La protección del medio ambiente en período de conflicto armado

01-11-1991 Artículo, Revista Internacional de la Cruz Roja, por Antoine Bouvier

  «The deterrence of, and response to, environmental attacks  

  are new dimensions to national security challenges» [2 ] .

  I. INTRODUCCIÓN [1 ]

Desde comienzos de los años setenta, el constante deterioro del medio ambiente ha motivado una toma generalizada de conciencia de la gravedad de los daños que el hombre causa a la Naturaleza.

La importancia vital que tiene para la Humanidad proteger el medio ambiente, así como la acción decisiva de numerosos organismos especializados, ha llevado, con los años, a la aprobación de una importante reglamentación jurídica de las cuestiones relativas a la protección y a la preservación del medio ambiente.

Esta toma de conciencia -y la acción normativa resultante- se manifestó, en primer lugar, a nivel de los Estados.

Esto ha hecho que se apruebe un gran número de textos legislativos para proteger el medio ambiente como tal, o algunos de sus elementos (leyes sobre la protección de las aguas, del aire, de los bosques, etc.). Asimismo, muchos Estados han promulgado normas constitucionales relativas a la protección del medio ambiente [3 ] .

Sin embargo, en vista de la gravedad de los problemas ecológicos, de la dimensión evidentemente transnacional de algunos de ellos y de la insuficiencia de las medidas medioambientales exclusivamente nacionales, los Estados y los organismos especializado s no tardaron en llegar a la conclusión de que era indispensable una reglamentación internacional de estas cuestiones.

La protección o la preservación del medio ambiente se inscribió así en el orden del día de muchas instituciones que promueven el desarrollo del derecho internacional general. Sus trabajos condujeron a la aprobación de una importante normativa en constante desarrollo: el derecho internacional relativo al medio ambiente. El contenido de ese derecho es variado: incluye tanto disposiciones relativas a las modalidades de cooperación internacional que deben instaurarse para hacer frente a los atentados contra el medio ambiente como las normas referentes a la prevención de esas agresiones, por citar sólo algunos ejemplos.

No es posible examinar aquí en detalle las normas del derecho internacional relativo al medio ambiente (que, como es sabido, está destinado esencialmente a aplicarse en tiempo de paz). Nos limitaremos, pues, a recordar los dos principios fundamentales de ese derecho.

El primero de ellos impone a los Estados la obligación de no causar daños al medio ambiente situado fuera de su jurisdicción territorial.  

Ese principio ha sido reafirmado mediante varias decisiones judiciales [4 ] y está definido, con precisión, en varios tratados internacionales [5 ] y en muchos textos no convencionales [6 ] .

El segundo principio establece la obligación de respetar el medio ambiente en general. Al igual que el anterior, está enunciado tanto en tratados como en textos no convencionales, de alcance bilateral zonal o universal [7 ] .

Las cuestiones relativas a la protección del medio ambiente han sido también abordadas en el marco más específico del derecho internacional de los derechos humanos. En ese contexto, se admite actualmente que no puede lograrse el desarrollo y la plenitud del ser humano -que son los objetivos fundamentales de los derechos humanos- si el medio ambiente sufre graves daños [8 ] . Así pues el derecho a un medio ambiente sano se considera cada vez más como un elemento fundamental de los derechos humanos. Ese derecho está expresamente estipulado en tratados internacionales [9 ] , en textos no convencionales y en las constituciones de muchos Estados [10 ] .

A esta altura de nuestro análisis de las disposiciones relativas a la protección del medio ambiente en tiempo de paz, cabe señalar por último que el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja ha examinado también atentamente esas cuestiones, en relación con las cuales se han aprobado varias resoluciones [11 ] y publicado muchos trabajos [12 ] .

La inclusión, en los trabajos más recientes de codificación del derecho internacional humanitario, de las cuestiones relacionadas con la protección del medio ambiente era, a la vez, evidente y lógica: evidente puesto que las principales tendencias en el desarrollo del derecho aplicable en tiempo de paz son, con frecuencia, idénticas a las que conducen al desarrollo del derecho internacional humanitario; lógica si se tienen en cuenta los graves daños que algunos métodos o medios de guerra modernos causan al medio ambiente. En el capítulo II del presente artículo, se resumen las principales normas de derecho internacional humanitario relativas a la protección del medio ambiente en tiempo de guerra.

