La seguridad de la población como nueva medida de estabilidad mundial

30-06-2001 Artículo, Revista Internacional de la Cruz Roja, por Claude Bruderlein

  Resumen: La seguridad de los individuos ha dejado de estar necesariamente garantizada por los Estados. Como se ha podido corroborar recientemente en varias ocasiones, las necesidades de los Estados en materia de seguridad parecen ir en contra de las necesidades de sus poblaciones en el mismo ámbito, pues los Estados cada vez más lanzan ataques violentos contra los civiles y las instituciones civiles. Ahora bien, de conformidad con el derecho internacional, es ante todo a los Estados a los que incumbe proteger a su población contra los efectos de la guerra. No obstante, en las situaciones de conflicto armado esta labor se vuelve problemática, pues la población a menudo queda abandonada a la merced de su opresor. Se impone pues, de manera apremiante, un cambio de estrategia. Al lado de un sistema de protección basado en el Estado, la comunidad internacional debe concebir soluciones de mayor envergadura y diversificación a fin de garantizar la protección de los civiles, soluciones en las que participarían no sólo los Estados, sino también entidades no estatales, grupos de la sociedad civil, actores del mundo empresarial, de los medios de comunicación de masas y las poblaciones mismas.  

     

No obstante los reiterados compromisos contraídos por los Estados para respetar y hacer respetar las normas del derecho internacional humanitario, los brotes de violencia contra las personas civiles no han cesado. Poblaciones enteras de Europa, de África y de Asia central han sido desplazadas, hostigadas o víctimas de formas de violencia extrema como consecuencia de los conflictos armados, en violación de las normas más fundamentales del derecho humanitario y de los derechos humanos. En consecuencia, los esquemas tradicionales de protección consignados en el derecho internacional se ponen cada vez más en tela de juicio, lo que revela la necesidad de desarrollar nuevas estrategias destinadas a potenciar la protección de la población civil en tiempo de guerra. En su informe a la Asamblea del Milenio, Kofi Annan, secretario general de las Naciones Unidas, escribió:
 

“Como norma, en los convenios internacionales se ha encomendado a los Estados la protección de los civiles, pero hoy en día esta expectativa es objeto de diversas amenazas. En primer lugar, a veces los Estados son los principales perpetradores de actos de violencia contra los propios ciudadanos que el derecho humanitario les pide que protejan. En segundo lugar, los combatientes que no son Estados, en particular en los Estados que se han destruido, suelen pasar por alto o despreciar el derecho humanitario. En tercer lugar, los convenios internacionales no se ocupan debidamente de las necesidades concretas de los grupos vulnerables, como las personas internamente desplazadas, o las mujeres y los niños, en las situaciones complejas de emergencia” [1 ] .
 

El derecho internacional humanitario comienza una etapa crítica de su existencia. A pesar de que su importancia en la instauración de normas para limitar la violencia contra la población civil goza de un reconocimiento sin precedentes, nunca ha sido tan ampliamente reconocida, nunca ha estado sometido a tanta presión el enfoque estratégico acerca del papel principal que desempeñan los Estados en lo que respecta a la protección de la población civil. Cada vez más, parece que los Estados son agentes inadecuados para la aplicación de las normas humanitarias, particularmente durante los conflictos armados internos. A menudo, desean evitar involucrarse en estas confusas situaciones o, si no, ellos mismos pueden ser parte en el conflicto.
 

No sólo se ha comprometido el papel del Estado por su participación en situaciones de conflicto interno, sino que también se ha puesto en duda su pertinencia para prestar protección para la población civil a nivel internacional. Los agentes no estatales, desde las empresas hasta los grupos de la sociedad civil y las organizaciones humanitarias, parecen haber desempeñado, durante los años recientes, un papel muy importante en la potenciación de la seguridad de la población. Además, como efecto colateral de la mundialización, el impacto de conflictos violentos ya no puede fácilmente limitarse a zonas específicas. Todo conflicto es portador de ondas de choque de las hostilidades en círculos concéntricos a cada ámbito de la actividad transnacional, así como a través de cada continente. Los conflictos armados internos dependen mucho de los aportes y de la asistencia externos para mantener su impulso, ya sea mediante el tráfico ilegal, contratos gubernamentales u otras oportunidades de índole comercial. Los conflictos afectan a la migración de población, a los ecosistemas zonales, a los mercados financieros y de materias primas, a los servicios de la deuda y al tráfico de estupefacientes y de armas. Ya no pueden considerarse eventos aislados en el tiempo o en el espacio.
 

