Las mujeres y la guerra: la detención de mujeres en tiempo de guerra

30-06-2001 Artículo, Revista Internacional de la Cruz Roja, por Charlotte Lindsey

En un artículo recientemente publicado en la Revista, Charlotte Lindsey hace [1 ] la reseña de los problemas específicos a que deben hacer frente las mujeres en tiempo de guerra. En la presente contribución se refiere concretamente a la situación de las mujeres detenidas. Próximamente, se publicarán otros artículos sobre las experiencias vividas por mujeres durante los conflictos armados.  

     

La Unidad encargada del Proyecto “Las Mujeres y la Guerra” está realizando un estudio sobre la manera en que los conflictos armados afectan a las mujeres, y las normas a que se ajusta el CICR para responder a las necesidades de las mujeres en el marco de las actividades de la Institución. Este estudio será publicado en 2001 y conforma la base del cumplimiento de la promesa que formuló el CICR durante la XXVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (Ginebra, 1999) en relación con las mujeres y la guerra, y que deberá ser una realidad en un plazo de cuatro años (a partir del año 2000). El CICR se ha comprometido a incrementar la promoción de la protección que asigna el derecho internacional humanitario a las mujeres y, especialmente, de la disposición relativa a la prohibición de la violencia sexual. También se ha comprometido a velar por que en todas sus actividades de protección, asistencia y salud se responda debidamente a las necesidades de las mujeres víctimas de la guerra, a fin de mejorar su situación.
 

En los conflictos armados, las mujeres pueden verse privadas de libertad, sea por razones directamente relacionadas con e l conflicto o no como, por ejemplo, por delitos de derecho común cometidos antes o durante el conflicto. Los problemas que plantea la detención de las mujeres raramente son tratados públicamente o en artículos sobre las mujeres y la guerra. Las imágenes de personas detenidas que suelen mostrar los medios de información son las de hombres que se consumen entre rejas o alambres de púas. Sin embargo, el CICR visita y ha registrado los datos de miles de mujeres –niñas inclusive– detenidas por motivos relacionados con conflictos armados y tensiones internas. Un médico del CICR resumió con elocuencia la idea que tiene la opinión pública de las mujeres detenidas: “Pocas veces se habla de “las detenidas”; no corresponden al concepto habitual de prisionero; no son “prisioneros reales” [2 ] . Este artículo tiene como finalidad hacer resaltar las principales dificultades con que tropiezan las mujeres detenidas, así como las normas y los principios internacionales que les asignan protección.
 

Si se nota menos la presencia de mujeres en los lugares de detención en el mundo es, principalmente, porque hay menos detenidas que detenidos. Las mujeres son el 4 o el 5% de la población carcelaria de un país. Este porcentaje incluye a las combatientes privadas de libertad por motivos relacionados con un conflicto, a las detenidas de seguridad, a las civiles internadas y a las detenidas por delitos de derecho común. Además, en algunos países las mujeres también pueden ser detenidas por razones “relacionadas con su conducta”, los llamados “ delitos de honor”.
 

“Delito de honor” es el término usado frecuentemente en muchos países para describir las razones de la detención de una mujer. Es un comportamiento que la ley o la costumbre considera inaceptable o inapropiado. En algunos casos, se detiene a las mujeres para protegerlas de sus familiares o de su comunidad.
 

En situaciones de conflicto armado, el derecho internacional humanitario asigna prot ección a las prisioneras, a las internadas y a las detenidas. Las principales disposiciones se encuentran plasmadas en los cuatro Convenios de Ginebra para la protección de las víctimas de la guerra del 12 de agosto de 1949 y en sus dos Protocolos adicionales de 1977. Se refieren al trato debido a las personas privadas de libertad, así como a las condiciones específicas de detención de las mujeres y al trato que éstas deben recibir. En las situaciones de violencia no cubiertas por los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos adicionales de 1977, otras normas internacionales completan la legislación interna por lo que respecta el trato de los detenidos. Las más importantes son las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos (1955), el Conjunto de principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión (1988), el Pacto internacional de derechos civiles y políticos (1966) y la Convención contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes (1984 ). Es importante señalar que estas normas y las leyes nacionales también se aplican a las mujeres privadas de libertad por motivos relacionados con conflictos armados internacionales y no internacionales. Las disposiciones del derecho internacional humanitario y las normas internacionales que se aplican a la detención no hacen distinción de sexo en lo que respecta a la detención de adultos.
 

