Mecanismos que complementan el enjuiciamiento

  Cualquier Estado que esté pasando por un período de transición, al término de un régimen represivo o de un conflicto, debe decidir si   afrontará o no   su pasado de violaciones. Los Estados que elijan hacerlo deben determinar   cómo   procederán. ¿Deberán concentrarse en pedir que los responsables de las violaciones del derecho rindan cuentas ante los tribunales, o en reconocer la verdad de lo que ha ocurrido? Por lo general, la solución combina ambos elementos.

Incoar acciones judiciales, es decir pedir a los autores de las violaciones que rindan cuentas ante la justicia, significa mostrar que el principio de respeto del derecho prevalece sobre las decisiones políticas. No incoarlas equivale a promover una cultura de la impunidad y desdeñar lo que algunos consideran el medio de disuasión más efectivo contra una represión futura. Sin embargo, aunque existe la voluntad política de entablar esas acciones, por lo general, se presentan algunos problemas que hacen que se realicen pocos juicios y que un sistema judicial que funciona correctamente se vea limitado en la función que pueda cumplir en favor de la reconciliación y de una transición efectiva a la paz o a un régimen no represivo.

En esos casos, lo más conveniente es completar los procesos con otros mecanismos. En este artículo, se describen brevemente los más importantes: comisiones de la verdad, resarcimientos, lustraciones y métodos consuetudinarios.  

Todo Estado que atraviesa un período de transición, después de un régimen represivo o de un conflicto armado, ha de decidir si quiere afrontar o no su pasado de violaciones del derecho. Los Estados que optan por hacerlo, a fin de lograr una reconciliación y para evitar nuevas atrocidades en el futuro han de determinar cómo procederán. ¿Deben hacer hincapié en pedir cuentas a los responsables de esas violaciones o en reconocer la verdad de lo acontecido? Por lo general, se adopta una combinación de ambas soluciones.

 
Durante los períodos de frágil transición, procesar a los presuntos criminales, que son en general los líderes políticos y militares, no siempre resulta ser la opción política más acertada o más fácil. Sin embargo, el enjuiciamiento -es decir, pedir cuentas a los inculpados- evidencia que el principio del imperio de la ley prevalece sobre las decisiones políticas. Muchas de las violaciones cometidas durante un régimen represivo o un conflicto anterior no son sólo infracciones del derecho nacional, sino también del derecho internacional, que exigen el enjuiciamiento de sus autores [2] . No procesarlos equivale a promover una cultura de la impunidad y desechar lo que algunos consideran " la protección más efectiva contra una futura represión " [3] .

Ahora bien, aunque exista la voluntad política de enjuiciar a los infractores, se llevan a cabo pocos juicios a causa de problemas corrientes, como son: un sis tema judicial que funciona mal por falta de recursos, sean humanos (en especial, peritos) o económicos; la incompetencia de la policía y de los fiscales para instruir y presentar argumentos sólidos o, lo que es peor, la intervención de funcionarios corruptos o comprometidos; la falta de pruebas concretas; la imposibilidad práctica o logística de procesar a un gran número de acusados; la inexistencia de las leyes nacionales necesarias (para hacer cumplir las obligaciones de los tratados internacionales); o la promulgación de una ley de amnistía que impone restricciones. Sin embargo, el " derecho a la justicia " [4] , que propugna el encausamiento, no significa enjuiciar por enjuiciar. Es necesario establecer todas las garantías judiciales para que el juicio sea imparcial.

Incluso un sistema judicial que funcione a la perfección se ve limitado en el papel que puede cumplir en favor de la reconciliación y de una transición con éxito a la paz o a un régimen no represivo. El enjuiciamiento tiene acertadamente en cuenta la responsabilidad individual, pero no aborda la responsabilidad institucional, es decir, el hecho de que algunas instituciones -quizás incluso el poder judicial- hayan desempeñado un papel en las violaciones, y no hace propuestas para reformar esas instituciones. El juicio criminal busca determinar la culpabilidad o la inocencia de una persona por cierto delito, respetando las normas que han de cumplir las pruebas, pero este no es forzosamente el mismo objetivo cuando se expone la verdad. Desde luego, la verdad se pone de manifiesto durante los juicios criminales [5] , pero la necesidad de que un tribunal respete las exigencias que han de cumplir las pruebas suele limitar los hechos -la verdad- expuestos. Los juicios criminales se centran en la culpabilidad individual y, a menudo, en un solo incidente. Paul van Zyl, abogado que formó parte de la directiva de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Sudáfrica, arguye que:

" ... los juicios tienen un valor explicativo limitado. Tienen que ver con la culpabilidad individual y no con el sistema en general. Los juicios establecen una dinámica de " nosotros frente a ellos " . Un juicio no trata de nuestra complicidad, sino que hace parecer que ellos son los culpables, y no nosotros. De este modo, toda la Sudáfrica blanca puede mirar a Eugene de Kock y tratarlo de " tipo malvado " , sin darse cuenta de que ellos lo hicieron posible. Las amas de casa de los barrios de clase media y los empresarios blancos que votan por el Partido Nacional hicieron posible a Eugene de Kock. Pero un juicio jamás dictaminará eso " [6] .

Un juicio no persigue ni analizar la historia de la estructura política y económica de un sistema que permitió el conflicto armado o un régimen represivo, ni evaluar el impacto social de la violencia cometida por el régimen o las partes en conflicto; pero ambos procesos son necesarios para una reforma institucional y para crear una memoria colectiva del pasado que contribuyan a la reconciliación. En este caso, lo mejor es completar el enjuiciamiento con otros mecanismos. En este artículo se describen brevemente los más importantes.

  Comisiones de la verdad  

" Comisión de la verdad " es la denominación más común para referirse a las comisiones de investigación en la actualidad. Su título hace suponer que la comisión revelará la verdad y también que existe una clara comprensión de lo que es la verdad. Ello no obstante, aquí también se usa en el sentido con que suele emplearse, que sigue siendo preferible, como título general, al de " comisión de la verdad y la reconciliación " , que da erró neamente a entender que todas las comisiones tienen por finalidad la reconciliación. De hecho, ni siquiera se acepta universalmente que las comisiones de la verdad ayuden a promover la reconciliación nacional; algunos arguyen que avivan el resentimiento, reabriendo viejas heridas [7] .

Desde 1974 [8] , se han nombrado más de veinte de estas comisiones oficiales, que pueden definirse como órganos de investigación con las siguientes características [9] :

• una comisión de la verdad se concentra en el pasado;

• investiga un tipo de transgresiones durante un periodo determinado, y no un hecho específico;

• es un órgano que funciona, en general, de seis meses a dos años y que culmina su labor con la presentación de un informe; y

• está oficialmente constituida, autorizada y facultada por el Estado (y a veces también por la oposición armada, según lo estipulado en un acuerdo de paz).

Las comisiones de la verdad persiguen diversos objetivos. Sus investigaciones establecen una reseña exacta y fidedigna del pasado, reconocida por el Gobierno. Esta documentación de las transgresiones y la implicación del Gobierno en ellas constituye de por sí un mecanismo complementario del enjuiciamiento, puesto que proporciona una relación más completa de los tipos de transgresiones que los juicios criminales individuales. Cuando se entrega a las instancias judiciales, esta documentación puede ser capital para enjuiciamientos ulteriores. Además de las comisiones de la verdad, también contribuyen a esta documentación organizaciones privadas no gubernamentales, aunque sus hallazgos no son a menudo reconocidos oficialmente.

Una comisión de la verdad brinda a las víctimas una plataforma para contar su historia, lo que muchos consideran indispensable para iniciar el proceso curativo de la reconciliación. Ahora bien, habrá que tomar algunas precauciones para no volver a causarles un trauma. Dado que las comisiones de la verdad tienen por objeto recopilar cuanta más información sea posible en un tiempo relativamente corto, solicitan a las personas un relato detallado de lo acontecido. Para algunos esto puede ser un alivio y representar un forma de justicia, tras años de silencio y rechazo por parte del Gobierno. Pero para otros este contacto con la comisión de la verdad causa un nuevo trauma, que puede provocar ira y deseos de venganza, lo que es totalmente contrario a la reconciliación. La mayoría de las comisiones de la verdad han prestado poca asistencia -si lo han hecho- a los afectados, en forma, por ejemplo, de un asesoramiento adecuado. Sólo ha habido algunos casos: las comisiones de la verdad de Chile y Argentina disponían de psicólogos y asistentes sociales; las de Haití y El Salvador impartieron a su personal cierta formación sobre cómo tomar testimonio con tacto. La Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Sudáfrica proporcionó el más amplio apoyo psicológico y sólo esta Comisión intentó establecer un sistema de seguimiento de los testigos traumatizados [10] .

