Frente a la desaparición de personas, una de las prioridades de los Estados debe centrarse en la prevención mediante la adopción de un marco jurídico especializado y el fortalecimiento de mecanismos de búsqueda e identificación para la protección de las personas en riesgo de sufrir una desaparición y de las personas afectadas por este hecho. Esto incluye a las personas fallecidas no identificadas a recuperar su identidad, así como la restitución a sus familiares.
En este sentido, resulta clave que los países desarrollen un marco normativo sustantivo para la protección jurídica de las personas desaparecidas y sus familias, alineado a normativa y estándares internacionales y con un enfoque de derechos basado en sus principales necesidades.
Con el objetivo de acompañar a los Estados en esta tarea, el CICR ha desarrollado una herramienta jurídica, llamada “estudio de compatibilidad”, el cual tiene la finalidad de analizar los vacíos jurídicos que existen entre la legislación interna de cada país y el marco normativo internacional respecto a la compleja realidad a la que se enfrentan las personas desaparecidas y sus familiares.