Para empezar, cabe recordar que, en todas las circunstancias, la autoridad detentora tiene la obligación de atender a las necesidades de los detenidos, y de proporcionarles un alojamiento adecuado y apropiado, así como alimentos, artículos y servicios necesarios para su salud y su dignidad. Tiene también la obligación de velar por que los detenidos sean tratados correctamente, y, en particular, por que no reciban malos tratos. En cuanto a la detención de personas por motivos relacionados con un conflicto, debe aplicar las disposiciones plasm adas en el derecho internacional humanitario.
 

  Disposiciones generales del derecho internacional humanitario aplicables a las mujeres detenidas [3]  

 
El derecho internacional humanitario asigna a las mujeres una protección igual a la de los hombres. Han de ser protegidas si, como miembros de las fuerzas armadas, son capturadas y detenidas por el enemigo, o si son personas civiles internadas. Sin embargo, en el derecho humanitario se reconoce también la necesidad de brindar a las mujeres una protección especial de acuerdo con sus necesidades específicas.
 

Si, en caso de conflicto armado internacional, las mujeres que participan activamente en las hostilidades como miembros de las fuerzas armadas son capturadas, están protegidas por el Convenio de Ginebra de 1949 relativo al trato debido a los prisioneros de guerra (III Convenio). Este Convenio contiene el principio de que los prisioneros de guerra deben ser tratados humanamente en todas las circunstancias. Sin embargo, además de estas normas que se aplican a todos los prisioneros de guerra, el III Convenio asigna una protección especial a las mujeres. En particular, en su artículo 14, párrafo 2, se estipula que “las mujeres deben ser tratadas con todas las consideraciones debidas a su sexo”. Esta norma va seguida de una serie de disposiciones que se refieren expresamente a las condiciones de detención de las mujeres en los campos de prisioneros de guerra, como la obligación de poner a disposición dormitorios separados para las mujeres y para los hombres [4 ] , instalaciones sanitarias separadas [5 ] y locales separados bajo la supervisión directa de mujeres en caso de que se imponga un castigo [6 ] . El principio del trato específico debido a las mujeres figura en el artículo 75, párrafo 5, del Protocolo I adicional a los Convenios de Ginebra, según el cual las mujeres deben ser confinadas separadamente de los homb res, bajo la vigilancia directa de mujeres [7 ] .
 

Las mujeres que forman parte de la población civil pueden ser internadas por una parte en conflicto si “la seguridad de la Potencia en cuyo poder estén lo hace absolutamente necesario” [8 ] . El Convenio de Ginebra de 1949 relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra (IV Convenio) y el Protocolo I adicional a los Convenios de Ginebra, de 1977, contienen una serie de disposiciones especiales sobre el internamiento de las mujeres [9 ] . Además, en el III Convenio hay normas específicas con respecto a las mujeres encintas o las madres con niños de corta edad (por lo general son así considerados los menores de siete años de edad) internadas o detenidas. Se dispone que los casos de estas personas deben ser considerados con la máxima prioridad [10 ] y los casos de maternidad deben ser “admitidos en todo establecimiento calificado para su tratamiento, donde recibirán asistencia” [11 ] .
 

El derecho internacional de los conflictos armados no internacionales no define a los combatientes capturados como prisioneros de guerra. No obstante, las mujeres que han participado activamente en las hostilidades y que son capturadas por el enemigo tienen derecho a beneficiarse de las garantías fundamentales estipuladas en el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra y en el artículo 4 del Protocolo II adicional de 1977. Las mujeres tienen derecho a la misma protección que los hombres, pero también tienen derecho a recibir un trato especial. De conformidad con el Protocolo II, las mujeres arrestadas, detenidas o internadas en relación con un conflicto deben recibir un trato especial. En tales casos, “salvo cuando hombres y mujeres de una misma familia sean alojados en común, las mujeres estarán custodiadas en locales distintos de los destinados a los hombres y se hallarán bajo la vigilancia inmediata de mujeres” [12 ] . Las mujeres civiles internadas por una parte conflicto armado no internacional tambi én están protegidas por los artículos 4, 5 y 6 del Protocolo II [13 ] .
 