La violencia ejercida contra la población civil suele ser el resultado de una larga historia de tensiones sociales, económicas y étnicas. Para intervenir ante esta violencia, las estrategias deben abordar factores profundamente arraigados, esto modifica el modo en el cual se espera que intervenga la comunidad internacional en situaciones de conflicto. La participación de los organismos internacionales en las actividades de consolidación de la paz efectuadas tras los conflictos, desde la verificación de actos electorales, hasta la reconstrucción económica y financiera, ilustra la nueva relación que une a la población en situación de paz con la población en situación de guerra.

  La protección de la población civil durante los conflictos armados internos  

 
Los últimos incidentes confirman que las amenazas más dramáticas y generalizadas contra las personas civiles surgen durante los conflictos armados internos. Veinticinco de los 27 conflictos armados que tuvieron lugar en 1999 fueron de carácter interno, involucrando a uno o más agentes ajenos a los Estados [2!. Un rasgo común de los conflictos armados internos es la violación generalizada del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos por los Estados y agentes no estatales. Las amenazas contra la población civil también aumentan con la proliferación de las armas, particularmente de las armas portátiles y de las minas terrestres, así como con el crimen organizado y la violencia indiscriminada que tienen lugar en estas caóticas situaciones. La presencia de grupos armados entre la población hace particularmente difusa la línea divisoria entre combatientes y no combatientes: en el derecho internacional humanitario es una distinción vital. Estos sucesos han puesto en duda la validez de algunos de los principios básicos de protección del derecho humanitario, en particular por lo que respecta al cometido central de los Estados en la protección de la población civil y al carácter no militar de los bienes civiles.
 

El desarrollo del derecho internacional humanitario y del derecho de los derechos humanos se encuentra profundamente arraigado en el contexto histórico y político del siglo XX y en el paradigma del Estado–nación. Las estrategias de protección tradicionales según los convenios de derecho internacional humanitario y de derechos humanos, se han centrado principalmente en el cometido de los Estados. Por lo tanto, los Estados son los agentes principales de la protección humanitaria según los instrumentos juríd icos internacionales como los Convenios de Ginebra de 1949 sobre la protección de las víctimas de la guerra. Asimismo, están encargados de garantizar que las operaciones militares se limiten a los objetivos militares y que la población civil necesitada reciba la asistencia y la protección adecuadas.
 

Sin embargo, a partir de la Segunda Guerra Mundial, las estrategias militares se han caracterizado por un alejamiento considerable de la percepción tradicional de los bienes civiles de carácter no militar. A lo largo de las décadas pasadas, la población civil y la infraestructura civil han cobrado importancia estratégica considerable para diversas finalidades en la conducción de las hostilidades. Han sido utilizadas como:
 

  • cobertura para operaciones realizadas por movimientos rebeldes;

  • como blanco de represalias;

  • como escudo contra bombardeos y ataques de artillería;

  • como medio de presión sobre la parte adversa al aterrorizar y desplazar a la población civil; e incluso,

  • como objetivo principal de operaciones de limpieza étnica y de genocidio.

 
En estas circunstancias, la presunción de que la población civil se encuentra protegida por su claro carácter no militar resulta cuestionable. La población civil indefensa es blanco fácil de fuerzas temerarias y sin escrúpulos. En la ausencia de mecanismos de aplicación fiables y eficaces, la comunidad internacional puede ofrecer poca ayuda a la población afectada.

