La Comisión Internacional Humanitaria de Encuesta: ¿un instrumento obsoleto o un medio útil de aplicación del derecho internacional humanitario?

30-06-2001 Artículo, Revista Internacional de la Cruz Roja, por Luigi Condorelli

  Resumen: La Comisión Internacional de Encuesta a la que se refiere el artículo 90 del Protocolo adicional I es la única nueva medida que introdujo la Conferencia Diplomática de 1974-1977 con miras al fortalecimiento de la aplicación del derecho internacional humanitario. (El término “humanitaria” fue añadido al título por la Comisión misma a fin de expresar mejor la jurisdicción limitada de la Comisión). Aunque la Comisión quedó establecida y dotada de un reglamento de procedimiento, desde 1977 ninguna parte en un conflicto armado ni ningún Estado ha pedido a la Comisión ejercer su actividad en una situación concreta. El autor (miembro de la Comisión) examina las razones de este aparente fracaso y propone nuevas formas de entender el artículo 90. Completamente convencido de que la Comisión es útil, exhorta a los Estados y a otros miembros de la comunidad internacional -en particular a las Naciones Unidas- a que se valgan de la Comisión como instrumento para fortalecer el respeto por el derecho internacional humanitario.  

La Comisión Internacional Humanitaria de Encuesta (CIHE) es notoriamente el único instrumento reciente de aplicación del derecho internacional humanitario que se haya podido y sabido idear en la Conferencia Diplomática de 1974-1977, que aprobó los dos Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra de 1949. [1 ]
 

Cerca de un cuarto de siglo después, esta conclusión es todavía valedera. Extensos debates han permitido constatar, de manera unánime, que los mecanismos existentes, cuyo objetivo es asegurar el respeto del derecho internacional humanitario, f uncionan mal o no funcionan. Sin embargo, ha resultado imposible, hasta ahora, innovar realmente en este ámbito mediante negociaciones convocadas por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y/o por el Gobierno suizo, depositario de los Convenios de Ginebra. Desde luego, no hay que olvidar la novedad que representa la idea de convocar a reuniones periódicas de las Altas Partes Contratantes de los Convenios de 1949. Pero sabemos que tales reuniones fueron previstas (según el artículo 7 del Protocolo I), a fin de examinar colectivamente los " problemas generales " relativos a la observancia de las reglas y no para reaccionar frente a las violaciones que realmente se cometen, ni tampoco para evitarlas. En cuanto a los servicios de asesoramiento que el CICR pone a disposición de los Estados para ayudarlos a adaptar su legislación interna al derecho internacional humanitario, están llamados a desempeñar un papel indiscutiblemente positivo, por lo que concierne a la mera prevención a nivel jurídico, pero no abordan directamente las violaciones.
 

Por supuesto, el último decenio fue testigo de una acumulación, a un ritmo muy sostenido, de un número impresionante de novedades referentes a la aplicación de los principios humanitarios. Pero, además de que este proceso se debe principalmente al compromiso de las Naciones Unidas en el ámbito del jus in bello, y que es, pues, resultado de los trabajos llevados a cabo en el marco del " derecho de Nueva York " y no del " derecho de Ginebra " , es necesario constatar que versa, esencialmente, sobre los mecanismos de represión internacional de las violaciones, y no sobre los de control de las acciones durante el conflicto. Por lo que respecta a este ultimo ámbito, no se han registrado progresos notables desde 1977, aunque es indiscutible que, en varios casos se realizaron " controles " por medio de la encuesta, empleando procedimientos ad hoc , esencialmente a iniciativa de las Naciones Unidas.
 

Ahora bien, el instrumento concebido en 1977, es decir la Comisión Internacional Humanitaria de Encuesta (en adelante la CIHE), no funciona: se instauró en 1991 y está a disposición de los usuarios potenciales, pero nunca ha sido activada. Cabe entonces preguntarse por qué la CIHE no parece responder a las necesidades de la comunidad internacional, ¿nació muerta? ¿Se inscribe en una lógica obsoleta, no actualizada?
 