Las comisiones de la verdad sirven también como medio para identificar a las víctimas, a fin de que éstas puedan obtener algún tipo de compensación [11] . Además, recomiendan las reformas institucionales o legislativas necesarias para evitar que se repitan los atropellos pasados [12] . Algunas veces, las comisiones de la verdad se han utilizado para establecer quién era responsable de los hechos y pedir en cierto modo cuenta a los autores. Sin embargo, estas comisiones no son órganos judiciales y está cl aro que poseen menos poderes que un tribunal, es decir, no pueden ni imponer un castigo, como una pena de prisión, ni obligar a testimoniar [13] . Cuando las comisiones de la verdad asumen funciones casi judiciales surgen dificultades. Por ejemplo, a menudo se enfrentan con el dilema de dar o no a conocer los nombres de los presuntos infractores. Comunicar los nombres forma parte del proceso de decir la verdad, tanto más si el sistema judicial no funciona con la suficiente eficacia como para esperar que sean enjuiciados [14] . No obstante, la necesidad de decir la verdad es contraria al principio de respetar las garantías procesales [15] , que exige que los inculpados reciban un trato equitativo y puedan defenderse antes de ser declarados culpables. Establecer un conjunto de normas correctas que deben cumplir las pruebas, a las que se deben atener las comisiones de la verdad, permitiría aliviar algunas preocupaciones por el respeto de las garantías procesales [16] . Sin embargo, sigue planeando la amenaza de las matanzas por venganza. La Comisión de Ruanda, por ejemplo, comunicó el nombre de docenas de funcionarios, dos de los cuales fueron asesinados en los meses siguientes a la publicación del informe [17] .

La Comisión de la Verdad de El Salvador decidió comunicar los nombres de los responsables, pese a la firme oposición del Gobierno. La Comisión arguyó que:

" En los acuerdos de paz, las partes dejaron bastante claro que era necesario que'se diera a conocer toda la verdad', y que con esa finalidad se había establecido la Comisión. Ahora bien, la completa verdad no se puede decir sin dar nombres. Después de todo, no se pidió a la Comisión que elaborara un informe académico sobre el Salvador, sino que describiera los actos de violenc ia excepcionalmente importantes y recomendara medidas para evitar que se repitieran tales actos " [18] .

La Comisión Nacional Argentina sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) no dio una lista de nombres en su informe, pero no suprimió de éste citas de testigos que contenían los nombres de algunos acusados; sin embargo, la lista confidencial de nombres remitida al presidente de la Argentina se filtró luego a la prensa [19] . A diferencia de otras comisiones de la verdad, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Sudáfrica [20] celebró principalmente audiencias públicas, en las que se difundieron con regularidad los nombres de los acusados, y proporcionó más garantías a los acusados. En el acta constituyente de la Comisión se estipula que se debe ofrecer a cualquier persona implicada negativamente la " oportunidad de apelar a la Comisión dentro de un periodo de tiempo determinado (...) o aportar pruebas a una audiencia de la Comisión " [21] . Además, después de que la Corte de Apelaciones sudafricana [22] se opusiera a la Comisión, se establecieron procedimientos exigiendo enviar veintiún días antes una notificación escrita a las personas cuyos nombres se comunicarían en la audiencia pública, procedimientos que también se usaron para las personas cuyos nombres la Comisión tenía la intención de publicar en su informe final[23 ] .

