El medio siglo de los Convenios de Ginebra

30-06-1999 Artículo, Revista Internacional de la Cruz Roja, por Yves Sandoz

  Resumen:

Es obvio que la adopción de los Convenios de Ginebra de 1949 no acabó con la tragedia de los tiempos de guerra. Aunque evidentemente no han ninguna razón para regocijarse, este aniversario constituye una oportunidad para reflexionar sobre lo que han logrado los Convenios. Tras una breve discusión de las circunstancias en las que se adoptaron, en el período posterior a la Segunda Guerra Mundial, el autor señala el gran impacto de esos tratados en la conducta de las partes en los conflictos armados en los últimos cincuenta años. Por otra parte, los Convenios de 1949 han suministrado una base firme para una mayor evolución del derecho internacional humanitario, en forma tanto de tratados (como los Protocolos adicionales de 1977) como de prácticas. Se identifican una serie de temas que deben hoy examinarse en la búsqueda de soluciones nuevas. Entre ellos figuran el derecho aplicable a los conflictos armados no internacionales, las normas sobre la conducción de las hostilidades, la cuestión de las armas nucleares y el derecho internacional humanitario, procedimientos más sencillos para adoptar prohibiciones o restricciones en el empleo de armas convencionales, y la aplicabilidad del derecho humanitario a las fuerzas armadas que actúan bajo los auspicios de las Naciones Unidas. El artículo concluye con un llamamiento al respeto por los valores fundamentales incorporados en el derecho internacional humanitario. Fuera de cualquier otra ventaja, el respeto por esos valores en tiempo de conflicto armado facilita un retorno a la paz.
 

 
 

" ¿Hay que llorar por ello?, ¿hay que reír?, no tengo corazón para decirlo " , cantaba el poeta y esta vacilación nos invade cuando se trata de celebrar el cincuentenario de los Convenios de Ginebra de 1949. No cabe duda de que hay momentos de alegría: la familia reunida, el prisionero repatriado, el mensaje familiar pero la acción humanitaria parece muy escasa ante los sufrimientos que toda guerra despliega ante nuestros ojos. Entonces, ¿hay que cantar las virtudes de estos Convenios? o ¿hay que llorar por todo lo que no han podido impedir? Este dilema abrumará hasta su fin al derecho internacional humanitario: en realidad, no es posible alegrarse por sus éxitos en la medida en que es cierto que nunca se hará lo suficiente para mejorar la suerte que corren las víctimas de la guerra.
 

A escalas diferentes, la guerra y las violaciones del derecho internacional humanitario son fracasos de la humanidad. Así pues, luchar por atenuar los efectos de la guerra no se opone a los esfuerzos por la paz y no hay que ver oposición donde hay complementariedad. Max Petitpierre, presidente de la Conferencia Diplomática de 1949, lo había puesto de manifiesto al término de ésta: La tarea " no se comprendería en su plenitud si, liberada de las apariencias superficiales, no se interpretara como una condena de la guerra " . A lo cual agregó que " nuestro deseo más ardiente sería que estos cuatro Convenios no hubieran tenido nunca la ocasión de aplicarse " [1 ] .
 

Es cierto que no ha habido otra guerra mundial, pero la larga lista de conflictos que han ocurrido desde entonces y los crímenes abominables cometidos durante esos conflictos nos alejan mucho de la esperanza que se expresaba en 1949. La celebración es amarga.
 

No obstante, de la amargura al cinismo hay un paso que, a toda costa, debemos evitar dar. Este aniversario debe ser la ocasión de una reflexión positiva - dirig ida hacia la acción - por parte de todos los que quieren un mundo mejor, menos guerra y menos sufrimiento en las guerras, más respeto de la dignidad humana y más solidaridad.
 
 

  El espíritu y el contexto de 1949  

 
La idea de elaborar los Convenios de 1949 ya se había lanzado en 1945, es decir, todavía durante la guerra [2 ] . Los horrores cometidos en ella y la falta de un convenio que protegiera a la población civil demostraban indiscutiblemente la importancia de llenar el vacío existente en la protección de ésta [3 ] . Es cierto que cabe preguntarse si con mejores textos se hubiera garantizado una protección ante las aberraciones sin precedentes de esta guerra y cuál es el peso del derecho ante la demencia. Pero, ¿hay alguna otra opción distinta a tratar de unir a la comunidad internacional alrededor de normas comunes?
 

Cuando por fin se reunió la Conferencia Diplomática, cuatro años más tarde, la emoción de la guerra se había atenuado, la situación internacional había evolucionado y sobre ella incidieron nuevas consideraciones políticas. Se habían vuelto a instalar la desconfianza y la tensión, y los problemas geopolíticos de seguridad prevalecían sobre las consideraciones humanitarias. Se necesitó mucha tenacidad y diplomacia para conseguir, a pesar de todo, resultados substanciales. La Conferencia debió limitar sus ambiciones y renunciar a abordar seriamente las cuestiones relacionadas con la conducción de las hostilidades, en particular los bombardeos aéreos, pues Estados Unidos no quería entrar en materia sobre la prohibición del arma nuclear que, en la época, le proporcionaba una ventaja decisiva [4 ] .
 
 

  El complemento indispensable de 1977  

 
El derecho humanitario contenía, pues, un vacío que convenía llenar. El CICR no cejó en sus esfuerzos, pero, como la reglamentación de la conducción de las hostilidades afectaba a la capacidad del Estado para garantizar su defensa, el asunto resultó ser particularmente difícil.
 

Un proyecto, elaborado por el CICR en consulta con expertos y presentado en Nueva Delhi en 1957, en la XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja, se tropezó de nuevo con la cuestión de las armas nucleares [5 ] .
 

Aprendiendo la lección de este fracaso y confrontado a otros conflictos trágicos, como el de Vietnam, el CICR consideró que valía la pena emprender otro esfuerzo para reglamentar la conducción de las hostilidades, incluso si tuviera que excluirse de tal reglamentación la cuestión de las armas nucleares. Fue el precio que se tuvo que pagar para llegar finalmente a un acuerdo sobre la convocación de una conferencia diplomática en 1974.

Sin embargo, durante la Conferencia Diplomática de 1974-1977, algunos Estados manifestaron su deseo de que se reintrodujera la cuestión. La Comisión ad hoc que se creó para examinar la prohibición o la restricción de ciertas armas resumió bien el dilema en su informe final: " Las armas nucleares y otras armas de destrucción en masa son, claro está, las más destructoras " , pero " las armas nucleares en particular desempeñan una función especial en cuanto actúan como elementos de disuasión al impedir que estalle un conflicto armado importante " [6 ] . La Conferencia no fue más allá y dejó entonces en la ambigüedad el alcance de los Protocolos en lo referente a las armas nucleares.

Con todo, el largo período de gestación de los Protocolos de 1977 arrojó otro progreso que inicialmente no cabía prever: como coincidió con la fase más activa de la descolonización, la Conferencia Diplomática pudo desarrollarse en una configuración bastante diferente a la de 1949. Aunque la mayoría de los Estados recientemente independizados no habían denunciado los Convenios de Ginebra al acceder a su independencia, fue con su participación en la elaboración de los Protocolos adicionales que obtuvieron un verdadero sentimiento de pertenencia a ese derecho. Por lo demás, esta participación dejó huella en los Protocolos, en particular en: la aceptación, bajo ciertas condiciones, de la utilización de técnicas de guerrilla; la condena del apartheid en los conflictos; la negativa de conceder a los mercenarios el estatuto de combatiente; y la promoción de las guerras de liberación nacional al nivel de conflicto internacional.
 