  Separación de las mujeres de los hombres en los lugares de detención [14]  

 
Como se señaló más arriba, el número de mujeres detenidas es mucho más bajo que el de los hombres detenidos, tanto en tiempos de paz como en tiempo de conflicto armado; lo que no implica, necesariamente, que sus condiciones de detención sean mejores. En muchos casos no es así, principalmente porque existen menos prisiones o lugares de detención para mujeres únicamente. Cuando las mujeres están detenidas en la misma prisión que los hombres, la sección reservada para ellas suele ser más pequeña y los servicios y otras instalaciones pueden ser insuficientes. De conformidad con el derecho internacional humanitario, los locales de detención y las instalaciones sanitarias para las mujeres deben ser adecuados y debe haber una separación física (muro) entre las mujeres y los hombres, es decir, la sección de mujeres debe estar completamente separada de la sección de hombres.
 

El escaso número de lugares de detención para mujeres en un país también puede plantear otros problemas. A menudo, las mujeres detenidas están en lugares de detención alejados de sus lugares de origen y, por consiguiente, de sus familias y del vital apoyo que éstas les brindan [15 ] .
 

Por supuesto, es esencial que en todos los lugares de detención se autorice el acceso al aire libre y que las condiciones materiales de detención sean adecuadas. En particular, las mujeres encintas y los niños que acompañan a sus madres detenidas, deben tener acceso más frecuentemente al aire libre y a los ejercicios físicos que los demás detenidos.
 

El objetivo de las normas más arriba mencionadas es proteger a las mujeres detenidas contra la violencia, los abusos y la intimidación; preservar su intimidad y dign idad y organizar sus vidas en detención de acuerdo con sus necesidades específicas.
 

  Hijos que acompañan a sus madres detenidas  

 
La legislación nacional y las reglamentos penitenciarios especifican si un niño puede permanecer con uno de sus padres detenidos (generalmente la madre), así como la edad máxima para que esto sea posible. Los Convenios de Ginebra no establecen ningún límite de edad. La situación de los niños que acompañan a sus madres detenidas, porque han sido arrestados al mismo tiempo que ellas o viven con ellas en detención, es una cuestión compleja y delicada. Incontestablemente, un lugar de detención no es el medio ideal para criar a un niño; sin embargo, no debería necesariamente separarse a una madre de su hijo con el pretexto de brindar al niño un ámbito “mejor”. En ciertos casos, una mujer detenida podrá querer quedarse con su hijo bajo cualquier circunstancia, especialmente si su condición social y su posición en la familia dependen del hecho de que el niño está a su cargo (una posición que podría perder, incluso todo derecho sobre el niño, sí éste tuviera que vivir con otro familiar). Cuando el niño alcanza la edad en que ya no puede permanecer en el lugar de detención (esta edad es determinada por la legislación nacional) el dolor de la separación tanto para la madre como para el niño es enorme.
 

Cuando el niño no vive con la madre detenida, ésta sufre por la separación de su hijo y la incertidumbre con respecto a la persona que lo está criando y a la manera en que lo hace. Aun cuando la persona que se encargue del niño sea un familiar, esta separación puede ser difícil de sobrellevar para una madre. Cuando el niño debe ser ubicado en un hogar o con una familia adoptiva, la madre detenida estará preocupada por el bienestar del niño, la legalidad y las condiciones del emplazamiento [16 ] , la posibilidad de conservar la patria potestad, el contacto que puede tener con su hijo, etc. En consecuencia, las mujeres necesitan estar informadas acerca del paradero de sus hijos y tener contactos regulares con ellos mediante las visitas facilitadas por las autoridades detentoras. Cuando sea posible, los niños deben permanecer con su madre o, si es fuera del lugar de detención, con un familiar.
 

Cuando se autoriza a una mujer a conservar a sus hijos en detención, esta tiene además la preocupación de criar al niño en circunstancias difíciles y de velar por su salud y bienestar. Los niños mismos pueden correr riesgos, ya que pueden ser arrebatados a sus madres y desaparecer, ser sometidos a abusos para ejercer presión sobre los progenitores, ser dados en adopción, o ser tomados porque pertenecen a un grupo étnico diferente.
 

  Mujeres encintas  

 
El derecho internacional humanitario asigna una protección específica a las mujeres encintas [17 ] . Las autoridades detentoras deben proporcionar el cuidado adecuado, incluyendo atención médica y raciones de comida suplementarias para las detenidas encintas. Se deben tomar las medidas médicas necesarias para que la madre dé a luz en un establecimiento médico adecuado, preferentemente fuera de la prisión, donde reciban atención médica tanto la madre como el niño. Cuando una mujer detenida da a luz, el niño debe ser registrado frente a las autoridades de manera apropiada y recibir la debida documentación [18 ] .
 