  ¿Cuál es el origen de la CIHE? ¿Cómo está integrada y cuándo puede funcionar?  

 
Durante la Conferencia Diplomática de 1974-1977 (y las reuniones de expertos celebradas anteriormente), se habían presentado toda clase de propuestas para asegurar de la mejor manera la aplicación del derecho internacional humanitario recurriendo a medios de control del respeto de las normas; pero ninguna de estas proposiciones había logrado una aceptación suficiente para que fuera viable. Poco a poco, fue necesario conformarse con la idea minimalista de revitalizar y de mejorar los mecanismos existentes, que giran en torno a la misión de las Potencias protectoras y de sus sustitutos.
 

En relación con las primeras, se aprobó una serie de disposiciones. En lo sucesivo, mediante estas disposiciones debía poderse asegurar la presencia, en todos los conflictos futuros, de terceros habilitados para verificar la conducta de las partes en conflicto [2 ] ; como se sabe, eso no sucedió, ni mucho menos. Por lo que atañe a los sustitutos que, por cualquier razón, debían remediar la ausencia de Potencias protectoras, varias delegaciones desearon que se encontrara el medio de identificar a entidades (como la ONU o el CICR) dispuestas a aceptar el cometido de " sustituto automático " . Éste entraría en funciones desde el comienzo de las hostilidades y continuaría act uando en esta calidad hasta el momento en que las Potencias protectoras tomaran el relevo. Dado que los representantes de las Naciones Unidas y del CICR hicieron saber claramente su indisponibilidad de asumir esta función, se convino en que la única posibilidad que quedaba por abordar –para mejorar las cosas con respecto al derecho de 1949– era la de la encuesta. Por lo demás, la obligación de someter a encuesta las alegaciones de violaciones de los principios humanitarios, ya se estipula en una disposición común a los cuatro Convenios de 1949 [3 ] , pero ésta nunca ha sido aplicada concretamente. Los expertos estaban, por lo tanto, convencidos de que, si se ponía a disposición de la comunidad internacional una comisión permanente, provista de todos los instrumentos y lista para funcionar, se induciría a los Estados a cumplir más fácilmente con la obligación prevista por los Convenios. Se instauró, pues, un órgano de " establecimiento de los hechos " (término mas aceptable, aparentemente en lo sucesivo, que el de encuesta, ya que está desprovisto de connotaciones de demasiado intrusismo). Se trata de una comisión de quince miembros –la CIHE– cuya función sería controlar el respeto de las reglas humanitarias y habilitada también a prestar buenos oficios para ayudar, si es posible, al retorno a la legalidad.
 

¿Se puede recurrir a la Comisión unilateralmente? Dicho de otra manera, ¿la encuesta es obligatoria para el Estado contra el cual se presentan las alegaciones? Algunos lo deseaban y esgrimían como argumento la disposición relativa al procedimiento de encuesta de los Convenios de 1949. Pero, la mayoría no lo quiso, aduciendo, entre otras cosas, que las formas de cumplir esta obligación podían ser diferentes, según la elección de los interesados. Una solución de última hora se negoció: ofrece el compromiso que figura en el artículo 90 del Protocolo I: la encuesta a cargo de la CIHE sólo es obligatoria para la parte en el Protocolo que haya depositado previamente una declara ción unilateral de aceptación de la competencia de la Comisión, pero únicamente a condición de que el solicitante haya hecho lo mismo.
 

Hoy, se puede decir que este sistema opcional, que retoma, con toda evidencia, mutatis mutandi s, la idea de la " cláusula facultativa " , como se menciona en el artículo 38, párrafo 2 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, consiguió finalmente cierto éxito. De hecho, actualmente, la lista de Estados que han aceptado formular una declaración de esta índole es bastante consecuente y se amplía año tras año, con regularidad [4 ] . La encuesta es igualmente posible sobre la base de un consentimiento ad hoc , si el demandante o el demandado (o ambos) no se encuentran en la lista.
 