Para que una comisión de la verdad tenga éxito en su labor, debe cumplir algunos requisitos mínimos [24] . Es necesario definir claramente el cometido o las atribuciones de la comisión de la verdad, que determinan su objetivo, el ámbito de investigación y los poderes, y que suelen estipularse mediante decreto presidencial, la asamblea legislativa o un acuerdo d e paz. Un cometido de alcance limitado restringe en gran medida el alcance de la verdad expuesta. Si el cometido se interpreta ampliamente, los miembros de la comisión pueden extender su alcance, pero otros han interpretado su cometido de manera restrictiva, por limitaciones tales como escasez de tiempo, de recursos [25] o de información suficiente o fidedigna. La comisión de la verdad debe funcionar de manera imparcial y de buena fe, ser independiente de las fuerzas políticas, disponer de los necesarios recursos y tener libre acceso a la información para una investigación cabal. Por lo general, el mayor obstáculo que deben superar las comisiones de la verdad es la presión política, que puede restringir, directa o indirectamente, su labor, obstaculizándole, por ejemplo, el acceso a la información. En el marco de su cometido, la comisión de la verdad debe tener la potestad de formular recomendaciones que, cabe esperar, se tomarán seriamente en consideración y, si es posible, debería acordarse previamente que esas recomendaciones sean obligatorias. El informe de la comisión deberá publicarse inmediatamente y ponerse sin demora en conocimiento del público [26] .

Una comisión de la verdad debe constituirse lo antes posible cuando haya quedado resuelto el conflicto o la transición gubernamental, aprovechando el impulso en favor del cambio, y deberá funcionar por un periodo de tiempo limitado y específico [27] . Cumplir con los límites de tiempo puede resultar difícil, pero una comisión de la verdad debe concentrarse en los principales aspectos, ya que no puede investigar todos los casos. Si no se fijan plazos, su labor puede prolongarse años, como en el caso de la Comisión Ugandesa de Investigación (1986-1995), anulando así toda la contribución efectiva que pueda hacer a la transición inmediata. Por último, el acuerdo por el que se instituye una comisión de la ver dad ha de coincidir con un verdadero compromiso de aportar importantes mejoras.

  Lustración  

Lustración significa purificación o iluminación [28] . Se trata de un mecanismo administrativo, definido como " la inhabilitación y, en caso de personas que desempeñan cargos, la destitución, " en el nuevo régimen " , de algunas categorías de funcionarios públicos o privados del antiguo régimen " [29] . Esto consiste principalmente en la exclusión de candidaturas para cargos políticos y también, a veces, en la denegación de permiso para ejercer ciertas profesiones, como la enseñanza.

Los países del ex bloque soviético [30] optaron inicialmente por afrontar el pasado mediante la lustración, inhabilitando a los ex funcionarios y colaboradores comunistas y evitando su enjuiciamiento penal; de ahí que estas leyes se conocieron a veces también con el nombre de " leyes de descomunización " [31] . Se promulgaron leyes de lustración en la República Checa y en Eslovaquia (1991), Albania (1992), Bulgaria (1992, 1997, 1998), Polonia (1992), 1997, 1998), Hungría (1994, 1996) y Rumanía (1998)32. Sin embargo, sólo Albania, la antigua Checoslovaquia [33] y Alemania [34] efectuaron purgas que afectaron a muchísimas personas. Los demás países no hicieron purgas, primordialmente por la indiferencia generalizada de la población: durante las últimas décadas de los regímenes comunistas, la represión política había sido menos extrema y, en los años ochenta [35] , había causado menos víctimas. En el periodo de la transición, la elite comunista traspasó, en general, el pod er de manera pacífica, a diferencia de América Latina, donde la antigua elite temía la venganza. El desinterés de gran parte de la población se explica también porque del treinta al cuarenta por ciento de ella eran miembros del partido o estaban estrechamente relacionados con los miembros del partido. Al mismo tiempo, la mayoría de los europeos orientales pasaban apuros económicos y disponían de muy poco tiempo para interesarse por un mecanismo que era una desagradable reminiscencia de las purgas practicadas por el comunismo después de 1945 [36] . Sin embargo, a pesar de la aparente indiferencia popular, la lustración dominó los órdenes del día parlamentarios. Las nuevas elites políticas consideraron que era una forma de señalar claramente una ruptura con el pasado, sobre todo porque muchas de ellas, aunque no habían formado parte de la antigua elite, no habían tomado una postura en contra del régimen ni habían padecido la represión política [37] .

