sino también el acceso a la atención de salud para cientos de pacientes. El miedo se apodera tanto de los pacientes como de los profesionales sanitarios. Cuando la atención de salud pierde su protección, el sistema se derrumba”.
Miguel Peña, farmacéutico que trabaja con el CICR en Venezuela.
Lo que falla no es la ley, sino su aplicación
La protección de la asistencia de salud durante los conflictos armados no es una zona gris. Es una obligación jurídica en virtud del derecho internacional humanitario, y la resolución 2286 la refuerza, dado que insta a todas las partes en conflicto a respetar y proteger las misiones médicas. Asimismo, insta a los Estados a adoptar medidas concretas, como reforzar los marcos jurídicos nacionales, integrar medidas de protección en las operaciones militares, investigar las violaciones y responsabilizar a sus autores.
Diez años después, las violaciones no cesan. Esa realidad no se debe a que las normas resulten poco claras. Se debe a que no se aplican plenamente.
Sita Zouri Épouse Traore es partera y trabaja para el CICR en Fada N'Gourma, Burkina Faso. Expresa una inquietud que está en el centro de esta brecha, no como una cuestión de política, sino más bien personal.
“Lo que me motiva a seguir trabajando cuando la atención de salud se ve amenazada es el impacto que tiene mi labor en las comunidades vulnerables”, explica.
“Para mí, cada vida importa. Frente a un riesgo, sentimos miedo. Pero, detrás de ese miedo, existe un compromiso aún mayor, porque lo que queremos lograr es más importante que ese miedo. Así que, para salvar vidas, deberé superar mi miedo y salir al terreno”.
Ese compromiso, por parte del personal de salud de Burkina Faso, Nigeria, Palestina, Colombia, Venezuela y cualquier otro lugar, no puede darse por sentado. Es extraordinario. Y no puede sustituir la protección.
Sita Zouri Épouse Traore es partera y trabaja para el CICR en Fada N'Gourma, Burkina Faso.
Del compromiso a la acción
Este aniversario de la resolución 2286 debe marcar un punto de inflexión.
Los Estados cuentan con las herramientas necesarias para proteger mejor la atención de salud. Las medidas prácticas están bien establecidas: integrar medidas de protección en la doctrina y las operaciones militares, reforzar la legislación nacional, capacitar a las fuerzas armadas, investigar los incidentes y garantizar la rendición de cuentas. Los Estados también tienen la responsabilidad no solo de respetar el derecho internacional humanitario, sino de velar por que otros lo respeten, incluidos aquellos a quienes respaldan.
El CICR colabora con los Estados para convertir estas obligaciones en acciones concretas a través de la Iniciativa Mundial sobre DIH, respaldada por más de cien países, entre otras medidas. Esa iniciativa ofrece una hoja de ruta práctica. Pero es una herramienta que solo sirve cuando hay intención de ponerla en práctica. Los avances en este sentido dependen de la voluntad política.
Un llamado a la protección de quienes salvan vidas
Cuando Danilo Torrado responde qué significa hacer este trabajo, vuelve a algo fundamental: “Te despides de tu familia sin saber en qué medida te afectará el conflicto”.
Nadie debería tener que cargar con ese peso. Nadie debería tener que elegir entre salvar vidas y poner en riesgo su propia vida.
Salamatu Dauda, técnica de laboratorio clínico en Madagali, Nigeria, lo expresa con claridad. “A veces los ataques ocurren de noche, pero aun así venimos a trabajar por la mañana”, afirma.
“Formamos parte de la comunidad: no podemos abandonar a las personas sin que reciban atención médica”. Ella sabe bien lo que está en juego y, aun así, acude al trabajo.
Salamatu Dauda, técnica de laboratorio clínico en Madagali, Nigeria.
La atención de salud nunca debería ser una víctima de la guerra. El personal de salud citado aquí ha elegido, una y otra vez, regresar pese al peligro: tanto Salamatu, que acude por la mañana pase lo que pase, o Zuheir, que se despide de su familia y se marcha como Sita, Danilo, Miguel, el Dr. Shaaban y miles de personas más cuyos nombres desconocemos.
Su valentía es real. A diez años de la resolución 2286, la comunidad internacional debe estar a la altura, no con palabras, sino con hechos.
Proteger la atención de salud no es solo una obligación jurídica. Es una prueba de nuestra humanidad colectiva.
Crédito: Jonathan Busasi Nsalimbi
Crédito: Jonathan Busasi Nsalimbi
