La violencia contra el personal médico, las instalaciones sanitarias y los beneficiarios de la asistencia constituye en la actualidad uno de los desafíos humanitarios más grandes en el mundo, aunque no siempre se lo reconoce como tal.
Un estudio del CICR basado en datos recopilados en 16 países desde mediados de 2008 hasta finales de 2010 señala la existencia de actos de violencia que obstaculizan la asistencia sanitaria, desde ataques directos contra pacientes, personal médico e instalaciones sanitarias –incluidos los saqueos y secuestros– hasta detenciones y denegación de acceso a la atención sanitaria.
Puede suceder, por ejemplo, que los enfrentamientos en zonas urbanas impidan al personal médico llegar a sus lugares de trabajo, que los socorristas sufran demoras innecesarias en puestos de control, que los soldados que persiguen al enemigo entren por la fuerza a un hospital para buscarlo o para protegerse de sus ataques, y que las ambulancias sean atacadas o se usen ilegalmente para llevar a cabo un ataque. Cualquiera que sea el contexto, la inseguridad en muchas partes del mundo impide que los heridos y los enfermos reciban la asistencia médica a que tienen derecho.
Aunque muchos actos que obstaculizan la prestación de servicios de salud quebrantan los principios básicos del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos, y pese a los esfuerzos que el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja despliega desde hace décadas para poner fin a estos actos, el problema aún subsiste. Ponerle remedio es una cuestión de vida o muerte para miles de personas.