Además, los conflictos armados internos surgen con el telón de fondo de Estados desmoronados e involucran a cierto número de agentes no estatales, sobre los cuales las instituciones estatales ejercen poco o ningún control. En algunos casos, el Estado ha desaparecido en esencia del escenario político, dejando brechas paradójicas en e l mapa político del mundo. Incluso las fronteras han perdido su significado geoestratégico en países tales como la República Democrática del Congo, donde, desde 1998, la guerra ha involucrado a las fuerzas armadas de nueve Estados y, al menos, a nueve grupos rebeldes [3 ] . El poder militar se encuentra concentrado en los grupos armados descentralizados y, a menudo, de índole transitoria, que se desplazan de una región a otra. La única manifestación de algo que se asemeje a un Estado, es el discurso de la parte que controla la que fuera capital de Estado.
 

La reivindicación de ser el Estado que esgrimen grupos armados como los talibán, el EPLS (Ejército Popular de Liberación Sudanés), los Tigres Tamil o la UNITA raramente es una pretensión de gobernar una región o a sus habitantes responsable y adecuadamente, sino más bien un eslogan político para continuar la causa de guerra. Por ende, el ministro de Educación talibán en Kabul no dispone de un plan específico para reconstruir el sistema escolar que se ha destruido en Afganistán, sino que se sirve de su posición para prohibir la educación de las niñas, asociada al otrora gobierno muyahidín [4 ] . Además, la oposición de la Alianza del Norte, que tuvo bajo su control a casi toda la región norteña de Afganistán, desde 1992 hasta 1998, y que es reconocida internacionalmente como el Gobierno legítimo del país, destinó una cantidad considerable de recursos para movilizar a la opinión pública internacional contra la política talibán de prohibir la educación de las niñas; pero, poco hicieron para educar tanto a niños como a niñas que se hallaban en los territorios bajo su control. De esta manera, no obstante el reconocimiento internacional de su reivindicación de ser el Estado, la Alianza del Norte no estaba preparada para ejercer las responsabilidades inherentes a la soberanía y brindar los servicios básicos a su población.
 

Por lo demás, los grupos armados ajenos al Estado, las empresas, los organismos internac ionales y las organizaciones no gubernamentales (ONG) van adquiriendo una influencia sin precedentes en la conducción de las hostilidades y de sus efectos en la población civil. Los intereses empresariales en los recursos naturales tales como los diamantes en Angola y en Sierra Leona, o el tráfico ilegal de estupefacientes o de madera en Colombia y Myanmar tienen un protagonismo creciente en la prolongación de los conflictos armados y, en consecuencia, hacen que, en términos humanitarios, la situación empeore. Por último, los organismos internacionales y las ONG influyen en la protección de la población civil cubriendo las necesidades de la población, abasteciendo con los recursos necesarios a los campamentos de refugiados y, en algunas ocasiones, indirectamente a los grupos armados.

  Determinación de nuevos enfoques para la promoción de la seguridad y de la estabilidad  

 
Habida cuenta de los eventos ocurridos durante los últimos años, es imperativo un examen sustancial del enfoque de la comunidad internacional con respecto a las crisis en el ámbito humanitario. La presunción tradicional sobre el papel primordial desempeñado por los Estados en el mantenimiento de la paz y seguridad, así como en la protección de la población civil, ha entorpecido, en diversas formas, nuestra capacidad para considerar nuevas estrategias tendentes a restaurar y a mantener la estabilidad en regiones donde las instituciones estatales y sus símbolos han caído entre las manos de adversarios depredadores. El creciente protagonismo de los agentes no estatales, incluidos los grupos armados y las grandes empresas, así como el crítico papel de la seguridad de la población, deben tenerse en cuenta en las nuevas estrategias. Desafortunadamente, las organizaciones internacionales y los Gobiernos de los países desarrollados se han visto atrapados por su percepción del papel que debe desempeñar un Estado, en e l ámbito nacional en una economía desarrollada y en un sistema democrático. No pueden renunciar a la posición central que tienen las instituciones estatales existentes en el mantenimiento de la seguridad, en zonas como la de los Grandes Lagos en África o Asia central, sin comprometer hasta cierto punto su propia identidad como agentes estatales. Las consideraciones como la índole universal de la condición de Estado, de Sierra Leona o de Angola a los Estados europeos o asiáticos, nos han impedido comprender esta crítica evolución y ha limitado nuestra capacidad para emprender una acción eficaz para la protección de la población civil.
 