La lustración como una política de ajuste de cuentas con el pasado plantea graves problemas de imparcialidad y respeto de las garantías procesales : el derecho a la defensa se torna sumamente frágil y la carga de la prueba recae a menudo en el acusado [38] . Muchas personas purgadas fueron identificadas mediante el examen de expedientes de la policía secreta. Por ejemplo, en Alemania, los archivos de la policía política fueron abiertos y examinados por una comisión, lo que originó el despido por colaboración de miles de funcionarios, en particular jueces y agentes de policía [39] . Esta documentación (revelación de información) como forma de reconocimiento tiene un propósito similar al de la documentación emprendida por una comisión de la verdad; pero, en estos casos, muchos archivos de la policía eran falsos - incompletos o falsificados para dar una mejor imagen del agente [40] - , lo que acentúa la preocupación por el respeto de las garantías procesales que motiva la lustración. El proceso de lustración tiende también a politizarse mucho. Para obviar algunas de estas dificultades, es menester insistir en que cada caso de lustración debe tratarse individualmente, fundándose sólo en los actos de esa persona concreta [41] .

Este proceder plantea otros inquietantes dilemas. Muchos Gobiernos han recurrido a las leyes de lustración durante un periodo de transición a la democracia, purgando a las personas por haber formado parte de un grupo ahora proscrito, lo que es contrario a los principios democráticos básicos a los que aspiran los Estados que utilizan este método. ¿Qué alcance debe tener la inhabilitación? ¿Quién es verdaderamente " inocente " ? [42] Los efectos perjudiciales de la lustración se extienden a las familias y los amigos de las personas purgadas, lo que da lugar a la enajenación de una importante proporción de la población. En la práctica, el nuevo Estado se priva también de muchos de sus especialistas. Pavel Dostal, miembro de la Asamblea Federal Checoslovaca, comentó en relación con la ley de selección checoslovaca de 1991: " Siempre que no estemos cegados por el odio, debemos incorporar a estas personas, pues entre ellas hay especialistas y expertos que pueden aportarnos muchísimo si queremos realmente unirnos a Europa " [43] .

  Reparaciones  

En contraposición con el mecanismo que acabamos de analizar, la reparación se centra más en la víctima que en el infractor. El derecho internacional establece el " derecho a obtener reparación " [44] , imponiendo así una obligación a los Es tados de reparar el incumplimiento de sus obligaciones internacionales [45] . Para cumplir efectivamente esta obligación, los Estados deben dedicar el tiempo y los recursos necesarios para cualquier programa de reparación.

Las cuatro principales formas de reparación son: la restitución, la indemnización, la satisfacción y el juicio declarativo [46] , que pueden ser materiales o no materiales. La reparación material puede ser en efectivo o en otros términos pecuniarios, como educación, vivienda o restitución de bienes confiscados equivocadamente. Por ejemplo, Alemania ha pagado más de 600 mil millones de dólares estadounidenses a las víctimas del nacionalsocialismo y a sus familias en los últimos cincuenta años. Más de quince años después de que terminara el régimen militar en Brasil, el Gobierno instituyó un programa de reparación que permitió abonar unos 100.000 dólares estadounidenses a cada una de las 135 familias de personas desaparecidas [47] . En Chile, 4.886 personas reciben mensualmente cheques por un valor mínimo de 345 dólares estadounidenses como parte de un " plan de pensión " establecido en 1997 para familiares de personas asesinadas o desaparecidas durante la dictadura militar; los miembros de estas familias también se benefician de ventajas educativas y de asistencia médica, así como de dispensa del servicio militar obligatorio [48] . La Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Sudáfrica formuló también recomendaciones sobre reparaciones materiales y no materiales en favor de las víctimas, que se plasmaron en algunos limitados programas [49] .

