Un acercamiento al estudio de un Tribunal Penal Internacional

26-06-1998por José Julián Cala Sagué

     

Nota: La publicación de textos de autores que no pertenecen al CICR se hace bajo su exclusiva responsabilidad y/o de las institución(es) a que representan; por lo tanto, no constituyen ni pueden ser interpretados como tomas de posición del CICR

     

  I. Introducción  

1. La comisión de Derecho Internacional, creada en cumplimiento de la resolución 174 (II) de la Asamblea General, de 21 de noviembre de 1947, de conformidad con lo dispuesto en su estatuto anexo a esa resolución y modificado posteriormente, celebró su cuadragésimo período de sesiones en su sede permanente de su oficina de las Naciones Unidas, en Ginebra, del 2 de mayo al 22 de julio de 1994. El programa de trabajo constó de diversos temas en los que destacó la responsabilidad de los Estados, la responsabilidad internacional por las consecuencias perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho internacional, y el proyecto de Código de crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad. En el debate del segundo tema se aprobó, para su posterior discusión el proyecto de estatuto de una corte penal internacional con sesenta artículos [1 ] .

De conformidad con la resolución 49/43 de 9 de diciembre de 1994 de la sexta comisión de la Asamblea General que lo creó, el Comité Especial sobre el establecimiento de una corte penal internacional se reunía en la sede de las Naciones Unidas, del 3 al 13 de abril y del 14 al 25 de agosto de 1995. En virtud del párrafo segundo de esa resolución, el Comité Especial se habría a la participación de todos los Estados miembros de las Naciones Unidas y de los organismos especializados y recibía las observaciones brindadas sobre el establecimiento de una corte penal internacional en cumplimiento del párrafo cuarto [2 ] , así como un informe presentado por el secretario general en cumplimiento del párrafo quinto de esa resolución, así como estimaciones provisionales relativas a la plantilla, la estructura y los costos de su establecimiento [3 ] . Cumpliendo el encargo de la Asamblea General en las fechas antes indicadas el Comité Especial examinó las principales cuestiones sustantivas y administrativas derivadas del proyecto de estatuto, conformando un grupo de trabajo presidido por el austríaco Gerhard Hafner que prepararía un documento oficioso sobre modalidades de procedimiento judicial (garantías procesales), dándose instrucciones al grupo de trabajo de preparar directrices para el examen de la cuestión de relación entre los Estados partes, los Estados que no son partes y la Corte Penal Internacional, así como la cuestión de las normas o principios generales de derecho penal. En una segunda fase de trabajo el Comité Especial analizó los arreglos para convocar una conferencia internacional de plenipotenciarios, conviniéndose en crear un Comité Preparatorio en 1996 de la conferencia a convocar en 1997 debiéndose caracterizar todo ese período en negociaciones para la preparación de un texto lo mas idóneo posible de una convención sobre el tema [4 ] .

El comité preparatorio sobre el establecimiento de la Corte Penal Internacional, de sus reuniones de marzo - abril y agosto de 1996 (documentos A/AC. 249/1 anexos I a VI y A/AC. 249/ /L.3) formuló propuestas que fueron compiladas y donde se refleja la diversidad de criterios entre el Comité y los Estados [5 ] .

Este trabajo pretende, más que una profundización sobre el tema tan importante un acercamiento de carácter divulgativo, amén de reflexivo, enfocando a este primer ensayo los antecedentes histórico-jurídicos y los aspectos relacionados con el principio de complementariedad, composición de la corte y los delitos sobre los que recaerá su competencia.

  II. Antecedentes histórico-jurídicos  

2. Va concluyendo el siglo XX y los ilusos que saltaron de alegría ante la caída del muro de Berlín, en estruendo al anuncio de la era “Post-Comunista”, van recogiendo sus sonrisas ante la ola de fraccionamiento racial que recorre el mundo, el debilitamiento de los Estados-Nacionales, el reverdecimiento de viejos ismos (neonazismo, neoliberalismo) los choque sangrientos por motivos religiosos, raciales, hasta el debilitamiento de las soberanías estatales, dando paso el principio de coexistencia pacífica a la “soberanía limitada” y las acciones de guerra para mantener la paz, exacerbándose las diferencias Norte-Sur ante la politización desmedida del tema Derechos Humanos y la unipolaridad de fin de siglo.

3. El establecimiento de un Tribunal Penal Internacional que juzgase los delitos más graves para la humanidad a sido por una parte el anhelo de la comunidad internacional y de las personas amantes de la paz y por otra de aquellas potencias vencedoras en conflagraciones mundiales que aseguraron mediante el veto, caracterizar el hegemonismo ante el declive de una época colonial y el nacimiento de nuevos estados independientes pero atados mutuos, a su vez por mecanismos intencionales, a sus antiguas metrópolis. Pero para llegar a esta idea el Derecho Internacional publico a transitado por diversísimas etapas en medio de guerras, conflictos, revoluciones, concibiendo principios, definiendo derechos y responsabilidades. No pretendemos ser cronológicamente exactos, solo encauzar una lógica en el desarrollo del Derecho Internacional Publico.

4. La institución jurídica de la Responsabilidad en Derecho Internacional ha evolucionado a lo largo de la historia, entendiéndose según Tunkin, “como las consecuencias jurídicas que recaen sobre el sujeto de Derecho Internacional resultado de la infracción jurídica internacional cometida por él“; la jurisprudencia arbitral y la pronunciada por la Corte Internacional de la Haya señala como una concepción general de derecho, que toda violación de un compromiso internacional implica la obligación de reparar (de una forma adecuada) y, por tanto, es susceptible de poner en juego la responsabilidad internacional del autor del respectivo acto o hecho ilícito (al respecto pueden consultarse los siguientes casos: Asunto Alabama del 14 de septiembre de 1872; Reclamaciones británicas en Marruecos del 1 de mayo de 1925; Caso de la fábrica de Chorzón del 26 de julio de 1927 y 13 de septiembre de 1928; Asunto del conde Bernadotte de 1949; Caso Barcelona Traction del 5 de febrero de 1970; Asunto al personal diplomático y consular en Teherán, del 24 de mayo de 1980).

La comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas viene trabajando hace varios años en los siguientes aspectos:

Proyecto de artículos sobre responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos, que se acometen desde 1963, enfocado dentro de la responsabilidad colectiva fundada en la violación de una obligación internacional (Teoría del hecho ilícito), cuyas consecuencias pueden ser alternativa o acumulativamente, tanto reparatorias como aflictivas.

Proyecto de artículos sobre responsabilidad internacional por las consecuencias perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho internacional, que se comete desde 1978, enfocado dentro de la responsabilidad colectiva fundada en el daño (teoría del riesgo), cuyas consecuencias son de índole propiamente repartorio. (Tal es el caso del tratado de 1967 sobre principios que han de regir las actividades de los Estados en la exploración y utilización del espacio cósmico).