Conviene recordar que, en período de conflicto, los daños al medio ambiente son inevitables. En realidad, las guerras han causado siempre daños al medio ambiente, algunos muy duraderos. Así, algunos de los campos de batalla de la Primera o de la Segunda Guerra Mundial, por no citar más que esos conflictos, aún siguen sin poder explotarse hoy, o presentan considerables riesgos para la población, debido a la presencia de material de guerra (particularmente minas y proyectiles) [13 ] .

La finalidad de las normas de derecho internacional humanitario relativas a la protección del medio ambiente no es excluir totalmente los daños al medio ambiente, sino más bien limitarlos a una escala que pueda considerarse tolerable. Desafortunadamente, es de temer que el empleo en los campos de batalla de medios de guerra particularmente devastadores (con efectos que, en muchos casos, aún hoy se desconocen) ocasione daños inaceptables, que harían ilusoria la protección reconocida a toda la población civil por las normas de derecho internacional humanitario. En efecto, en la hipótesis de una perturbación grave del medio ambiente, la aplicación de las disposiciones relativas a la protección de las víctimas de los conflictos armados (ya se trate de los heridos, los enfermos, los prisioneros de guerra o las personas civiles) podría tropezar con obstáculos insalvables. Aunque sólo sea por estas razones, el respeto y el cumplimiento de las disposiciones del derecho internacional humanitario relativas a la protección del medio ambiente revisten una importancia fundamental.

Esas cuestiones cobraron una repentina y trágica actualidad con motivo del reciente conflicto que afectó a Oriente Próximo en 1990-1991.

Tras estos acontecimientos, muchas personas se han interrogado sobre el contenido, los límites y las eventuales lagunas de las normas del derecho internacional humanitario relativas a la protección del medio ambiente en período de conflicto armado, así como sobre los medios para mejorar esta protección. Estas cuestiones han sido objeto de var ias reuniones de especialistas en derecho humanitario y en cuestiones relacionadas con la protección del medio ambiente [14 ] .

A pesar del interés y de la calidad de los debates que han suscitado esas recientes reuniones, no ha sido posible llegar a conclusiones definitivas. Quedan todavía demasiados elementos difíciles de determinar, ya se trate de la evaluación científica de los daños causados por la guerra moderna al medio ambiente [15 ] o del contenido y los límites del derecho aplicable.

Sin embargo, de los trabajos de estas reuniones se deduce:

a) que la sola referencia al conflicto de 1990-1991 no es suficiente, ya que los tipos de daños que sufre el medio ambiente en tiempo de guerra pueden variar considerablemente;

b) que deberían reexaminarse, no obstante, diversos problemas, a fin de resolver ciertas cuestiones de interpretación de las normas aplicables, o de colmar algunas lagunas de este derecho;

c) que, siempre que se apliquen y respeten como es debido, las normas actuales del derecho internacional humanitario deberían permitir limitar sensiblemente los daños causados al medio ambiente en tiempo de conflicto armado.

     

  II.   EXAMEN DEL DERECHO APLICABLE RELATIVO A LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN TIEMPO DE CONFLICTO ARMADO  

En las páginas siguientes, se reseñan los principios generales y las normas jurídicas, consuetudinarias o convencionales, relativas a la protección del medio ambiente en tiempo de guerra. Sólo las disposiciones de particular importancia son objeto de un detenido examen, las demás se mencionan a título informativo.

Conviene también señalar que si el c oncepto de medio ambiente -como tal- sólo apareció en los años setenta, muchas normas y principios generales del derecho internacional humanitario - a menudo muy anteriores a esta época - contribuyen también a proteger el medio ambiente en período de conflicto.

     

  A) Principios generales  

El primer principio -fundamental para el derecho humanitario- que conviene citar es el principio de que el derecho de las partes en conflicto a   elegir los métodos o medios de combate no es ilimitado. Enunciado por primera vez en 1868 en la Declaración de San Petersburgo, este principio se reafirmó en varios tratados de derecho internacional humanitario y, por última vez, en el artículo 35, apartado 1, del Protocolo adicional I de 1977.

Otro principio fundamental del derecho internacional humanitario que debemos mencionar aquí es el de la proporcionalidad, que impregna muchas disposiciones de ese derecho [16 ] . Al igual que el anterior, este principio se aplica también, sin lugar a duda, a la protección del medio ambiente en período de conflicto armado [17 ] .

