Sanciones económicas: límites jurídicos y políticos

31-12-1999 Artículo, Revista Internacional de la Cruz Roja, por Anna Segal

  Resumen:

Desde el final de la guerra fría, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha decidido, en varias ocasiones, imponer sanciones económicas a Estados que no respetan una decisión tomada en virtud del Capítulo VII de la Carta. Los más notables ejemplos son las sanciones económicas impuestas en el contexto de los conflictos del Golfo (Irak) y de los Balcanes (ex Yugoslavia). Ahora bien, estas sanciones afectan muy directamente las condiciones de vida de la población civil del país afectado por el embargo. Es pues necesario examinar cuáles son los límites que, por razones humanitarias, no hay que sobrepasar. El autor analiza por separado las reglas internacionales que determinan estos límites: por una parte, para las sanciones tomadas en tiempo de paz, y, por otra, para las impuestas en tiempo de conflicto armado. El texto pasa enseguida revista a las disposiciones pertinentes del derecho de la Carta, del derecho de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Mediante un análisis de los factores políticos, económicos y sociológicos que han de tenerse en cuenta cuando se apliquen sanciones económicas, llega a la conclusión de que la decisión de imponer éstas no debe poner en peligro la supervivencia de la población civil. El respeto de las obligaciones relativas a las acciones de socorro es, por lo demás, un elemento esencial de todo régimen de sanciones impuesto por el Consejo de Seguridad.
 

 
 

En sus primeros 45 años, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó resoluciones sobre sanciones económicas únicamente en dos casos: Rhodesia (1996) y Sudáfrica (1997). Desde el final de la guerra fría, el Consejo de Seguridad ha acudido cada vez más a sanciones económicas colectivas. Ha impuesto sanciones a Iraq, la ex Yugoslavia, Haití, Somalia, Libia, Angola, Ruanda y Sudán. Como puede apreciarse en estos ejemplos, las sanciones de las Naciones Unidas pueden imponerse tanto en tiempo de guerra como de conflicto armado.
 

En los últimos años, las organizaciones humanitarias, entre ellas el Comité Internacional de la Cruz Roja, se han preocupado por las sanciones, en particular las sanciones económicas globales, a raíz de sus consecuencias humanitarias. Durante sus operaciones en el terreno, estas organizaciones han podido observar las graves consecuencias humanitarias de algunos de los regímenes de sanciones mencionados arriba. Las sanciones pueden afectar adversamente no sólo a la situación humanitaria de la población del Estado al que se procura sancionar, sino también a la entrega de la asistencia humanitaria.
 

Dada la frecuencia cada vez mayor con la que la comunidad internacional recurre a las sanciones económicas y dadas sus consecuencias humanitarias, es importante examinar el marco jurídico en el que pueden imponerse las sanciones, las limitaciones jurídicas sobre su imposición y las razones de políticas para invocar limitaciones respecto del ejercicio del poder del Consejo de seguridad para imponer sanciones.
 

  Marco jurídico – El capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas  

 
El Consejo de Seguridad puede invocar sanciones económicas en virtud del artículo 41 de la Carta de las Naciones Unidas si se ha determinado antes, en virtud del artículo 39, la existencia de una amenaza a la paz, un quebrantamiento de la paz, o un acto de agresión, y si las sanciones se imponen para mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales.
 

Antes de examinar las consideracio nes jurídicas y de políticas que limitan el poder del Consejo de Seguridad para imponer sanciones económicas, es importante situar en su marco jurídico y político el poder del Consejo para imponer sanciones. El propósito para el cual se instituyeron las Naciones Unidas se define en el artículo 1 de su Carta. Su finalidad primordial es sin lugar a dudas el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, lo cual se logra mediante los procedimientos estipulados en el artículo 1.1, que corresponden a los establecidos en el Capítulo VI para la solución pacífica de diferencias o en el Capítulo VII, en el que se estipulan las medidas coercitivas colectivas.
 

Si el Consejo de Seguridad determina que existe una amenaza a la paz, un quebrantamiento de la paz, o un acto de agresión, deberá hacer recomendaciones o decidir sobre las medidas que han de tomarse para mantener o restaurar la paz y la seguridad internacionales1. Puede tratarse de medidas en virtud del artículo 41, “que no impliquen el uso de la fuerza armada”, tales como las sanciones económicas, o de medidas en virtud del artículo 42 que implican “la acción (militar) [… ] que sea necesaria para mantener o restaurar la paz y la seguridad internacionales”.
 

  Limitaciones a las sanciones  

 
En virtud de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional
 

 
Existe un argumento según el cual el Consejo de Seguridad no está obligado a aplicar el derecho de los derechos humanos o el derecho internacional humanitario cuando impone sanciones económicas colectivas en virtud del artículo 41 de la Carta de las Naciones Unidas. Este argumento se basa en el texto del artículo 41,2 que, al parecer, da al Consejo de Seguridad poder irrestricto en cuanto a la imposición de sanciones económicas (siempre que se satisfa gan las exigencias de umbral en cuanto a la amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz o acto de agresión y que el propósito de las sanciones sea el mantenimiento o la restauración de la paz y la seguridad internacionales), y en los artículos 1.1, 25 y 103 de la Carta3. Según esta interpretación no sólo las medidas coercitivas colectivas tomadas por el Consejo de Seguridad pueden prevalecer sobre las obligaciones convencionales independientes de los Estados miembros en virtud del derecho de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, sino que, además, el Consejo de Seguridad, en su aplicación de las sanciones económicas colectivas en virtud del artículo 41, no está obligado por los principios de justicia y de derecho internacional.
 

Este argumento no ha prevalecido y es evidente y de aceptación general que el Consejo de Seguridad está obligado por los principios del derecho de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario cuando concibe, supervisa y examina los regímenes de sanciones4. El poder de imponer sanciones debe verse como un todo en el contexto de la Carta de las Naciones Unidas y debe ejercerse con arreglo a los propósitos y principios de la Carta, que incluyen la promoción de los derechos humanos5 y de las normas imperantes de derecho internacional6.
 

Para establecer las limitaciones jurídicas respecto de la imposición de sanciones económicas en tiempo de conflicto armado, es necesario examinar las disposiciones del derecho internacional humanitario y las disposiciones del derecho de los derechos humanos que no admiten excepción. En cambio, para establecer las limitaciones jurídicas respecto de la imposición de sanciones económicas en tiempo de paz, hay que examinar las disposiciones del derecho de los derechos humanos.
 
Sobre la base del derecho de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, así como de elementales consideraciones de humanidad, muchos autores han s ostenido que un régimen de sanciones no debe colocar el estándar de vida de un segmento significativo de la población por debajo del nivel de subsistencia7. En el mismo orden de ideas, otros autores afirman que las sanciones no pueden privar a la gente del derecho humano fundamental a la vida y a la supervivencia8.
 