  Las funciones de la CIHE previstas explícitamente en el articulo 90 del Protocolo I   

 
Según el artículo 90 del Protocolo I, la CIEH debe, primeramente, " proceder a una investigación sobre cualquier hecho que haya sido alegado como infracción grave tal como se define en los Convenios o el presente Protocolo o como cualquier otra violación grave de los Convenios o del presente Protocolo " ; en segundo lugar, la CIEH debe " facilitar, mediante sus buenos oficios, el retorno a una actitud de respeto de los Convenios o del presente Protocolo " [5 ] .
 

De este texto, se pueden deducir dos implicaciones importantes relativas a la identificación de la extensión de sus competencias ratione materiae . La primera atañe a la reiterada referencia al Protocolo I de 1977 solamente y no en al Protocolo II [6 ] . Esto significa, evidentemente, que la Comisión no ha sido llamada a ocuparse de las violaciones de este último tratado, el cual –se sabe– es relativo a los conflicto s armados sin carácter internacional. Esa es una limitación severa, dado que los conflictos internos son, hoy, cosa corriente, mientras que los conflictos entre Estados han pasado a ser raros.
 

La segunda implicación es que la competencia de la Comisión no cubre solamente las " infracciones graves " ( grave breaches , en el texto inglés) del derecho de Ginebra, es decir los crímenes de guerra tal como están incluidos en las listas pertinentes que resultan de una disposición común a los cuatro Convenios de 1949 [7 ] y del artículo 85 del Protocolo I. De esta manera, todo comportamiento que pueda ser calificado de " violación grave " (serious violation en el texto inglés) de los principios humanitarios, puede igualmente ser objeto de una encuesta por parte de la Comisión. Ésta no debe ocuparse, pues, de minimis, pero, frente a una alegación sobre cualquier conducta pretendidamente contraria a cualquier prescripción humanitaria, está habilitada para apreciar la gravedad de la misma. En el caso en que su evaluación la condujera a una conclusión positiva, puede llevar a cabo, sin más, la encuesta, aunque nada haga suponer la comisión de uno o varios crímenes de guerra.
 

Refirámonos ahora a los medios que permiten iniciar el funcionamiento de la CIHE. Ésta, no pudiendo actuar evidentemente ex officio, corresponde a los Estados acudir a ella. Se puede someter un caso a ésta unilateralmente, si tanto el Estado acusado como el Estado acusador, han reconocido previamente " ipso facto y sin acuerdo especial " la competencia de la Comisión [8 ] . Por el contrario, por lo que respecta a lo que en el artículo 90 se califica como " otros casos " [9 ] , un acuerdo ad hoc (que podrá ser informal) es indispensable para que la Comisión inicie una encuesta.
 

Conviene señalar un aspecto ulterior del régimen del sometimiento de un caso que no suelen percibir los observado res: en el artículo 90 no se exige, en ningún caso, que el Estado demandante demuestre que existe un perjuicio sufrido directamente, como consecuencia de una violación cometida por el Estado demandado. O sea, todo Estado, que participe o no en un conflicto, dispone de un locus standi ante la Comisión y está habilitado para hacer valer, mediante ello, un interés " objetivo " del respeto por todos de las normas humanitarias. En resumen, una especie de actio popularis es también posible: convendría recordar este aspecto singularmente interesante y progresista del sistema, especialmente cuando nos interrogamos sobre la cuestión de saber qué medidas podrían adoptar los terceros Estados para cumplir la obligación general, que incumbe a toda la comunidad internacional, de " respetar y hacer respetar " el derecho internacional humanitario " en todas las circunstancias " [10 ] . Someter un caso a la CIHE es justamente una vía abierta para todo Estado consciente de su compromiso de " actuar " ante las " violaciones graves " de conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 del Protocolo I.
 