  Personal de la prisión [19 ]

 
Las mujeres detenidas deben estar bajo la vigilancia inmediata de mujeres y de guardias de sexo femenino. En el lugar de detención debe haber un reglamento relativo a la relación entre las guardias y las personas detenidas, en particular las mujeres detenidas. En muchos lugares de detención, hay pocos vigilantes de s exo femenino. Esto puede significar que las mujeres tienen menos libertad de movimiento y menos acceso a las actividades de esparcimiento y que pueden permanecer encerradas en sus celdas por largos períodos de tiempo. A la inversa, pueden tener mayor libertad de movimiento dentro de la prisión al no estar tan estrictamente vigiladas, pero pueden optar por quedarse en su celda debido a intimidaciones o amenazas provenientes de guardias de sexo masculino o de otras detenidas (intimidad insuficiente o aun abuso).
 

De acuerdo con las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos (ONU, 1955), en los establecimientos mixtos, la sección de mujeres estará bajo la dirección de un funcionario femenino responsable, que guardará todas las llaves de dicha sección del establecimiento. Ningún funcionario del sexo masculino penetrará en la sección femenina sin ir acompañado de un miembro femenino del personal. La vigilancia de las reclusas será ejercida exclusivamente por funcionarios femeninos. Sin embargo, esto no excluirá que funcionarios del sexo masculino, especialmente los médicos y personal de enseñanza, desempeñen sus funciones profesionales en establecimientos o secciones reservados para mujeres. Se recomienda la contratación de vigilantes y de trabajadores sociales de sexo femenino para ocuparse de las detenidas.
 

Pero, la contratación de personal femenino no es en sí una garantía de que las detenidas serán tratadas correctamente. El nuevo personal debe recibir una capacitación adecuada, y los deberes de una guardián con respecto al trato de los detenidos, tanto hombres como mujeres, han de estar claramente definidos en un reglamento, en el que se especifique el cometido y el comportamiento esperado de los guardias de prisión al desempeñar sus tareas.
 

  Protección contra los malos tratos  

 
De conformidad con el derecho internacion al humanitario, está prohibido someter a malos tratos a las personas detenidas por razones relacionadas con un conflicto armado. No obstante, a menudo las mujeres reciben malos tratos debido a su sexo. Como lo ha declarado el CICR, “aunque tanto los hombres como las mujeres son sometidos a ultrajes de índole sexual, una distinción debe ser trazada entre ellos. La tortura sexual como tal, particularmente durante el interrogatorio, con todas sus formas de violencia y de humillaciones puede, y a menudo así sucede, culminar con la violación de la víctima; esto es más común en los casos de prisioneras. En lo que concierne a los hombres detenidos, la violencia directa aplicada a los órganos sexuales es más común durante esa misma fase” [ 20 ] . Además, el temor de quedar embarazada como resultado de la violación durante la captura o durante el período de detención es una preocupación constante para las mujeres. Para una mujer es difícil hacer frente a una gravidez resultante de una violación, y más aún si está detenida. Las mujeres temen las consecuencias que la gravidez puede tener mientras están detenidas y, tras su liberación, cuando vuelven a sus hogares y a su comunidades. El aborto puede ser una opción imposible porque la detenida misma lo considera inaceptable, porque es ilegal o porque las autoridades detentoras no lo hacen factible.
 

Las mujeres no solamente son víctimas de abusos como la violación, sino que también son sometidas a otras formas de malos tratos y amenazas, como golpizas, abortos forzosos, registros en que la persona es obligada a desnudarse, exámenes médicos íntimos y abusivos, registros íntimos, separación de sus hijos, lenguaje abusivo y degradante e inadecuada protección sanitaria.
 