Proyecto de códigos de crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad, que acomete desde 1949, enfocado dentro de la esfera de la responsabilidad individual fundada en la comisión de un delito (Teoría de la culpa) que apareja consecuencias aflictivas o sancionatorias y, subsidiariamente, reparatorias. El círculo de sujetos de Derecho Internacional se ha ampliado además de los Estados hoy contraen responsabilidad las organizaciones internacionales y los individuos o personas físicas en caso de crímenes de lesa humanidad, siendo susceptibles de sanciones o medidas aflictivas impuestas orgánicamente en nombre y por cuenta de la comunidad de los Estados; de esta forma se le da cabida a las ideas de la responsabilidad penal o procedimiento penal personal, más adelante tocaremos el asunto nuevamente.

5. Las primeras manifestaciones tendientes a establecer un sistema jurídico general de protección a los seres humanos, no se presentan en lo que hoy se conoce como el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, sino en el denominado Derecho Internacional Humanitario de los conflictos armados, ocupándose de las guerras internacionales o convencionales y de las guerras civiles o irregulares, en dos aspectos centrales: la protección de las víctimas y de la población y de la población civil no combatiente, y la limitación de los medios y métodos de combate. El Derecho Internacional Humanitario o Derecho de Ginebra, persigue el primer objetivo, y el derecho de la guerra o derecho de La Haya atiende el segundo; implicando que una legislación asiste a las personas afectadas por la lucha armada, sin discriminarlas ni alterar su condición jurídica, al paso que la otra legislación regula las hostilidades de principio a fin al entender que la guerra puede y debe ser civilizada. Mientras la finalidad de Ginebra es puramente humanitaria, no otorga privilegios a las partes en co nflicto y no cuestiona la autoridad del Estado para hacer frente a la guerra mediante el derecho interno, la legalidad de La Haya constituye la versión moderna de la antigua justicia de armas, mecanismo de solución de conflictos e incluso creador de derecho...

El Derecho Internacional de los refugiados, desplazados y apátridas, es el tercer y último elemento integrante del derecho internacional de la persona humana, sus orígenes se remontan a la postguerra y algunos expertos le encuentran un carácter menos político y más técnico, pues está formulado como mandato conferido por la comunidad internacional a una agencia especializada del sistema de Naciones Unidas para proteger a los individuos y grupos desarraigados por motivos políticos en su país de origen o nacionalidad (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR).

El Derecho Internacional Humanitario (DIH) tiene su fundación inaugural en la Convención de Ginebra de 1864, por lo cual doce países europeos se comprometieron a proteger a los visitantes de la guerra, y en especial a los enfermos y heridos, por razones de humanidad. En 1907 se adoptó otro instrumento que fue completado por los convenios suscritos en 1929, el segundo de ellos relativo a la asistencia humanitaria de las prisiones de guerra llevando en sí el germen de la tutela de los derechos fundamentales.

Lo que en definitiva desencadenó en la internacionalización de los derechos humanos fue la conmoción histórica de la Segunda Guerra Mundial y la creación de la ONU. El esfuerzo humanista de postguerra se tradujo en los cuatro Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949, que se refundieron y ampliaron el derecho humanitario:

  • Sobre protección de víctimas de la guerra terrestre el primero y el tercero sobre trato de prisioneros de guerra, siendo revisiones de los instrumentos de 1929.

  • Sobre protección de la población civil no combatiente en el cuarto, nuevo en el DIP de carácter convencional, aunque codifica lo esencial del antiguo derecho de la guerra o jus in bello.  

  • Sobre protección de víctimas de la guerra en el mar.

En estos convenios aparece un artículo común, el tercero, considerando la primera regla escrita aplicable sobre conflictos armados internos, protege a las personas que no tienen, o no tendrán mas parte activa en las hostilidades, a los insurgentes sometidos al derecho penal interno y al derecho internacional humanitario.

En junio de 1977 se adoptaron los protocolos I y II, el proceso sobre insistencia humanitaria de los conflictos armados internacionales incorpora al derecho de Ginebra lo esencial del derecho de guerra y de los derechos humanos; y el segundo, conocido como protocolo guerrillero, sobre protección en los conflictos no internacionales, para muchos expertos un desarrollo problemático del artículo común.

Por su parte, el derecho de la guerra está inicialmente recogido en la Declaración de San Petersburgo de 1868, que proscribe por primera vez el empleo de ciertas armas y municiones, y sobre todo en los tres convenios de 1899 y los 13 de 1907, adoptados todos en La Haya y relativos a la limitación de los medios y métodos de combate.

Adicionalmente pertenecen a esta tradición el protocolo de Ginebra de 1925 sobre armas químicas, los Convenios de La Haya de 1954 sobre protección de bienes culturales, el de Nueva York de 1980 sobre ciertas señas convencionales, y el acuerdo de París sobre armas biológicas.

En el caso del Convenio 1980 y su tres protocolos sobre fragmentos no localizables, minas y armas incendiarías, puede hablarse de la tercera era del derecho de los conflictos armados: la corriente de Nueva York, que señalaría la vinculación de las N.U. al esfuerzo de codificación y aplicación del Jus in bello en su versión de derecho de la guerra en sentido estricto.

El Derecho de La Haya se ocupa de guiar el desarrollo de las hostilidades, incluida la neutralidad y el empleo de las diferentes armas y tácticas de lucha, con base en tres reglas básicas:

  1. las hostilidades sólo pueden dirigirse contra combatientes y objetivos militares;

  2. están prohibidos los medios de combate o las armas que causen sufrimiento o daños superfluos o innecesarios;

  3. se proscriben os métodos o las tácticas de combate de carácter pérfido o deshonroso.

Estas normas se sintetizan en el principio según el cual “el derecho de las partes en conflicto a elegir los métodos o medios de hacer la guerra no es ilimitado”, tal es la fórmula del artículo 35 del protocolo I de Ginebra de 1977, la mejor prueba de la tendencia a la integración normativa entre las leyes de Ginebra y La Haya; la nacionalildad y sentido humanitario de la comunidad internacional parecen tener más oportunidades que el desarme y el control de armamento (las expectativas del fin de la guerra fría se han “enfriado”).

Conforme a reiterada jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia, tales normas forman parte del jus cogens o derecho consuetudinario de los pueblos y son, por tanto, de obligatorio cumplimiento para todos los miembros aunque los Estados no hayan suscrito los diferentes instrumentos de Ginebra, La Haya o New York.

Queda claro que mientras el derecho de guerra deroga el derecho interno y absorbe jurídicamente el conflicto, destinado el estatuto de las partes contendentes, el derecho interno humanitario coexiste con derecho interno, el cual recibe su aplicación general, y no afecta la condición jurídica de las partes.

