En 764 de los casos documentados por el CICR, las familias recibieron respuestas: 574 personas fueron encontradas con vida y pudieron reunirse con sus seres queridos, mientras que en 190 se confirmó su fallecimiento y los cuerpos fueron recuperados, identificados y entregados de manera digna. Los 1.380 casos restantes siguen abiertos, por lo que esas familias aún desconocen la suerte o el paradero de sus seres queridos. Estas cifras corresponden únicamente a los hechos conocidos directamente por el CICR y, por tanto, no muestran la dimensión completa de las desapariciones en esos años.
“En este Día Internacional de las Personas Desaparecidas acompañamos a las familias que llevan años, incluso décadas, esperando noticias de sus seres queridos, y también a aquellas que hoy enfrentan desapariciones recientes. Todas ellas nos recuerdan que cada búsqueda es urgente y que no podemos dejar de estar a su lado”, señaló Cleber Kemper, coordinador adjunto de Protección del CICR en Colombia.
Todas las familias de personas desaparecidas deben contar con una alternativa estatal de búsqueda de carácter humanitario, sin importar cuándo ocurrió la desaparición. Sin embargo, quienes enfrentan desapariciones posteriores al 1 de diciembre de 2016 carecen hoy de esa posibilidad, dado que el mandato de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) se limita a los casos ocurridos con anterioridad a esa fecha.
Por ello, el CICR insta al Estado colombiano a fortalecer y adecuar los mecanismos de búsqueda existentes, de modo que también puedan ofrecer una respuesta humanitaria para los casos posteriores a la entrada en vigor del Acuerdo de Paz. Este paso es esencial para garantizar el derecho de las familias a saber y para aliviar la profunda incertidumbre que enfrentan.
Otro desafío igualmente urgente es la identificación de quienes han fallecido. En Colombia existen miles de cuerpos de personas fallecidas en distintas situaciones de violencia que aún no han sido identificados, entre ellos también personas desaparecidas en el contexto de los conflictos armados.
El Instituto Nacional de Medicina Legal (INML) es la principal institución encargada de los procesos de identificación. Sin embargo, a pesar del arduo trabajo que realiza, no cuenta con los suficientes recursos humanos, financieros ni de infraestructura para responder a la magnitud de la demanda. Cada cuerpo recuperado que no es identificado prolonga la incertidumbre de una familia y de su comunidad.
El CICR hace un llamado al Estado colombiano para que fortalezca el sistema medicolegal y dote al INML de las capacidades necesarias que le permitan avanzar con mayor rapidez y eficacia en los procesos de identificación.
“No saber qué pasó con un ser querido es una herida abierta. Esa incertidumbre prolongada es un dolor que no termina. Por eso es fundamental que exista una alternativa humanitaria estatal que cubra todas las desapariciones y que se fortalezcan las capacidades del sistema medicolegal para avanzar en la identificación y en la entrega digna de quienes han fallecido a sus familias”, agregó Kemper.
El CICR recuerda que, conforme al derecho internacional humanitario (DIH), todas las partes de los conflictos armados están obligadas a prevenir las desapariciones y a proporcionar información sobre la suerte y el paradero de las personas desaparecidas. Esto incluye garantizar el contacto de quienes están privados de libertad con sus familias y asegurar que las personas fallecidas en el contexto de los conflictos armados sean gestionadas de manera adecuada, identificadas y entregadas dignamente a sus seres queridos.
Lorena Hoyos, CICR, Bogotá
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