Una creciente aceptación de este enfoque -que hay límites a la magnitud del sufrimiento que pueden legítimamente causar las sanciones- puede verse en la práctica y las declaraciones recientes del Consejo de Seguridad y del Comité de las Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en las resoluciones aprobadas por la XXVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja sobre las sanciones económicas, y en la declaración del Comité Permanente entre Organismos relativa al impacto humanitario de las sanciones.
 

  Limitaciones en virtud del derecho internacional – en tiempo de conflicto armado  

 
El derecho internacional humanitario no se refiere específicamente a las sanciones económicas, ni trata sobre los efectos de éstas en la población civil. Sin embargo, cuando se imponen en el contexto de un conflicto armado -sea internacional o interno- sí se aplican las normas generales sobre la protección de los civiles contra los efectos de las operaciones militares9. Así pues, la decisión de imponer tales medidas debe tener en cuenta el derecho internacional humanitario, en particular las normas relativas a los suministros médicos y alimentarios a las diferentes categorías de personas protegidas.
 

Un régimen global de sanciones, de hecho cualquier régimen de sanciones susceptible de afectar a la población civil, debe prever “excepciones humanitarias”. Esto es algo necesario, independientemente de que las sanciones las imponga un Estado o el Consejo de Seguridad. Los Estados y el Consejo de Se guridad tienen la obligación de tener en cuenta las normas pertinentes sobre la protección de la población civil, y de los grupos vulnerables dentro de la población civil, contra los efectos del conflicto armado.
 

Estas normas pueden resumirse así:
 

  • 1. La prohibición de hacer padecer hambre a la población civil

No debe privarse a los civiles del acceso a los bienes indispensables para su supervivencia; está prohibido, como método de guerra, hacer padecer hambre a las personas civiles10. Así pues, está prohibido imponer un bloqueo, un sitio o un régimen de sanciones económicas con el propósito de hacer padecer hambre a la población civil”11.

  • 2. El derecho a la asistencia humanitaria

 
Los civiles tienen derecho a recibir asistencia humanitaria. Este derecho está garantizado de dos maneras: por disposiciones que exigen a los Estados, en ciertas condiciones12, autorizar el paso de los socorros, y por disposiciones que permiten a los organismos humanitarios proporcionar asistencia, con sujeción a consentimiento de las partes. Las disposiciones varían en función de que el conflicto sea o no internacional.
 

En los conflictos armados internacionales se aplican las siguientes reglas:
 

(i)  Los Estados autorizarán el libre paso deben permitir el libre paso de:

- todo envío de medicamentos y de material sanitario, así como de objetos necesarios para el culto, destinados únicamente a la población civil; y

- víveres indispensables, ropa y tónicos reservados para los niños de menos de quince años y para las mujeres encintas o parturientas13.

(ii)  La regla del párrafo (i) mencionado arriba ha sido ampliada por el Protocolo adicional I de 1977, que estipula que cuando la población esté insuficientemente dotada de ropa de vestir y de cama, alojamientos de urgencia y otros suministros que sean esenciales para su supervivencia, así como de los objetos necesarios para el culto, se llevarán a cabo, con sujeción al acuerdo de las partes interesadas, acciones de socorro que tengan carácter humanitario e imparcial14. Las partes en conflicto y los Estados permitirán y facilitarán el paso de estos envíos, materiales y personal de socorro15. Las partes en conflicto protegerán los envíos de socorro y facilitarán su rápida distribución16.

(iii) el Comité Internacional de la Cruz Roja, así como cualquier otro organismo humanitario imparcial, puede, previa aceptación de las partes en conflicto interesadas, emprender actividades humanitarias para la protección de las personas civiles y para los socorros que se les haya de proporcionar17.

En los conflictos armados no internacionales se aplican las siguientes normas:

(i) Cuando la población civil esté padeciendo privaciones extremadas por la falta de abastecimientos indispensables para su supervivencia, tales como víveres y suministros sanitarios, se emprenderán, con el consentimiento del Estado interesado, acciones de socorro, de carácter exclusivamente humanitario e imparcial18.

(ii) El CICR y otras organizaciones humanitarias imparciales podrán ofrecer sus servicios a las partes en conflicto19.
 

  • 3. Acciones de socorro en bloqueos navales

 
Los mismos principios se aplican a los bloqueos navales, es decir:
 

los Estados autorizarán el libre paso de todo envío de víveres indispensables para los niños de menos de quince años y para las mujeres encintas o parturientas, así como de medicamentos, material sanitario y objetos necesarios para el culto, destinados únicamente a la población civil en general20.

Se emprenderán acciones de socorro humanitarias e imparciales con sujeción al consentimiento de las partes interesadas21.
 

Estas obligaciones están consignadas con mayor fuerza vinculante en el Manual de San Remo que estipula que la potencia bloqueadora deberá permitir el libre paso de víveres y otros suministros esenciales22. No obstante, como se señala en el Comentario del Manual de San Remo, todavía se debate ampliamente la cuestión sobre si, en virtud del Protocolo, existe tal obligación23.
 

  • 4. Acciones de socorro en territorios ocupados

 
En territorios ocupados, fuera de su deber de asegurar que la población civil reciba víveres y suministros médicos24, la potencia ocupante tiene la obligación de aceptar y facilitar las operaciones de socorro a favor de dicha población si la totalidad o parte de esta población está insuficientemente avituallada25. Por otra parte, todos los Estados Partes “deberán autorizar el libre paso de estas remesas, asegurando su protección”26. Esto significa que deberá permitirse el libre paso a través de un bloqueo de los envíos de socorro para la población de un territorio ocupado, obligación que está además acompañada del deber de garantizar su protección. Así pues, todos los Estados concernidos deben respetar estos envíos y protegerlos cuando están expuestos al peligro a causa de las operaciones militares27.
 

Los párrafos 2 a 4 de arriba versan sobre disposiciones de los Convenios de Ginebra y de los Protocolos adicionales que protegen el suministro de víveres y bienes de otra índole esenciales para los civiles en tiempo de conflicto armado. Es interesante observar algunas diferencias entre estas disposiciones. En primer lugar, el artículo 59 del IV Convenio de Ginebra, el artículo 70 del Protocolo adicional I y el artículo 18(2) del Protocolo adicional II permiten acciones de socorro en ciertas circunstancias, mientras que el artículo 23 del IV Convenio de Ginebra permite el suministro de ciertos bienes . En segundo lugar, para la distribución de los envíos de socorro, en virtud del artículo 70 del Protocolo adicional I y del artículo 18(2) del Protocolo adicional II, se requiere el consentimiento de las partes concernidas, exigencia que no se aplica para la distribución de los bienes a los que se refiere el artículo 23 ni para los socorros para la población civil de los territorios ocupados, en virtud del artículo 59 del IV Convenio de Ginebra28.
 

