La violencia que afecta las instalaciones, el transporte y el personal sanitario no ha cesado, por lo que el daño que esta resolución intentaba evitar no ha disminuido. Ha continuado y, en muchos contextos, se ha intensificado. Desde nuestro papel de liderazgo del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Médicos Sin Fronteras (MSF), hacemos un llamado urgente a la acción junto con otros actores de la comunidad internacional.
En las líneas del frente de las crisis más devastadoras del mundo, nuestros equipos son testigos, a diario, de las consecuencias catastróficas cuando la asistencia médica pierde su carácter inviolable. Los hospitales se ven reducidos a escombros, las ambulancias enfrentan retrasos y obstrucciones, los médicos, enfermeras y pacientes son víctimas demasiado frecuentes de ataques cuyas consecuencias son la muerte y las lesiones. Los pacientes mueren a causa de heridas perfectamente tratables, las mujeres a veces se ven forzadas a dar a luz sin la asistencia adecuada, y comunidades enteras pierden acceso a servicios vitales. Que la asistencia médica deje de ser segura suele ser la advertencia más clara del incumplimiento de las normas y reglas destinadas a limitar los daños en la guerra. Cuando los hospitales y las personas que prestan asistencia son atacados, nos encontramos no solo frente a una crisis humanitaria, sino una crisis de la humanidad.
Los Estados y todas las partes en conflictos armados deben cumplir con las normas que protegen la asistencia de salud. La obligación en virtud del derecho internacional humanitario (DIH) de "respetar y hacer respetar...en todas las circunstancias" exige que los Estados no solo se ocupen de cumplir estas normas, sino que usen toda la influencia posible para hacer que otros Estados y partes en el conflicto también las cumplan.
Las recomendaciones del Secretario General de las Naciones Unidas que acompañaron la resolución 2286 siguen siendo una hoja de ruta clara y práctica para los Estados. El CICR, la OMS y MSF están a disposición para asistir en entornos de conflicto armado, con experiencia médica y capacidad operacional para apoyar a los Estados en la implementación de estas medidas esenciales.
También recordamos la resolución 65.20 de la Asamblea Mundial de la Salud, aprobada en 2012, en la que la OMS presentó documentación sistemática y denuncias sobre ataques a la asistencia de salud. El fortalecimiento de las denuncias coherentes y transparentes es esencial para consolidar la base de evidencias, fundamentar la prevención y la respuesta, y apoyar la rendición de cuentas.
A fin de respetar y avanzar en el cumplimiento de la exigencia de la resolución 2286 de que "todas las partes en los conflictos armados cumplan plenamente las obligaciones dimanantes del derecho internacional... a fin de asegurar el respeto y la protección de todo el personal sanitario y el personal humanitario dedicado exclusivamente a misiones médicas, sus medios de transporte y equipo, los hospitales y otros establecimientos sanitarios"; y para evitar otra década en detrimento de las normas y la violencia injustificada que afecta la asistencia de salud en los entornos de conflicto armado, instamos a los Estados a implementar de manera urgente las siguientes medidas:
• Traducir los compromisos existentes en acciones concretas para implementar la resolución 2286 y promover activamente los esfuerzos positivos, como el resultado de la línea de trabajo sobre lograr una protección efectiva de los hospitales, que forma parte de la Iniciativa Mundial sobre DIH.
• Integrar la protección de la asistencia de salud en la doctrina de las fuerzas armadas y de seguridad, las reglas de enfrentamiento y las directrices operacionales para que las obligaciones del DIH tengan efectos prácticos.
• Revisar, promulgar y fortalecer la legislación nacional para proteger la asistencia de salud en conflictos armados.
• Asignar recursos financieros, técnicos y operacionales adecuados para implementar medidas que protejan la asistencia de salud y promuevan el respeto de su prestación.
• Emplear todos los medios disponibles para influenciar a otras partes en el conflicto, como aquellos a los que los Estados prestan apoyo de formas variadas, para que cumplan con sus obligaciones de proteger la asistencia de salud.
• Llevar adelante investigaciones expeditivas, transparentes e imparciales sobre los ataques a la asistencia de salud y apoyar los esfuerzos para garantizar la rendición de cuentas de conformidad con los marcos jurídicos aplicables.
• Presentar informes periódicos y transparentes sobre la implementación de la resolución 2286 en donde se incluyan los progresos, desafíos, buenas prácticas y aprendizajes para apoyar su plena implementación.
