Colombia: El impacto de los conflictos armados en la infancia y la adolescencia

La ausencia de oportunidades de vida, el limitado acceso a la educación, el debilitamiento de entornos protectores y la presencia de actores armados en proximidad a las comunidades incrementaron la vulnerabilidad de los menores de edad. Estos factores facilitaron su exposición
a diversas estrategias de involucramiento: ofertas económicas, seducción, captación a través de redes sociales con promesas de dinero, prestigio o poder, vinculación forzosa mediante amenazas y vinculación afectiva a través de engaños, como el mal llamado “enamoramiento”. Esta última estrategia se convirtió en una práctica recurrente en distintas zonas del país, y fue utilizada intencionalmente por los actores armados para persuadir y manipular con engaños a los menores de edad, no solo con el fin de vincularlos a sus estructuras, sino también para que accedieran a pretensiones de carácter sexual.

El reclutamiento, uso y utilización de menores de edad generó múltiples consecuencias, como la separación familiar, la pérdida de sus proyectos de vida, afectaciones psicológicas, violencia sexual, mutilaciones, heridas y muertes en combate. Así mismo, impactó profundamente a las familias, especialmente a madres y padres que, al desconocer el paradero de sus hijos, los consideraron desaparecidos. En 2024, documentamos 77 casos de desaparición de menores de edad ocurridos en ese mismo año, de los cuales 61 estaban relacionados con esta problemática. De estos 61 casos, 5 se cerraron tras localizar con vida a los menores de edad, mientras que en los 56 restantes la búsqueda sigue activa, con familias que aún esperan respuestas.

Las solicitudes de búsqueda que recibimos reflejan solo una pequeña parte del complejo panorama, pero permiten vislumbrar la estrecha relación entre esta forma de involucramiento en los conflictos armados y la desaparición como consecuencia humanitaria. De los casos que docu-
mentamos en este contexto, el 52 % corresponde a niñas y el 48 % a niños. Además, entre estos menores de edad, 23 tienen menos de 15 años y al menos 22 pertenecen a comunidades indígenas. Un dato relevante es que el 53 % del total de casos registrados ocurrió en el departamento de Cauca.

Establecer con exactitud el número de niños, niñas y adolescentes reclutados o utilizados por actores armados resulta sumamente complejo, ya que las cifras no precisan de manera suficiente la magnitud del fenómeno debido al subregistro de casos. Muchas familias no reportan los hechos por temor a represalias, por residir en zonas apartadas con escasa presencia institucional o por la esperanza de que sus hijos e hijas regresen a sus hogares.

No obstante, la percepción de las comunidades afectadas ofrece una visión más clara de la realidad. En el marco de los espacios de diálogo que mantenemos con las poblaciones para abordar los problemas que las afectan y buscar soluciones colectivas a los riesgos y necesidades que enfrentan, realizamos una encuesta a 348 personas de 35 comunidades afectadas por los conflictos armados. De las personas encuestadas, el 58 % señaló que el principal riesgo de protección en sus comunidades es el reclutamiento, uso y utilización de menores de edad, seguido de la contaminación por armas, la violencia sexual y la falta de respeto de los principios de conducción de hostilidades.

Aunque la muestra de la encuesta es limitada y no permite establecer tendencias a nivel nacional, proporciona información valiosa sobre la percepción comunitaria. Por ejemplo, la mayoría de las personas encuestadas, con edades entre 18 y 49 años, que identificaron el reclutamiento, uso y utilización de menores de edad como el principal riesgo consideran que la acción humanitaria que hemos desarrollado en sus comunidades ha contribuido a reducir su exposición.

Estas comunidades valoran positivamente el diálogo confidencial que sostenemos con los actores armados y el trabajo de fortalecimiento de la infraestructura escolar que hemos realizado en algunas zonas del país. En relación con este último aspecto, varias personas encuestadas
señalaron que los entornos escolares son espacios protectores y mencionaron que los menores de edad están más seguros dentro de la escuela.

Otra problemática que impactó significativamente a los niños, niñas y adolescentes fue la afectación por artefactos explosivos. En 2024, registramos 66 menores de edad que sufrieron accidentes con artefactos explosivos mientras realizaban actividades cotidianas como jugar, transitar por caminos comunitarios, asistir a la escuela y desarrollar actividades agrícolas o bien mientras se desplazaban por espacios públicos en zonas rurales y urbanas. Esta cifra representa un aumento considerable respecto a 2023, cuando 24 menores de edad fueron víctimas directas de estos artefactos. De las víctimas menores de edad registradas el año pasado, 34 fueron afectadas por artefactos explosivos lanzados y de detonación controlada, y 32 por minas antipersonal y restos explosivos de guerra. Una de ellas falleció, mientras que las demás sobrevivieron con profundas secuelas que las acompañarán a lo largo de su vida.

Los artefactos explosivos no solo causan muertes indiscriminadas, sino que, en la mayoría de los casos, los sobrevivientes enfrentan amputaciones, múltiples cirugías y largos periodos de rehabilitación física. A esto se suman las secuelas psicológicas que transforman radicalmente sus vidas. Esta situación es especialmente difícil para los niños, niñas y adolescentes, dada su particular vulnerabilidad.

Las víctimas menores de edad sufren consecuencias profundas y multidimensionales que afectan su desarrollo físico, emocional, social y educativo. Además, estas consecuencias se agravan con el tiempo debido a su vulnerabilidad y a las barreras para acceder a una atención integral que les permita superar el impacto del accidente.