En este contexto, el concepto de seguridad ofrece un enfoque innovador para abordar de manera global los orígenes de la inseguridad que afecta a las personas a través del mundo. Desde el punto de vista de la seguridad de las personas, la seguridad del individuo ya no se encuentra definida exclusivamente dentro del ámbito de los Estados y como una consecuencia de la seguridad nacional. Los orígenes de la inseguridad actual son de carácter diverso y pueden hallarse, entre otras cosas, en factores sociales, económicos, de la salud y del medio ambiente. Esta inseguridad trasciende cada vez más las fronteras de los Estados y tiene una repercusión a nivel mundial. Para que los seres humanos estén en seguridad, sus vidas deben estar libres de penetrantes amenazas, violentas o de otro tipo, contra sus derechos y su seguridad. El enfoque dado a la seguridad de las personas aborda amenazas de carácter no tradicional contra la seguridad de la población relacionadas con factores económicos, alimentarios, de salud y del medio ambiente, y con asuntos como los estupefacientes, el terrorismo, el crimen organizado, las minas terrestres y la violencia por razón del sexo de la persona. Esto no solamente ofrece una definición acerca del significado de la seguridad de las personas, sino que tiene como objetivo una visión más diferenciada de los intereses de la seguridad. La seguridad de las personas versa sobre el reconocimiento de la importancia que revisten las necesidades de seguridad de la población junto con las de los Estados, la disminución de los riesgos, la adopción de medidas preventivas tendentes a reducir la vulnerabilidad de las personas y la realización de una acción paliativa cuando faltan medidas de prevención.
 

En las áreas de conflicto donde han colapsado las instituciones estatales, es imposible reclutar como asociados a los detentores de los símbolos del Estado para reconstruir la seguridad. Estos grupos se encuentran frecuentemente envueltos en una lucha por los beneficios económicos y de la seguridad: poder económico, control de recursos naturales, de la población o un territorio. Aunque pueden manifestar su apoyo al discurso internacional en términos de promoción de los derechos humanos y de otras normas internacionales, como en el norte de Afganistán, su relación con la población bajo su control sigue siendo esencialmente de carácter depredador.
 

Estas situaciones son un desafío a los estrategas de seguridad. El propósito principal de las estrategias de seguridad a nivel internacional es favorecer el nacimiento de disposiciones políticas y de seguridad estables, que permitan que las tensiones políticas entre los Estados y en el interior de los mismos sean manejadas sin violencia. El orden público, la estabilidad política y el desarrollo económico dependen en gran medida del mantenimiento de las disposiciones de seguridad que protegen a las instituciones civiles de las amenazas de violencia tanto internas como externas.
 

Los límites de las estrategias de seguridad internacionales provienen frecuentemente de la dificultad de identificar a agentes locales aptos y competentes para proveer una infraestructura de seguridad, restablecer las instituciones civiles y traspasar el control político de estas instituciones a un “Estado” liberal oficial. Sin embargo, los agentes políticos que sobreviven a años de guerra son a menudo los que prosperan en tales condiciones. Estos tienden a interesarse en la continuación de las hostilidades, más que en comprometerse en un costoso acuerdo de paz que podría marginar su autoridad.
 

Teóricamente, los agentes necesarios para aplicar estas estrategias deberían buscarse localmente, no importarse en la forma de instituciones coloniales o neocoloniales. Las únicas excepciones recientes en este enfoque han sido las administraciones civiles provisorias patrocinadas por la ONU en Camboya, Kosovo y Timor Oriental, que fueron establecidas tras la intervención militar internacional. Sin embargo, sólo en circunstancias excepcionales, la comunidad internacional está preparada para intervenir directamente en situaciones de conflicto y aplicar su propia estrategia de seguridad.
 

En consecuencia, la comunidad internacional no cuenta con poder alguno para limitar la violencia y reconstruir la paz. Las organizaciones internacionales desean apoyarse en agentes locales legítimos para garantizar la paz y la seguridad, pero no logran hallar una parte verdaderamente interesada en esta cuestión. Asimismo, la rehabilitación de las instituciones del Estado, incluidos los militares, tiene una connotación política inherente para las partes en conflicto. De una manera o de otra, esta estrategia difícilmente puede proporcionar la seguridad a la población.
 