  Limitaciones en virtud del derecho internacional – en tiempo de paz  

 
Antes de considerar las reglas que se aplican a los regímenes de sanciones en tiempo de paz, que se desprenden del derecho de los derechos humanos, es importante mencionar que la utilización de un bloqueo naval o aéreo para hacer cumplir un régimen de sanciones en tiempo de paz no transforma necesariamente una situaci ón de paz en una de conflicto armado. Tanto en la práctica como en la doctrina, no está clara la fase en que se considera que tal bloqueo da lugar a un conflicto armado. Esta es una cuestión de hecho y de derecho que debe decidirse caso por caso. Uno de los factores que sería claramente decisivo es si se llevan a cabo combates para hacer cumplir o garantizar el bloqueo.
 

0Los instrumentos de derechos humanos reconocen el derecho a la vida29, a la salud30, a un nivel de vida adecuado, que asegure en especial la alimentación, el vestido, la vivienda y la atención médica necesarios31, y a estar protegido contra el hambre32, e impone a los Estados la obligación de adoptar las medidas necesarias para asegurar la plena efectividad de esos derechos. Desde una perspectiva jurídica y humanitaria, puede sostenerse que cuando el Consejo de Seguridad desarrolla un régimen de sanciones, debe tener en cuenta esos derechos y no debe crear regímenes de sanciones que priven de ellos a la gente.
 

Desde un punto de vista humanitario, parece evidente la necesidad de tener en cuenta estos derechos. Desde un punto de vista jurídico, la cuestión es un poco más complicada. Algunos autores opinan que el “derecho a la vida” sólo protege de la privación de la vida resultante de la ejecución, la desaparición y acciones similares, y no se extiende a la privación de la vida provocada por la hambruna o la falta de satisfacción de las necesidades fundamentales como la comida, y las instalaciones básicas de salud y de atención médica33. El Comité de Derechos Humanos no comparte esta visión limitada del significado de la expresión “derecho a la vida”, como queda demostrado en sus primeros comentarios sobre el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos:
 

“[E ] l Comité señala que con demasiada frecuencia el derecho a la vida ha sido in terpretado de manera estrecha. La expresión “derecho inherente a la vida” utilizada en el artículo 6 no puede entenderse adecuadamente de manera restrictiva, y la protección de este derecho exige que los Estados adopten mecanismos efectivos.”34
 

Según esta opinión, un régimen de sanciones no debe negar a la población el acceso a los bienes esenciales y mínimos, ni a los servicios esenciales para mantener la vida.
 

Incluso si se interpreta estrechamente la expresión “derecho a la vida” y se asume que no se aplica a la privación de la vida ocasionada por la falta de suministros alimentarios esenciales, es difícil ver cómo puede limitarse así el derecho a la comida, en particular el derecho a no verse sometido a padecer hambre. La disposición más importante relativa al derecho a la comida y a no ser obligado a padecer hambre es el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que reza así:
 

  1. “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí mismo y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento.

  2. Los Estados Partes en el presente Pacto, reconociendo el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre, adoptarán, individualmente y mediante la cooperación internacional, las medidas, incluidos programas concretos, que se necesiten para:
     

a) Mejorar los métodos de producción, conserv ación y distribución de alimentos mediante la plena utilización de los conocimientos técnicos y científicos, la divulgación de principios sobre nutrición y el perfeccionamiento o la reforma de los regímenes agrarios de modo que se logre la explotación y la utilización más eficaces de las riquezas naturales;

b) Asegurar una distribución equitativa de los alimentos mundiales en relación con las necesidades, teniendo en cuenta los problemas que se plantean tanto a los países que importan productos alimenticios como a los que los exportan.”
 

Podría argumentarse que el derecho a la comida y el derecho a no ser sometido a padecer hambre imponen a los Estados la obligación de suministrar alimentos esenciales a quienes lo necesiten. Incluso si no se acepta este argumento, la existencia de estos derechos debe significar como mínimo que está prohibido actuar deliberadamente de manera tal que activamente se prive de comida a las personas y se les cause hambre o hambruna o ambas cosas. Por lo que se refiere a la imposición de sanciones, resultaría sumamente raro que estuviesen prohibidas para hacer padecer hambre a los civiles durante un conflicto armado, pero permitidas en tiempo de paz35.
 

De manera paralela al derecho de los individuos a la vida y a la comida, a los que nos hemos referido arriba, la Convención sobre el Genocidio36 protege lo que podría describirse como el “derecho colectivo a la vida” y, cabe sostener que prohíbe el hecho de someter deliberadamente a la hambruna a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, si el hecho se comete con la intención deliberada de destruir al grupo, ya que, en tal caso, esto caería dentro de la definición de genocidio37. Por lo demás, la prohibición del genocidio se aplica en tiempo tanto de paz como de conflicto armado38.
 

Según parece, la práctica del Consejo de Seguridad tiende hacia la inclusión de las excepciones humanitarias en los regímenes globales de sanciones, sean estos impuestos durante conflicto armado o en tiempo de paz (véase más abajo). En otras palabras, se tendrán en cuenta las preocupaciones humanitarias, independientemente de que las sanciones se impongan en tiempo de conflicto armado o de paz. En situaciones de conflicto armado, estas preocupaciones humanitarias se expresan en el derecho internacional humanitario. En tiempo de paz, en el derecho de los derechos humanos.
 

  Argumentos de políticas para restringir el ejercicio del poder del Consejo de Seguridad para imponer sanciones  

 
Las organizaciones humanitarias y los regímenes de sanciones
 

 
Como se ha indicado arriba, las sanciones, en particular las sanciones comerciales globales, constituyen un motivo de preocupación en razón de sus consecuencias humanitarias. Las sanciones pueden afectar negativamente no sólo la situación humanitaria de la población del Estado al que se pretende castigar, sino también el suministro de la ayuda humanitaria.
 

Las preocupaciones sobre la legitimidad y la utilidad de las sanciones y sobre sus consecuencias en términos humanitarios han llevado a algunos comentaristas a criticar la noción misma de sanciones. Para las organizaciones humanitarias, la cuestión es algo más compleja. Sobre la base del derecho de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario y de consideraciones elementales de humanidad, las organizaciones humanitarias pueden sin duda argumentar que existen límites a la magnitud del sufrimiento que, legítimamente, pueden causar las sanciones; y que los Estados y el Consejo de Seguridad, cuando conciben, supervisar y reexaminan un régimen de sanciones, están obligados a respetar los principios del derecho de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, así como las conside raciones elementales de humanidad39.
 