Durante la segunda guerra Mundial y en el período inmediato posterior, las potencias de la coalición antihitleriana adoptaron instrumentos jurídicos internacionales respecto a la punición de criminales de guerra: Declaración de Moscú de 1943 sobre Responsabilidades de los Hitlerianos por las crueldades cometidas, Acuerdo de Londres de 1945 sobre Persecución Judicial y Castigo de los Criminales de guerra principales de los Países Europeos del Eje; Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nüremberg aprobado en 1945; Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Tokio de 1946, las sentencias de estos tribunales [6 ] .

6. La creación de dichos Tribunales Internacionales estuvo vinculada a ciertas dificultades, no sólo por la novedosa y desacostumbrada idea del proceso y las medidas sancionadoras a dirigentes de todo un Estado, sino también porque la propia organización del proceso judicial encerrase en sí el peligro de un precedente para el futuro.

R. Rudenko, Fiscal General Soviético en el proceso señalaría: " Hay que dejar constancia, con profunda satisfacción, que al declarar criminales estas acciones (la agresión), la carta del tribunal dio forma jurídica a los principios y normas internacionales que durante largos años se exponía en defensa de la paz y la justicia en la esfera de las relaciones internacionales " .

No se puede olvidar la influencia que le brindó a la formación del principio que prohibe las guerras de agresión, el Decreto sobre la paz firmado por Lenin, y en el cual en nombre de los pueblos de Rusia se proclamaba que todas las guerras constituyen un delito contra la humanidad. Presionados por ese documento histórico y su repercusión en la opinión pública mundial, las potencias incluyeron en el tratado de paz de Versalles, artículos que estipulaban responsabilidades por la guerra y por todos los crímenes del militarismo alemán; recordemos que al calor de ese tratado fue acusado ante los tribunales por cometer el más tremendo crímen contra la moral internacional y en virtud de los tratados, Guillermo II jefe del Estado Alemán.

En el período comprendido entre las dos guerras, junto a la carta de la Sociedad de Naciones se aprobaron documentos que testimoniaban la formación gradual de normas de derecho internacionales, situando a la agresión al margen de la ley y declarándola delito internacional -Proyecto de tratado de ayuda mutua de 28 de septiembre de 1923 que no llegó nunca a apropiarse; Protocolo de Ginebra del 2 de octubre de 1924 respecto a solución pacífica de litigio, proclamado la guerra de agresión, al violar la solidaridad de los miembros de la comunidad internacional, un delito internacional; aprobándose el 24 de julio de 1927 en la VIII Asamblea de la Sociedad de Naciones, por unanimidad, la declaración sobre las guerras de agresión y el tratado de París (pacto Briand-Kellog) de 27 de agosto de 1928 sobre la renuncia de la guerra como instrumento de política nacional.

Hegel escribía hace años que sólo la historia podría enjuiciar a los estadistas; Robespierre en su discurso ante la Asamblea Nacional el 14 de julio de 1791 demandó defender los principios sagrados de la libertad contra la pérfida doctrina que negaba la posibilidad de proceder contra el Rey por sus actos demostrando que si el delito lo ha cometido el jefe de estado en ello hay que ver fundamentos para proceder enérgicamente “tienen inmunidad únicamente los propios pueblos, expresó, pero no sus representantes ni los que ocupan los mas altos cargos estatales; los que cubren al Rey con el escudo de la inmunidad sacrifican la inmunidad del pueblo”. Otro antecedente válido es la deportación de Napoleón a la isla de Santa Elena, los procesos de Nuremberg y Tokio sentaron un mito histórico al someter a juicio en la llamada era moderna, a criminales de guerra que eran líderes de los estados agresores, aseguraron la individualización de las acusaciones sanciones a personas concretas evitando que la responsabilidad recayese en los pueblos alemán y japonés; contribuyen a rehabilitar legalmente las víctimas del holocausto; y establecían por primera vez tribunales multinacionales para aplicar el derecho internacional. El articulo 6to. del Estatuto del Tribunal Internacional de Nuremberg se trataron de tres delitos que sirvieron de soporte al proceso; crímenes contra la paz (punibilidad de la planificación, preparación y puesta en práctica de una guerra ofensiva) crímenes de guerra (jus in bello) y crímenes contra la dignidad humana o a la humanidad.

Estos tipos penales sirvieron además como base para los esfuerzos que realizaría Naciones Unidas para codificar los hechos sancionales por el derecho penal. La resolución 95 de 11 de diciembre de 1946 la Asamblea General de ONU aprobó el juicio de Nuremberg y reforzó estos supuestos como principios del derecho internacional, al igual que el lejano oriente posteriormente.

Una parte de la sentencia de Nuremberg declaraba: El principio del Derecho Internacional en determinadas circunstancias protege a los representantes del Estado no puede ser aplicado a acciones del Derecho Internacional declara criminales (...) . Los crímenes contra el Derecho Internacional son cometidos por personas y no por categorías abstractas y únicamente mediante el castigo de los individuos que cometen tales crímenes se puede observar los requisitos del Derecho Internacional.

El magistrado Robert H. Jackson, Fiscal General norteamericano en el proceso, vaticinó el futuro en su informe oral preliminar: “tenemos que abocarnos a nuestra tarea con tanta reflexión y tanta imparcialidad mental que las futuras generaciones lleguen a ver en él la realización del anhelo humano de justicia... Y permítame aclarar que aunque este derecho en un primer momento sea aplicado contra los agresores alema nes, está pensado para servir a un buen fin incluir también el derecho de juzgar agresiones de cualquier otra nación, incluidos aquellos que aquí son jueces.”

No quisiera minimizar ni mucho menos aquellos momentos, pero a veces la realidad resulta más cruda. No hubo razón para el júbilo, la prepotencia de uno de los vencedores desbordó la realidad dos días antes del Acuerdo de Londres: Estados Unidos lanzaba la bomba atómica en Hiroshima y días después en Nagasaki, allanado el camino hacia Nuremberg y Tokio.

7. Son los tiempos ya de Constitución de las Naciones Unidas y de la aprobación de la Corte de las Naciones y del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya para la solución de controversias de orden jurídico, es la época del veto de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, comienza la guerra fría, se aprobaría la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

La corte de la ONU establecería en su artículo 2, apartado cuatro un importante ámbito de acción pues " los miembros... se abstendrían de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza...” Así mismo mandataría al Consejo de Seguridad a determinar la existencia de toda amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz o acto de agresión y a hacer recomendaciones o decidir que medidas serían tomadas para mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales y pudiendo discurrir desde la ruptura de relaciones diplomáticas, la interrupción de relaciones económicas, ferroviarias, marítimas, aéreas, telegráficas, hasta el uso de partes aéreas, navales, terrestres, acciones que serían instadas a los Miembros de las Naciones Unidas. Al hacer recomendaciones de procedimientos o métodos de ajuste apropiados para resolver controversias de orden jurídico, por regla social deberá indicar que sean sometidas por las partes a la Corte Internacional de Justicia de conformidad con el Estado de la mismas.

