Ciudad de Guatemala, 2 de diciembre. El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) presenta al Estado guatemalteco un estudio que identifica vacíos legales y oportunidades para fortalecer la protección jurídica nacional de las personas desaparecidas y sus familiares. La institución humanitaria hace un llamado a avanzar hacia un marco jurídico integral que permita atender el fenómeno de la desaparición de manera más efectiva e integral.
El “Estudio de compatibilidad entre el marco jurídico de la República de Guatemala y el derecho internacional para la protección jurídica de las personas desaparecidas, personas fallecidas sin identificar y sus familias” ofrece un análisis del marco jurídico nacional en materia de personas desaparecidas, y propone recomendaciones orientadas a que el Estado guatemalteco fortalezca su normatividad, en consonancia con sus obligaciones y compromisos regionales e internacionales, para fortalecer los mecanismos de búsqueda, localización e identificación, garantizar la atención digna a las familias y consolidar políticas efectivas de prevención.
El CICR observa que la desaparición en Guatemala es un flagelo multicausal que sigue vigente y genera profundas consecuencias humanitarias, tanto por hechos ocurridos durante el conflicto armado como por desapariciones en contextos de la migración, la violencia armada, los desastres y otras circunstancias.
“La desaparición en Guatemala no se trata de un capítulo cerrado. Miles de familias siguen buscando a sus seres queridos y requieren procesos más coordinados y accesibles. Un mecanismo de búsqueda con enfoque humanitario podría agilizar respuestas y articular de mejor manera los esfuerzos estatales”, señaló María Elizondo, asesora jurídica del CICR para México y América Central.
El estudio reconoce la contribución de los distintos mecanismos de búsqueda inmediata que el Estado guatemalteco ha implementado para proteger a poblaciones específicas en situación de vulnerabilidad, como niñas, niños, adolescentes, mujeres y personas migrantes. No obstante, señala que la ausencia de un abordaje integral del fenómeno de la desaparición favorece la fragmentación de esfuerzos y recursos, así como la búsqueda operativa de las personas desaparecidas.
Por ello, el CICR recomienda al Estado de Guatemala:
- Contemplar la creación de una Ley marco de Personas Desaparecidas con definiciones amplias de “persona desaparecida” y de “familiar de persona desaparecida” y que reconozca explícitamente sus derechos, independientemente de las circunstancias de la desaparición.
- Reconocer el estatus jurídico de las personas desaparecidas.
- Crear un Mecanismo Nacional de Búsqueda con coordinación centralizada, enfoque humanitario y participación de las familias.
- Consolidar un Registro Nacional de personas desaparecidas centralizado y actualizado para facilitar la coordinación y el intercambio entre instituciones.
- Establecer lineamientos claros entre las autoridades encargadas de la búsqueda, la investigación y la identificación humana.
El CICR enfatizó la necesidad de que Guatemala ratifique la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, un paso clave para ampliar la protección a las personas afectadas. En este proceso, el Congreso de la República, como representante y garante de los derechos de la ciudadanía, puede desempeñar un rol decisivo al promover, en diálogo constructivo con el Gobierno, la adhesión a este y otros instrumentos internacionales pendientes. Asimismo, puede impulsar y fortalecer la legislación interna para adecuarla a los estándares y compromisos internacionales asumidos por el Estado.
El estudio ha sido socializado con representantes de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos, con el Ministerio de Relaciones Exteriores, los Institutos Guatemalteco de Migración, Nacional de Ciencias Forenses y de la Víctima; con el Registro Nacional de Personas; con los Ministerios de la Defensa Nacional, de Gobernación, de Cultura y Deportes y de Salud Pública y Asistencia Social. Asimismo, con las Procuradurías de Derechos Humanos y General de la Nación; la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia. Además de con un representante de la Plataforma Nacional de Organizaciones de Víctimas del Conflicto Armado y de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
El CICR reitera que su labor en Guatemala es estrictamente humanitaria, neutral, independiente e imparcial, y que el propósito del estudio es acompañar los esfuerzos institucionales para responder de manera más integral a las desapariciones, poniendo en el centro a las personas desaparecidas y a sus familiares.
Descarga aquí el estudio completo. Estudio de compatibilidad entre el marco jurídico de la República de Guatemala y el marco jurídico internacional sobre personas desaparecidas, personas fallecidas sin identificar y sus familias
El CICR, fundado en 1863, ayuda a personas de todo el mundo afectadas por conflictos armados y otras situaciones de violencia, haciendo lo posible por proteger su dignidad y aliviar su sufrimiento, a menudo junto a sus asociados de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Además, la Institución procura prevenir el sufrimiento mediante la promoción y el fortalecimiento del derecho y de los principios humanitarios universales.
Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram.
Contacto de prensa: Ana Olivia Langner, encargada de comunicación pública: 52 5537176427