A menudo es difícil obtener información acerca del trato que reciben las detenidas, pues, por diversas razones, muchas prefieren no hablar de los malos tratos que reciben, sobre todo cuando se trata de violenci a de índole sexual. Por ejemplo, pueden sentirse sumamente avergonzadas por lo que les ha sucedido, o tener miedo de decirlo por temor a las repercusiones que eso podría tener. Algunas mujeres no encuentran palabras para describir el abuso que se les ha infligido –en algunos países es tabú hablar de temas de carácter sexual o de naturaleza íntima– o pensar que no se puede hacer nada al respecto y, por lo tanto, no hay razón alguna para hablar sobre las vejaciones. Para tratar de prevenir más abusos y para que las mujeres reciban la atención médica apropiada en caso de hayan sido heridas, es importante que las mujeres puedan hablar con alguien que no forme parte de las autoridades detentoras y sean conscientes de que se pueden expresar en forma privada y confidencial. En otras palabras, que su situación sea verificada por una institución ajena a las autoridades detentoras, tal como el Comité Internacional de la Cruz Roja.
 

  Alimentos  

 
Las mujeres detenidas deben recibir de los responsables de la prisión una adecuada cantidad de alimentos [21 ] . Los alimentos pueden ser preparados por los detenidas mismas; en este caso, se deben brindar las condiciones necesarias para que los alimentos se preparen de manera segura e higiénica (combustible para cocinar, ollas, cocinas).
 

Las mujeres encintas, las madres lactantes y los niños necesitan recibir alimentos en cantidad y calidad adaptadas a sus necesidades específicas. Si las madres lactantes no tienen suficiente leche materna para alimentar a sus bebes, se les debe proporcionar, con complemento, un substituto de la leche materna. En caso de que se provea leche en polvo, se deben tomar las precauciones del caso para asegurarse de que las madres saben prepararla y emplean los utensilios de manera segura e higiénica, puesto que puede ponerse en peligro la salud del bebe si el agua utilizada no está limpia, si los element os utilizados no han sido esterilizados y si la leche en polvo no ha sido preparada adecuadamente.
 

  Higiene  

 
Para subvenir a las necesidades básicas y mantener la higiene personal, la salud y condiciones de detención decorosas, las mujeres deben tener acceso a instalaciones sanitarias. Deben poder utilizar las duchas, los lavaderos y los servicios en total seguridad y dignamente, libres de toda intimidación y abuso por parte del personal de la prisión y de otros prisioneros. Por medida de higiene también debe proporcionarse jabón, así como los medios necesarios para lavar la ropa y limpiar las celdas.

Se deben tomar disposiciones especiales para que las detenidas con niños tengan un mayor acceso a las instalaciones sanitarias. Además, durante los períodos de menstruación, las mujeres necesitan una cantidad suficiente de protección higiénica que sea culturalmente apropiada, así como la posibilidad de ocuparse de su aseo personal y de lavar su ropa con más frecuencia. Las mujeres pueden tener vergüenza de pedir este tipo de asistencia dado que, en muchas culturas, la menstruación se encuentra a menudo envuelta en tabúes de índole social y raramente se habla de este tema abiertamente.
 

  Salud  

 
En los lugares de detención es a menudo difícil obtener los medicamentos adecuados, así como asistencia médica, particularmente asistencia médica especializada. Por ejemplo, en muchos países las mujeres detenidas, pocas veces tienen la posibilidad, por no decir nunca, de ver a un ginecólogo. Las mujeres encintas deberían recibir la atención médica y los medicamentos necesarios (atención obstétrica suficiente, antes y después del parto). Las autoridades detentoras también tienen que proporcionar el tratamiento médico y los medicamentos adecuados a la población det enida mientras dure la detención. A pesar de que en tiempo de guerra, la totalidad del sistema médico puede encontrarse severamente afectado, las autoridades detentoras deben esforzarse por que las mujeres detenidas tengan al menos el mismo acceso a los servicios médicos y a la misma calidad de atención de que gozan las mujeres de la población en general que no se encuentran detenidas.
 

  Visitas de familia  

 
Como se señaló más arriba, frecuentemente las mujeres detenidas dependen mucho de los parientes que las visitan, que les brindan apoyo y aportan comida adicional, así como medicamentos, ropa, artículos de tocador, etc. Sin embargo, las mujeres reciben en general menos visitas que los hombres detenidos. Las razones varían, pero algunas de ellas son las siguientes:
 

  • las mujeres detenidas han sido condenadas al ostracismo por sus parientes por vergüenza o temor;

  • la posición social de las mujeres;

  • la lejanía del lugar de detención de las mujeres con respecto a la casa familiar y la imposibilidad para los pariente de visitarlas por razones financieras o por motivos de logística y seguridad;

  • los parientes de sexo femenino pueden rehuir realizar las visitas debido al comportamiento inadecuado de los guardias de sexo masculino (por ej.: manoseos, abuso de tipo verbal), o prefieren abstenerse debido a que no tiene nada para llevar (de índole material) a la pariente detenida;

  • los parientes de sexo masculino rehuyen realizar visitas porque pueden ser arrestados.