Por otra parte, la Conferencia reconoció la creciente importancia de los conflictos armados no internacionales consagrándoles un Protocolo adicional. Más adelante volveremos sobre esta cuestión.
 
 

  Evolución normativa desde 1977  

Si bien es cierto que los Convenios de 1949 y sus Protocolos adicionales de 1977 son la base del derecho internacional humanitario moderno, no son su única expresión.
 

En el ámbito de las armas convencionales, el Protocolo I abría una vía que condujo, en 1980, a la adopción de la Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que pueden considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados, revisada y completada en 1995 y en 1996, y a la adopción, en 1997 en Ottawa, de una Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción [7 ] .

Por lo demás, la adopción, en 1993, de una Convención sobre la prohibición del desarrollo, la fabricación, el almacenamiento y el e mpleo de armas químicas y sobre su destrucción, así como los trabajos actuales para completar la Convención de 1972 sobre la prohibición del desarrollo, la producción y el almacenamiento de armas bacteriológicas (biológicas) y tóxicas y sobre su destrucción refuerzan la prohibición consuetudinaria del empleo de armas de destrucción en masa en cualquier situación de conflicto armado, pese a la incertidumbre que subsiste respecto de las armas nucleares.
 

El Convenio de 1954 para la protección de bienes culturales en caso de conflicto armado, que aunque hace parte del derecho internacional humanitario es independiente de éste, fue completada en 1999 por un segundo Protocolo.
 

Por último, múltiples progresos han incidido indirectamente en el derecho internacional humanitario. Mencionaremos en particular la creación de jurisdicciones penales internacionales ad hoc para sancionar los crímenes de guerra y, posteriormente, la de una Corte Penal Internacional [8 ] , la adopción de una Convención sobre los derechos del niño [9 ] , la de Principios rectores relativos al desplazamiento de personas en el interior de su propio país [10 ] , la de una Convención sobre la seguridad del personal de las Naciones Unidas y el personal asociado [11 ] y, por último, la adopción de Directrices para los manuales de instrucción militar sobre la protección del medio ambiente en período de conflicto armado [12 ] .
 

En su papel de guardián del derecho internacional humanitario [13 ] , el CICR ha contribuido activamente a estos progresos, sea tomando él mismo la iniciativa de hacer propuestas o de reunir a expertos para profundizar en el examen de determinadas cuestiones, sea velando por que estos avances no contradigan las normas existentes del derecho internacional humanitario -a menudo mal conocidas -, sino que las refuercen.
 

La mayoría de estos progresos han sido presentados en e sta Revista y son objeto de numerosos informes preparados por el CICR. En el restringido marco del presente artículo no es posible abordarlos.
 
 

  Principales cuestiones que han quedado abiertas  

 
Fuera de los progresos mencionados arriba, varias de las cuestiones planteadas desde 1949 han hecho evolucionar la práctica, han dado lugar a decisiones interpretativas y han abierto ciertos ámbitos de reflexión. La evolución de los conflictos armados y los problemas prácticos encontrados en la aplicación del derecho internacional humanitario plantean constantemente cuestiones que hacen avanzar la interpretación de este derecho y pueden preparar evoluciones normativas. Procuraremos mencionar a continuación los principales ámbitos de reflexión que están sin explorar.
 

  1. Reglas aplicables en los conflictos internos  

 
Cuando se elaboró el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra, gran innovación de la Conferencia Diplomática de 1949, el dilema presente durante todos los debates se resume así: o bien se imponían a las dos partes en conflicto interno reglas realmente nuevas y se debía, entonces, definir estrictamente quién era la parte disidente (es decir, se debía obtener un reconocimiento de beligerancia de parte del gobierno legal), o bien se fijaban reglas tan generales que cabía considerarlas aplicables a y por cada una de las partes, independientemente incluso de una obligación convencional [14 ] . Finalmente se adoptó una combinación de estas dos soluciones, aunque con énfasis en la segunda: el artículo 3 enumera disposiciones que se consideran universalmente reconocidas, pero invita a las partes en el conflicto a celebrar acuerdos que complementen dichas disposiciones.
 

Afortunadamente, el Protocolo II de 1977 desarrolló el derecho humanitario aplicable en los conflictos internos, retomando garantías fundamentales, garantías de trato para las personas detenidas y garantías judiciales inderogables en el sistema de derechos humanos, cuyo carácter consuetudinario es reconocido y que, por lo tanto, es obligatorio respetar incluso cuando no es aplicable el Protocolo o cuando su aplicabilidad está cuestionada. En cambio, el carácter consuetudinario de otras disposiciones del Protocolo no está establecido para esas disposiciones [15 ] y subsiste aún el dilema planteado en 1949.
 

El fondo del problema reside en el hecho de que los gobiernos establecidos detestan reconocer un verdadero estatuto de combatiente a quien se enrola en fuerzas disidentes, por temor a que se vea en ello una promoción de la rebelión y una debilidad de su soberanía. Aunque son pocas las posibilidades de que esta situación evolucione, es imperativo insistir en la importancia de que los gobiernos no dicten una sentencia de muerte - o al menos no la ejecuten- durante el conflicto, con lo que se va, entonces, más allá de lo requerido por el Protocolo II, y de que respeten estrictamente las garantías enumeradas en éste. La ejecución de los combatientes de fuerzas disidentes durante el conflicto, así como la tortura y el maltrato, incitarán a la parte disidente a hacer lo mismo - con el pretexto de que el gobierno que combate es ilegítimo- e, incluso, a cometer actos de terrorismo en represalia. En una palabra, ello llevará a engendrar una escalada en la que serán pisoteadas todas las normas del derecho internacional humanitario. Es cuando termine el conflicto que deben " saldarse las cuentas " , respetando entonces la invitación a la moderación formulada por el Protocolo II en su artículo 6, apartado 5, que solicita " conceder la amnistía más amplia posible " .
 

  2. Normas relativas a la conducción de las hostilidades  

 
No hay que taparse los ojos: los problemas que plantean las normas relativas a la conducción de las hostilidades son objetivamente más delicados que los de las normas que conciernen a las personas en poder del enemigo, en la medida en que el respeto de las primeras, al contrario del de las segundas, pone en juego elementos que pueden tener una influencia decisiva sobre el éxito de una guerra. De ahí la complejidad de tratar estos problemas en el marco del derecho internacional humanitario - que no pretende impedir la guerra sino atenuar sus efectos- y la importancia de un diálogo profundo con los militares a fin de llegar a una síntesis aceptable - condición de su aplicación- entre la necesidad militar y las exigencias humanitarias.
 

En este ámbito, conviene señalar una evolución positiva, la de atenuar la diferencia, para estas normas, entre los conflictos internacionales y los conflictos internos. Por un lado, los manuales militares demuestran bien que no se puede dar a los militares la instrucción de ser menos exigentes en los conflictos internos y, por otro, tiende a desaparecer la aberración de considerar como aceptables en estos conflictos armas prohibidas en los conflictos internacionales [16 ] .
 