La solución de este problema reside en la capacidad de la comunidad internacional para centrarse en la seguridad de las personas, más que en la seguridad de las instituciones, en tanto que componente central de las estrategias para la paz y la seguridad. La aplicación de estrategias de seguridad ya no puede considerarse la tarea exclusiva de las instituciones del Estado. Tampoco debe haber diferencias entre los intereses de la población y los intereses de la seguridad nacional. La protección de la población civil pasa a ser un asu nto político y de seguridad, mientras que desaparece la distinción entre los agentes estatales y no estatales, así como entre civiles y combatientes.
 

La comunidad internacional debe tomar distancias de la percepción orientada hacia el Estado sostenida por los participantes en la seguridad y moverse hacia un papel más sistemático para los individuos y las comunidades, no solamente como espectadores y víctimas colaterales de los conflictos, sino como un núcleo de participantes en las estrategias de protección y de construcción de la paz tras el conflicto. En ausencia de las instituciones estatales, grupos de mujeres y líderes tribales somalíes han desempeñado un papel crucial al lidiar con las consecuencias humanitarias de la hambruna y del conflicto armado. Mucha más atención debe dedicarse a las necesidades de seguridad de la población civil en términos de alimentos, salud, educación, empleo y medio ambiente, así como al papel desempeñado por los grupos de la sociedad civil en la mejora de las perspectivas de paz y seguridad sostenibles. La cuestión de los agentes locales pasa a ser pertinente, sólo si se ha logrado la seguridad mínima de la población civil mediante la labor de las organizaciones internacionales y locales.

  El papel desempeñado por los agentes no estatales como encargados de la construcción de la seguridad de las personas  

 
Los agentes no estatales, desde la sociedad civil o las instituciones comunitarias, hasta los grupos armados y las empresas privadas, desempeñan un papel crucial en el aumento o en la disminución de la seguridad de las personas. Las medidas necesarias para potenciar la seguridad de las personas, requieren a menudo la labor de numerosos agentes no estatales, particularmente las ONG, para abordar, por ejemplo, las necesidades de la población desplazada, abogar por un mayor control de comercio de armas o asistir a los Gobiernos en la preservación y en la restauración de frágiles condiciones ambientales. La seguridad de las personas puede servir como plataforma para hacer un llamamiento a los agentes no estatales y a los Estados para que ayuden a afrontar las causas de la inseguridad mundial.
 

Los agentes no estatales son particularmente aptos para establecer la seguridad de las personas en el nuevo contexto mundial. En efecto, en el caso de Estados que se han desmoronado, son los únicos que pueden llevarlo a cabo. Durante los conflictos internos, los agentes no estatales se ven beneficiados por su proximidad a las comunidades locales y tienen también un potencial mayor para incrementar las capacidades a nivel local que sus interlocutores tradicionales. Pueden desempeñar, y de hecho desempeñan, diversos papeles en relación con la protección de la seguridad de la población. Algunos ejemplos son: organizaciones tales como el CICR y Oxfam, que actúan cuando los Gobiernos son incapaces de satisfacer a las necesidades urgentes; las ONG como la Comunidad de San Egidio, que facilita las negociaciones entre las partes beligerantes; y los esfuerzos realizados por los medios de comunicación tales como Radio Ijambo de Ruanda para la reconstrucción de la paz. La comunidad Internet está pasando a ser un participante original, comprometido por ejemplo, en la reunión de familias dispersas [5 ] .
 

Estas entidades funcionan sin las restricciones impuestas a las instituciones estatales por su estrecho cometido de política exterior, así como con un mayor acceso a regiones inaccesibles para los organismos oficiales. Pueden dialogar también con diferentes partes al mismo tiempo, sin perder la credibilidad. Pueden tratar directamente a nivel comunitario y ejercer actividades operacionales sin ser escudriñados políticamente o por el público. Adicionalmente, los agentes no estatales pueden establecer más eficazmente redes con los representantes de la sociedad civil y centrarse con ellos en las perspec tivas a largo plazo. Es menos probable que los acusen de representar una injerencia exterior o violar la soberanía nacional. En resumen, son frecuentemente más flexibles que los Estados, en particular durante los conflictos armados internos.
 