 
Debido a que las mujeres detenidas dependen tanto de las visitas de familia, la importancia de su relación con el mundo exterior debe ser reconocida y su comunicación con él debe ser facilitada. (frecuencia de las visitas de familia, posibilidad de escribir a sus parientes, etc.)
 

  Garantías judiciales  

 
El término “garantías judiciales” abarca los principios y las normas del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos que garantizan un juicio justo. Esas incluyen: el principio de nullum crimen sine legge (una persona será procesada o condenada por un acto criminal solamente si dicho acto constituía un crimen en el momento en que se cometió); el principio de la responsabilidad individual; el principio de la no retroactividad (de la ley); el acceso a un tribunal independiente e imparcial; la presunción de inocencia, el derecho a ser informado de la infracción de que se está acusado, el derecho a estar presente en el juicio; el derecho de defensa, incluyendo el derecho a tener un abogado; el derecho a presentar testigos; el derecho a no testimoniar contra sí mismo; la garantía de un fallo imparcial; el derecho a ser informado de cómo interponer recurso, así como de los plazos para hacerlo; el derecho a recibir un fallo en un lapso de tiempo razonable; y la garantía de ne bis in idem (no ser juzgado dos veces por el mismo crimen).
 

Las mujeres y los hombres deberían gozar de todas las garantías judiciales y ser informados de sus derechos. Frecuentemente no tienen conocimiento alguno de esas garantías ni de esos derechos y carecen de los medios (representación legal, alfabetización, recursos económicos, apoyo familiar) para clarificar su situación. Por ejemplo, puede resultar difícil obtener los servicios de un abogado, especialmente debido a los costos involucrados. Una mujer abandonada por su familia luego de ser encarcelada, podría recibir poco apoyo y asistencia para obtener los servicios de un abogado. Además de las razones fina ncieras, puede ocurrir que las mujeres no sepan que tienen derecho a ser representadas por un abogado, o que las autoridades se nieguen a permitir el contacto con los abogados. En muchos países, el alto nivel de analfabetismo existente entre las mujeres detenidas podría dificultarles verificar que sus casos están siendo manejados adecuadamente y podría agravar también el problema de recopilación de información sobre los procedimientos de la corte, del seguimiento de sus expedientes, recibir asistencia legal y seguir de cerca su caso con las autoridades detentoras y judiciales.
 

Si bien ninguno de los Convenios de Ginebra ni sus Protocolos adicionales prohíbe la pena de muerte, el derecho internacional humanitario estipula que esta pena no debe ser ejecutada cuando las personas tenían menos de 18 años en el momento de cometer el delito [22 ] , o cuando se trata de mujeres encintas o de mujeres con niños de corta edad [23 ] .
 

Otros tratados internacionales y documentos establecen cláusulas estrictas en lo que concierne a la pena de muerte, estipulando por ejemplo que “no serán condenados a muerte los menores de 18 años en el momento de cometer el delito, ni se ejecutará la sentencia de muerte en el caso de mujeres embarazadas o que hayan dado a luz recientemente, ni cuando se trate de personas que hayan perdido la razón” [24 ] .
 

  Mujeres detenidas: actividades del CICR  

 
El CICR ha recibido de la comunidad internacional el cometido de visitar a las personas privadas de libertad por motivos relacionados con conflictos armados o con tensiones internas. El propósito de estas visitas es comprobar la aplicación del derecho internacional humanitario, así como de las demás normas aplicables, que han sido esbozados brevemente en este documento.
 

El CICR visita y registra los datos de personas detenidas (hombres y mujeres, adultos y niños) por motivos relacionados con un conflicto armado o con tensiones internas. En el año 2000, el CICR visitó y registró los datos de 170.583 personas detenidas por esos motivos en el mundo, 5.548 de los cuales eran mujeres, y 277 niñas de menos de 18 años.
 