En cambio, por lo que atañe a la definición de objetivo militar, al sentido del principio de proporcionalidad, al del menor daño posible y a las precauciones que han de tomarse en los ataques, todas estas nociones, recordadas en el Protocolo I de 1977, merecen precisarse a la luz de las experiencias actuales. La mayoría de ellas se aplican tanto a nivel estratégico como de operaciones en el terreno y, por lo tanto, se trata de proceder a su análisis en estos diferentes niveles y de impartir en consecuencia la instrucción necesaria. Una definición demasiado amplia o demasiado vaga quitaría la sustancia a estas nociones, pero no puede pretenderse definirlas sin tener un diálogo es trecho con quienes deben aplicarlas. A este respecto, la magnitud de los medios aéreos empleados en el conflicto del Golfo y en el conflicto actualmente en curso entre la OTAN y la República Federal de Yugoslavia plantean interrogantes de los que deben extraerse lecciones. Este diálogo y estas precisiones son indispensables hoy para la claridad y la credibilidad del derecho humanitario, tanto más cuanto que las violaciones graves de los principios y reglas relativos a la conducción de las hostilidades - tales como los ataques indiscriminados- son definidas como crímenes de guerra, sometidas como tales a la jurisdicción penal universal e integradas en el estatuto de la nueva Corte Penal Internacional.
 

  3. Armas nucleares  

 
Desde su aparición, las armas nucleares han pesado en el desarrollo del derecho internacional humanitario y marcan de manera simbólica los límites de este derecho. La reglamentación de las demás armas de destrucción masiva - las armas biológicas y químicas- se ha impuesto en vista de que casi todos los Estados están en capacidad de fabricarlas. En cambio, en un clima de desconfianza en el que prima aún el interés nacional, es mucho más difícil lograr la prohibición de un arma que proporciona una ventaja decisiva. Tal era el caso del arma nuclear al finalizar la Segunda Guerra Mundial.

De arma absoluta, este arma pasó a ser el arma de la disuasión, a partir del momento en que también la URSS adquirió el dominio de su fabricación. Disuasión cuyos partidarios pueden argumentar que ha funcionado, por lo que, durante la Conferencia Diplomática de 1974-1977, las potencias nucleares se negaron a abordar la cuestión. De hecho, la disuasión permite aún hacer la guerra sin las armas nucleares. Esta " exclusión del juego " crea evidentemente cierto malestar, pues el derecho internacional se basa en la igualdad de los Estados soberanos y, como lo dice el Comentario editado por el CICR, " nadie podría aceptar el postulado de que las armas nucleares están'al margen'del derecho internacional humanitario " . Reconociendo que la cuestión no quedaba zanjada por el Protocolo I, el Comentario concluyó al respecto que " suponiendo que los principios reafirmados en el Protocolo no prohiben el empleo de las armas nucleares durante un conflicto armado, su limitación, muy severa, sí queda clara " [17 ] .
 

Ahora bien, si se quiere que la disuasión sea eficaz, debe basarse en la idea de que el empleo de las armas nucleares no se limitará a las hipótesis académicas que permitirían su empleo sin violación del derecho internacional humanitario. De ahí la ambigüedad de la situación y, ya más recientemente, la incomodidad de la Corte Internacional de Justicia cuando se le solicitó pronunciarse sobre la licitud del empleo o de la amenaza del empleo de armas nucleares [18 ] . A la luz del estado actual del derecho internacional, así como de los elementos de hecho de los que dispone, la Corte no puede dictaminar de manera definitiva que el empleo o la amenaza del empleo de armas nucleares sería lícita o ilícita en una circunstancia extrema de legítima defensa en la que estaría en juego la propia supervivencia de un Estado [19 ] . La Corte, dividida, no se atrevió finalmente a tomar una posición que hubiera equivalido a condenar sin matices las políticas de defensa basadas en la disuasión nuclear.
 
Entre dos males, el de extender a tal punto la noción de objetivo militar que vaciaría de sustancia tanto el principio de la distinción entre objetivo militar y bienes civiles como el principio de proporcionalidad, o el de abrir una brecha en la distinción entre el jus ad bellum - el derecho a hacer la guerra- y el jus in bello - el derecho aplicable en los conflictos -, optó por el segundo. Cuando el presidente Truman decidió utilizar el arma nuclear sobre Hiroshima y Nagasaki, eligió la primera vía, es decir la de dar a la noción de objetivo militar un sentido tan amplio que pierde toda su significación práctica [20 ] .
 

Es verdad que la Corte abrió la puerta a la segunda vía con prudencia, pues sólo afirmó que no estaba en capacidad de " zanjar de manera definitiva " sobre la cuestión. No obstante, por tenue que sea, la brecha es peligrosa: ¿cómo admitir que pueda utilizarse lícitamente un arma normalmente ilícita " en una circunstancia extrema de legítima defensa " en la que estuviera en juego la propia supervivencia de un Estado sin pasar el mensaje de que, en esos casos, se podría igualmente utilizar otras armas prohibidas o, incluso, cometer otras violaciones del derecho internacional humanitario? Esta brecha es tanto más lamentable en este caso cuanto que se la abre invocando " la supervivencia de un Estado " , sin tener en cuenta la dimensión fundamentalmente nueva de las armas nucleares, cuya utilización amenazaría mucho más que la supervivencia de un Estado.
 

Cabe pues esperar que esta puerta entreabierta vuelva a cerrarse cuanto antes. Por lo demás, la Corte misma puso de relieve la importancia de hacerlo, solicitando a los Estados que entablaran negociaciones sobre el desarme nuclear [21 ] .

¿Vamos a salir de un período de ambigüedad, que han hecho necesario todos los que deseaban que el derecho internacional humanitario se desarrollara a pesar de la contradicción inherente a la existencia de políticas basadas en la disuasión nuclear? Ineluctablemente, los años que vienen deberían abrir una nueva reflexión sobre la política de defensa, no sólo para responder a los requerimientos de la Corte, sino también porque la proliferación de armas nucleares debería colocar estas armas al nivel de las demás armas de destrucción masiva y hacer entonces evidente la amenaza que representan para todos. ¿Conducirá esta realidad a una reflexión más fundamental? Volveremos sobre ello en nuestras reflexiones finales.
 

  4. Proceso normativo para la prohibición o la restricción del empleo de nuevas armas  

 
Cada desarrollo normativo en el ámbito de las armas exige largos trabajos preparatorios y difíciles negociaciones: la preocupación por llegar a consensos tiende a hacer aleatoria su aplicación. Ahora bien, para que la prohibición de un arma sea eficaz, debe poder hacerse rápidamente, tener un carácter absoluto e incluir, explícita o implícitamente, una prohibición de fabricarla y de exportarla. Prohibir únicamente algunos empleos de un arma es tolerar su fabricación, y los medios de control de que se disponen son demasiado débiles para que, posteriormente, pueda impedirse que ésta se utilice de manera ilícita.
 