     

  B) Tratados que protegen indirectamente el medio ambiente  

Es importante definir, ante todo, lo que se entiende por protección indirecta del medio ambiente. Se trata simplemente de tener en cuenta que, hasta comienzos de la década de los setenta, el derecho internacional humanitario fue «tradicionalmente antropocéntrico, tanto por su alcance como po r su campo de estudio» [18 ] . El medio ambiente como tal no aparece, pues, en esos textos (esta noción no se había inventado, por lo demás, cuando se aprobó la mayor parte de ellos). Resultaba, no obstante, protegido por disposiciones relativas, por ejemplo, a la propiedad privada o a la protección de la población civil.  

Pueden encontrarse disposiciones de esa índole en muchos tratados internacionales. La mayoría de ellas son ahora normas de carácter consuetudinario.

Dada la imposibilidad de pasar revista a todos esos instrumentos, nos limitaremos a examinar los más importantes de ellos.

Ya hemos mencionado la importancia de los principios generales enunciados en la Declaración de San Petersburgo de 1868, que fueron reafirmados y puntualizados en el Convenio sobre las leyes y costumbres de la guerra terrestre (Convenio IV, firmado en La Haya el año 1907) [19 ] . El Reglamento anexo al mismo contiene una disposición, en el artículo 23, apartado g, que merece ser citada aquí. Este artículo ilustra perfectamente el enfoque antropocéntrico al que aludimos antes. Por otra parte, la prohibición de «destruir o apoderarse de propiedades enemigas, excepto en el caso en que estas destrucciones o apropiaciones sean imperiosamente reclamadas por las necesidades de la guerra», hace que el artículo 23 sea uno de los fundamentos más antiguos de la protección del medio ambiente en período de conflicto.

Varios tratados en los que se limita o prohibe el uso de ciertos medios de combate contribuyen también a la protección del medio ambiente en periodo de conflicto. En ese sentido, cabe mencionar:

  - el Protocolo sobre la prohibición del uso, en la guerra, de gases asfixiantes, tóxicos o similares y de medios bacteriológicos, aprobado en Ginebra el 17 de junio de 1925;

  - la Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción y el almacenamiento de armas bacteriológicas (biológicas) y toxinicas y sobre su destrucción, aprobada el 10 de abril de 1972;

  - la Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados», aprobada el 10 de octubre de 1980.

Esta última Convención presenta un interés particular, por lo menos por dos razones:

  • prevé un mecanismo de revisión y de enmiendas (art. 8); cabe, pues, imaginar que, llegado el caso, se introduzca un protocolo adicional relativo a la cuestión de la protección del medio ambiente;

  • algunas de sus disposiciones, especialmente la relacionada con el empleo de minas, armas trampa y otros artefactos (Protocolo II) y de armas incendiarias (Protocolo III) contribuyen directa y concretamente a la protección del medio ambiente en período de conflicto [20 ] .

Hay que citar aquí un último tratado: el Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles (Convenio IV del 12 de agosto de 1949), particularmente su artículo 53, en el que se prohíbe la destrucción de bienes muebles o inmuebles. Este artículo constituye una protección mínima del medio ambiente en caso de ocupación.

     

  C) Tratados que protegen específicamente el medio ambiente  

Hay que mencionar dos tratados:

- La Convención sobre la prohibición de utilizar técnicas de modificación ambiental con fines militares u otros fines hostiles (Convención «ENMOD», aprobada en el marco de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1976); y

- El Protocolo I de 1977, adicional a los Convenios de Ginebra de 1949.

  1. Convención sobre la prohibición de utilizar técnicas de modificación ambiental con fines militares u otros fines hostiles  

Suscrita bajo la égida de las Naciones Unidas -en respuesta particularmente a los temores inspirados por el empleo de medios de combate muy perjudiciales para el medio ambiente durante la guerra de Viet Nam- [21 ] , esta Convención tiene por objeto prohibir la utilización, con fines militares o para otros fines hostiles de «técnicas de modificación ambiental que tengan efectos vastos, duraderos o graves, como medios para producir destrucciones, daños o perjuicios a otro Estado parte» (art. 1).

Los daños al medio ambiente prohibidos en la Convención son los que resultan del uso de «todas las técnicas que tienen por objeto alterar -mediante la manipulación deliberada de los procesos naturales- la dinámica, la composición o estructura de la Tierra (...)» (art. 2).

  2. Protocolo I adicional a los Convenios de Ginebra de 1949  

El Protocolo I contiene 2 artículos que tratan específicamente de la protección del medio ambiente en período de conflicto armado internacional.