Sin embargo, es probable que las organizaciones humanitarias -en particular las que están suministrando, o desean suministrar ayuda a un Estado sometido a sanciones- muestren cierta precaución al hacer declaraciones públicas respecto de las sanciones, como puede verse en la discusión a continuación.
 

  Factores que han de considerarse al evaluar un régimen de sanciones  

 
Respecto de cualquier régimen de sanciones surgen dos preguntas. La primera, una cuestión de hecho y de derecho, tiene que ver con si se cumplen o no las exigencias del artículo 39 de la Carta de las Naciones Unidas, es decir, si existe o no una amenaza a la paz, un quebrantamiento de la paz o un acto de agresión, y si el propósito de las sanciones es mantener o restaurar la paz y la seguridad internacionales. La segunda, una cuestión de políticas y de interpretación, es si las sanciones en general, o un régimen particular de sanciones, son “legítimos” cuando el efecto que tienen en la población del Estado que se busca castigar se considera desde la perspectiva del derecho internacional y de las consideraciones humanitarias.
 

Al evaluar un régimen particular de sanciones, son pertinentes muchos factores. Pueden dividirse en dos categorías, que, en líneas generales, corresponden a las dos preguntas planteadas arriba. La primera está constituida por los “factores políticos”, relacionados con la decisión original de imponer un régimen de sanciones, y con su probable eficacia. La segunda la constituyen “factores humanitarios”, relacionados con la índole del régimen de sanciones, el sufrimiento que éste provoca, y las disposiciones que se toman para satisfacer las necesidades humanitarias de la población del Estado que se busca castigar.
 

Es necesario tener en cuenta las siguientes consideraciones políticas :
 

  La naturaleza del daño internacional que intentan remediar las sanciones . A este respecto es importante observar que la expresión “amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz, o acto de agresión” utilizada en el artículo 39 de la Carta de las Naciones Unidas es lo suficientemente amplia para incluir las violaciones graves de los derechos humanos cuando éstas constituyen una amenaza a la paz. Es posible que, si las sanciones se imponen para constreñir o evitar un conflicto en curso o que amenace presentarse, pueda justificarse un régimen de sanciones más estricto que cuando éstas son una respuesta a violaciones de los derechos humanos.
 

  La probable eficacia del régimen de sanciones . La manera más evidente de juzgar la eficacia de las sanciones es en función de su capacidad de modificar la conducta del Estado que se pretende castigar. No obstante, no es la única medida de la eficacia. Las sanciones pueden ser una importante herramienta de la diplomacia internacional, pues permiten a la comunidad internacional demostrar su reprobación de ciertos tipos de conducta y su resolución de responder a ellas.
 

  El potencial efecto desestabilizador del régimen de sanciones . En general, el objetivo declarado del régimen de sanciones es modificar la conducta del Estado en cuestión. Es importante recordar que otro objetivo -no declarado- de las sanciones, o una consecuencia no prevista de ellas, puede ser el cambio de la conformación política del Estado que se pretende castigar. Así pues, al examinar un régimen de sanciones, es también necesario tener en cuenta el hecho de que las sanciones pueden generar inestabilidad política, tensiones o violencia.
 

La actitud de la población del Estado que se pretende castigar . En ciertos casos, la población del Estado que se pretende castigar ha apoyado la imposición de sanciones a pesar del sufrimiento que éstas provocan. Esto es algo que obviamente hay que tener en cuenta al evaluar un régimen de sanciones.
 

  La redacción de la resolución de sanciones . Cualquier resolución que imponga sanciones debe redactarse en un lenguaje claro y especificar en términos precisos el comportamiento esperado del Estado que se pretende castigar, de tal manera que quede claro qué cambio de comportamiento dará lugar al levantamiento de las sanciones. Esto es importante porque las sanciones prolongadas tienen un potencial notable para causar a la sociedad daños graves en el largo plazo.

Habría que tener en cuenta las siguientes consideraciones humanitarias :
 

  El grado de sufrimiento causado . La gama de los regímenes de sanciones va desde el embargo de armas, las limitaciones a los vínculos culturales, deportivos o sociales, o las restricciones financieras hasta los embargos comerciales totales o parciales. Un régimen de sanciones bien concebido procuraría afectar a quienes están en el poder (y que, por ende, están en capacidad de efectuar cambios) en el Estado que se pretende castigar, y no a la población en general.
 

Las organizaciones humanitarias estarán más preocupadas por las sanciones comerciales globales, pues tienen el mayor potencial de infligir sufrimiento a la población civil del Estado que se pretende castigar. Es obvio que cualquier régimen global de sanciones comerciales afectará a la situación de la población civil. Al evaluar un régimen de sanciones, es necesario considerar el grado de sufrimiento que provoca y quiénes son los que resultan afectados más gravemente (determinar, por ejemplo, si se han hecho esfuerzos para que no resulten afectados los más vulnerables, en particular los más jóvenes y los ancianos). Además de los factores concretos, tales como la escasez de alimentos y de medicamentos y los problemas en el sistema de salud pública, puede ser apropiado considerar el efecto de las sanciones en el tejido social y en la infraestructura de la sociedad.
 

  Exenciones humanitarias . Cualquier régimen de sanciones debe estipular exenciones humanitarias para limitar el sufrimiento causado a la población civil. El sistema de exenciones humanitarias previsto en la resolución sobre las sanciones debe ser eficaz. Si bien una adecuada aplicación de un régimen de sanciones exige la verificación del envío de bienes al Estado que se pretende castigar, es esencial garantizar que esto no menoscabe la exención humanitaria. Para que una exención humanitaria sea eficaz, no deberá estar sobrecargada de complejas o laboriosas exigencias administrativas que aumentarían el costo del envío de asistencia humanitaria y demorarían su llegada.
 

Por lo que atañe al CICR y a otras organizaciones humanitarias, es además esencial que el sistema de exenciones humanitarias no ponga en peligro su independencia o su capacidad de entregar la ayuda humanitaria.
 

  Ayuda humanitaria . Un régimen de sanciones debe reconocer la capacidad de los Estados y de los organismos humanitarios para brindar asistencia humanitaria en tiempo de conflicto armado cuando así lo permite el derecho internacional humanitario. Si es probable que las sanciones provoquen considerables penurias entre la población civil, la resolución de sanciones debe exigir que se brinde la asistencia humanitaria suficiente para garantizar que el régimen de sanciones no ponga en peligro la vida ni la salud de la población.
 

  Formulación y verificación de las sanciones . En la formulación de cualquier régimen de sanciones se habrá de tener en cuenta la situación de la población civil del Estado que se pretende castigar. Los efectos de las sanciones, tanto a largo como a corto plazo, deben verificarse durante el régimen.
 