En las visitas a los lugares de detención, los delegados del CICR evalúan la situación de la población detenida con el propósito de identificar a las personas o grupos de personas que necesitan protección, sin tener en cuenta la razón por la cual están detenidos. Hablan con los detenidos en privado (sin la presencia de los guardias u otros testigos) para enterarse de las condiciones de detención y del trato que reciben los detenidos. El objetivo de tales visitas es cerciorarse de que, de conformidad con el derecho internacional humanitario y las normas internacionales, las condiciones de detención no menoscaban la salud ni la dignidad de los detenidos, y que éstos no reciben malos tratos. Sirven, asimismo, para evitar que los detenidos desaparezcan sin dejar rastro.
 

Al registrar los datos de los detenidos, el CICR recopila detalles completos sobre su identidad y del lugar de detención. De ahí en adelante, la presencia de los detenidos en el lugar detención es verificada hasta su liberación o hasta que su situación ya no requiera la intervención del CICR. Si una persona detenida no se encuentra presente durante una visita del CICR, la Institución realiza las averiguaciones del caso y se pone en contacto con las autoridades detentoras para determinar el paradero de esa persona. Si los detenidos reciben malos tratos, el CICR puede examinar el caso con las autoridades detentoras, previa autorización del detenido, y solicitar que se ponga fin a tales abusos.
 

El equipo del CICR usualmente incluye a un médico o una enfermera para comprobar las necesidades en el ámbito médico, brindar la atención médica necesaria, así como medicamentos. Los delegados médicos pueden aconsejar a las víctimas sobre las consecuencias de los malos tratos y procurarles la atención médica adecuada. Por ejemplo, una mujer detenida que ha sido víctima de malos tratos, especialmente en forma de violencia sexual, será examinada generalmente por el médico del CICR.
 

Las visitas del CICR a lugares de detención son una oportunidad para que, mediante una entrevista sin testigos y de forma individual, las mujeres hablen acerca del trato que reciben y de las condiciones de detención. El CICR se esfuerza por que sus equipos estén integrados por delegados de sexo femenino y masculino, permitiendo así que las mujeres detenidas hablen con una delegada si así lo desean. En algunos lugares, es posible que las autoridades no permitan que un delegado ingrese en una sección de mujeres o, que las mujeres no quieran hablar de su difícil situación a un delegado debido a factores culturales o religiosos, temor o vergüenza. Para que las visitas del CICR sean eficaces, debe establecerse una relación basada en la confianza antes de hablar claramente de malos tratos. Esto toma tiempo y exige tacto. Además hay que mantener un delicado equilibrio entre brindar a una detenida o un detenido la oportunidad de hablar e invadir su intimidad.
 

Luego de las visitas a los lugares de detención, el CICR presenta informes detallados y confidenciales sobre sus comprobaciones, observaciones y recomendaciones a las autoridades detentoras. El objetivo de estos informes es mejorar las condiciones de detención y el trato que reciben los detenidos y determinar la suerte que han corrido o el paradero de los detenidos que se encontraban ausentes durante la visita.
 

Con frecuencia las condiciones materiales (ropa de cama, vestimenta, medicamentos, tanques de agua e instalaciones de esparcimiento) brindadas por las autoridades detentoras son insuficientes y, por lo tanto, los detenidos dependen mucho del apoyo de sus familiares o de organiza ciones internacionales como el CICR y las organizaciones no gubernamentales. Con el consentimiento de las autoridades detentoras, el CICR brinda asistencia material tomando en consideración las necesidades de los distintos grupos de detenidos. El propósito de la asistencia del CICR es el siguiente:
 

  • salvar vidas y preservar la integridad física de las personas detenidas;

  • mejorar las condiciones de vida de las personas detenidas (al proveer pasatiempos, jabón, toallas sanitarias culturalmente adecuadas para las detenidas, etc.)

El CICR comprueba asimismo si se aplican las salvaguardias legales plasmadas en el derecho internacional humanitario en lo que respecta a la captura, a la detención y a la condena de personas detenidas por razones relacionadas con un conflicto armado o con tensiones internas.
 

  Conclusión  

 
Dentro del conjunto de los detenidos, las mujeres son una minoría y la privación de libertad les plantea problemas específicos. Este artículo aspira a llamar la atención sobre algunos de los aspectos que afectan a las mujeres detenidas, así como sobre el derecho internacional humanitario y las normas aplicables que les brindan protección y asistencia.
 

