No más violencia contra la asistencia de salud: es una cuestión de vida o muerte

El hombre, que no tenía más de 25 años, estaba vestido de civil y yacía en el piso de una sala de urgencias, en un país africano devastado por la guerra civil. Había perdido mucha sangre a causa de una grave herida en el pecho y necesitaba ayuda con urgencia; sin embargo, el médico, una persona muy conocida a nivel local, le estaba pegando en el estómago. Traté de intervenir, pero el médico gritaba una y otra vez que los miembros de la oposición como ese joven paciente no merecían ser atendidos. Logré envolver al joven en una manta y trasladarlo a un pasillo, donde, poco después, falleció. El recuerdo de este episodio me sigue atormentando. Duele saber que incluso el propio personal sanitario es capaz de impedir la prestación de atención médica imparcial para las personas heridas y enfermas.

Debido a incidentes de este tipo, mi vida profesional como enfermera quedará marcada para siempre por los años que pasé trabajando para el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en algunas de las zonas afectadas por conflictos, en diversas partes del mundo. Estas experiencias me enseñaron que la vida de las personas puede quedar devastada cuando las cuestiones de seguridad les impiden acceder a la atención médica que necesitan, particularmente en situaciones en las cuales el sistema de atención médica, de por sí frágil, se ve deteriorado por conflictos armados y otras situaciones de emergencia.

Trabajando en zonas de guerra en Afganistán, Sudán, Somalia, el Congo y Colombia, tuve muchas oportunidades de observar cómo se agravan los problemas cuando los servicios de atención de salud no están disponibles. Esta situación puede presentarse de diferentes maneras, no sólo cuando
los médicos, los enfermeros o el personal que presta servicios de primeros auxilios sufren ataques directos. Por ejemplo, los niños pueden morir de enfermedades comunes, que se pueden prevenir, debido a que el personal médico fue bloqueado o las vacunas y/o los insumos médicos fueron destruidos por grupos armados o por las autoridades.

En 2004, mientras trabajaba en una zona extremadamente pobre controlada por un grupo armado, se produjo una epidemia de sarampión. Normalmente, esta enfermedad infantil puede contenerse fácilmente mediante la oportuna aplicación de vacunas. La vacuna contra el sarampión es una de las menos costosas del mundo: una dosis cuesta aproximadamente 25 centavos de dólar. Lamentablemente, el grupo armado no permitió que nuestros equipos de salud accedieran de inmediato a la mayoría de las aldeas afectadas por la enfermedad. Cuando finalmente pudimos visitarlas, ya habían pasado varias semanas y nos encontramos con el dolor de las familias, que lloraban la muerte de cientos de niños.

Otros problemas forzaron a las personas que huían de las zonas de conflicto a desplazarse hacia entornos naturales hostiles, como regiones desiertas o volcánicas, o zonas urbanas insalubres e inseguras. El resultado de estos desplazamientos era, con frecuencia, la aparición de enfermedades como el cólera, que eran sumamente difíciles de contener por muchas razones, como los inconvenientes en el abastecimiento de agua y en el suministro de alimentos y medicamentos, la ausencia de personal médico calificado, la desorganización de la infraestructura de salud y/o las dificultades en el acceso geográfico.

En otros casos, los heridos y enfermos, los combatientes, los detenidos y las personas civiles quedaron sin recibir tratamiento porque el personal de salud había huido y los hospitales habían sufrido graves daños o saqueos, o habían sido tomados por las fuerzas armadas. También sucedía que personas armadas, tanto combatientes como civiles, ingresaban a los hospitales o a los centros de salud buscando enemigos escondidos, amenazando al personal y robando medicamentos, y así destruían la capacidad de ofrecer atención médica. En algunos casos, el personal médico se rehusaba a atender a los pacientes debido al deterioro personal de su ética profesional o a causa de una amenaza externa.

En situaciones de conflicto armado, suele suceder que las personas que logran conseguir que las transporten hasta el centro de salud más cercano sucumban a la enfermedad o a las heridas mientras esperan en los puestos de control, oficiales o no oficiales. Algunos pacientes o agentes de salud que viajaban en vehículos sanitarios han sido asesinados intencionalmente por la mera sospecha de pertenecer a un grupo opositor. También he sido testigo de la desaparición de pacientes durante su hospitalización por estas mismas razones.

Hay cada vez más pruebas de la falta de respeto por el sistema de atención médica durante los conflictos. El resultado de esta mayor vulnerabilidad es un impresionante costo en vidas humanas. Personas civiles, combatientes y otros portadores de armas a menudo mueren a causa de sus heridas o enfermedades simplemente por no recibir asistencia médica cuando la necesitan porque el entorno es demasiado peligroso para la prestación de una ayuda médica eficaz.

La violencia que impide la prestación de servicios relacionados con la salud infringe el derecho básico de las personas a la salud y a la dignidad y es, hoy en día, una de las tragedias humanitarias más urgentes, que no siempre se reconoce. Esta situación afecta a millones de personas.  

Recientemente, el CICR puso en marcha una ambiciosa iniciativa de cuatro años de duración cuyo objetivo es mejorar la seguridad de la prestación de servicios de atención de salud en contextos de conflicto armado y otras situaciones de emergencia. Esta iniciativa convocará a trabajadores de salud, militares, Estados, el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y otras partes interesadas, para que determinen las medidas jurídicas y operacionales que se necesitan para poner fin a la falta de seguridad que, demasiado a menudo, impide que las personas reciban atención de salud.

En nuestra condición de enfermeros, sobre todo cuando trabajamos en situaciones de violencia armada, somos frecuentes testigos del sufrimiento humano. Somos parte fundamental de la solución y podemos ayudar a determinar las medidas que se necesitan para que las personas accedan a la atención de salud en condiciones seguras.

Maïté Pahud es enfermera matriculada. Ha cursado maestrías en Salud Pública y Economía de la Salud y se ha doctorado en Ciencias de la Salud. Durante los últimos 25 años, ha trabajado en zonas de conflicto con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y en países en desarrollo con Médicos Sin Fronteras de Suiza, Save The Children UK y una ONG Francesa, Médecins Pour Tous les Hommes (Médicos para todos los hombres, o MPTH, por sus siglas en francés).