Cabe recordar que esta cuestión no figuraba en los proyectos de Protocolo pre sentados por el CICR a la Conferencia Diplomática sobre la Reafirmación y el Desarrollo del Derecho Internacional Humanitario Aplicable a los Conflictos Armados (CDDH).

Esas dos disposiciones fueron, pues, fruto de los trabajos de la CDDH; su existencia demuestra la toma de conciencia de la importancia del respeto del medio ambiente, que caracterizó los comienzos de los años setenta [22 ] .

a) En el artículo 35, párrafo 3, se estipula la prohibición de emplear «métodos o medios de hacer la guerra que hayan sido concebidos para causar, o de los que quepa prever que causen daños extensos, duraderos y graves al medio ambiente natural».

Este artículo se relaciona con los métodos y medios de guerra y protege el medio ambiente como tal.  

b) En el artículo 55, se dispone que:

«1. En la realización de la guerra se velará por la protección del medio ambiente natural contra daños extensos, duraderos y graves. Esta protección incluye la prohibición de emplear métodos o medios de hacer la guerra que hayan sido concebidos para causar o de los que quepa prever que causen tales daños al medio ambiente natural, comprometiendo así la salud o la supervivencia de la población.

2. Quedan prohibidos los ataques contra el medio ambiente natural como represalias».

Es importante señalar que este artículo -cuya finalidad es proteger a la población civil contra los efectos de las hostilidades- se encuadra en un contexto más amplio: el de la protección de los bienes de carácter civil, a la que se refiere el Capítulo III del Titulo IV del Protocolo (arts. 52-56).

Por lo tanto, esta disposición no es una simple repetición del articulo 35, párrafo 3. Contiene la obligación gen eral de preocuparse por la protección del medio ambiente natural en la conducción de las hostilidades, pero esta obligación está centrada en la protección de la población civil, mientras que el articulo 35, párrafo 3, está orientado a proteger el medio ambiente como tal [23 ] .

Además, como es lógico, las represalias contra el medio ambiente están prohibidas en la medida en que, en definitiva, perjudicarían a toda la Humanidad.

Conviene, por último, recordar que otras disposiciones del Protocolo I contribuyen indirectamente a proteger el medio ambiente en período de conflicto [24 ] . Se trata, en particular, de los artículos 54 («Protección de los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil») y 56 («Protección de las obras e instalaciones que contienen fuerzas peligrosas»).

     

  3. Relación entre las disposiciones del Protocolo I y las normas de la Convención sobre la prohibición de utilizar técnicas de modificación ambiental («ENMOD»)  

Conviene, ante todo, destacar que esos tratados prohiben tipos muy distintos de atentados contra el medio ambiente. En el Protocolo I, se prohíbe el recurso a la guerra ecológica, es decir, al uso de métodos de combate que puedan romper ciertos equilibrios naturales indispensables. Los daños contra el medio ambiente objeto de la Convención ENMOD son diferentes. En este caso, se trata del recurso a la guerra llamada geofísica, que significa la manipulación deliberada de los procesos naturales que puede provocar fenómenos tales como «huracanes, maremotos, terremotos, pero también lluvia o nieve» [25 ] .

Lejos de ser repetitivos, estos dos tratados internacionales son complementarios, aunque planteen delicadas cuestiones de interp retación, por lo que respecta, en particular, a sus relaciones reciprocas. Esas dificultades se deben, especialmente, al hecho de que asignan un significado diferente a ciertos términos que aparecen en ambos tratados. Así es como el sentido atribuido por el Protocolo I a los términos «vastos, duraderos y graves» no es idéntico al que les da el Convenio de 1976. Por no citar más que un ejemplo de esas dificultades terminológicas, recordemos que si «para la Convención de las Naciones Unidas el término'duradero'se entiende como un periodo de varios meses o aproximadamente una estación (...), para el Protocolo, se traduce en decenios» [26 ] .

Por otra parte, si las condiciones de duración, gravedad y extensión son acumulativas en las disposiciones del Protocolo I, cada una de ellas basta para que la Convención ENMOD sea aplicable.

Estas distinciones pueden causar dificultades en la aplicación de esas normas. Por lo tanto, es de desear que los trabajos que actualmente se realizan en el ámbito de la protección del medio ambiente en tiempo de guerra (véase nota 14) permitan armonizar las disposiciones de los dos tratados examinados en este párrafo [27 ] .