No obstante, ¿cómo poder cuantificar en términos monetarios los sufrimientos padecidos y la pérdida de seres queridos? ¿Tienen todas las víctimas derecho a la misma cantidad? Para a lgunas víctimas o sus familias incluso una módica suma puede ser una demostración simbólica de la responsabilidad del Estado. Otras, como las Madres de la Plaza de Mayo en Argentina, donde en 1994 se promulgó una ley de reparación para las familias de desaparecidos, rechazan cualquier cantidad, por ser " dinero de sangre " y porque la vida no tiene precio [50] .

Aunque se convenga una cantidad monetaria, muchos Gobiernos carecen de los medios para abonar una compensación económica directa a todos los afectados. La reparación no material abarca una serie de medidas, una de cuyas formas más importantes es la revelación de la verdad, acompañada del reconocimiento oficial por parte del Gobierno y de su responsabilización por los errores cometidos. Erigir monumentos para mostrar el respeto por las víctimas y tomar medidas preventivas, como reformas constitucionales e institucionales, o promover la formación en derechos humanos, son otros ejemplos de esta forma de reparación. Argentina aporta nuevamente un ejemplo mediante la creación de un nuevo estatuto jurídico, el de " desaparecido forzoso " , que es jurídicamente equivalente a la defunción para asuntos civiles y que permite a las familias tramitar testamentos o liquidar propiedades, por ejemplo, pero que no declara a la persona muerta. Antes de esta ley, las familias no podían resolver los asuntos de un desaparecido hasta que no lo hubieran declarado " presunto fallecido " , estatuto poco satisfactorio para ellas, porque no reconocía la responsabilidad del Gobierno [51] . El enjuiciamiento de los autores de violaciones y, por ende, el rechazo de las leyes de amnistía, es además sumamente importante, no sólo porque las víctimas sienten que se hace justicia, sino también porque, si los infractores no son procesados, resulta muy difícil que las víctimas tengan acceso a las pruebas necesarias, incluso si tienen los medios, para lleva r su caso ante la justicia y ser compensados por el Estado. En algunos países, las amnistías generales bloquean tanto el enjuiciamiento penal como las denuncias civiles.

  Dos ejemplos de métodos consuetudinarios  

Todos los mecanismos complementarios descritos en el presente artículo pueden contribuir al éxito de la transición y la reconciliación, pero su alcance puede estar determinado por los métodos consuetudinarios nacionales disponibles. Por ejemplo, en Mozambique los rituales tradicionales abrieron camino a la reconciliación tras un conflicto extremadamente cruento de quince años entre el Gobierno y la Resistencia Nacional Mozambiqueña (RENAMO), que concluyó en 1992 con el acuerdo de paz mozambiqueño [52] . Cuando terminó el conflicto, las organizaciones nacionales e internacionales comprobaron que " mientras todos reflexionaban sobre cómo fomentar la paz y la reconciliación (...) cuando [ellos ] llegaron a las bases, [la gente ] ya había emprendido el camino de la reconciliación (...) [Sus ] ideas sólo ocasionaron confusión y atizaron los problemas " [53] . El extraordinario fenómeno de que los mozambiqueños volvieran a vivir juntos sin conflicto de manera tan rápida se debe en buena parte a la importancia que conceden a los mecanismos tradicionales de curación. Recientes estudios sobre las comunidades afectadas por la guerra en Mozambique (...) muestran que hablar de su traumática experiencia no ayuda necesariamente a los pacientes a'poner término'a su dolor " [54] . La tradición de practicar ritos de purificación para limpiar a los afectados de las atrocidades vividas en la guerra hace posible, después de la purificación, romper los lazos con el pasado y les permite reintegrarse en la comunidad. Asimismo, los ritos para venerar a los espíritus de los antepasados " en un contexto de posguerra (...) restablecen profundos lazos ancestrales y ofrecen una orientación y protección espirituales para afrontar los retos de la reconstrucción social " [55] .

En el plano político y a través de métodos consuetudinarios a nivel individual, se tomó la decisión de desligarse del pasado. Raul Domingos, ex jefe principal de la RENAMO, que también estuvo al frente del partido en el Parlamento, explicó así la significación de la reconciliación en Mozambique: " El término reconciliación es una palabra que se emplea con el significado de olvidar el pasado y ser tolerante. Nos matamos mutuamente, pero lo olvidamos, porque somos hijos y hermanos, y hemos vivido juntos. Sin esto la guerra no terminaría jamás " [56] . Mozambique sigue siendo un caso interesante para estudiar la disyuntiva entre recordar u olvidar el pasado, entre responsabilización y reconciliación.