Si bien los individuos no pueden ser partes ante la CIJ, de hecho la mayoría de sus sentencias se refieren a reclamaciones de origen privado porque los Estados hacen suya esas demandas y la presentan al Tribunal.

Conforme al caso de la fábrica de Charzów se pronunció... “Un Estado está velando por su propio derecho, esto es, su derecho a garantizar en la persona de sus súbditos, el respeto por las reglas del Derecho Internacional. "

No obstante, los Estados miembros han tomado reservas respecto a la competencia compulsoria u obligatoria del apartado 2 del artículo 36 del Estatuto, alegándose en los fundamental que la mayoría no ha participado en el proceso de creación y desarrollo de las instituciones de reglas del DIP, y mucha de éstas les afectan, accediendo a la comunidad de Naciones con la carga de privilegios otorgada a las antiguas metrópolis coloniales mediante tratados, así como los del Consejo de Seguridad, y porque la función del DIP no puede ser proteger tipos de intereses creados sino encontrar soluciones políticas y justas.

En ocasiones la CIJ ha entrado en crisis de credibilidad y desde la década del 70 se vienen realizando estudios sobre su eficacia y para mejorar su contribución.

Es la época también de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Ya habíamos abordado el acercamiento del Derecho de la guerra con el Derecho Internacional Humanitario, para no hablar de “absorción” como algunos expertos, en un contexto en que afloran los pedidos de protección de los derechos humanos, de los derechos de los seres humanos aterrados por la guerra mundial, pero más aterrados por las “pequeñas guerras” que cobran más vidas con menos cantidad de armas, fuerzas convencionales, mediante la represión, la tortura, las fuerzas paramilitares.

Sin pretender pormenorizar sobre el tema, las manifestaciones originales de garantías a los derech os humanos se centraron en los derechos civiles y políticos “ primera generación” que tutela la libertad, seguridad e integridad física y moral de las personas y su derecho a participar en la vida pública; la “segunda generación” se abre paso con los logros socioeconómicos del socialismo y del “estado bienestar”, los derechos económicos, sociales y culturales que enfocan las condiciones de vida y acceso a los bienes materiales y culturales en términos adecuados a la dignidad de la familia humana; una “tercera generación” se gestaba de la preocupación por los destinos de la humanidad entera y abre un ciclo de internacionalización a partir de la protección a ciertas categorías de personas, mujeres, niños, refugiados, discapacitados y la gravedad de violaciones como el genocidio, la discriminación racial, el apartheid, la tortura o la trata de personas y órganos es el derecho al desarrollo, el derecho a un medio ambiente sano y el derecho a la paz. Se plantea que la internacionalización o globalización de los Derechos Humanos no puede concluir sin una jurisdicción internacional para los derechos humanos; tal idea es coincidente con la “cuarta rama” del Derecho Internacional el derecho corriente de Nuremberg, para referirse las normas convencionales y consuetudinario relativas a la responsabilidad penal internacional por la comisión de crímenes de guerra o violaciones de leyes y costumbres de la guerra. Se reconoce por algunos que tal jurisdicción se impondría a las jurisdicciones nacionales y al mismo tiempo se pasan de las actuales garantías dentro del estado a las futuras garantías contra el Estado, acompañando a esta reflexión el asunto de la democratización de la organización mundial con vistas a la desaparición de la discriminación entre los Estados miembros permanentes del consejo del consejo de seguridad, y los demás a estados así como garantizaría el acceso libre y directo de los individuos y organizaciones no gubernamentales a todas las instancias internacionales de la protección de la persona, pidiéndose l a reestructuración y revitalización de la Corte Internacional de Justicia o el establecimiento de una Corte Internacional de Derechos Humanos con jurisdicción obligatorio autoridad ejecutiva.

25 años después de la Conferencia de Teherán en 1968 sobre Derechos Humanos se convocaba en Viena, para junio de 1993, a la Conferencia Mundial de Naciones Unidas sobre el tema. En la declaración adoptada el 25 de junio, se afirmaba explícitamente que el carácter universal de los derechos humanos y las libertades fundamentales no admitía dudas, que todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes entre sí, y que sin desconocer particularidades nacionales o regionales y los distintos patrimonios culturales, los Estados tenían el deber, sean cuales sean sus sistemas políticos, económicos o culturales, de promover y proteger todos los derechos humanos y las libertades fundamentales. Dos iniciativas que cobraron fuerza y consenso en ese marco entre las organizaciones no gubernamentales fueron el nombramiento de un alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el establecimiento de un Tribunal Internacional de crímenes contra la humanidad.

Independientemente de toda la buena fe del mundo de sectores pacifistas, organizaciones no gubernamentales y estados miembros, el tema de los Derechos Humanos se ha venido manipulando por los Estados Unidos exacerbándolos su politización a partir de intereses hegemónicos que se incrementaron con el fin de la guerra fría. Es por ello que cualquier idea que implique un menoscabo de la soberanía nacional e instrumento de intromisión en los asuntos internos recibe el rechazo de muchos estados miembros y organizaciones no gubernamentales.

8. No queríamos pasar por alto tres momentos importantes como antecedentes del tema en estudio:

la definición por la comunidad internacional de los principios básicos del DIP;

la definici ón de los delitos de alcance internacional;

la creación de los Tribunales ad hoc en la década de los 90.

El primer enunciado de los principios básicos del DIP lo encontramos en la Carta de la Naciones Unidas en su artículo 2, son sus normas fundamentales admitidas universalmente, y tienen carácter imperativo ( jus cogens ), por ello los Estados no pueden concertar tratados que establezcan normas contrarias a los mismos.

El 24 de Octubre de 1970 la Asamblea General de la ONU, en su XXV Sesión aprobó la Declaración de Principios de Derecho Internacional, de conformidad con la carta, definiendo ampliamente lo siguiente:

  • Prohibición de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza;

  • Arreglo de controversia por medios pacíficos;

  • No intervención en los asuntos que son de la jurisdicción internacional de los estados;

  • Obligación de cooperar entre sí;

  • Igualdad de derecho y libre determinación de los pueblos;

  • Igualdad soberana de los Estados;

  • Cumplimiento de buena fe de las obligaciones contraídas.

En la declaración de principios incluidas en el Acta final de la Conferencia sobre la Seguridad y Cooperación son Europa, firmada el 1 de agosto de 1978, se recogen además de los enunciados otros tres:

  • Inviolabillidad de la frontera,

  • Integridad territorial de los Estados,

  • Respeto de los Derechos Humanos y libertades fundamentales.

La comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, logró, después de sintetizar la experiencia internacional entre las que se incluye el Estatuto y las sentencias del tribunal de Nuremberg, hacer una clasificación de los tipos de infracción jurídica internacional, siendo estos los delitos de Derecho Internaci onal y los delitos internacionales [8 ] .

Recordemos que los delitos de Derecho Internacional son aquellos establecidos por los estados en cumplimiento de un deber jurídico internacional adoptado mediante acuerdos, pero que sólo son reprimidos si éstos dictan las oportunas normas penales; se dice 1 son nacionales por sus fuentes internacionales en su objetivo y trascendencia. La sanción no la determina el Derecho Internacional, pero al fijarla el Derecho penal mediante sus tribunales aplica el DIP actuando el Estado como órgano de la comunidad internacional.

Figuran entre los delitos la Piratería, Terrorismo, Trata de esclavos, Trata de mujeres y niños, Distribución de Publicaciones Pornográficas, Monedas Falsas, Tráfico de Drogas Peligrosas.

Los delitos internacionales pueden ser directamente en virtud del Derecho Internacional aunque la ley no los contemple, en este caso el DIP se aplica ex propio vigore sobre ellos. Figuran entre estos lo delitos contra la paz y la seguridad internacional: genocidio, agresión, crímenes de guerra, los crímenes contra la humanidad y los delitos de lesa humanidad: discriminación racial, apartheid, colonialismo.

Todo un movimiento de lo que se le ha dado en llamar “Tribunales de Opinión” se originaron después de l proceso de Nuremberg y al calor de situaciones candentes del panorama mundial. Bertran Russell, filósofo y matemático inglés fundó el primer International Tribunal on the American War Crimes in Viet-Nam en el que tuvieron participación juristas norteamericanos que trabajaron en los procesos de Nuremberg como Telfor Taylor y John H.E.Fred, tiempo después el senador italiano Lelio Bassao creó el Russell Tribunal II que se ocupó del las dictaduras militares de Brasill y Chile; en 1979 se constituyen en Bolonia, Italia, el tribunal popular permanente que ha investigado entre otros asuntos la intervención de E stados Unidos en Nicaragua, el endeudamiento del tercer mundo, la destrucción del medio ambiente en la región Amazónica de Brasil, la presencia Soviética Afganistán, los riesgos de la producción industrial y el derecho de asilo en Europa. En el contexto latinoamericano es conocido el Tribunal Antimperialista de Nuestra América presidido por el Dr. Guillermo Torriello.

En el marco de los Derechos Humanos también se ha trabajado regionalmente en un tipo de protección especial; el 4 de Noviembre de 1950 los gobiernos miembros del Consejo de Europa aprobaron el Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos, instituyendo con el fin de asegurar el respeto de los compromisos que resultaron para esos gobiernos la Comisión Europea de Derechos Humanos, la competencia de éste último se extiende a todos los asuntos relativos a la interpretación y aplicación del convenio.

En el sistema Interamericano fueron la Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José”, aprobada el 22 de Noviembre de 1969; en la misma se instituye la Comisión Internacional de Derechos Humanos y la Corte Internacional de Derechos Humanos; la competencia de éste último es el estilo europeo, la interpretación y aplicación de las disposiciones de la convención [9 ] .

La comisión de Derecho Internacional de ONU comenzó a trabajar con cierto entusiasmo un proyecto de Código de crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad en 1949, presentando un primer proyecto en 1954 a la vez que se percatabas que esos crímenes requerían de una jurisdicción penal internacional. La comisión continúa trabajando aunque sin lograr respaldo para ampliar su contenido, hasta que en 1989 al discutirse los problemas del narcotráfico se logró un mandato moderado de la Asamblea General, encargándosele definitivamente la celebración de un estatuto en 1992. El 25 de Mayo de 1993 mediante la resolución 827, el concejo de Seguridad decidió crear un Tribunal Interna cional para sancionar crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos después del 1 de Enero de 1991 en la ex-Yugoslavia basándose en el capítulo VII de la carta ONU que le concede el derecho a tomar acuerdos obligatorios para todos los estados miembros de estimar exista amenaza para la paz. Poco tiempo después por la misma argumentación, constituía mediante la resolución 955 de 8 de Noviembre de 1954 el Tribunal de Ruanda a solicitud del mismo gobierno ruandés. Estos Tribunales con sede en La Haya tienen primacía sobre las jurisdicciones nacionales aunque estos últimos conocieran, por reenvío de los acusados pertenecientes a una jerarquía inferior. Hasta 1996 se habían acusado a 42 personas; entre éstos sobresalen los nombres de Radovan Karadzic, Ratko Mladic, Milan Martic (serbo - bosnios). En el caso ruandés la jurisdicción está limitada al período abril - junio 1994.

  III. Proyecto de estatuto. Complementariedad, composición y delitos de su competencia  

9. El estatuto se plantea como finalidad, complementar los sistemas judiciales nacionales en materia penal, en aquellos casos en que los mismos no existan o no sean eficaces los procedimientos de enjuiciamiento, así como la cooperación judicial internacional en la materia, limitándose a los delito más graves que preocupan a la comunidad internacional. La forma de creación aceptada sería mediante tratado multilateral. Pues de esa forma los Estados expresarían su consentimiento en el principio de soberanía. En discusión está el número de ratificaciones y adhesiones para entrar en vigor, algunos países plantean que debe ser elevada, criterio con el cual coincido.

Otros plantean la reforma de la carta al amparo del artículo 109, para que la corte sea un órgano de las Naciones Unidas y se asegure su universalidad, más bien como un ente especializado de las que prevé el artículo 57.

El problema de la complementariedad en realidad preocupa (de un principio declarado más bien parece un objetivo a alcazar), pues tiene que ver con la relación entre la Corte Penal Internacional y los procedimientos nacionales en materia Penal. La indicación del preámbulo puede hacernos presumir que la Comisión de Derecho Internacional no tenía intenciones de que la Corte reemplace a los Tribunales Nacionales, pero habría que ver las repercusiones prácticas de su interpretación a partir de su relación con los temas de la admisibilidad y asistencia judicial.

Una interpretación que debe hacerse más expresa en el estatuto es la fuerte presunción en favor de la jurisdicción nacional, justificada por las ventajas de los ordenamientos nacionales que pudieran resumirse así:

Todos los participantes estarían operando dentro del contexto de un sistema jurídico establecido, con inclusión de los acuerdos bilaterales y multilaterales en vigor;

El derecho aplicable estaría mejor definido y más desarrollado;

Las actuaciones serían menos complicadas debido a que estarían apoyadas en precedentes y normas conocidas;

El procesamiento y la defensa serían menos costosos;

Habría usualmente mayor disponibilidad de pruebas y testigos;

se reduciría al mínimo los problemas de idiomas;

Los Tribunales Nacionales trabajarían con medios ya establecidos de pruebas, incluida la aplicación de normas relativas al perjurio;

Las sanciones estarían definidas con precisión y se podrían hacer cumplir de inmediato.