En el artículo 90 y, también en el Reglamento que la Comisión elaboró el 8 de julio de 1992 [11 ] , se describen de manera bastante detallada los procedimientos de investigación, mientras que es muy reservada la descripción (y es comprensible) relativa a los buenos oficios. En ausencia de toda práctica hasta la fecha, no sería útil insistir sobre estos aspectos, salvo para poner en evidencia tres puntos de importancia:
 

  • el carácter imparcial y neutral de la Comisión explica la insistencia puesta sobre el respeto de la igualdad de las partes, sobre su derecho de debatir las pruebas presentadas, así como sobre el hecho de que las conclusiones de la Comisión deben s er " objetivas e imparciales " ;

  • si la CIHE debe, en lo relativo a la encuesta, limitarse a establecer hechos, la misma no podría de ninguna manera evitar tomar en consideración y aplicar el derecho, por el hecho de que está llamada a investigar sobre pretendidas " infracciones graves " y " violaciones graves " de las normas humanitarias. Por supuesto, que ante alegaciones sobre ilegalidades cometidas, la Comisión solamente podrá verificar los hechos a la luz de las normas pertinentes de derecho humanitario. En otros términos, sus constataciones imparciales y objetivas podrán ser únicamente fácticas y jurídicas, como las de un juez. Y ello, a pesar de que el informe final no será obligatorio, contrariamente a una sentencia o a un fallo arbitral; 

  • la Comisión está sometida, al igual que sus miembros, a una obligación de reserva y de confidencialidad por lo que se refiere a sus deliberaciones [12 ] y el resultado de la encuesta: el informe respectivo se presenta exclusivamente a las Partes interesadas [13 ] y no se publica, salvo acuerdo entre las Partes [14 ] . Cabe subrayar que las Partes no están sometidas a la misma obligación: por lo tanto, podrían divulgar el informe sin violar el artículo 90 del Protocolo. Hay que observar también que todas las gestiones de la CIHE no están sujetas al mismo régimen estricto: así, por ejemplo, en el artículo 90, párrafo 5 b), se establece que en ausencia de pruebas suficientes para llegar a conclusiones objetivas e imparciales, la Comisión " dará a conocer las razones de tal imposibilidad " . Aquí, como se puede apreciar, no se prohíbe a la Comisión dar una amplia información sobre estos hechos; que podría hacerlo en su informe general anual (en el cual indicará, entre otros aspectos, por ejemplo, qué investigaciones le fueron solicitadas y cuáles fueron finalizadas).
     

  Mas allá del texto: por una interpretación progresiva del artículo 90.  

 
Desde que fue instituida, hace casi diez años, la CIHE se ha reunido con regularidad y se ha dotado de las herramientas necesarias para ser operacional. Ha aprobado también una serie de medidas para recordar su existencia a clientes potenciales y explicarles las ventajas que podrían derivarse de su utilización. Sin surtir el mínimo efecto hasta la fecha: nadie, hasta ahora, ha deseado verla trabajar, aunque las violaciones del derecho humanitario han sido numerosas en estos últimos años y han dado lugar a una amplia polémica. Nos podemos preguntar por qué; y la Comisión que no está inundada de trabajo, tuvo el tiempo de realizar esta clase de reflexiones. Una de ellas es que los observadores no tienen, tal vez, la percepción exacta de toda la amplitud de acción que una interpretación imaginativa del artículo 90 permite considerar. Se trata de explotar a fondo este texto para extraer lo que se pueda, sin ir en contra de su espíritu. He aquí cómo, por ejemplo:
 