Evidentemente, el término “agentes no estatales” se asocia a un gran número de distintas entidades e individuos que desempeñan papeles específicos en el interior de las sociedades en conflicto. Esto incluye a grupos armados, ONG, empresas, instituciones educativas, donantes privados, organizaciones religiosas, la comunidad científica, personas, medios de información y, de manera creciente, la comunidad Internet. Sus pocas características compartidas surgen de su naturaleza específica “no oficial” en comparación con los agentes estatales, su mayor flexibilidad y su frecuente carencia de obligación de dar cuentas según las leyes de carácter nacional e internacional. Existe una acuciante necesidad de realizar una distinción más clara entre los diversos agentes no estatales.
 

El papel decisivo que desempeñan en distintas áreas clave que afectan a la seguridad de las personas ya puede observarse, incluido el tráfico ilegal de armas portátiles, el reclutamiento de niños soldados y el empleo de minas terrestres. El liderazgo asumido por las organizaciones no gubernamentales en el establecimiento del Tribunal Penal Internacional y en la aprobación del Tratado de Ottawa sobre la prohibición de las minas antipersonal, son pequeñas ilustraciones de la importancia creciente de su acción. Se deben realizar esfuerzos para que ésta se entienda mejor y trazar estrategias para aprovechar al máximo su contribución en la elaboración y la aplicación de las normas jurídicas internacionales.
 

El derecho internacional humanitario y el derecho de los derechos humanos solamente brindan oportunidades limitadas para desarrollar nuevas estrategias para las situaciones de conflicto interno. El derecho internacio nal presta poca atención al papel desempeñado por los agentes no estatales, con la notable, pero limitada, excepción del Comité Internacional de la Cruz Roja. El papel y la responsabilidad de los agentes no estatales con respecto a la protección de la población civil según el derecho internacional, depende en gran medida del asenso y de las acciones de los Estados. La discrepancia actual entre el papel desempeñado por el Estado y por los agentes no estatales en el derecho internacional demuestra hasta qué punto las consideraciones políticas han impedido el desarrollo de estrategias eficaces para proteger a la población civil en caso de conflicto armado. En la actualidad, es poco probable que se deje de excluir a los agentes no estatales. Se ha impedido repetidamente que los grupos armados no estatales participen en las conferencias internacionales sobre la protección de la población civil; por otro lado, los contactos con tales grupos es sujeto a intensas presiones de muchos lados. La responsabilidad de las corporaciones privadas por su conducta en las regiones de conflicto también sigue siendo poco clara debido a la falta de normas jurídicas pertinentes y a la oposición del Estado a la investigación del papel desempeñado por las empresas en situaciones de guerra.
 

Pruebas recientes de la reticencia de los Estados para reconocer el papel de los grupos armados no estatales en la aplicación de las normas internacionales, lo ha brindado la Conferencia de Roma de julio de 1998 sobre el establecimiento del Tribunal Penal Internacional (TPI). Mientras que cientos de ONG se encontraban representadas, muchas de ellas oficialmente, junto a más de 130 delegaciones estatales, ningún esfuerzo se realizó con el fin de incorporar al proceso a los grupos armados. El Estatuto del TPI que se aprobó en la conferencia impone solamente obligaciones a los Estados y a los individuos, pero contienen muy pocas disposiciones que comprometan la responsabilidad de los grupos armados. En particular, el Estatut o no confiere la autoridad jurídica a los agentes no estatales en las acciones judiciales contra los crímenes de guerra, no obstante el hecho de que el liderazgo de estos grupos armados puede ser el único organismo que detenga el control real sobre los combatientes no estatales. El significado práctico de estos desarrollos jurídicos es, por tanto, mínima en situaciones en que los Gobiernos han perdido su capacidad para hacer comparecer a los agentes no estatales, o al otorgar una amnistía como parte del proceso de paz (como en el caso de Sierra Leona para los combatientes del RUF) han renunciado a su potestad para enjuiciar a los criminales de guerra. Los recientes acontecimientos en Sierra Leona prueban que un grupo armado que ha sido aislado durante muchos años y que no ha sido responsabilizado por su cruel comportamiento, no puede ser fácilmente elegido por cooptación un proceso de orden político. Sin embargo, desde un punto de vista práctico, los grupos armados siguen siendo los principales agentes de las estrategias de protección en cuatro ámbitos: como Gobiernos de facto en los territorios bajo su control: como entidades militares activas en combate; como autoridades potenciales responsables de la protección de las operaciones humanitarias; y en tanto que entidades políticas que finalmente serán parte en un acuerdo de paz.
 

