En un contexto bélico, muchas personas desaparecen, por lo que sus familiares y amigos sufren intensa angustia e incertidumbre. Todos tienen derecho a conocer el paradero de sus seres queridos. Los gobiernos, las fuerzas armadas y los grupos armados tienen la obligación de dar información sobre la suerte de las personas desaparecidas y ayudar a que se reúnan las familias.
En los conflictos armados, desaparecen tanto civiles como combatientes. Es posible que se desconozca la suerte que corrieron los soldados en el campo de batalla o en cautiverio. Los familiares pueden verse separados por el conflicto armado y sufrir la angustia de no saber qué les ha ocurrido a sus seres queridos. En el medio de la incertidumbre, los familiares de las personas desaparecidas quizás no puedan transitar el duelo.
En los conflictos armados, el derecho internacional humanitario y el derecho de los derechos humanos exigen que las partes beligerantes tomen medidas para evitar la desaparición de personas. Si la desaparición se produce de todos modos, se exige que las partes en el conflicto tomen todas las medidas posibles para que se averigüe la suerte de las personas desaparecidas y se informe debidamente a los familiares.
Durante un conflicto armado, se pueden tomar medidas para evitar la desaparición de personas. Por ejemplo, si todos los combatientes portaran documentos de identidad adecuados, se podría tener un registro de lo que les ha sucedido. Se deben registrar todos los fallecimientos y guardar toda la información acerca de la sepultura o la suerte de los restos mortales. También se deben registrar los datos de las personas arrestadas o detenidas.
Lamentablemente, en conflictos recientes, no se han tomado medidas suficientes para evitar las desapariciones y proporcionar información vital. En la serie de conflictos de los Balcanes, hubo ejecuciones en masa, tumbas sin identificación y cerca de 20.000 personas desaparecidas. En Sri Lanka, se hacían redadas a hombres jóvenes y se los llevaban. En África, miles de familias que huían de los conflictos armados se vieron separadas y los niños casi siempre son los que más sufren. Ningún continente estuvo exento de vivir este flagelo, y cientos de miles de personas de todo el mundo han sido afectadas.
El dolor que generan semejantes acontecimientos es personal y muchas veces queda oculto. Sin embargo, son comunidades enteras las que pueden sufrir si desaparece el sostén del hogar y las familias tienen que arreglárselas por sí solas.
Hasta hace poco tiempo, esta tragedia invisibilizada no llamaba demasiado la atención de la comunidad internacional. Por ese motivo, en 2003, el CICR organizó una conferencia internacional para abordar la problemática de las personas desaparecidas y buscar formas de ayudar a los familiares y a las comunidades afectadas. Se hicieron presentes funcionarios gubernamentales, organizaciones humanitarias y de derechos humanos, componentes del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, otros expertos y, lo más importante, las asociaciones de familiares de personas desaparecidas.
La conferencia reivindicó el derecho a conocer la suerte de las personas desaparecidas, que ya está consagrado en el derecho internacional humanitario y el derecho de los derechos humanos. Se identificaron medidas concretas que las partes de un conflicto deben adoptar para prevenir las desapariciones, como respetar y proteger a las personas civiles y gestionar la información de las personas adecuadamente.
Se reconoció la función vital de las ciencias forenses y la gestión apropiada de los restos humanos. Se valoró el papel fundamental de las redes que restablecen el contacto entre familiares, en las que participan el CICR, el Movimiento y muchas asociaciones de familiares.
Desde entonces, el CICR continúa su labor. Participó en el comité de redacción que produjo la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en diciembre de 2006. El presidente del CICR apoyó públicamente el marco preventivo implementado por la convención y su reconocimiento de la importancia de la justicia.