En vista de la difícil situación por la cual pasan las mujeres detenidas, hay que hacer todo lo posible por que las garantías establecidas para su protección por el derecho internacional humanitario sean debidamente aplicadas y respetadas. Es un deber hacer lo posible por mejorar las condiciones de detención y proteger a las mujeres de toda forma de malos tratos. Es la obligación y la responsabilidad de las autoridades detentoras y las partes en conflicto cerciorarse de que esto se cumpla. No existen carencias en el derecho internacional humanitario o en otros instrumentos que protegen a las mujeres privadas de libertad. Si la situación de las mujeres no es mejor, es por falta de aplicación y respeto del derecho y de las normas existentes relacionadas con los conflictos armados y las tensiones internas.
 

  Notas  

 
1. Charlotte Lindsey, “Las Mujeres y la guerra”, RICR , n° 839, septiembre de 2000, pp. 561-580.

2. Dr. Jacques Moser, “Forgotten Prisoners: Women”, CICR (inédito).

3. Véase, en general, Françoise Krill, “La protección a la mujer en el derecho internacional humanitario”, RICR, n° 249, noviembre-diciembre de 1985, pp. 337-363.

4. Convenio de Ginebra de 1949 relativo a los prisioneros de guerra (III Convenio de Ginebra) art. 25.4.

  5. Ibid ., art. 29.2.

  6. Ibid ., arts. 97 y 108.

  7. Ibid ., arts. 97 y 108; Protocolo I adicional a los Convenios de Ginebra, de 1977, (Protocolo I), art. 75.

8. Convenio de Ginebra de 1949 relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra (IV Convenio de Ginebra).

  9. Ibid ., art. 85 en lo que respecta a los dormitorios e instalaciones sanitarias para mujeres internadas, separados de los locales utilizados por los hombres; art. 89, sobre la alimentación adicional para mujeres encintas o lactantes; art. 91, relativo al tratamiento adecuado de los casos de maternidad; art. 97 sobre el registro de las mujeres detenidas; art. 124 relativo a las condiciones de detención de las mujeres internadas que cumplen con un castigo disciplinario; y art. 127 relativo a los traslados de los casos de maternidad. Protocolo I, art. 75.5 relativo al alojamiento separ ado de los hombres y la vigilancia por mujeres, y art. 76 relativo a la protección de las mujeres de abusos como la violación, la atención con que debe atenderse a las mujeres encintas o mujeres con niños de corta edad al hecho de evitar la imposición a estas mujeres.

10. Protocolo I, art. 76.2.

11. IV Convenio de Ginebra, art. 91.2.

12. Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra, de 1977 (Protocolo II), art. 5.2.a.

13. Protocolo II, art. 4 sobre las garantías fundamentales; art. 5 en relación con las personas cuya libertad ha sido restringida y con sus condiciones de detención y de trato; art. 6 relativo a los procesos penales.

14. IV Convenio de Ginebra, arts. 76, 124; Protocolo I, art. 75; Protocolo II, art. 5; y Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos (1955), regla 8.a.

15. El CICR ha requerido a las autoridades detentoras que organicen los traslados de mujeres detenidas de un lugar de detención a otro exclusivamente para detenidas. Las siguientes condiciones tienen que coexistir: el consentimiento del detenido; transferencia del expediente judicial a un tribunal cercano al nuevo lugar de detención, la posibilidad de visitas de los familiares; mejoras de las condiciones de detención; la presencia de guardias de sexo femenino; la no separación de los hijos de sus madres.

16. Por ejemplo, los niños de un grupo étnico no deberían ser alojados en una familia adoptiva de un grupo étnico diferente (salvo sí así lo solicitan los padres).

17. IV Convenio de Ginebra, arts. 89, 91, 98 y 127; Protocolo I, art. 76; y Protocolo II, art. 6.

18. Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos (ONU), regla 23.1.

  19. Ibid ., reglas 46-54.

20. P. Daudin y H. Reyes, How visits by the ICRC can help prisoners cope with the effects of traumatic stress, CICR, Ginebra, 1996.

21. Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos (ONU), regla 20.

22. Protocolo I, art. 77.5 y Protocolo II, art. 6.4.

23. Protocolo I, art. 76.3 y Protocolo II, art. 6.4.

24. Garantías para la protección de los derechos de las personas sancionadas con la pena de muerte, Resolución 1984/50 del

Consejo Económico y Social de la ONU.



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