Otras preocupaciones afines se aplican al papel de las empresas. Los esfuerzos realizados para implicar a las empresas en la protección de la población civil todavía se encuentran en una etapa embrionaria. Las iniciativas recientes realizadas por el Comité de sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU, con el fin de responsabilizar a De Beers con respecto a sus actividades en el comercio de diamantes con UNITA, han demostrado la influencia potencial del Consejo sobre las empresas multinacionales [6 ] . De manera parecida, el juicio de la compañía petrolera Unocal en un tribunal de California por violaciones del Convenio sobre la esclavitud de 1927 en Myanmar demuestra la influencia potencial que puede ser ejercida sobre ellas en un tribunal nacional [7 ] . Las actividades económicas de las empresas en las áreas de conflicto las transforman en elementos clave de las nuevas estrategias de protección (quizás más significativos que los grupos armados o aun los Estados). Mientras que los grupos armados tienden a ser obscuros y poco fiables, obrando fuera de todo marco legal y los Estados representativos se benefician de la inmunidad diplomática, las empresas privadas son vulnerables a las presiones políticas y jurídicas que van del boicot de consumidores a los juicios.
 

Sin embargo, hay muchos problemas asociados con el papel creciente desempeñado por los agentes no estatales con respecto a la protección de la seguridad de las personas durante los conflictos armados. La multiplicidad de agentes “no oficiales” puede significar que existen deficiencias en la coordinación de los esfuerzos realizados así como una clara responsabilidad. Los agentes no estatales tales como las ONG, también pueden disponer de influencias políticas y recursos insuficientes para alcanzar sus objetivos. Pueden estar mal informadas o ignorar ciertos asuntos de importancia y en consecuencia tomar partido en el conflicto. Además, se puede argüir que, al concentrar sus esfuerzos en la sociedad civil, más bien que en las instituciones del Estado, se retiran los recursos disponibles al Estado en lucha.
 

Un cierto número de problemas se ha planteado en los esfuerzos para que grupos armados sean agentes de seguridad. Viejas rencillas, acusaciones de corrupción, maniobras políticas y la complicada cuestión de la desmovilización y reintegración de los combatientes han dificultado la situación. En algunos casos, la reintegración de los grupos armados tales como la RENAMO en Mozambique ha sido exitosa. En otros casos, como el del RUF en Sierra Leona, ha fracasado calamitosamente. En estas circunstancias, se han desarrollado tres maneras de abordar el problema, a fin remediar la ausencia de agentes de seguridad confiables:
 

  • elegir a un grupo armado para que se desempeñe como la nueva autoridad civil, apoyar el establecimiento de una administración civil y utilizar las influencias políticas y financieras, a fin de inducir a la nueva autoridad a adoptar un tipo de administración responsable. Por ejemplo, la OLP/ Autoridad palestina (1992 – 2000);

  • elegir a parte de un grupo opositor para que se desempeñe como la nueva autoridad civil encabezada por funcionarios internacionales durante un período provisional, apoyar el establecimiento de los servicios nacionales en sectores como la salud y la educación, así como de una administración municipal local. Por ejemplo, en Kosovo a partir de 1999;

  • reconstruir las instituciones civiles completamente, capacitar a los ciudadanos para que lleven a cabo funciones administrativas y asistirlos hasta el establecimiento de un nuevo Gobierno y la realización de elecciones democráticas (Camboya, Timor Oriental).