La gacaca [57] ilustra una forma tradicional de justicia en Ruanda, donde hay unas 120.000 personas detenidas en relación con el genocidio de 1994. Se calcula que los tribunales nacionales ruandeses y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR) necesitarán al menos cien años para procesarlos a todos [58] . Para paliar esta situación, el Gobierno ruandés decidió instituir la gacaca, un sistema alternativo de transición, basado en una justicia participativa y próxima, en el que los miembros de la comunidad hacen las veces de " jueces del pueblo " . El presidente ruandés, Paul Kagame, afirma que " [si ] las gacacas tienen éxito, ello mostrará nuestra habilidad para dar con una terapia típicamente ruandesa contra todos los males de nuestra sociedad. La justicia clásica, aun provista de todos los medios necesarios, no puede resolver todos los problemas ocasionados por el genocidio. Las gacacas pondrán de manifiesto la verdad de lo acontecido, acelerarán el proceso, erradicarán la impunidad, reconciliarán a los ruandeses y consolidarán la unidad del país " [59] .

Muchos siguen siendo escépticos con respecto a la gacaca, no sólo por las restricciones logísticas existentes y la preocupación por la competencia de los " jueces del pueblo " , sino también por el hecho de que no toda la población acepta todavía plenamente las formas tradicionales de justicia [60] . Además, la gacaca tradicional nunca estuvo concebida para procesar crímenes graves como el genocidio; esta nueva variante de la gacaca, que impone el derecho penal, se acerca más a la represión que a la búsqueda de la reconciliación de la gacaca tradicional y se la critica por carecer de garantías judiciales mínimas. Está previsto que las gacacas comiencen en mayo de 2002.

  Conclusión  

A menudo se hace referencia a los mecanismos que acabamos de examinar, como si fueran sustitutivos del enjuiciamiento, cuando sería más exacto considerarlos complementos, no sólo del procesamiento sino también los unos de los otros. Raras veces un solo mecanismo puede satisfacer todas las necesidades de una transición con éxito después de haberse producido violaciones graves. Satisfacer el " derecho a saber " [61] requiere que se diga la verdad; esto puede suceder por medio de juicios penales, documentación y, de manera más amplia, mediante las comisiones de la verdad. Al poner en marcha alguno de estos mecanismos y reconocer la verdad, el Estado da también a las víctimas una reparación no material, una respuesta al " derecho a la reparación " . Las comisiones de la verdad proponen reformas, en particular del poder j udicial; la introducción de esas reformas por parte del Gobierno representa una garantía de que las violaciones no se repetirán y también una forma de reparación. Cuando la documentación, obtenida sea gracias a la investigación de una comisión de la verdad o de una organización no gubernamental de carácter privado, se entrega al poder judicial, esto sirve para enjuiciar a los victimarios, tal y como lo exige el " derecho a la justicia " ; el enjuiciamiento del infractor o la utilización de una forma administrativa de exigir cuentas, como la lustración, pueden considerarse simultáneamente una forma de reparación. El contexto determina la combinación apropiada de los mecanismos complementarios y la composición concreta de cada uno, necesarias para fomentar la reconciliación y prevenir futuras atrocidades.

  Notas :

[1 ] Raúl Alfonsín, "'Nunca más'en Argentina " , Journal of Democracy, vol. 4, enero de 1993, p. 19.

[2 ] 2Algunos ejemplos incluyen: graves infracciones del derecho internacional humanitario (arts. 50/51/130/147, respectivamente, de los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y los arts. 11 y 85 del Protocolo adicional I de 1977) y violaciones de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de 1984, la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas de 1994, la Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid de 1973, y con respecto a los crímenes consignados en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional de 1998.