Dos factores que han de considerarse para lograr una posición inteligente y sostenible respecto del régimen son la razón para la imposición de las sanciones y la eficacia del régimen de sanciones. Es esencial en particular tener presente que, en virtud de la Carta de las Naciones Unidas, son limitadas las opciones a disposición del Consejo de Seguridad cuando se enfrenta a una amenaza a la paz, un quebrantamiento de la paz o un acto de agresión. Si el Consejo desea responder a un desafío a la paz y la seguridad internacionales, puede emplear medidas que no implican el uso de la fuerza, como las sanciones económicas. No obstante, si las medidas que no implican el uso de la fuerza son inadecuadas o se ha demostrado que resultan inadecuadas para restaurar la paz y la seguridad internacionales, puede emprender acciones militares. Es posible que las sanciones económicas sean preferibles a la acción militar; esto dependerá de la índole de las sanciones o de la acción militar previstas. Obviamente, este tipo de evaluación es de naturaleza político-militar y es probable que las organizaciones humanitarias quieran evitar pronunciarse públicamente al respecto40.
 

Al comentar sobre la situación humanitaria de la población de un Estado sometido a sanciones, las organizaciones humanitarias deben también mostrar cierta precaución. Deben limitarse a opinar sobre las situaciones respecto de las que tienen información confiable y justificable. Deberán asimismo examinar las posibles repercusiones que cualquier pronunciamiento, en particular si es público, puede tener en sus actividades de asisten cia en la población del Estado que se pretende castigar y, en el caso de las sanciones de las Naciones Unidas, en sus relaciones con el Comité de Sanciones que administra el régimen de sanciones en cuestión. Es imperativo mantener buenas relaciones tanto con el Estado sancionado como con el Comité de Sanciones. Para garantizarlo, la organización deberá asegurarse de que todas sus actividades se llevan a cabo de manera completamente transparente. Desde un punto de vista práctico, es deseable que las organizaciones humanitarias mantengan plenamente informado al Comité de Sanciones de todas sus actividades de asistencia y que eviten dar cualquier impresión de estar tratando de “evadir” el régimen de sanciones. Por lo que se refiere al CICR, el Estado que se pretende castigar debe ser plenamente consciente del papel del CICR en virtud del derecho internacional humanitario, de su neutralidad, de independencia respecto de los gobiernos y de las Naciones Unidas y de su capacidad para actuar como intermediario neutral.
 

  Ejemplos de limitaciones a las sanciones de las Naciones Unidas  

 
Práctica del Consejo de seguridad de las Naciones Unidas en Iraq, la ex Yugoslavia y Haití
 

En esta sección se examinan tres casos en que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha impuesto sanciones colectivas: la guerra del Golfo, la ex Yugoslavia y Haití. Estos ejemplos muestran que el Consejo de Seguridad ya considera que cuando se imponen sanciones colectivas, hay que estipular exenciones por motivos humanitarios. Los ejemplos de Iraq y de la antigua Yugoslavia demuestran además la importancia de la cooperación entre los Comités de Sanciones y las organizaciones humanitarias como el CICR.
 

  Iraq - En el caso de Iraq, la resolución 661(1990) del Consejo de Seguridad excluye del régimen de sanciones “los suministros destinados estrictamente a fines médicos, y, en circunstancias humanitarias, los alimentos”. Así pues, se eximen todos los suministros para fines médicos, a la vez que se permite, con sujeción a autorización, la importación de alimentos si así lo exigen las “circunstancias humanitarias”. En su resolución 666 (1990), el Consejo de Seguridad instauró un procedimiento mediante el cual el Comité de Sanciones debía mantener bajo examen constante la situación relativa a los alimentos en Iraq y en Kuwait ocupado y, si era necesario, garantizar la distribución de alimentos para la población civil con el fin de mitigar los sufrimientos humanos. Se invitó al secretario de las Naciones Unidas a comunicar al Comité de Sanciones información sobre la disponibilidad de alimentos en Irak y Kuwait basada en los datos suministrados por los organismos de la ONU y otras organizaciones, entre ellas el CICR.
 

En el mismo contexto, en abril de 1995, el Consejo de Seguridad aprobó la resolución 986 que autorizaba a Iraq a exportar cierta cantidad de petróleo y a venderla en mercados en el extranjero. Las ganancias de la venta debían utilizarse para “satisfacer las necesidades humanitarias de la población iraquí” (petróleo a cambio de alimentos). La mayor parte de estos fondos debería destinarse a financiar la importación de “los medicamentos, los suministros de uso médico, los alimentos y los materiales y suministros destinados a subvenir a necesidades esenciales de la población civil”.
 

  República Federal de Yugoslavia – En su resolución 757 (1992), el Consejo de Seguridad decidió imponer sanciones globales a la República Federal de Yugoslavia, disponiendo que la prohibición de realizar transacciones comerciales y financieras con la República Federal de Yugoslavia no incluiría “los pagos con fines estrictamente médicos o humanitarios y de alimentos” no tificados al Comité de Sanciones. Este es, pues, otro ejemplo del enfoque del Consejo de Seguridad en el que se tienen en cuenta las necesidades especiales de la población civil de un país sometido a embargo.
 

En la realización de sus actividades de socorro, el CICR tuvo que seguir complicados y largos procedimientos de autorización que en algunos casos demoraban la entrega de los socorros. En el período posterior a abril de 1993, cuando se aprobó la resolución 870 que hacía aún más estricto el régimen de sanciones, el CICR experimentó cierta dificultad para obtener certificados de conformidad, en particular para artículos como combustible, materiales de construcción y ductos para agua (aunque nunca se negó al CICR solicitud alguna).
 

Con el tiempo se estableció una buena relación de trabajo entre el CICR y el Comité de Sanciones y, el 7 de febrero de 1995, se garantizó al CICR una exención general para todos los artículos utilizados en sus programas humanitarios.
 

  Haití – En 1993, mediante las resoluciones 841 y 873, el Consejo de Seguridad sometió a Haití a un embargo limitado (que cobijaba armas y petróleo y congelaba los fondos extranjeros). En la resolución 917 (1994) se amplió el embargo a todos los bienes y productos básicos, con la excepción de “los suministros destinados estrictamente a fines médicos y los alimentos” y de “los demás bienes y productos destinados a subvenir necesidades humanitarias esenciales”, previa autorización del Comité de Sanciones, establecido en virtud de la resolución 841 con arreglo al procedimiento de no objeción.
 

  XXVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja  

 
En la XXVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (Ginebra, 1995), que reunió a 138 Estados, 165 Sociedades Nacionales, el CICR y la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, se aprobó por consenso una resolución sobre las sanciones. Esta resolución, dirigida a los Estados y al Movimiento, es importante pues demuestra que los Estados son conscientes de la necesidad de tener en cuenta las consecuencias humanitarias cuando se imponen sanciones41.
 