 
En estos tres casos, la transformación de los grupos armados en agentes de seguridad responsables, es una inversión costosa para la comunidad internacional, inversión que no tiene una garantía de éxito.

  Conclusión  

 
El presente documento es un análisis de las brechas que existen entre las percepciones actuales acerca del papel central desempeñado por las instituciones del Estado en el mantenimiento de la seguridad y de la estabilidad, y el impacto real de los agentes no estatales (desde los grupos armados a las empresas y los esfuerzos de la población civil) en los conflictos armados internos. Considerando la desafortunada situación en la cual se encuentra la población civil luego de más de cincuenta años de normas internaci onales elaboradas para protegerlos, ha llegado el momento de reconsiderar las presunciones que han dirigido los esfuerzos realizados previamente. Los individuos y las comunidades ya no deberían ser percibidas como víctimas pasivas de la guerra, en la espera de que se les envíen alimentos por avión o el establecimiento de un tribunal penal internacional. La población civil puede desempeñar un papel crucial en la estabilización de las situaciones explosivas y la preservación de los cimientos de la paz. Estas requieren el apoyo total de la comunidad internacional a fin de asegurar que al menos, la realización de nuestros diligentes esfuerzos no se hagan en detrimento de la seguridad de las personas, a nivel individual, familiar o comunitario. La salud, la educación, el empleo y una política ambiental viables son la próxima generación de objetivos relacionados con la seguridad, ya que son la mayor esperanza para la obtención de una paz sostenible.

 
 

  Claude Bruderlein es profesor de derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Cambridge (EE.UU.) y director del Programa de Harvard para política humanitaria e investigación sobre los conflictos. El autor agradece a Andrew Mack de la Oficina Ejecutiva del Secretario General de la ONU y a la doctora Jennifer Leaning y a Judy Stone del Programa de Harvard sus atentos comentarios sobre asuntos de seguridad de las personas.

Notas

1. Kofi Annan, " Nosotros los pueblos: la función de las Naciones Unidas en el siglo XXI " , informe del secretario general de las Naciones Unidas a la Asamblea del Milenio, Naciones Unidas, marzo de 2000, p. 46. A disposición en     http://www.un.org/spanish/milenio/sg/report/full.htm . Véase también el informe del secretario g eneral de las Naciones Unidas al Consejo de Seguridad sobre la Protección de los Civiles durante los Conflictos Armados, UN doc. S/1999/957, 8 de septiembre de 1999.

2. SIPRI Yearbook 2000: Armaments, Disarmament and International Security, Destacados, Instituto Internacional de investigación para la paz de Estocolmo/Oxford University. Press, 2000. A disposición en: editors.sipri.se/pubs/yboo/proo.html

 
3. Ídem.

4. Review of UN Policy Approaches in Taliban-controlled areas of Afganistan: A DHA Report, Departamento de Asuntos Humanitarios de la ONU, Nueva York, junio de 1997. Disponible en: http://www.reliefweb.int    
5. El CICR ha abierto un sitio web para ayudar a restablecer el contacto entre los miembros de las familias en ex Yugoslavia. Para asistir a las personas que tratan de ubicar a sus familiares, se han instalado ordenadores en las oficinas del CICR en Albania, Macedonia, la República Federativa de Yugoslavia y Bosnia-Herzegovina. Véase http.//www.familylinks.icrc.org. Además, un equipo formado por el Comité Internacional de Rescate (CIR) proporcionó un servicio de Internet para Kosovo, sólo 100 días después del arribo de las tropas de mantenimiento de la paz de la ONU. El proyecto ofrecía comunicaciones gratuitas y fiables a las organizaciones locales y resultó ser un instrumento crucial en el esfuerzo realizado para reunir las familias separadas por el conflicto. Véase el sitio web Proyecto Internet Kosovo en http://www.ipko.org.  

 
6. Christofer Munnion, “De Beers ban on gem sales hits UNITA”, Daily Telegraph, 8 de octubre de 1999.

7. William Branigin, “Rights victims in Burma want a U.S. company to pay: Suit alleges army abuses while pipeline was built”, Washington Post, 13 d e abril de 1999.