La negociación del Tratado de Ottawa sobre las minas antipersonal es una innovación interesante al respecto, en cuanto cuestiona el proceso tradicional. En efecto, se constata que la búsqueda del consenso debilita los tratados sin que, a pesar de ello, se garantice su adopción por parte del conjunto de Estados. Así pues, los sepultureros del derecho internacional humanitario ganan por triple partida en estas grandes maniobras: ralentizan el proyecto, debilitan los textos y, de todas maneras, no los ratifican. El tratado de Ottawa es una reacción a esta constatación, en la medida en que fueron Estados animados por un objetivo común los que se reunieron para elaborar un convenio que respondiera a sus aspiraciones. Es verdad que, de todos modos, hay que negociar la redacción del texto y el alcance de los compromisos adquiridos, pero la búsqueda verdadera de un objetivo común permite llegar más rápido a un texto mucho mejor. Posteriormente, el tratado debe mantenerse abierto pues, especialmente en la esfera de las armas, un convenio internacional sólo tiene interés si reúne a un gran núme ro de Estados. Pero es muy distinto formar un club fijando primero las reglas de ingreso que tener que negociar el estatuto del club con todos los que eventualmente quieran adherir a él.
 

Un tratado así adoptado, sin alteración esencial al proyecto inicial tiene, además, la gran ventaja de convertirse en una referencia que impregna los espíritus y hace evolucionar las mentalidades de los pueblos y de los gobiernos. Finalmente, la posibilidad de que en el futuro sea ampliamente ratificado no es menor que para un texto adoptado por consenso.
 

No obstante, la reflexión prosigue, en particular sobre la relación entre los convenios específicos y los principios planteados en el Protocolo I de 1977. ¿No habría debido considerarse, lógicamente, los trabajos que llevaron a la adopción de los convenios específicos como un esfuerzo encaminado a dilucidar el contenido de los principios reafirmados y desarrollados en el Protocolo I de 1977 y, en consecuencia, considerar a los Estados Partes en ese Protocolo como automáticamente obligados por las prohibiciones o restricciones relativas a un arma particular? Sin embargo, la vía adoptada, es decir la negociación de convenios abiertos a los procedimientos normales de firma, ratificación y adhesión, demuestra que esta manera de ver no fue aceptada por los Estados.
 

De todos modos, el Protocolo I, en su artículo 36, obliga a las Partes a determinar si el empleo de armas nuevas que prevean adoptar se ajusta al derecho internacional. Ahora bien, en un ámbito tan delicado, es difícil admitir que haya tantas interpretaciones como Partes en el Protocolo. Así pues, habría sido mucho más coherente zanjar la cuestión de las armas prohibidas en un anexo al Protocolo I, que tuviera flexibilidad en su revisión y que entrara en vigor mediante un procedimiento rápido, a semejanza del que se adoptó para los medios de identificación [22 ] .
 

Con todo, estamos en un ámbito en e l que la lógica del derecho humanitario tropieza con obstáculos económicos y de seguridad que la sobrepasan. Se trata, pues, de dar pruebas de imaginación y, aunque es probablemente prematuro poner en marcha la transformación de los diferentes convenios que prohiben o limitan el empleo de armas en anexos al Protocolo I de 1977, hay que instar a los Estados a que tomen más en serio su obligación emanada del artículo 36 del Protocolo I. Una manera de hacerlo sería utilizar el marco regional, más ágil, con miras a reforzar la confianza mutua de los Estados de la región, y, mediante ella, su seguridad colectiva.
 

Por su parte, cirujanos del CICR, confrontados en el terreno a lesiones horrorosas, incluso incurables, iniciaron un trabajo de definición del principio de la prohibición de las armas que causan " males superfluos " . Con la ayuda de asociaciones médicas del mundo entero, procuraron determinar criterios, sobre la base de sus experiencias, para dar un significado concreto a la expresión [23 ] . El CICR ha consultado a expertos de otras disciplinas y, sobre esta base, va a tratar de desarrollar directrices que permitan a los Estados tomar más en serio su obligación definida en el artículo 36 del Protocolo I, bien sea a título individual bien en una concertación regional, y tener una mejor guía en el examen de las nuevas armas en el marco de los procedimientos de revisión de la Convención de 1980.
 

  5. Aplicación del derecho internacional humanitario por las fuerzas de la ONU  

 
El fin de la guerra fría revigorizó el papel de las Naciones Unidas en el mantenimiento de la paz. Tradicionalmente, las operaciones de mantenimiento de la paz se lle van a cabo con el consentimiento de las partes concernidas, son neutrales y sólo toleran el empleo de la fuerza en casos de legítima defensa. Pero la ONU tiene también la misión de restablecer la paz. En estos últimos años, el mandato de varias operaciones ha sido ampliado sobre la marcha y ha terminado por sobrepasar el marco tradicional del mantenimiento de la paz. La situación es tanto más compleja cuanto que entre las operaciones claramente coercitivas y las operaciones relacionadas indiscutiblemente con el mantenimiento de la paz han aparecido fases intermedias que no siempre están bien definidas. Boutros-Boutros Ghali, a la sazón secretario general de la ONU, lo había puesto de manifiesto en su obra Un programa de paz: " es posible que no pueda trazarse una línea divisoria infranqueable entre las actividades de establecimiento y de mantenimiento de la paz [24 ] .
 

Idealmente, se trataría de dilucidar precisamente cada situación y de retomar diversas preguntas que se han planteado a las fuerzas de la ONU estos últimos años. No obstante, es prioritario fijar directrices relativas a la aplicación del derecho humanitario por estas fuerzas, para evitar que las demoras en la definición del estatuto de las fuerzas hagan perder de vista lo esencial, a saber una buena formación de los miembros de los contingentes puestos a disposición de la ONU en cuanto a los principios y a las reglas fundamentales del derecho internacional humanitario y a un estricto respeto de esas reglas cuando las tropas se vean confrontadas a situaciones en las que deban aplicarlas [25 ] . En efecto, la credibilidad de las Naciones Unidas y de ese derecho dependen de que los contingentes que actúen bajo su bandera o con su aval se comporten de manera ejemplar.
 

  6. Control de los socorros  

 
Aunque el derecho internacional humanitario prevé un control de los socorros internacionales con miras a evitar su apropiación indebida, no precisa los criterios que deben aplicarse para garantizar este control. Ahora bien, habida cuenta del crecimiento considerable del volumen de la ayuda humanitaria y de las condiciones de seguridad en general precarias a las que se enfrentan las acciones de urgencia, no es posible verificar el recorrido de cada paquete de alimentos hasta su destinatario legítimo. Se trata, pues, de perfeccionar los indicadores que permitan, a través de pruebas sobre la salud de la población, en particular de los niños, determinar que los socorros desempeñen efectivamente su función [26 ] .
 

Por otra parte, hay que destacar la complejidad de la ayuda de urgencia. Debido a su volumen y a su magnitud económica, los socorros pueden convertirse en un factor esencial de la economía local (que pueden desestabilizar), incluso en un nuevo objetivo de lucha en la guerra [27 ] . Además, el desorden creado por la acción de una multitud de organizaciones a veces mal preparadas y el síndrome del charity business han impuesto la necesidad de una mayor coherencia de los actores participantes y de una mejor concertación. A estos efectos, la ONU ha creado mecanismos de concertación [28 ] y, bajo el impulso del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, numerosas organizaciones humanitarias elaboraron un Código de Conducta que debe tener mejor en cuenta estos factores y mejorar sus servicios y su coordinación [29 ] .
 