A primera vista, la CIHE, según las disposiciones que la rigen, debería considerarse a disposición de aquéllos que podrían utilizarla y limitarse a esperar pasivamente a que vengan a tocar a su puerta. Sin embargo, nada en el artículo 90 le prohíbe optar por una actitud activa, en vez de pasiva. La Comisión no podría por supuesto decidir, de oficio, poner en marcha encuestas: ello estaría en contradicción con el derecho en vigor. Pero no vemos por qué la Comisión no podría salir –por así decirlo– en busca de clientes. De esa manera, ante alegaciones de violaciones del derecho internacional humanitario perpetradas en uno u otro conflicto, puede muy bien solicitar a los Gobiernos pertinentes que se dirijan a ella. Puede sugerir a los órganos competentes de las organizaciones internacionales que recomienden que se haga uso de sus competencias en situaciones específicas o en general. Incluso, puede, en conferencias internacionales, fomentar la adopción de posicione s y de documentos para sensibilizar a la comunidad internacional a su favor y propiciar una aceptación más amplia de su cometido, etc. En suma, conviene concebir que la Comisión goza de un verdadero " derecho de iniciativa " del que no se habla en el artículo 90, pero cuyo objetivo único es permitirle actuar como esta disposición se lo pide. Cabe observar que esta filosofía fue consignada explícitamente en el Preámbulo de su Reglamento. Su tercer considerando da cuenta de la convicción de la CIHE " de la necesidad de emprender, si es necesario en cooperación con otros organismos internacionales, en particular con las Naciones Unidas, todas las iniciativas que sean apropiadas para llevar a cabo sus funciones en favor de las víctimas de los conflictos armados " .
 

Una cuestión mucho más importante se plantea en el texto del artículo 90. Éste, como vimos, parece confinar el papel de la CIHE a los conflictos armados internacionales, excluyendo los conflictos no internacionales: y la opinión corriente parece justamente orientada en este sentido. Ahora bien, está claro que si fuera verdaderamente así, esto daría lugar a una desventaja notable para la Comisión. En efecto, actualmente, salvo raras excepciones, sólo hay conflictos internos, en los que además, los principios humanitarios se conculcan gravemente, de manera muy frecuente. Pero no hay necesidad de darle vueltas excesivamente a la redacción del artículo 90, para descubrir varias posibilidades en favor de la competencia de la CIHE en tales situaciones.
 

La primera depende del hecho de que en el párrafo 2 c) del artículo 90 se insta a la Comisión para que se ocupe de las violaciones no solamente del Protocolo I, sino también de los Convenios de 1949. Pues bien, es notorio que una de las disposiciones más importantes de los mismos es justamente el artículo 3 común, sobre las normas mínimas aplicables en caso de conflictos armados internos. No vemos sobre qué base se podría pretender qu e la CIHE no está plenamente habilitada, en derecho, para llevar a cabo encuestas sobre el respeto de las disposiciones en cuestión. Si esta interpretación es correcta, incluye entonces, entre otras, la noción siguiente: un Estado que ha aceptado previamente la competencia de la Comisión, podría acudir a ella unilateralmente para obtener el control, desde el punto de vista del derecho internacional humanitario, del comportamiento de otro Estado que afronta un conflicto interno dentro de su territorio, con la condición de que éste haya aceptado también la misma obligación.
 

La segunda posibilidad se relaciona con el artículo 90, párrafo 2 d), que otorga a la CIHE la posibilidad de investigar en " otros casos " pero solamente con el consentimiento ad hoc de las partes en el conflicto. Como no se precisa en ninguna parte cuál debería ser la naturaleza exacta de estos " otros casos " , cabe pensar que toda situación que incumba al ámbito del derecho internacional humanitario (comprendidos, por consiguiente, los conflictos armados no internacionales) es competencia de la Comisión, si las condiciones requeridas están reunidas. Esto implica que, si una de las partes en un conflicto interno someten un caso a la CIHE, acusando al otro de violaciones de los principios humanitarios aplicables, la Comisión deberá hacer gestiones ante la otra parte para ver si su consentimiento puede obtenerse. Tal búsqueda del consentimiento necesario, podría, por supuesto, efectuarse con el apoyo de organizaciones internacionales interesadas como las Naciones Unidas, cuyos órganos competentes podrían, por ejemplo, decidir que se recomiende que se recurra a la CIHE, incluso ejercer otras formas de presión en este sentido.
 