Lógicamente los Estados tendrán interés fundamental en seguir siendo los encargados y responsables de procesar y juzgar las violaciones de sus propias leyes y esto conviene a los intereses de la comunidad internacional al presuponerse que los sistemas nacionales propugnarían y harían cumplir las normas internacionales dentro de su s jurisdicciones. La relación entre la corte y los Tribunales Nacionales se deberán encaminar en relación a la cooperación judicial internacional y la relacionada la entrega, la extradición, la detención, el encarcelamiento, el reconocimiento de las decisiones y el derecho aplicable. Como el preámbulo de un trato está comprendido en el contexto dentro del cual se le deberá interpretar en virtud del artículo 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho de tratados, la complementariedad se deberá explicar en detalles en el preámbulo. La jurisdicción nacional a la que se hace referencia en el estatuto no debe limitarse a la territorial sino que comprende también el ejercicio de la jurisdicción por los Estados competentes para ejercerla, de conformidad con los principios y acuerdo en vigor, es así que respecto a la justicia militar lo que importa no es el Estado en cuyo territorio se cometa el presunto delito sino aquel cuyos militares participen en os hechos, teniéndose en cuenta además los acuerdos sobre extradición para determinar qué Estado tenía interés en la cuestión y debía, por ende, ejercer la jurisdicción.

Concebir excepciones al ejercicio de la jurisdicción nacional puede resultar insultante, irrespetuoso y poco diplomático si no se definen qué normas sustentarán el criterio de ineficaz de un determinado sistema judicial nacional. Tal redacción sin sostén excluye la jurisdicción inherente que se establece en el inciso a) del párrafo primero del artículo 21 del proyecto, así como la jurisdicción conjunta concurrente.

“Artículo 21.1 La Corte podrá ejercitar su competencia respecto de una persona por uno de los crímenes a que se refiere el Artículo 20 si: a) En el caso de genocidio, de ha presentado una denuncia a tenor del párrafo uno del artículo 25;”

“Artículo 25.1 todo Estado parte que sea también parte contratante en la Convención para la prevención y la sanción del delito genocidio de 9 de diciembre de 1949, podrá presentar al Fiscal una denuncia para comunicarle que aparentemente se ha cometido un crímen genocidio.”

La idea de que la Corte se ocuparía únicamente de los casos en que no existieran perspectivas de que lo presuntos responsables de delitos graves fueran debidamente enjuiciados por los Tribunales Nacionales pudiera ser razonable. El ejercicio de la jurisdicción nacional necesariamente comprende las decisiones de no incoar proceso judicial, por lo que las absoluciones o sanciones que pronuncien los Tribunales Nacionales y las decisiones de las Fiscalías Nacionales de no ejercer la acción penal deberá ser respetada, ahí que se deba invertir la presunción del proyecto. La salvedad de que tales decisiones no estuviesen fundamentadas, resultaría mucho más peligroso pues de quien sería el criterio o juicio de valor.

El artículo 35 del proyecto respecto a admisibilidad debería redactarse no como medio para conferir una facultad discrecional sino como una condición:

“Artículo 35-A instancia del acusado o a petición del Estado interesado, formuladas en cualquier comento antes del inicio del juicio oral, así como por iniciativa propia, la Corte podrá atendiendo a los propósitos del presente Estatuto enunciadas en el preámbulo, decidir que el asunto que se ha sometido a su consideración no es admisible porque el crímen de que se trata:

Ha sido debidamente investigado por el Estado que tiene jurisdicción sobre él y la decisión de ese Estado de no entablar procedimiento está aparentemente bien fundada;

Es objeto de instrucción por parte del Estado.

El artículo 25 podría contemplar también que la Corte daría curso a una denuncia únicamente cuando ningún Estado estuviera investigando el caso o lo hubiera investigado ya. Tal disposición podría estar contenida también en los artículos 26, 27, 51, y 52, estableciéndose, así un límite a la obligación de los Es tados para con la Corte.

Erróneo sería concebir un relación jerárquica entre la Corte y los Tribunales Nacionales ni que se ha autorizado a la misma a dictaminar sobre el funcionamiento de los tribunales nacionales. La forma en que está redactado el artículo 42 del Estatuto hace aparecer un tipo de función supervisora de ésta respecto a los Tribunales Nacionales incluso cuando concurren las jurisdicciones alejándose además del principio Non bis in idem     que supuestamente refrenda:

“Artículo 42.2 El que haya sido juzgado por otro Tribunal en razón de hechos constitutivos de alguno de los crímenes a que se refiere el artículo 20 sólo podrán ser juzgados en virtud del presente Estatuto:

si el hecho de que se trata estuvo tipificado como crímen ordinario por ese tribunal y no como crímen cuyo enjuiciamiento es de la competencia de la Corte; o

si ese otro tribunal no actuó con la imparcialidad o independencia, si el procedimiento tenía por objeto permitir que el acusado eludiera su responsabilidad pena internacional o si la causa no fue instruida con diligencia.

3. La Corte, al determinar la pena que haya de imponerse a una persona reconocida culpable en virtud del presente Estatuto, tendrá en cuenta la medida en que esa persona haya cumplido cualquier pena impuesta por otro Tribunal por el mismo hecho”.

Igualmente contrapuesto al principio de complementariedad y de cooperación judicial internacional es el párrafo cuarto del artículo 53 al disponer que el Estado parte diera preferencia, en lo posible, a la solicitud de detención y traslado de la Corte por encima de las solicitudes de extradición formuladas por otros Estados.

Si bien la competencia en la Corte era indiscutible cuando no existiera sistema judicial al guno en funcionamiento, se hace necesario y obligatorio examinar cuidadosamente la intervención de la Corte en situaciones en que un sistema judicial nacional esté en funciones.

Los peligros de exacerbar la competencia son cada vez más reales al pretenderse extender a situaciones de amnistía nacional, desentendiéndose de la misma o interviniendo antes de su Decreto.

Para defender la tesis de preeminencia de la Corte sobre los Tribunales Nacionales se ha tomado como procedente el artículo 9 del Estatuto del Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia, precedente inapropiado por ser muy especial la circunstancia que originó este último y haber sido una decisión del consejo de Seguridad, al igual que el Tribunal especial para Ruanda.

Una variante a la competencia de esta Corte podría ser sobre determinados delitos de gran envergadura internacional teniendo como posibilidad su impugnación a partir de criterios que determine el Estatuto.