Llevadas a cabo con la competencia profesional requerida, con un conocimiento profundo y una escucha permanente del medio local, las acciones de urgencia siguen siendo indispensables. Desplegadas con inteligencia, pueden incluso volverse un factor determinante para el desarrollo posterior a los conflictos en las regiones asistidas [30 ] . Así pues, debe proseguir la reflexión sobre dichas acciones, tanto más cuanto que las organizaciones humanitarias - que no poseen más armas q ue la persuasión - se ven acorraladas por el carácter anárquico de ciertos conflictos y, de esa manera, hacen manifiestos los límites del derecho internacional humanitario.
 

  7. Protección de las mujeres  

 
Las mujeres disfrutan de una protección especial en el marco del derecho internacional humanitario. No obstante, los sufrimientos que padecen y la importancia de su papel en los conflictos armados siguen siendo poco conocidos. Maltratadas, violadas, incluso a veces rechazadas por sus propios parientes y, por tal razón, obligadas a asumir a menudo solas el peso de mantener a familias enteras, las mujeres llevan sobre ellas una parte enorme de la carga de las guerras. Es necesario tomar mejor consciencia de su situación para buscar todas las medidas que puedan aliviarlas [31 ] .
 

  8. Repatriación de prisioneros  

 
La larga separación entre los prisioneros de guerra y sus familias es también uno de los aspectos dramáticos de los conflictos armados. Es, pues, esencial que su repatriación al cese de las hostilidades pueda efectuarse sin tardanza y que, en conflictos que se prolongan indefinidamente, se muestre flexibilidad considerando la posibilidad de que, por razones humanitarias, se repatríe efectivamente a prisioneros antes del final del conflicto. El primer apartado del artículo 118 del III Convenio de Ginebra mantiene, pues, toda su pertinencia: " Los prisioneros de guerra serán liberados y repatriados, sin demora, tras haber finalizado las hostilidades activas " . Con todo, se ha visto que el problema es muy complejo, en particular cuando los prisioneros pueden temer persecuciones al retornar a sus países [32 ] . Así pues, el artículo 118 se ha interpretado como alusivo a un derecho, no a una obligación, del prisionero. La cuestión puede ser aún más compleja cua ndo los prisioneros, a menudo muy jóvenes, han sido deliberadamente adoctrinados (¿cómo determinar su voluntad real?), o cuando ningún Estado quiere recibir al prisionero que se niega a volver a su país (¿tiene, entonces el estatuto de refugiado?, hasta cuando conserva la protección del derecho internacional humanitario?). La cuestión ha evolucionado. Pero el respeto que se ha forjado de la costumbre, en la interpretación de la regla, y el sentido común, en su aplicación, son preferibles a la revisión de aquélla.
 

  9. Responsabilidad colectiva de los Estados Partes en los Convenios de Ginebra y en sus Protocolos adicionales de hacer respetar sus obligaciones  

 
Como lo recordó el CICR en la Conferencia de Estocolmo y durante la Conferencia Diplomática de Ginebra, en el proyecto que había preparado, su intención era introducir una noción nueva mediante la implantación de una obligación para los Estados Partes de hacer respetar esos Convenios. El representante del CICR expresó así su propósito: la idea era que las Partes en los Convenios " hicieran todo lo que estuviera en su poder para que se apliquen los principios humanitarios que están en su base " [33 ] . Como lo había señalado el representante de Italia, los términos utilizados " según la interpretación que se les dé, o bien son un pleonasmo o bien introducen una noción nueva en derecho internacional " [34 ] . Extrañamente, esta innovación sólo suscitó un debate muy escaso que, por lo demás, no fue concluyente. Ha sido la práctica la que ha confirmado el sentido de esta noción cuyo contenido exacto sigue estando, sin embargo, en el centro de los interrogantes actuales sobre la manera de reforzar el control de la aplicación del derecho internacional humanitario [35 ] . Además, desde la adopción de los Protocolos de 1977, hay que leer el artículo primero del Protocolo I en correlación con su artículo 89, el cual, en caso de violac iones graves al derecho internacional humanitario, exige que los Estados actúen " conjunta o separadamente, en cooperación con las Naciones Unidas y en conformidad con la Carta de las Naciones Unidas " . Sin abordar aquí las cuestiones planteadas por el resurgimiento de la antigua cuestión de la intervención humanitaria, en particular en el marco de los ataques de la OTAN contra la República Federal de Yugoslavia, conviene, pues, subrayar que el artículo primero común de los Convenios y del Protocolo I no podría, por sí solo, constituir una base suficiente para utilizar la fuerza contra un Estado.
 

  10. Conclusión  

 
Varias de las preguntas mencionadas aquí se planteaban ya en 1949, y la manera cómo fueron abordadas entonces mostró cuatro cualidades que siguen siendo indispensables para hacer progresar el derecho humanitario: la convicción, la tenacidad, la diplomacia y el espíritu de innovación. En efecto, se trata de avanzar sin detenerse hacia la cima de la montaña, sin caer en la utopía, para no perder el contacto con los militares y con el mundo tal cual es, pero sin caer tampoco en la rutina ni en la pereza. El derecho internacional humanitario es el arte de lo posible. Pero quienes a él sirven tienen el deber de buscar sin cesar ampliar sus límites.
 
 
  Observaciones finales
 

  1. ¿Está el derecho internacional humanitario al final de su desarrollo?  

La pregunta puede sorprender, en particular a los juristas que tienen la mente llena de nuevas ideas y los bolsillos llenos de proyectos. Con todo, no es aberrante si se piensa en el corpus principal de este derecho. Ir mucho más allá de lo que se logró con los Convenios de Ginebra y sus Protocolos adicionales equivaldría a cue stionar la guerra misma. Esto, evidentemente, es necesario, pero no cae ya dentro de la competencia del derecho internacional humanitario: no cabe esperar que con las normas humanitarias se apague el incendio de los conflictos. El derecho humanitario debe encontrar la adhesión de los militares para tener la oportunidad de ser aplicado; por lo demás, fue en función de este parámetro que se creó. Al querer llevarlo muy lejos se correría incluso el riesgo de que, al debilitar su credibilidad, se hiciera peligrar todo el edificio. En consecuencia, no es seguro que sea oportuno prever para el futuro un nuevo esfuerzo de codificación de magnitud comparable a los de 1949 y 1977.
 

En cambio, la respuesta debe ser negativa si nos colocamos a otros niveles: la dilucidación de reglas, en función de una práctica y de circunstancias que evolucionan; la adaptación a la evolución técnica, en particular en el ámbito del armamento; el desarrollo de instrumentos de aplicación. El campo de acción sigue siendo muy amplio.
 

Pero el alba de un nuevo siglo es propicia a interrogaciones más fundamentales.
 

  2. ¿Hacia el fin del derecho internacional humanitario?  

 
¿No habrá sido el derecho internacional humanitario más que un corto paréntesis en la historia de la humanidad? Esta pregunta no tiene nada de insultante para los fundadores del derecho internacional humanitario moderno, pues ellos siempre situaron su esfuerzo en la perspectiva de una contribución a la paz [36 ] . No obstante, la historia de este siglo nos incitaría, aunque erróneamente, a rechazarla sin mucha vacilación. Sería pretencioso tratar de dar a la pregunta una respuesta perentoria y merece plantearse con respecto de dos hipótesis.
 