Una observación suplementaria, de orden general, se refiere a los buenos oficios que la CIHE puede prestar. Fuera de toda notación de orden teórico, se pone en evidencia la originalidad de un mecanis mo, cuya misión va mucho más allá de la encuesta, por su habilitación no sólo para los buenos oficios, sino también para la formulación de " recomendaciones [15 ] " . Esto testimonia el carácter marcadamente híbrido del sistema instaurado, el cual podría, llegado el caso, evolucionar entre la encuesta y la conciliación, pasando por los buenos oficios y la mediación. Lógicamente, los buenos oficios se deben concebir en principio como un seguimiento de la encuesta. De hecho, dado que se trata por este medio de " facilitar (...) el retorno a una actitud de respeto de los Convenios y del (...) Protocolo " [16 ] , se podría pensar, a primera vista, que los buenos oficios presuponen que se haya llevado a cabo una encuesta, que haya dado lugar a una constatación de violación. Por consiguiente, subsistirá el problema de procurar –también por la mediación de la Comisión– que se vuelvan a respetar las normas. No obstante, no está totalmente excluido per tabulas que la Comisión pueda desplegar sus buenos oficios en materia humanitaria, independientemente de la encuesta; por ejemplo, no vemos porqué la CIHE –si las partes se ponen de acuerdo en este sentido (o si puede obtenerse un acuerdo por su iniciativa)– debería rehusar ocuparse de encontrar soluciones a las discrepancias sobre el modo de garantizar un retorno a la legalidad, más que sobre las violaciones ocurridas.
 

Otro aspecto es saber si es concebible que recurran a la Comisión entidades no estatales, especialmente individuos u organizaciones internacionales intergubernamentales. En este caso, una respuesta negativa parece imponerse por lo dispuesto en el artículo 90, bajo reserva de lo que se señaló sobre los conflictos internos y las posibilidades, para los grupos insurgentes, de incoar un procedimiento que pueda desembocar en un reconocimiento consentido ad hoc de la competencia de la CIEH. Sin embargo, algunos matices y profund izaciones ulteriores parecen necesarios.
 

En relación a los particulares, primero (y pensando más precisamente en las organizaciones no gubernamentales activas en el ámbito humanitario), la Comisión no podría incoar una encuesta basada solamente en su requerimiento. Pero podría, sin ninguna duda, recolectar y analizar informaciones y alegaciones de origen individual, a fin de examinar la oportunidad de adoptar iniciativas apropiadas, por ejemplo, la de hacer gestiones ante los Gobiernos interesados para solicitar un consentimiento, con miras a conducir una encuesta.
 

Hay mucho más que decir por lo que atañe a las organizaciones internacionales intergubernamentales, habida cuenta de que éstas reúnen a los Estados que, considerados individualmente, podrían recurrir a la Comisión: ¿por qué no podrían hacer juntos lo que cada uno tiene el derecho a hacer sólo? De todas maneras, siempre es posible explotar, en relación a este tema, la flexibilidad que da a la competencia de la CIHE la disposición ya comentada sobre los " otros casos " .
 

En este sentido, las Naciones Unidas ocupan un lugar aparte. Primeramente, es indiscutible que la Asamblea General y el Consejo de Seguridad podrían, llegado el caso, recomendar que se recurra a la Comisión, incluso –en relación al Consejo de Seguridad– decidir que debe hacerse así. El Consejo de Seguridad podría entonces, utilizar los poderes y los medios de que dispone, para obtener de los destinatarios de su decisión el consentimiento para que la Comisión realice efectivamente su trabajo.
 

En segundo lugar, sabemos que en muchas oportunidades, las Naciones Unidas han tenido que afrontar la necesidad de iniciar encuestas humanitarias. Hasta la fecha, en tales casos, se han instituido mecanismos de constatación de hechos ad hoc como órganos subsidiarios de la Organización. Para realizar tales misiones, no vemo s por qué no se ha considerado la utilización la CIHE, órgano imparcial ya constituido y perfectamente equipado. Su empleo por parte de la ONU supondría acuerdos apropiados, cuya puntualización no parece plantear verdaderas dificultades. Por otro lado, la CIHE despliega considerables esfuerzos para mantener contactos –que parecen prometedores– con los órganos de la ONU que pueden recurrir a sus servicios en cualquier momento.
 