Si la competencia comprendiera delitos tipificados en virtud de tratados, los regímenes establecidos en esos tratados deberán tener primacía y la Corte intervendría únicamente si se demostrara que esos tratados no tenían eficacia.

10. Armonizar diversas culturas jurídicas no resulta fácil; el estatuto deberá prever un a representación geográfica equitativa así como de los sistemas jurídicos del mundo sin olvidar a los Estados pequeños y a los subdesarrollados o en vías de desarrollo a la hora de la elección de os magistrados y fiscales.

La Corte contará de presidencia, sala de Apelaciones, sala de Primera instancia y otras salas que pudieran ser de instrucción o procesamiento, la Fiscalía como autónomo dentro de la Corte y la Secretaría.

Se pretende una proporción para los magistrados entre los que sean expertos en Derecho Penal y los de reconocida competencia de Derecho Inte rnacional, no existen acuerdos concordantes al respecto. En relación a los nombramientos y elección la propuesta resulta atractiva -por los Estados partes- aunque muchos defienden que sea por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad, al estilo de la Corte Internacional y el Tribunal Internacional para la ex-Yugoslavia.

11. Respecto al Derecho aplicable el proyecto propone que la Corte utilice el presente estatuto, los tratados aplicables y los principios y normas de derecho internacional, y cualquier norma de derecho interno en la medida que se aplicable.

Para satisfacer los requisitos de exactitud y certidumbre de los procesos penales, las normas que aplicaría la Corte tendrían que quedar bien claras en el asunto, independientemente de lo que se disponga nacionalmente sobre conflictos de leyes; no solo son los delitos y las sanciones sino también los principios de la responsabilidad penal, individual, las excepciones y las normas sobre instrucción y pruebas.

Se planteó utilizar los términos del artículo 38 del Estatuto de la CIJ aunque algunas delegaciones ponían en duda la aplicación de los principios y normas del DIP, así como aclarar que el derecho interno es un medio subsidiario para determinar los principios generales de derecho comunes a los principales sistemas jurídicos, o bien indicar expresamente cuáles serían las normas de derecho interno pertinentes.

El alcance de la competencia por razón de la materia fue y sigue siendo una de las cuestiones mas debatidas.

Varias delegaciones destacan la importancia de limitar la competencia a los crímenes más graves que preocupan a la comunidad internacional, con la finalidad de promover la aceptación amplia de la Corte por los Estados y aumentar su eficacia; aumentar la autoridad moral y prestigio de la Corte; no recargarla con casos que podían ser juzgados adecuadamente por los tribunales nacionales y limitar l a carga financiera impuesta a la comunidad internacional.

En el artículo 20 del proyecto de Estatuto figuran:

El crímen de genocidio

El crímen de agresión

Las violaciones graves de las leyes y uso aplicables de los conflictos armados

Los crímenes de lesa humanidad

Los crímenes definidos en Tratados cuya relación sea anexa.

Respecto a la selección de los delitos se hicieron diversas propuestas como la de limitar a los de los apartados a) del artículo 20 habida cuenta su magnitud, incidencia y consecuencias internacionales inevitables, se expresan diferentes opiniones sobre el delito de agresión contrapuestas entre sí: se estimó que incluir los crímenes mencionados en los apartados a, c y d, bastaría para no tener que establecer Tribunales ad hoc adicionales, habida cuenta el alcance de la competencia de los tribunales ya existentes. Algunas delegaciones hicieron mención respecto al apartado e) y evocaron los relacionados con el Terrorismo y las drogas, la tortura y el apartheid como da grave trascendencia internacional e incluirse en la competencia. Así mismo y con fuerza se defendió la inclusión de las transgresiones de la Convención sobre la seguridad del personal de las Naciones Unidas y el personal asociado, convención todavía no aprobada por la comunidad internacional, así como los relacionados con el medio ambiente. Se propuso un mecanismo para que los Estados remitiesen a la Corte asuntos extraordinarios no comprendidos. También ampliar la competencia podría hacer posible utilizarla como otro mecanismo de arreglo pacífico de controversias.

Respecto a la especificación de los crímenes se opinó que un instrumento de procedimiento en que se enumera los crímenes en lugar de definirlos no satisfaría los requisitos del principio de legalidad ( nullum crímen y nulla poena sine previa lege ), y elementos constituyentes de cada crímen deberían especificarse para garantizar el respeto pleno de los derechos de los acusados. Se sugirió hacer referencia a las disposiciones de los tratados pertinentes o incorporarlos, redactar las definiciones utilizando como punto de partida el Estatuto del Tribunal de Nurermberg y los Estatutos de los Tribunales Internacionales para la ex Yugoslavia y Ruanda, o terminar el proyecto de código de crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad como cuestión prioritaria para evitar demoras en el establecimiento de la Corte.

Se propuso consignar el principio de la no retroactividad de las disposiciones del estatuto y que no pudiera imponerse sanción si el mismo no consignaba una definición clara del crímen.

No vamos a abordar en especie los delitos que se propone, conozca la Corte pues quedan por definirse algunas situaciones que sería parte de un sólo trabajo. Queríamos mencionar sólo la gran espada de Dámocles que se cernería sobre el Tribunal: el Consejo de Seguridad.

El Consejo de Seguridad tiene implementada su intervención en el artículo 23, y los presupuestos de actuación de la Corte están condicionados al accionar del mismo, siempre que le sea remitido el asunto de conformidad con el Título, digo, Capítulo VII de la Carta. Mas específico es en cuanto a la agresión pues debe haber determinado previamente que un Estado cometió el acto el acto. La defensa de tales propuestas parten de sus atribuciones en el Consejo de Seguridad, en la evitabilidad de crear nuevos Tribunales especiales ¿Quien puede asegurar que sólo se limitaría a remitir asuntos o situaciones generales y no determinaciones sobre personas? .

Si se pretende un Tribunal internacional imparcial e independiente ¿cómo va a estar sujeto a las decisiones y predeterminaciones de un órgano político?, ¿cómo ejercería su jurisdicción en delitos como la agresión si un miembro per manente decide ejercer el veto?, ¿cómo distinguir entre la determinación por el Consejo de la agresión en relación con un Estado y la atribución de responsabilidad penal individual por la Corte?, o mas claramente ¿Podría resolver la corte que un jefe de estado no es responsable de agresión a pesar de que el Consejo determinó previamente que el Estado había cometido un acto de agresión? Además, la relación entre la prioridad al Consejo dada por el artículo 12 de la Carta y los fallos judiciales de la CIJ era diferente a la que se proponía en el Estatuto.

Respecto al párrafo tercero debe especificarse su relación con el primero pues parecen antípodas, a la vez que definir los criterios para entender que el Consejo se estaba ocupando de una situación concreta o desempeñando sus funciones.