La primera pretende ser optimista: la rapidez que ha adquirido la evolución del mundo dará forzosamente lugar a una reflexión fundamental sobre su organización que no dejará lugar a la guerra. En cien años, la población del mundo se ha cuadruplicado, el planeta se ha recalentado a un ritmo que traerá las peores catástrofes, y la ciencia se ha desarrollado más en este período que en el transcurrido desde el comienzo de la humanidad - para bien, pero también para mal, pues ha permitido la puesta a punto de medios de destrucción capaces de aniquilar la humanidad -. Es evidente que corremos hacia la catástrofe si no somos capaces de reaccionar adecuadamente ante tales señales y adaptarnos a esta increíble aceleración de la historia.
 

Ahora bien, ¿puede hacerse esto de otra manera que mediante un cambio radical de la organización del mundo, y podremos darnos aún durante mucho tiempo el " lujo " de las guerras? Ya en 1970, Fetizon y Magat planteaban claramente la cuestión: " A menos que se acepte la autodestrucción de la humanidad, es indispensable eliminar ora la ciencia ora la guerra " [37 ] . Cuestión que, evidentemente, no deja opción. Por la misma época, en 1969, el psiquiatra italiano Franco Fornari, a propósito de la disuasión nuclear, estudiaba de manera premonitoria el carácter " adictivo " del apego absoluto a la soberanía nacional: " La naturaleza adictiva de la disuasión acarrea esta consecuencia: de la misma manera que el adicto siente la privación de la droga como la imposibilidad de defenderse contra el mal que la misma droga ha engendrado, los hombres, a la vez que sienten que la renuncia a la soberanía del Estado es la verdadera vía de salvación, la interpretan como la pérdida de la posibilidad de defenderse contra la agresión. " [38 ] La proliferación de las armas nucleares da a esta interrogación una actualidad tanto más grande.
 

En resumen, la organización del mundo corresponde más a la visión que se tenía a comienzos del siglo - la de una tierra yerma, con espacios ilimitados, más abierta a la conquista- que a la percepción que se r evela hoy, la de una embarcación frágil y minúscula, agitada en el océano del universo, a la que todos deben ayudar a guiar para evitar su hundimiento. La visión optimista apuesta por el buen juicio de los hombres que sabrán reaccionar a tiempo y poner un piloto en la embarcación, es decir, un sistema de organización que permita defender el interés general, que es también el de cada uno en la medida en que nadie se salvaría del naufragio. En tal sistema, no parece que la guerra tuviera un lugar, y es de esta manera que se cerraría el paréntesis del derecho internacional humanitario.
 

La segunda hipótesis es pesimista. La desconfianza va a aumentar entre los Estados, que defenderán ávidamente su propio interés y se encerrarán en sí mismos. Paralelamente, las grandes empresas multinacionales desarrollarán estrategias basadas en sus propios intereses y en la ganancia a corto plazo, que dejarán en la inopia y sin esperanza a una parte cada vez mayor de la población, sin asumir la responsabilidad que debería darles la influencia que han obtenido de la liberalización del comercio y del debilitamiento de los Estados[39 ] . Progresivamente se impondrá una lógica de " sálvese quien pueda " , incluso a nivel de los gobiernos. La falta de medios y la corrupción se generalizarán y socavarán la capacidad y la credibilidad de los Estados. Los sistemas educativos se deteriorarán, los valores sociales serán remplazados por la defensa de intereses tribales o mafiosos. Todos los golpes estarán permitidos y los trabajadores humanitarios serán un blanco como cualquier otro. La aceptabilidad de los principios sobre los que se basa el derecho internacional humanitario se derretirá como la nieve al sol y el paréntesis del derecho internacional humanitario se cerrará para dejar que, sin obstáculos, se imponga la ley del más fuerte, preludio de lo peor.
 

Obviamente, todo esto son hipótesis. Pero, ¿cabe descartarlas sin más examen? ¿No se siente de cierta manera la pertin encia del gran reto que nos plantean? ¿Qué mensaje puede enviar la acción humanitaria?, ¿qué función puede ella aún desempeñar?

  3. La tenacidad humanitaria  

 
Aunque las celebraciones son propicias a la reflexión, ésta no debe paralizar la acción, sino tratar de inscribirla mejor en una visión a largo plazo. En el ámbito humanitario, hay una cosa que parece clara: si no logramos defender y respaldar los valores esenciales sobre los que se ha construido el derecho internacional humanitario, no sólo este derecho sino también toda la filosofía de la acción humanitaria serán arrojados al olvido, en un mundo en el que la idea de la Cruz Roja no tendrá ya casi ningún lugar. Ahora bien, la implicación de los ejércitos para " forzar " la ayuda humanitaria mostrará rápidamente sus límites y, a más largo plazo, sólo podrá llevar al repliegue sobre sí mismo, lo que dejará vastas regiones en el abandono, acarreando la criminalización generalizada y el terrorismo del desespero.
 

¿Cuál es, pues, este pedestal sobre el que se ha construido el derecho internacional humanitario? Es posible definirlo mediante tres palabras: compasión, respeto y solidaridad. La compasión es mantener la emoción ante el sufrimiento de los demás, luchar contra la indiferencia que se escuda en la diferencia, la lejanía o la impotencia. El respeto es reconocer la dignidad humana a cada hombre y a cada mujer que pueblan este planeta, es luchar contra el racismo y la discriminación. La solidaridad es ayudar concretamente a los que están en la indigencia, es traducir en acción la compasión y en método de acción el respeto por el otro.
 

Previendo el trato humano de los heridos y de las personas fuera de combate, prohibiendo específicamente toda discriminación en la acción humanitaria, planteando el principio de acciones de socorro imparciales para los que están priva dos de los bienes esenciales, el derecho internacional humanitario demuestra que está efectivamente construido sobre el pedestal de sus principios, algo que hay que mantener siempre en mente en la aplicación de disposiciones a veces muy detalladas.
 

La defensa de estos principios en el marco del derecho humanitario comienza por la aceptación universal de las reglas existentes, aceptación indispensable para reforzar la confianza en este derecho y para desarrollar un lenguaje común. Luego, no hay que dar el menor respiro a quienes han dado el paso: la adhesión a estos textos implica una serie de medidas para aplicarlas, en particular la adaptación de la legislación interna, por ejemplo en el ámbito de la educación. En consecuencia, hay que establecer organismos para garantizar esta aplicación. Dado que estas medidas conciernen a varios ministerios - Defensa, Justicia, Educación -, es deseable que, para estos efectos, se creen comisiones interministeriales. Pero no basta con esto. Hay que insistir luego para que esas comisiones estén dotadas de verdaderas competencias y para que reciban los medios de funcionamiento.
 