     

  D) Protección del medio ambiente en período de conflicto armado no internacional  

A pesar de los riesgos evidentes que corre el medio ambiente en caso de conflicto armado no internacional, ninguna norma del derecho internacional aplicable en estas situaciones protege específicamente el medio ambiente. En realidad, durante los trabajos de la CDDH, se propuso introducir en el Protocolo II una disposición análoga a los artículos 35, párrafo 3, y 55 del Protocolo I, pero esta propuesta fue finalmente rechazada [28 ] .

La protección d el medio ambiente no está, sin embargo, totalmente ausente del Protocolo II, gracias al artículo 14 («Protección de los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil») y al artículo 15. El artículo 14 prohíbe los ataques contra «los artículos alimenticios y las zonas agrícolas que los producen, las cosechas, el ganado, las instalaciones y reservas de agua potable y las obras de riego» y contribuye así, sin duda alguna, a la protección del medio ambiente en período de conflicto armado no internacional. Ocurre lo mismo con el artículo 15, que prohíbe los ataques contra las instalaciones que contienen fuerzas peligrosas, si esos ataques pueden causar la liberación de estas fuerzas.

     

  III. CONCLUSIÓN  

El poder destructor de los medios de combate utilizados en los conflictos armados o disponibles actualmente en los arsenales constituye una amenaza para el medio ambiente, ya que puede causar daños de una gravedad sin precedentes en la historia de la Humanidad. Conviene, pues, atribuir gran importancia al respeto de las normas de derecho humanitario relativas a la protección del medio ambiente en período de conflicto y prestar una constante atención al perfeccionamiento y a la mejora de esta protección.

Contrariamente a ciertos autores [29 ] , no estamos convencidos de la necesidad de una revisión global de las normas del derecho humanitario relativas a la protección del medio ambiente, revisión que la aparición en el campo de batalla de nuevos medios de combate hace indispensable, según esos autores.

Ciertas cuestiones merecen, sin embargo, ser examinadas atentamente. Mencionemos, a título de ejemplo -refiriéndonos a los trabajos de Londres y de Ottawa [30 ] -, la cuestión de la protección del medio ambiente en período de conflicto armado no internacional, así como la de la de terminación de las normas aplicables entre un Estado parte en un conflicto y un Estado no parte en él, pero cuyo medio ambiente podría estar en peligro a causa del conflicto. También debería examinarse la sugerencia hecha por algunos expertos de que las reservas naturales sean declaradas zonas desmilitarizadas en período de conflicto [31 ] .

De la labor realizada hasta ahora se desprende que, siempre que sean correctamente aplicadas y respetadas, las normas de derecho internacional humanitario vigentes (véase el capítulo II) deberían permitir limitar sensiblemente los daños al medio ambiente en período de conflicto. Más que iniciar un nuevo proceso de codificación -del que cabe dudar que tenga un resultado positivo-, convendría, pues, hacer un esfuerzo particular para que esas normas se impongan al mayor número posible de Estados.

Debe insistirse en la aplicación [32 ] y el respeto de las normas vigentes, a fin de que las generaciones futuras no se vean confrontadas a insuperables problemas derivados de los daños causados al medio ambiente en período de conflicto.

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  Antoine Bouvier   es licenciado en Derecho por la Universidad de Ginebra. Es miembro de la División Jurídica del CICR desde 1984. Ha publicado varios artículos en la Revista, entre los cuales «El uso del emblema de la cruz roja o de la media luna roja: casos especiales» (n° 95, septiembre-octubre de 1989, pp. 463-485).  

     

  Notas   :  

1. Las opiniones expresadas aquí son las del autor y no vinculan, por lo tanto, al Comité Internacional de la Cruz Roja.

2. «La disuasión de los ataques contra el medio ambiente y la respuesta a ellos son nuevas dimensiones de los desafíos que se plantean a la seguridad nacional», «Conduct of the Persian Gulf Conflict», informe provisional presentado al Congreso, Departamento de Defensa, Washington, julio de 1991, p. 11.

3. Puede verse una lista de los Estados que han introducido ese tipo de normas en su constitución en: Schwartz, Michelle, «Preliminary Report on Legal and Instiutional aspects of the relationship between human rights and the environment», Ginebra, agosto de 1991, p. 11.

4. Cf. «La protection de l'environnement en temps de conflit armé», Comunidades Europeas, opúsculo 54 110/85 SLND, pp. 17-18.