  Comentarios generales 8 y 12 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas (4 de diciembre de 1997 y 5 de mayo de 1999)  

 
En su Comentario General no 8 sobre la relación entres las sanciones económicas y el respeto por los derechos económicos, sociales y culturales, el Comité puso de relieve el hecho de que los Estados y las organizaciones que aplicaran sanciones económicas debían tener siempre plenamente en cuenta las disposiciones del Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales42. El Comité subrayaba que se debía centrar la atención en el impacto de las sanciones en los grupos vulnerables y que en la formulación y verificación de todos los regímenes de sanciones se debía incorporar la protección de los derechos humanos.
 

En su Comentario no 12 sobre el derecho a alimentación adecuada, el Comité destacó el contenido normativo del artículo 11 del Pacto y declaró que:
 

“Los Estados Partes deben abstenerse en todo momento de imponer embargos o medidas semejantes a los alimentos, que pongan en peligro el acceso a la alimentación en otros países. Los alimentos no deben usarse nunca como instrumento de presión política o económica.”43

  Declaración del Comité Permanente entre Organismos del Consejo de Seguridad sobre el impacto humanitario de las sanciones (29 de diciembre de 1997)  

   
El Comité Permanente entre Organismos del Consejo de Seguridad sobre el impacto humanitario de las sanciones, instituido en virtud de la resolución de la Asamblea General 46/182 del 19 de diciembre de 1991, incluye representantes de las organizaciones de las Naciones Unidas y de organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales activas en operaciones de asistencia humanitaria. En su Declaración del 29 de diciembre de 1997, el Comité puso de manifiesto la necesidad de que en la formulación de los regímenes de sanciones se tuvieran en cuenta el derecho de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, y reafirmó su opinión de que las sanciones no debían impedir la labor de las organizaciones humanitarias que suministraban asistencia a la población civil de los países que se pretendía castigar.
 

  Nota del Presidente del Consejo de Seguridad: Labor de los Comités de Sanciones (29 de enero de 1999)  

 
En su Nota del 29 de enero de 1999 sobre la labor de los Comités de Sanciones, el Presidente del Consejo de Seguridad hizo propuestas prácticas para mejorar la labor de los Comités de Sanciones44. De conformidad con estas propuestas, que aceptaron todos los miembros del Consejo de Seguridad, los Comités de Sanciones deberían: “...
 

  • establecer mecanismos apropiados a fin de mejorar la vigilancia de la aplicación de los regímenes de sanciones y la evaluación de sus consecuencias humanitarias para la población del Estado a que están dirigidas las sanciones y sus consecuencias económica para los Estados vecinos y otros Estados;

  • celebrar reuniones periódicas para discutir las consecuencias humanitarias y económicas de las sanciones;

  • vigilar, mientras dure el régimen de sanciones, las consecuencias humanitarias de las sancio nes para los grupos vulnerables, entre ellos los niños, e introducir las modificaciones necesarias a los mecanismos sobre exenciones a fin de facilitar la entrega de asistencia humanitaria;

  • tratar de recurrir a los conocimientos especializados y la asistencia práctica de los Estados miembros, los organismos de las Naciones Unidas, las organizaciones regionales y todas las organizaciones humanitarias y demás organizaciones pertinentes.
     

Entre las demás propuestas cabe además destacar las siguientes:
 

  • los organismos de las Naciones Unidas, así como las organizaciones humanitarias y demás organizaciones pertinentes, deberían disponer de procedimientos especiales simplificados para solicitar exenciones por motivos humanitarios;

  • debería estudiarse en qué forma podrían las organizaciones humanitarias solicitar las exenciones por motivos humanitarios directamente a los comités de sanciones;

  • ciertos bienes como los alimentos, los productos farmacéuticos y el material médico, así como el equipo médico y agrícola básico o estándar y los materiales educacionales básicos o estándar deberían estar exentos de los regímenes de sanciones de las Naciones Unidas.
     

  Conclusión  

 
En conclusión, el recurso a las sanciones económicas parece ser ahora una parte establecida de la respuesta de la comunidad internacional a situaciones en las que haya violencia o peligro de violencia. Tales sanciones son legales en términos del derecho internacional, siempre que se ajusten a las normas aplicables del derecho de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Esto significa que los regímenes de sanciones deben elaborarse de tal manera que no pongan en peligro la vida o la salud de la población del Estado que se pretende castigar. Deben disponer exenciones humanitarias para limitar el sufrimiento causado a la población civil y respetar el derecho de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Por otra parte, los regímenes de sanciones deben estar supervisados, durante todo el tiempo en que estén en vigor, a fin de garantizar que no causen sufrimientos indebidos a la población del Estado que se pretende castigar y que los mecanismos de exención permitan la entrega de asistencia humanitaria.
 
 
  Anna Segall es miembro de la División Jurídica del CICR. Las opiniones expresadas en este artículo, de las que sólo se responsabiliza la autora, no reflejan necesariamente las opiniones del CICR.

 
 
  Notas  

 
"Muchas de las citas y referencias de los artículos de la Revista tienen una traducción oficial al español de la que no disponemos aún; hemos optado por traducirlas para beneficio del lector hispanohablante. Esperamos que para el momento en que publiquemos la versión papel de la Revista ya podamos incluir las traducciones oficiales. En la versión de la Web, para la paginación de dichas referencias, cuando no disponemos de la traducción oficial mantenemos la numeración de la versión en el idioma original, la cual, obviamente, no corresponderá a la del español." [Nota del traductor]
 

 
1. Carta de las Naciones Unidas, artículo 39.

2. El artículo 41 de la Carta de las Naciones Unidas reza así: “El Consejo de Seguridad podrá d ecidir qué medidas que no impliquen el uso de la fuerza armada han de emplearse par hacer efectivas sus decisiones, y podrá instar a los Miembros de las Naciones Unidas a que apliquen dichas medidas, que podrán comprender la interrupción total o parcial de las relaciones económicas y de las comunicaciones ferroviarias, marítimas, aéreas, postales, telegráficas, radioeléctricas, y otros medios de comunicación, así como la ruptura de las relaciones diplomáticas.”

3. En el artículo 1.1 de la Carta se estipula que los propósitos de las Naciones Unidas son, inter alia , mantener la paz y la seguridad internacionales, mediante el empleo de medidas de seguridad colectivas y el fomento del ajuste o arreglo de controversias por medios pacíficos. En el artículo 25 se estipula que “Los Miembros de las Naciones Unidas convienen en aceptar y cumplir las decisiones del Consejo de Seguridad de acuerdo con esta Carta”. En el artículo 103 se dispone que en caso de conflicto entre las obligaciones contraídas por los Miembros de las Naciones Unidas en virtud de la Carta y sus obligaciones contraídas en virtud de cualquier otro convenio internacional, prevalecerán las obligaciones impuestas por la Carta.

