Estatuto de la Corte Penal Internacional

24-02-1999 Informe

Tomado de Represión nacional de las violaciones del Derecho Internacional Humanitario: Carpeta informativa

Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas han examinado varias veces la idea de establecer un tribunal penal internacional permanente. En 1993 y 1994, instituyeron dos tribunales especiales para castigar las graves violaciones del derecho internacional humanitario perpetradas en ex Yugoslavia y en Ruanda, respectivamente. En 1994 comenzó una serie de negociaciones para establecer una corte penal internacional permanente que tuviera competencia sobre los crímenes más graves para la comunidad internacional, independientemente del lugar en que se cometieran. Esas negociaciones culminaron con la aprobación, en julio de 1998 en Roma, del Estatuto de la Corte Penal Internacional (CPI) -la culminación de varios años de esfuerzos-, que demuestra que la comunidad internacional está decidida a velar por que los autores de esos graves crímenes no queden sin castigo. El Estatuto entrará en vigor cuando lo ratifiquen 60 Estados.  

     

     

  Crímenes de la competencia de la Corte  

  Crímenes de guerra  

Según el artículo 8 del Estatuto, la CPI tendrá competencia respecto de los crímenes de guerra , que incluyen la mayor parte de las violaciones graves del derecho internacional humanitario mencionadas en los Convenios de Ginebra de 1949 y en sus Protocol os adicionales de 1977, cometidas tanto en conflictos armados internacionales como no internacionales.

En el Estatuto se especifican varias infracciones como crímenes de guerra, como son:

los actos de violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado y cualquier otra forma de violencia sexual;

la utilización de niños menores de 15 años para participar activamente en las hostilidades.

En el Estatuto no se mencionan explícitamente algunas otras violaciones graves del derecho internacional humanitario, tales como el retraso injustificado en la repatriación de prisioneros y los ataques indiscriminados contra la población civil o sus bienes, que se definen como infracciones graves en los Convenios de Ginebra de 1949 y en el Protocolo adicional I de 1977.

Pocas disposiciones se refieren a ciertas armas cuyo uso está prohibido en virtud de diversos tratados vigentes, y no se aplican a los conflictos armados no internacionales.

     

     

  Genocidio  

La CPI tendrá competencia para juzgar el crimen de genocidio, de conformidad con el artículo 6 del Estatuto, en el que se reiteran los términos utilizados en la Convención de 1948 para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio.

Este crimen se define en el Estatuto como cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal:

matanza de miembros del grupo;

lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo;

sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial;

medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo;

traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo.

  Crímenes de lesa humanidad  

La CPI también ejercerá competencia respecto de los crímenes de lesa humanidad . Según el artículo 7 del Estatuto, estos crímenes comprenden cualquiera de los siguientes actos cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático dirigido contra cualquier población civil:

  • asesinato;

  • exterminio;

  • esclavitud;

  • deportación o traslado forzoso de población;

  • encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional;

  • tortura;

  • violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada y cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable;

  • persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte;

  • desaparición forzada de personas;

  • el crimen de apartheid;

  • otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física.

  Agresión  

Como se indica en el párrafo 2 del artículo 5 del Estatuto, la CPI ejercerá competencia respecto del crimen de agresión una vez que se apruebe una disposición en que se defina ese crimen y se enuncien las condiciones para el ejercicio de dicha competencia.

     

  ¿Cuándo podrá la CPI ejercer su competencia?  

Cuando un Estado pasa a ser Parte en el Estatuto, acepta la competencia de la CPI respecto de los crímenes mencionados más arriba cometidos después de la entrada en vigor del Estatuto. De conformidad con el artículo 25 del Estatuto, la Corte tendrá competencia respecto de las personas naturales, y no de los Estados.

La CPI puede ejercer su competencia a instancias del Fiscal o de un Estado Parte, a condición de que uno de los siguientes Estados esté obligado por el Estatuto:

  • el Estado en cuyo territorio se haya perpetrado el crimen; o

  • el Estado del que es ciudadano el acusado del crimen.

  • Un Estado que no sea Parte en el Estatuto puede hacer una declaración al respecto, aceptando la competencia de la Corte.

  • Con arreglo al sistema de seguridad colectiva descrito en el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad puede someter una situación al Fiscal para que comience la investigación; tam- bién puede solicitar que no se inicie o no prosiga la investigación o el enjuiciamiento durante un período renovable de doce meses.

  • En el artículo 124 del Estatuto se limita el ejercicio de la competencia de la CPI respecto de crímenes de guerra. En virtud de esa disposición, al hacerse Parte en el Estatuto, un Estado puede declarar que, durante un período de siete años, no aceptará la competencia de la Corte para los crímenes de guerra presuntamente cometidos por sus ciudadanos o en su propio territorio.

     

  Los sistemas nacionales de represión y la CPI  

Según los Convenios de Ginebra de 1949 y el Protocolo adicional I de 1977, los Estados tienen que hacer comparecer ante sus propios tribunales nacionales a las personas acusadas de haber cometido crímenes de guerra, o entregarlas para que sean juzgadas en otro país. Nada en el Estatuto de la CPI exime a los Estados de sus obligaciones en virtud de instrumentos de derecho internacional humanitario existentes o del derecho internacional consuetudinario.

De acuerdo con el principio de complementariedad , la jurisdicción de la CPI debe ejercerse sólo cuando un Estado no pueda realmente o no quiera enjuiciar a presuntos criminales de guerra que estén bajo su jurisdicción. Para poder beneficiarse de este principio, los Estados necesitan una legislación adecuada, que les permita juzgar a esos criminales.

Además, los Estados partes en otros tratados de derecho internacional humanitario deben promulgar la normativa de aplicación para hacer efectivas sus obligaciones contraídas al suscribir esos instrumentos.

     

  ¿Qué se necesita para asegurar la eficacia de la CPI?  

Los Estados deberían ratificar el Estatuto de la CPI lo antes posible, ya que la ratificación universal es esencial para que la Corte pueda ejercer su competencia eficazmente y siempre qu e sea necesario.

Los Estados deberían abstenerse de hacer uso de la cláusula de excepción (artículo 124 del Estatuto).

Los Estados deberían examinar a fondo su legislación nacional para cerciorarse de que podrán beneficiarse del principio de complementariedad -en el que se basa la CPI- y juzgar a personas naturales conforme a sus propios sistemas legales por infracciones que sean de la competencia de la Corte.

Los Estados deberían colaborar entre sí y con la CPI por lo que atañe a los juicios por crímenes que sean de la competencia de la Corte. Con este fin, tendrán que promulgar las leyes oportunas o modificar su legislación, para hacer posible cualquier traslado necesario de personas acusadas de dichos crímenes.

     

  Hacia un sistema integral de represión  

Los tribunales nacionales seguirán desempeñando un papel importante y primordial en el enjuiciamiento de presuntos criminales de guerra. Además, el establecimiento de la CPI no obsta en modo alguno a la labor emprendida por los tribunales especiales ya mencionados, a saber, el Tribunal Penal Internacional para ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, que fueron instituidos para sancionar crímenes relacionados con situaciones específicas (el primero, para los crímenes perpetrados en ex Yugoslavia a partir de 1991 y, el segundo, para los que se cometieron en Ruanda o por ciudadanos ruandeses en países vecinos en 1994).

El establecimiento de la Corte Penal Internacional es un nuevo paso hacia el castigo efectivo de personas responsables de los crímenes más graves del mundo. Se insta a los Estados a ratificar el Estatuto de la Corte para que esas personas dejen de gozar de impunidad.

  Servicio de Asesoramiento del CICR  

(Ref: LG 1999-004-ESP)



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