5. Cf., por ejemplo, el artículo 194, párrafo 2 de la Convención sobre el Derecho del Mar, del 10 de diciembre de 1982.

6. Cf., por ejemplo, el principio n° 21 de la Declaración de Estocolmo, aprobada el 16 de junio de 1972 por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente. Puede verse un resumen de los trabajos de esta Conferencia en la Revue internationale de la Croix-Rouge (RICR), n° 648, de diciembre de 1972, pp. 754 y ss., y en la RICR, n° 644, de agosto de 1972, pp. 310 y ss.

7. Puede verse un inventario de esos textos en «La protection de l'environnement en temps de conflit armé», op. cit., pp. 25-30.

8. Para un análisis más detallado de ese problema, véase Schwartz, op. cit., pp. 4-11.

9. Cf., por ejemplo, el artículo 24 de la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos, firmada en Nairobi en junio de 1981: «Todos los pueblos tienen derecho a un medio ambiente satisfactorio y global, propicio para su desarrollo».

10. Cf. supra nota 3.

11. Resolución n° 17 de la XXII Conferencia Internacional, Teherán 1973, Res. n° 21, XXIII Conferencia Internacional, Bucarest, 1977.

12. Cf., por ejemplo, Domanska, Irena: «La Croix-Rouge et les problèmes de l'environnement», RICR de febrero de 1972, p. 80; «La Cruz Roja y el medio ambiente», RICR, n° 6, de junio de 1976, p. 301; Schaar, J.: A Shade of Green: Environment Protection as Part of Humanitarian Action, Instituto Henry Dunant, Ginebra, 1990.

13. Para un análisis de esas cuestiones, véase: Commentaire des Protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949, dirigida por Sandoz, Yves, Swinarski, Christophe y Zimmermann, Bruno, CICR, Ginebra, 1986, p. 413, párr. 1443 y nota 84.

14. Se trata, esencialmente, de un Coloquio celebrado el 3 de junio en Londres, bajo los auspicios de la London School of Economics, del Centre for Defence Studies y Greenpeace International, con miras a estudiar la necesidad de un V Convenio de Ginebra, así como de una conferencia de expertos convocada en Ottawa por el Gobierno canadiense (10-12 de julio). La cuestión de la protección del medio ambiente en período de conflicto armado fue también abordada en el III Comité preparatorio de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el DesarrolIo y el Medio Ambiente (UNCED), del 12 de agosto al 4 de septiembre de 1991.

15. Tal evaluación es extremadamente delicada debido a la diversidad de los daños que puede sufrir el medio ambiente y al hecho de que algunos de el los sólo se perciben tras cierto tiempo, que puede ser largo. Puede verse una evaluación parcial de los daños sufridos durante el conflicto de 1990-1991 en: «On impact, Modern Warfare and the Environment, a case study of the GuIf War», Greenpeace International, Londres, 1991; «Some lessons to be learned from the environmental consequences of the Arabian Gulf War», WWF International, mayo de 1991 (documento distribuido en el II Comité Preparatorio de la UNCED); Evaluación ecológica de la crisis del Golfo, Doc. A/Conf./151/PC/72, informe examinado en el III Comité Preparatorio de la UNCED.

16. Cf., por ejemplo, los arts. 35, párr. 2; 51, párr. 5, inciso b; 57, párr. 2, incisos a y b del Protocolo I de 1977.

17. Para un análisis del principio de proporcionalidad y de su influencia sobre la protección del medio ambiente en período de conflicto, véase Bothe, Michael, «War and Environment», en Encyclopedia of Public International Law, instalment 4, p. 291.

18. Cf. «Brève analyse du DIH relatif à la protection de l'environnement lors des conflits conventionnels», p. 1, documento preparado por la Oficina del juez general de las Fuerzas Armadas canadienses y distribuido a los participantes en el Coloquio de Ottawa (véase nota 14).

19. Cf., en particular, el artículo 22 del Reglamento anexo a dicho Convenio: «Los beligerantes no tienen un derecho ilimitado en cuanto a la elección de medios para dallar al enemigo».

20. Para un análisis de esas disposiciones, véase Goldblat, Jozef, «The mitigation of environmental disruption by War: Legal Approaches» en Environment Hazards of War, ed. Westing, A., Oslo, Londres, pp. 53-55.