4. Existen dificultades con el argumento basado en la índole irrestricta del poder otorgado por el artículo 41 y el lenguaje utilizado en los artículos 103, 25 y 1.1. Respecto del artículo 103, es importante observar que se aplica sólo a obligaciones que entren en conflicto con cualquier otro convenio internacional. Según estos términos, la obligación no se aplica al derecho internacional consuetudinario. Actualmente, muchas de las obligaciones en virtud de los principales tratados de derecho de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario deben considerarse como constitutivas de derecho internacional consuetudinario.

5. El preámbulo de la Carta reafirma la fe en los d erechos fundamentales del hombre, y en la dignidad y el valor de la persona humana. En el artículo 1.3 se afirma que uno de los propósitos de las Naciones Unidas es realizar la cooperación internacional en el estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos. En el artículo 55 se estipula que las Naciones Unidas promoverán el respeto universal a los derechos humanos y a las libertades fundamentales y la efectividad de tales derechos y libertades.

6. La noción según la cual el Consejo de Seguridad debe ajustarse al derecho de los derechos humanos y al derecho internacional humanitario cuando impone sanciones económicas está confirmada por el artículo 24 de la Carta, que confiere al Consejo de Seguridad la responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales (artículo 24.1), pero le exige ejercer sus funciones para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales de acuerdo con los propósitos y principios de las Naciones Unidas (artículo 24.2).

7. Véase L.F. Damrosch, “The civilian impact of economic sanctions”, Enforcing Restraint: Collective Intervention in Internal Conflicts , Council on Foreign Relations Press, Nueva York, 1993; y M. Kulissa, “Von Märchen und Mechanismen: Gefahren und Chancen der Sanktionen des Sicherheitsrats”, Vereinte Nationen , vol. 3, 1996, pp. 89-96.

8.  G.A. López y D. Cortright, “Economic sanctions and human rights: Part of the problem or part of the solution?”, International Journal of Human Rights , vol. 1, no 2, 1997, p. 8.

9. Véase H-P. Gasser, “Collective economic sanctions and in ternational humanitarian law - An enforcement measure under the United Nations Charter and the right of civilians to immunity: An unavoidable clash of policy goals?”, Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht , vol. 56, 1996, pp. 871-904.

10. Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales (Protocolo I), del 8 de junio de 1977, artículos 54, 69 y 70, Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional (Protocolo II), del 8 de junio de 1977, artículo 14.

11.  La aplicabilidad a los bloqueos navales de la prohibición de hacer padecer hambre está afirmada en el Manual de San Remo de 1994 sobre el derecho internacional humanitario aplicable a los conflictos armados en el mar (Manual de San Remo) que, aunque no es jurídicamente vinculante, constituye una moderna manera de considerar las leyes aplicables a la guerra en el mar:

" 102. Está prohibido declarar o establecer un bloqueo si:

a) éste tiene como única finalidad hacer padecer hambre a la población civil o privarle de otros bienes esenciales para su supervivencia; o

b) el daño causado a la población civil es, o es previsible que sea, excesivo en relación con la ventaja militar concreta y directa que se espera del bloqueo.”

Publicado en la RICR, no 132, noviembre-diciembre 1995, pp. 649-694.

12. Entre estas condiciones figuran el que el Estado que permita el caso de los envíos deberá tener la garantía de que no hay razón seria alguna para temer que los envíos puedan ser desviados de su destino o que el control pueda resultar ineficaz o que el enemigo pueda obtener de ellos una ventaja manifiesta para sus acciones bélicas o para su economía y de que la distribución de la asistencia se haga bajo la supervisión local de la potencia protectora o del CICR. Véase el Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra (IV Convenio), artículo 23 y el Protocolo I, artículo 70.

13. IV Convenio, artículo 23.

14. Protocolo I, artículo 70. El Protocolo I no ha sido ratificado por dos de las principales potencias del Consejo de Seguridad: Estados Unidos y Francia. No obstante, el Gobierno francés ha anunciado su intención de ratificarlo; por su parte, el “Annotated Supplement to the Commander's Handbook on the Law of Naval Operations” (NW9A) de Estados Unidos se afirma que la prohibición de hacer padecer hambre como medio de combate “should be observed and, in due course, recognized as customary law " (“debe respetarse y, a su debido tiempo, reconocerse como derecho consuetudinario”).

15. Protocolo I, artículo 70.2.

16. Protocolo I, artículo 70.4.

17.  Artículo 9/9/9/10 común a los Convenios de Ginebra de 1949.

18. Protocolo II, artículo 18.2.

19. Artículo 3 común a los Convenios de Ginebra.

20. IV Convenio, artículo 23. 

21.  Protocolo I, artículo 70. Habrá de observarse que la expresión “con sujeción al consentimiento de las partes” no significa que las partes interesadas tengan plena libertad para oponerse a las acciones de socorro. Esto fue algo que se dejó muy claro en la Conferencia Diplomática de 1974-1977, en la que se afirmó que “únicamente podrán hacerlo si alegan razones válidas y no otros motivos puramente arbitrarios o caprichosos”. Véase el comentario del artículo 70 del Protocolo I en Y. Sandoz/C. Swinarski/B. Zimmermann (dirs.), Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949 , ICRC/Martinus Nij hoff, Ginebra, 1987, párr. 2805.

22. Las disposiciones pertinentes del Manual de San Remo son las siguientes:

" 103. Si la población civil del territorio bloqueado está insuficientemente abastecida de alimentos y otros bienes esenciales para su supervivencia, la parte bloqueadora debe permitir el libre paso de víveres y otros suministros esenciales, sin perjuicio:

a) del derecho a fijar las condiciones técnicas, incluido el registro, bajo las cuales se permitirá dicho paso; y

b) de la condición de que la distribución de esa asistencia se haga bajo la supervisión local de una Potencia Protectora o de una organización humanitaria que ofrezca garantías de imparcialidad, tal como el Comité Internacional de la Cruz Roja.

104. El beligerante que imponga el bloqueo deberá permitir el paso de suministros médicos para la población civil y para los militares heridos o enfermos, sin perjuicio del derecho a fijar las condiciones técnicas, incluido el registro, bajo las cuales se permitirá dicho paso.”

23.  Párr. 103.2 de las “Explicaciones”. Véase L. Doswald-Beck (dir.), San Remo Manual on International Law Applicable to Armed Conflicts at Sea , International Institute of Humanitarian Law, Grotius Publications, Cambridge University Press, Cambridge, 1995.