Precisamente, para llevar a cabo este verdadero " hostigamiento humanitario " , el CICR instauró los Servicios de Asesoramiento que, por lo demás, procuran crear una dinámica entre los diferentes países - tanto en el plano internacional como en el regional- bien sea estimulando los debates de fondo cuando hay parentesco entre los sistemas legislativos, bien sea intercambiando experiencias entre las comisiones [40 ] . Claro que la expresión un tanto provocadora de " hostigamiento humanitario " corresponde mal a la mentalidad que han desarrollado estos Servicios: estar a disposición de los Estados para ayudarlos a cumplir sus tareas en este ámbito, favorecer el contacto, el diálogo y la estimulación.
 

Existen dos esferas que han sido objeto de una atención especial estos últimos años: la inserción en el derecho interno de las infracciones penales previstas por el derecho internacional humanitario, y la educación. Ambas exigen mucha inversión de energía así como una gran lucidez.
 

Por lo que atañe a la legislación nacional en el ámbito penal, la decisión de crear una Corte Penal Internacional debe ser un factor de estímulo y no de apatía, pues esta Corte no eliminará la obligación nacional de castigar todos los crímenes de guerra. Pero fuera de la adaptación de leyes nacionales, conviene buscar soluciones prácticas a problemas concretos particularmente difíciles: ¿Qué hay que aconsejar, por ejemplo, a un país como Ruanda que tiene unas 120.000 personas en espera de juicio, detenidas en condiciones de suma precariedad [41 ] ?
 

En la esfera de la educación, la instrucción a las fuerzas armadas sigue siendo objeto de un esfuerzo prioritario, pues es cierto que en las manos de los militares está gran parte de la suerte que corren personas protegidas por el derecho humanitario. Pero la realidad de los conflictos actuales demuestra que hay que desarrollar también otros enfoques. En situaciones en que tiende a desaparecer toda autoridad estructurada y legítimamente instaurada, ciertos grupos actúan sobre la base de motivaciones de naturaleza casi criminal. Y para llegar a ellos se requiere mucha imaginación y muchos esfuerzos de otra índole, que, una vez más, empujan a las organizaciones humanitarias hasta sus límites. Estas situaciones deben hacer sonar la alarma: indican claramente que es en los grupos básicos en donde deben comenzar los esfuerzos de educación. Ya se han emprendido experiencias alentadoras, en particular en Rusia, en las que, gracias a una colaboración estrecha con el Ministerio de Educación, se han implantado programas muy amplios de educación a nivel escolar. Estas experiencias van a desarrollarse en otras partes y, a este respecto, las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja son un intermediario natural para dar cuerpo y dinamismo a tales iniciativas.
 

Con todo, no puede subestimarse la extrema dificultad de " recuperar " a niños y jóvenes cuyo espíritu ha sido perturbado por la guerra, por el peso psicológico de haber sido abandonados maltratados, violados, explotados, pero también por el de haber matado o haber tenido " el derecho de matar " [42 ] . Para muchos, cualquier esfuerzo de educación llegará demasiado tarde y la reparación psicológica exigirá tales medios que es prácticamente imposible esperar extenderla a todos los que deberían beneficiarse de ellas. Por lo demás, la inserción en los currículos de programas que tengan la ambición de transmitir los fundamentos del derecho internacional humanitario sólo es posible a condición de que subsistan mínimamente estructuras escolares y un sistema de educación. Las numerosas situaciones que no responden a estas condiciones deben inspirar una reflexión más fundamental sobre sus causas profundas. Esta reflexión va más allá del marco del derecho internacional humanitario pero está claro que los valores fundamentales sobre los que se basa este derecho son también aquéllos sobre los que hay que apoyarse para atacar las causas profundas de esas situaciones. Con el respaldo de esta convicción, se hará un llamamiento solemne con ocasión del cincuentenario de los Convenios de Ginebra, el 12 de agosto de 1999.
 

  4. "Los testimonios de la guerra" y el llamamiento del 12 de agosto de 1999  

 
La celebración del medio siglo de los Convenios de Ginebra debe estar orientada al futuro y contribuir a la reflexión sobre la guerra y el derecho internacional humanitario. Para dar todo su peso a esta reflexión, el CICR consideró importante dirigirse primero a aquéllos para quienes se elaboraron los Convenios, las víctimas de la guerra, para escuchar su testimonio a través de una vasta encuesta llevada a cabo en num erosos contextos de conflicto. Asimismo, basado en los principios de estos Convenios, el CICR quiso escuchar también la opinión de poblaciones que viven fuera de tales contextos para quienes la imagen de la guerra está moldeada no por una experiencia directa sino por los medios [43 ] .
 

Estos " Testimonios sobre la guerra " suscitarán un llamamiento solemne. Alimentarán, en los años venideros, una reflexión profunda con los medios políticos y militares, así como con la sociedad civil.
 

El llamamiento del 12 de agosto de 1999 debería resumir la reflexión subyacente en el presente artículo y darle su conclusión a través de las líneas de fuerza siguientes:
 

Hay que rechazar la fatalidad de la guerra, esta manera anacrónica de solucionar los litigios, que está volviéndose suicida para la humanidad entera.
 

El respeto del derecho internacional humanitario y los esfuerzos para su implementación siguen siendo esenciales para preservar un poco de humanidad en el centro de los conflictos armados.
 

Hay que intensificar una lucha tenaz para preservar en todo tiempo los valores sobre los que se ha construido este derecho: la compasión por los que sufren, el respeto de la dignidad humana, la solidaridad.
 

Aunque el derecho internacional humanitario ocupa un lugar marginal y quizás provisional en la historia, el porvenir de la humanidad depende en gran parte de su capacidad para reforzar la cohesión alrededor de los valores fundamentales defendidos por este derecho: su respeto prepara la paz en medio de la guerra y debe guiar a todos, en todo tiempo, en el combate - esencial y permanente- que hay que librar contra las raíces de esta última.
 
 
  Yves Sandoz   es director del Departamento de Derecho Internacional y Comunicación, Comité Internacional de la Cruz Roja.  

 
 

  Notas  

 
1 . Actes de la Conférence diplomatique de 1949, Départament politique fédéral, Berna, tomo II-B, p. 532.

2. A este respecto, véase en particular Geoffrey Best, War and Law since 1945 , Clarendon Press, Oxford, 1994, p. 80.

3. Idea que no era nueva, pues, ya en 1934, en la XV Conferencia Internacional de la Cruz Roja (Tokio), el CICR había presentado un proyecto de Convenio relativo a la condición y a la protección de los civiles de nacionalidad enemiga que se encontraran en territorio de un beligerante y en un territorio ocupado por éste. Véase el documento 9, CICR, Ginebra, 1934.

4. Argumento reforzado por la decisión de la ONU de crear la Comisión de la Energía Atómica a la que se había ya confiado el cometido de estudiar la cuestión de la prohibición de las armas nucleares. Resolución 1(I) del 24 de enero de 1946 de la Asamblea General

5. Y. Sandoz, C. Swinarski, B. Zimmermann (ed.) Commentaires des Protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949 , CICR/Martinus Nijhoff, Ginebra, 1986, p. 600, párr. 1841.(Disponible en español -versión no oficial- en la delegación del CICR en Bogotá, Traducción oficial prevista para publicación a mediados del 2000. N. del T.)

6. Actas de la Conferencia Diplomática sobre la reafirmación y el desarrollo del derecho internacional humanitario aplicable en los conflictos armados , Ginebra, 1974-1977, vol. XVI, p. 473.