21. Para mayor información sobre la historia de ese tratado y el desarrollo de su negociación, véase: Commentaire des Protocoles, op. cit., pp. 415-416, párr. 1448, y Herczegh, Geza: «La protection de l'environnement et le droit humanitaire» en Etudes et essais sur le droit international humanitaire et sur les principes de la Croix-Rouge en l'honneur de Jean Pictet, CICR, Martinus Nijhoff Publishers, 1984, p. 730.

22. Por lo que atañe a la génesis y la historia legislativa de esas disposiciones véanse: Kiss, Alexandre, «Les Protocoles additionnels aux Conventions de Genève de 1977 et la protection de biens de l'environnement», Etudes et essais sur le droit international humanitaire et sur les principes de la Croix- Rouge en l'honneur de Jean Pictet, CICR, Martinus Nijhoff Publishers, Ginebra, La Haya, 1984 p. 182 y ss.; Herczegh, op. cit., p. 726 y ss.; Goldblat, op. cit., p. 50 y ss., Commentaire des Protocoles, op. cit., pp. 413-414, párrafos 1444-1447; Bothe/Solf/Partsch, «New Rules for Victims of Armed Conflicts», Martinus Nijhoff, La Haya, 1982, p. 344.

23. En lo referente a la relación entre esos dos artículos y al lugar que ocupan en el contexto general del Protocolo, véase también: Herczegh, op. cit., pp. 729-730; Kiss, op. cit., pp. 184-186, Commentaire des Protocoles, op. cit., p. 416, párr. 1449, y p . 681, párr. 2133; Bothe/Solf/Partsch, op. cit., pp. 344-345. Para este capítulo, nos inspiramos igualmente en un informe (que se publicará próximamente) que presentó el senor Paul Fauteux el 8 de junio de 1991 en París, durante un Coloquio dedicado a los aspectos jurídicos de l a crisis del Golfo. Deseamos dar las gracias al señor Fauteux, quien tuvo a bien enviarnos una copia de dicho informe.

24. Sobre este tema, véase: Bothe, op. cit., p. 292; Kiss, op. cit., p. 186; Commentaire des Protocoles, op. cit., pp. 645-694, párr. 1994-2183.

25. Cf. Commentaire des Protocoles, op. cit., p. 419, párrafo 1454; véanse también pp. 414-422, párr. 1447-1462; Kiss, op. cit., p. 187, Bothe, op. cit., pp. 291-292.

26. Cf. Commentaire des Protocoles, op. cit., p. 418, párr. 1452. Sobre esas divergencias terminológicas, véase también: Kiss, op. cit., p. 189.

27. En el plano estrictamente jurídico, tal armonización no debería plantear problemas insuperables. En efecto, si se examina la cuestión de la significación de los términos «vastos, duraderos y graves», es forzoso admitir que no están definidos en los tratados y que los únicos elementos de información relativos a su significado -elementos muy fragmentarios, por otra parte- figuran en las Actas de las Conferencias Diplomáticas que concluyeron con la firma de esos dos tratados. Basándose en las normas generales del derecho de los tratados (particularmente los arts. 31 y 32 de la Convención de Viena de 1969), debería ser posible llegar a un acuerdo sobre esos términos: esta es, en todo caso, una de las conclusiones a las que llegaron los expertos reunidos en Ottawa (véase nota 14).

28. Sobre ese punto, véase Kiss, op. cit., p. 184; Goldblat, op. cit., p. 52.

29. Pensamos, en particular, en quienes p ropusieron, en la reunión de Londres, elaborar un V Convenio de Ginebra (véase nota 14).

30. Véase nota 14.

31. Cabe recordar que esta propuesta había sido formulada en la CDDH, pero no había sido finalmente aceptada (véase Kiss, op. cit., p. 191; Commentaire des Protocoles, op. cit., p. 682, párr. 2138-2139).

32. A este respecto, podrían resultar de gran utilidad dos medios de aplicación propios del DIH: a) la obligación de «respetar y hacer respetar» las disposiciones del DIH, enunciada en el articulo 1 común a los Convenios de 1949 y al Protocolo I de 1977; b) la Comisión Internacional de Encuesta prevista en el artículo 90 del Protocolo I   constituáda el 25 de junio de 1991 (para un análisis de las competencias de dicha Comisión, véase F. KriIl, «La Comisión Internacional de Encuesta», RICR ,   n° 104, de marzo-abril de 1991, pp. 204-220).