Por último, la ONU podría tener un interés directo e importante de hacer uso de un órgano ajeno a su propia estructura y que da amplias garantías de imparcialidad en un caso específico –lo que desafortunadamente ya se ha producido más de una vez–, cuando miembros de sus propias fuerzas son acusados de violaciones del derecho internacional humanitario. Todos comprenden que recurrir a la CIHE permitiría evitar la sospecha de atribuirse el papel de judex in causa propria .
 

  Algunas palabras de conclusión  

 
Las observaciones precedentes muestran bien que la CIHE podría (o podrá, para dar señal de optimismo) desempeñar un cometido útil para la aplicación del derecho internacional humanitario. Convendría, para ello, saber explotar todas las virtualidades que esconde, bajo un lenguaje poco propicio, el artículo 90 del Protocolo I de 1977: por el contrario, una interpretación demasiado literal de dicha disposición hace correr el riesgo de condenar a la impotencia a la CIHE, de manera perdurable.
 

Claro está, el instrumento presenta inconvenientes que perjudican sus oportunidades de éxito. Por ejemplo, el hecho de que el demandante de la encuesta debe adelantar la totalidad de los gastos, esperando un hipotético reembolso de la mitad de los mismos por el demandado [17 ] , no es seguramente un factor estimulante para solicitar los servicios de la Comisión. Pero el defecto mayor es otro: en el Protocolo se considera a la CIHE un mecanismo que debería atraer a los Estados gracias a las características resultantes de una lógica puramente bilateralista y consensual. Ahora bien, la experiencia muestra que los Estados –especialmente en caso de conflicto armado– se niegan a entrar dentro de esta lógica: el fracaso de otros instrumentos de inspiración similar (como las Potencias protectoras) lo testimonian con creces. La tendencia actual de apostar sobre la acción colectiva, que se deriva del compromiso de las organizaciones internacionales en favor del respeto del derecho internacional humanitario, no es pues, una casualidad.
 

Por lo tanto, una conclusión se impone: que el futuro de la Comisión dependerá finalmente de su utilización, entendida como una de las medidas deseadas, incluso decididas o impuestas, por la comunidad internacional, en el marco de un enfoque institucional.
 

  Luigi Condorelli :  profesor en la Universidad de Ginebra, es miembro de la Comisión Internacional Humanitaria de Encuesta (CIHE). Las opiniones expresadas en este artículo solamente comprometen al autor. Este artículo fue extraído de una conferencia presentada en ocasión del coloquio " Un siglo de derecho internacional humanitario " , organizado par el CREDHO- París Sur y el CREDHO-Ruán (Ruán, 15 de octubre de 1999).

 
 

  Notas  

1. Artículo 90, Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales (Protocolo I), 8 de junio 1977. Según el Protocolo I, su denominación es " Comisión Internacional de Encuesta " . Sin embargo, desde su primera reunión, la Comisión decidió incluir en su nombre el adjetivo " humanitaria " , con el fin de poner de reliev e de mejor manera el carácter exclusivo de su competencia, estrictamente limitado al ámbito humanitario.

2. Protocolo I, art. 5.

3. I, II, III y IV Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949, arts. 52, 53, 132 y 149 respectivamente.

4. En diciembre de 2000, 58 Estados Partes en el Protocolo I habían hecho la declaración según el art. 90.

5. Art. 90, párr. 2 c) i) y ii).

6. Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional (Protocolo II), 8 de junio de 1977.

7. Arts. 50,51,130 y 147 del I, II, III y IV Convenio, respectivamente.

8. Art. 90, párr. 2 a).

9. Art. 90, párr. 2 d).

10. Art. 1 común a los Convenios de 1949 y al Protocolo I.

11. Texto -www.ihffc.org/fr/index.htm- publicado en el sitio web. Véase también RICR, n° 116, marzo-abril de 1993, p.172.

12. Reglamento, art. 18

13. Art. 90, párr. 5 a)

14. Art. 90, párr. 5 c)

15. Art. 90, párr.5 a)

16.Art. 90, párr. 2 c) ii).

17.Art. 90, párr. 7.