7. El CICR participó activamente en estos trabajos, en particular organizando reuniones de expertos. Véa se también Marie-Claude Roberge, " El nuevo Tribunal Penal Internacional: Evaluación preliminar " , RICR , no 148, diciembre de 1988, p. 723.

8. Entre los numerosos artículos sobre el tema, véase Theodor Meron, " War crimes in Yugoslavia and the development of international law " , American Journal of International Law , vol. 88, enero de 1994, pp. 78-87; Marco Sassoli, " La première décision de la Chambre d'appel du Tribunal pénal international pour l'ex-Yugoslavie: Tadic (compétence) " , Revue générale de droit international public , tomo 100, 1996, pp. 101-134; Marie-Claude Roberge, " Jurisdicción de los Tribunales ad hoc para ex Yugoslavia y Ruanda por lo que respecta a los crímenes de lesa humanidad y de genocidio " , RICR , no 144, noviembre-diciembre 1997, pp. 695-710.

9. Véase en particular Françoise Krill, " The protection of children in armed conflicts " , The ideologies of children's rights , Kluwer, Dordrecht, 1992, pp. 247-356; Maria Teresa Dutli y Antoine Bouvier, " Protection of children in armed conflict: the rules of international law and the role of the International Committee of the Red Cross " , The International Journal of Children's Rights , vol. 4, 1996, pp. 181-188; Stéphane Jeannet y Joël Mermet, " La implicación de los niños en los conflictos armados " , RICR , no 145, marzo 1998, p. 115-136.

10. Jean-Philippe Lavoyer, " Principios rectores relativos al desplazamiento de personas en el interior de su propio país " , RICR , no 147, septiembre de 1998, pp. 509-522.

11. Antoine Bouvier, " Convención sobre la seguridad del personal de las Naciones Unidas y del personal asociado " , RICR , no 132, noviembre-diciembre de 1995, pp. 695-727.

12. Resoluciones 46/117 del 9 de diciembre de 1991 y 47/37 del 25 de noviembre de 1992, de la Asamblea General de la ONU.

13. Sobre el contenido de esta noción, véase Yves Sandoz, " Le Comité international de la Croix-Rouge, gardien du droit international humanitaire, CICR, Ginebra, 1998 (publicado en serbocroata en " Mélanges Sahovic " , Revista yugoslava de derecho internacional, 1996).

14. Véase las Actes, op. cit . (nota 1), tomo II-B, pp. 9-16, 40-49 y 95-99.

15. A solicitud de la XXVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja (Ginebra, 1995), el CICR emprendió un estudio sobre el derecho internacional consuetudinario. Los primeros resultados se comunicarán durante la XXVII Conferencia Internacional y el estudio se publicará en el año 2000.

16. Tendencia que se detecta en particular en la prohibición absoluta de las armas biológicas y químicas, así como en la extensión a los conflictos internos del Protocolo enmendado sobre minas, armas trampa y otros artefactos (Protocolo II a la Convención de 1980, según fue enmendado el 3 de mayo de 1996).

17. Op. cit. (nota 5), párr. 1859, p. 605.

18. Licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires , avis consultatif, C.I.J., Recueil 1996, p. 226. Véase las diferentes contribuciones al respecto publicadas en la RICR , no 139, enero-febrero de 1997.

19  Ibíd . párr. 95.

20. Harry S. Truman, Memoirs , vol. 1, Years of Decision, Doubleday and Co., Nueva York, 1955, p. 419.

21. Op. cit. (nota 18), párr. 105.

22. Véase Reglamento relativo a la identificación, Anexo I, Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales (Protocolo I).

23. Véase Robin Coupland (ed.), Le projet SIrUS , CICR, Ginebra, 1998.

24. Boutros-Boutros Ghali, Un programa de paz. Diplomacia preventiva, establecimiento de la paz y mantenimiento de la paz , informe del Secretario General de acuerdo con la decisión adoptada por la Reunión en la Cumbre del Consejo de Seguridad el 31 de enero de 1992, Naciones Unidas, Nueva York, 1992, párr. 45.

25. Véase Umesh Palwankar (ed.), Symposium sur l'action humanitaire et les opérations de maintien de la paix , Ginebra, (22-24 de junio de 1994, informe, CICR, Ginebra, 1995.

26. Alain Mourey, " Approches nutritionelles des actions d'assistance du CICR en situation conflictuelle " , Revue suisse de médecine militaire et de catastrophes , vol. 66, marzo de 1989, pp. 23-30.

27. Véase François Jean y Jean-Christophe Rufin (eds.), Économie des guerres civiles , Hachette, París, 1996.

28. Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH), sucesora del Departamento de Asuntos Humanitarios.

29. " Código de Conducta relativo al socorro en caso de desastre para el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y las organizaciones no gubernamentales (ONG) " , RICR , no 133, enero-febrero de 1996, pp. 128-140.

30. Véase François Grunewald et al., Entre urgences et développement: pratiques humanitaires en question , Karthala, París, 1997.

31. Véase Judith G. Gardam, " La Mujer, los derechos humanos y el derecho internacional humanitario " , RICR , no 147, septiembre de 1998, pp. 453-467.

32. Véase al respecto, Christiane Shields-Delessert, Release and repatriation of prisoners of war at the end of active hostilities, A study of Article 118, paragraph 1, of the Third Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War , Schulthess, Zurich, 1977.

33. Actes, op. cit. (nota 1), tomo II-B, p. 51.

34. Ibíd .

35. Véase Umesh Palwankar, " Medidas que pueden tomar los Estados para cumplir su obligación de hacer respetar el derecho internacional humanitario " , RICR , no 121, enero-febrero de 1994, pp. 10-28.

36. En este sentido, véase por ejemplo Louis Appia, Rapport sur la guerra du Schleswig-Holstein , en: Secours aux blessés, comunication du CICR, Compte rendu de la Conférence internationale, Frick, Ginebra, 1864, p. 144.

37. Marcel Fetizon y Michel Magat, " L'arsenal toxique " , en Michel Calder (ed.), Les armements modernes , Flammarion, París, 1970, p. 155.

38. Franco Fornari, Psychanalyse de la situation atomique , Gallemard-NRF, París, 1969, pp. 87-88.

39. Sobre la cuestión de la " privatización " de la seguridad, véase en particular Jackie Cilliers y Peggy Mason (eds.), Peace, profit or plunder: The privatization of security in war-torn African societies , Institute for Security Studies, Half Way House, Sudáfrica, 1999.

40. Véase Cristina Pellandini (ed.), Commissions au autres instances nationales pour le droit international humanitair e, informe de la reunión de expertos, Ginebra, 23-25 de octubre de 1996, CICR, Ginebra, 1997.

41. Véase reflexiones interesantes en Daniel de Beer, Loi rwandaise du 30 août 1996 sur l'organisation des poursuites des infractions constitutives du crime de génocide ou des crimes contre l'humanité , Éditions Alter Ego, Kigali/Bruselas, 1999, pp. 6-7.

42. Véase en particular Dave Grossman, On killing, The psychological cost of learning to kill in war and society , Little, Brown and Co., Boston, 1995.

43. Véase Gilbert Holleufer, "¿Es legítimo celebrar el cincuentenario de los Convenios de Ginebra?" , RICR , no 149, marzo 1999.