24.  IV Convenio, artículo 55. Protocolo I, artículo 69.1: “Además de las obligaciones que, en relación con los víveres y productos médicos le impone el artículo 55 del IV Convenio, la potencia ocupante asegurará también, en la medida de sus recursos y sin ninguna distinción de carácter desfavorable, la provisión de ropa de vestir y de cama, alojamientos de urgencia y otros suministros que sean esenciales para la supervivencia de la población civil en territorio ocupado, así como de los objetos necesarios para el culto”

25. IV Convenio, artículo 59. La pr otección equivalente para las acciones de socorro llevadas a cabo en territorios ocupados para los otros suministros especificados en el artículo 69.1 aparece en el artículo 70.2 que estipula que las partes en conflicto y cada Estado Parte en el Protocolo I “permitirán y facilitarán el paso rápido y sin trabas de todos los envíos, materiales y personal de socorro”.

26. IV Convenio, artículo. 59.3.

27. Véase el comentario del artículo 59 en Jean Pictet (dir.), Commentary on the Fourth Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War of 12 August 1949 , CICR, Ginebra, 1958, p. 322.

28. El hecho de que se exija el consentimiento no significa que la decisión quede enteramente a discreción de las partes. Una parte no puede negarse a aceptar los socorros sin tener buenos argumentos para ello. Véase el comentario del artículo 70 del Protocolo I y del artículo 18.2 del Protocolo II, op. cit . (nota 21), párrs. 2805 y 4885, respectivamente.

29. Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), 10 de diciembre de 1948, artículo 25; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), 16 de diciembre de 1966, artículo 6.1; Convención sobre los Derechos del Niño, 20 de noviembre de 1989, artículo 6.1.

30. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), 16 de diciembre de 1966, artículo. 12.

31 DUDH, artículo 3; PIDESC, artículo. 11.1; Convención sobre los Derechos del Niño, artículo 27.1.

32. PIDESC, artículo 11.2.

33. Véase Y. Dinstein, “The right to life, physical integrity and li berty”, L. Henkin (dir.), The International Bill of Rights, Columbia University Press, Nueva York, 1981, p. 115.

34. Traducción nuestra (N. del T.). En 1985, el Comité de Derechos Humanos emitió un segundo comentario general sobre el derecho a la vida, señalando que es un derecho respecto del cual no puede admitirse restricción o menoscabo algunos, ni siquiera en tiempo de emergencia pública y lo caracteriza como “fundamental para todos los derechos humanos”. Véase B.G. Ramcharan, “The concept and dimensions of the right to life”, F. Menghistu, “The satisfaction of survival requirements”, y A. Redelbach, “Protection of the right to life by law and by other means”, en B.G. Ramcharan (dir.), The Right to Life in International Law, Martinus Nijhoff, Dordrecht, 1985; Naciones Unidas, Right to Adequate Food as a Human Right, ONU, Nueva York, 1989.

35. Siguiendo el razonamiento utilizado en el caso del Estrecho de Corfú (Corfu Channel Case, I.C.J. Reports 1949, pp. 22-23), y en el caso de Nicaragua c. Estados Unidos (Case of Nicaragua v. United States, I.C.J. Reports 1986, p. 114), puede sostenerse que la obligación de suministrar bienes y víveres esenciales contenida en los Convenios de Ginebra y en los Protocolos adicionales y aplicable en tiempo de guerra, se aplica también en tiempo de paz pues la obligación no se desprende únicamente de los Convenios mismos sino de los principios generales de derecho humanitario de los que los Convenios no son más que una expresión específica.

36 Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, del 9 de diciembre de 1948 (Convención sobre el Genocidio).

37. Convención sobre el Genocidio, artículo 3(c). Véase C. Breining-Kaufmann, Hunger als Rechtsproblem: Völkerrechtliche Aspekte eines Rechts auf Nahrung, Schulthess Polygraphischer Verlag, Zurich, 1995, p. 95.

38.Convención sobre el Genocidio, artículo 1.

39. Nociones como estas han conducido a organizaciones como la Oficina de las Naciones Unidas de Coordinación de Asuntos Humanitarios y al Comité Permanente entre Organismos a desarrollar herramientas para evaluar el impacto humanitario de las sanciones. Véase en particular el estudio de L. Minnear, D. Cortwrihgt, J. Wagler, G.A. Lopez y T.G. Weiss , Towards More Humane and Effective Sanctions Management: Enhancing the Capacity of the United Nations System , Thomas J. Watson Institute for International Studies, Brown University, Providence (RI), 1998.

40. Los principios fundamentales que rigen al CICR, las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y la Federación Internacional de Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja son: humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia, voluntariado, unidad y universalidad. Muchas organizaciones humanitarias están obligadas por principios similares como puede verse por el número de organizaciones (más de 150) que suscribieron el Código de conducta relativo al socorro en casos de desastre para el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y las organizaciones no gubernamentales (ONG), aprobado en la XXVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (Ginebra, 1995) y publicado en la RICR, no 133, enero-febrero de 1996, pp. 128-140.  

41. XXVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja: Resolución 4: Principios y acción en la asistencia internacional humanitaria y en las actividades de protección .

“F. Por lo que atañe a las consecuencias de las sanciones económicas desde el punto de vista humanitario:

1. alienta a los Estados a que consideren:

 a) cuando conciban, impongan y revisen sanciones económicas, las eventuales repercusiones negativas de dichas sanciones con respecto a la situación humanitaria de la población civil del país al que se dirijan, así como en terceros Estados donde éstas podrían conllevar efectos negativos;

 b) evaluar de las repercusiones que tienen, a corto y a largo plazo, las sanciones económicas aprobadas por las Naciones Unidas para las personas más vulnerables y el seguimiento de esas consecuencias donde se hayan aplicado sanciones;

 c) prestar socorro, incluso cuando estén sujetos a sanciones económicas,   y en la medida de los recursos disponibles, en favor de los grupos más vulnerables de la población y de las víctimas de las emergencias de índole humanitaria en los respectivos territorios;

 2.  exhorta a los Estados a que den su asenso para la realización de operaciones de socorro de un estricto carácter humanitario en beneficio de los grupos más vulnerables de la población civil, según lo estipulado en el derecho internacional humanitario;

 3.  exhorta al CICR, a la Federación Internacional y a las Sociedades Nacionales a que contribuyan a la reducción de las repercusiones perniciosas de las sanciones en la situación hum anitaria de las poblaciones civiles, mediante la determinación de los consiguientes efectos y el suministro de asistencia a las personas más vulnerables, de conformidad con el respectivo cometido”.

Véase, RICR , no 133, enero-febrero de 1996, pp. 77-78.

42. Comisión de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, Comentario no 8: Relación entre las sanciones económicas y el respeto de los derechos económicos, sociales y culturales , E/C.12/1997/8, de 12 de diciembre de 1997.

43. Comisión de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, Comentario no 12: El derecho a una alimentación adecuada , E/C.12/1999/5, de 12 de mayo de 1999, párr. 37.