  IV. Conclusiones  

El tema en cuestión no ha sido agotado ni mucho menos para brindar unas conclusiones rotundas, pero vale la pena detenerse en los siguiente:

  • El Derecho Internacional ha progresado en este siglo hasta poder delimitar y exigir responsabilidad penal a personas físicas o naturales por actos ilícitos que lo transgreden.

  • Esta delimitación de responsabilidad individual no solo repercute en la esfera del derecho humanitario sino también en la de los derechos humanos.

  • Si es posible exigir responsabilidad a transgresores individuales a instancia de los Estados y la comunidad internacional, ¿cómo no va ser posible admitir denuncias o demandas de personas individuales que ven transgredidos sus derechos?

  • La creación de un tribunal o corte penal internacional de carácter permanente, para ser creíble universalmente, debe desvincular sus dependencia del Consejo de Seguridad de la ONU; representar todos los sistemas jurídicos nacionales o por lo menos sus puntos comunes; ser un órgano de última jurisdicción n acional y a lo convenido en tratados; que deberá nacer simultáneamente al tan esperado código de crímenes contra la paz y la seguridad. Pero todo ello implicaría modificar las reglas del juego en Naciones Unidas, y eso hasta ahora es anhelo.

  • En el trabajo no abordamos lo que de aporte pueda brindar nuestro país, aunque este acercamiento divulgativo pudiera ser uno de los pasos.

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  Notas :

  1. Documentos Oficiales de la Asamblea General, Suplemento No. 10 A/49/355.

  2. Documentos Oficiales de la Asamblea General. A/AC.244.1 y Add. 1 a 4.

  3. Documentos Oficiales de la Asamblea General A/AC.244/L.2.

  4. Documentos Oficiales de la Asamblea General. Suplemento No. 22 A/50/22 Nueva York 1995.

  5. Documentos Oficiales de la Asamblea General. Suplemento No. 22 A A/51/22 Nueva York 1996.

  6. El tribunal militar de Nuremberg sesionó desde el 20 de noviembre de 1945 hasta el 1 de octubre 1946 y sancionó a pena de muerte a 12 criminales de guerra alemanes (Bormann en rebeldía), 7 a prisión y absolvió a 3. El tribunal militar Internacional de Tokio sesionó desde el 3 de mayo de 1946 hasta el 12 de noviembre de 1948 y sancionó a muerte a 7 personas, 16 a prisión perpetua y a 2 a prisión. Posteriormente se han celebrado otros procesos hasta nuestros días contra criminales de guerra.

  7. “Nuremberg. Enseñanzas históricas y la actualidad” en Revista Jurídica Militar MINFAR 1/1073 PAG. 80.

  8. Tunkin en su Curso de Derecho Internacional, libro 1, plantea que esta clasificación se aprueba en 1976. Pág.. 215.

  9. Asdrubal Aguiar en su trabajo “ La Responsabilidad Internacional del Estado por Violación de Derechos Humanos, pág. 153, nos informa que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado hasta la fecha en los asuntos Viviana Gallardo y otras vs Costa Rica (1981); Velásquez Rodríguez vs Honduras (1988,1990). Godinez Cruz vs Honduras (1989 y 1990); Fairén Garbi y Solís Corrales vs Honduras (1989) y víctimas de Cayara vs Perú (1993). Se encuentran en curso los casos Aloeboeto y otros vs Suriname; Gangaram Panday vs Suriname; Neyra Alegría y otros vs Perú; y Caballeros Delgado y Santana vs Colombia.

  Bibliografía consultada:  

1. Asdrubal Aguiar. A “La Responsabilidad Internacional del Estado por violación de Derechos Humanos”. Estudios básicos de Derechos Humanos Tomo I. IIDH. San José Costa Rica 1994 pág. 117-154.

2. Amnistía Internacional. Boletín junio 1996.

3. Blishchenko. I et al. Terrorism: An International crime Review of Contemporary Law. Brussels 1978 pág. 1-19.

4. D'Estefano, Miguel. Esquemas del Derecho Internacional Público Tomos I Y II. Editorial Pueblo y Educación 1997. Casos en Derecho Internacional Público. Editorial Ciencias Sociales 1974.

5. Fernández-Rubio, Angel. Instrumentos Jurídicos Internacionales Tomos I y II. Editorial Pueblo y Educación 1991.

6. Golstone, Richard. “Cincuenta años después de Nuremberg: un nuevo Tribunal Penal Internacional para criminales que atentan contra los Derechos Humanos " . Revista Memoria Centro de Derechos Humanos de Nuremberg, 8/1996.

7. Revista Jurídica Militar. MINFAR. República de Cuba. 1/1973 pág. 80.

8. Saavedra Rojas, Edgar et al Derecho Penal Internacional. Tomo I Derechos Humanos. Ediciones Jurídicas Gustavo Ibañez. 1995. Bogotá.

9. Naciones Unidas, Asamblea General. Documentos Oficiales: A/49/355. 1 Septiembre 1994. Proyecto de Estatuto de una Corte Penal Internacional. Suplementos No. 22 (A/50/22) New York 1995.

Informe del Comité Especial sobre el establecimiento de una corte penal internacional. Suplemento No. 22 A (A/51/22) New York 1996. Informe del Comité Preparatorio sobre el establecimiento de una corte penal internacional. A/CN. 4/L. 527.5 de julio 1996.

Proyecto de informe de la comisión de Derecho Internacional sobre la labor realizada en su 48 período de sesiones.

A/CN.4/ L .532 8 de julio de 1996 Proyecto de Código de Crímenes contra la paz y la Seguridad de la Humanidad.

10. Peces-Barba Gregorio. Curso de Derechos Fundamentales I Eudema Univ 1991 Madrid Tunkin, G, Curso de derecho Internacional. Libro I Editorial Progreso, Moscú 1979 pag. 1733-228.

  José Julián Cala Sagué   nació en la ciudad de Santiago de Cuba el 13 de marzo de 1958. Graduado de licenciado en Derecho de la Universidad de La Habana en 1981. En su trayectoria laboral se ha desempeñado como asesor jurídico de empresas, juez del Tribunal Provincial de Las Tunas y actualmente magistrado del Tribunal Supremo de la República de Cuba.  

  Ha publicado diversos artículos en medios especializados jurídicos. Tiene categoría docente de profesor asistente, desempeñándose como tal en la disciplina de Derecho Penal. Forma parte de la Comisión de investigaciones jurídicas, ha trabajado en las comisiones redactoras de algunos proyectos legislativos como el actual Código Penal.  

  Integró la delegación cubana que participó en la sesión última de 1997 del Comité Contra la Tortura.  

  Miembro de la Unión Nacional de Juristas de Cuba y de sus sociedades científicas de Ciencias Penales, Derecho Constitucional y Administrativo y de Derecho e Informática en la que preside el capítulo de la provincia Ciudad de La Habana.