[3 ] Diane F. Orentlicher, " Settling accounts: The duty to prosecute human rights violations of a prior regime " , The Yale Lay Journal, vol. 100, 1991, p. 2542; v. también Jaime E. Malamud Goti, " Transitional governments in the breach: Why p unish State criminals? " , Human Rights Quarterly, vol. 12, 1990, p. 12.

[4 ] En el Informe final sobre " La administración de justicia y los derechos humanos de los detenidos: la cuestión de la impunidad de los autores de violaciones de los derechos humanos (derechos civiles y políticos) " , elaborado por el señor Joinet en cumplimiento de la resolución 1996/119 de la Subcomisión, UN Doc. E/CN.4/Sub.2/1997/20-26 de junio de 1997, [en adelante, Informe Joinet ] , se articulan tres derechos: el derecho de las víctimas a saber, el derecho de las víctimas a la justicia y el derecho a obtener reparación.

[5 ] En Argentina, por ejemplo, los juicios de los miembros de la Junta, celebrados a mediados de los ochenta, tuvieron gran eco mediático, lo que proporcionó el testimonio de centenares de víctimas y testigos; Priscilla B. Hayner, Unspeakable Truths: Confronting State Terror and Atrocity, Routledge, Londres, 2001, p. 100.

[6 ] Ibíd., p. 101, citando una entrevista con Paul van Zyl en Johannesburgo, Sudáfrica (noviembre de 1997).

[7 ] Priscilla B. Hayner, " Fifteen truth commissions -1974 to 1994: A comparative study " , en Neil J. Kritz (dir.), Transitional Justice: How Emerging Democracies Reckon with Former Regimes, vol. 1, United States Institute of Peace Press, Washington, 1995, p. 225, p. 229 [en adelante, Transitional Justice ] ; v. también Hayner, op. cit. (nota 5), p. 230.

[8 ] Comisiones de la verdad por orden cronológico, con las fechas en que funcionaron: Uganda (1974), Bolivia (1982-1984), Argentina (1983-1984), Uruguay (1985), Zimbabue (1985), Uganda (1986-1995), Nepal (1990-1991), Chile (1990-1991), Chad (1991-1992), Sudáfrica (ANC) (1992), Alemania (1992-1994), El Salvador (1992-1993), Sudáfrica (ANC) (1993), Sri Lanka (1994-1997), Haití (1995-1996), Burundi (1995-1996), Sudáfrica (ANC) (1995-2000), Ecuador (1996-1997), Guatemala (1997-1999), Nigeria (1999-2000) y Sierra Leona (2000-2001). V. Hayner, op. cit.( nota 5), Appendix 1, Chart 1, pp. 291-297. Se están constituyendo comisiones de la verdad en Perú y Timor Oriental.

[9 ] Ibíd., p. 14.

[10 ] Ibíd., pp. 145-146.

[11 ] En Chile y Argentina los programas de reparación se fundaron en los informes de sus comisiones de la verdad. Ibíd.., p. 172.

[12 ] Margaret Popkin y Naomi Roht-Arriaza, " Truth as justice: Investigatory commissions in Latin America " , en Transitional Justice, op. cit. (nota 7), p. 262.

[13 ] Hayner, op. cit. (nota 5), p. 16.

[14 ] Ibíd., p. 107; Hayner, op.cit. (nota 7), pp. 254-255; Juan E. Méndez, " Accountability for past abuses " , Human Rights Quarterly, vol. 19, 1997, p. 265.

[15 ] Méndez, op. cit. (nota 14), p. 265; José Zalaquett, en Alex Boraine et al. (reds.), Dealing with th Past; Truth and Reconciliation in South Africa, 1994, p. 51.

[16 ] Hayner, op. cit. (nota 7), p. 257; v. también Méndez, op. cit. (nota 14), p. 265.

[17 ] Lo grupos rebeldes mataron a uno, y el otro fue asesinado, según parece, por los escuadrones de la muerte del Gobierno para eliminar pruebas, Hayner, op. cit. (nota 7), p. 257.

[18 ] De la locura a la esperanza: informe de la Comisión de la Verdad para el Salvador, p. 25, citado en Hayner, op. cit. (nota 5), p. 117.

[19 ] Hayner, op. cit. (nota 5), pp. 110-111. Cinco días después de que se publicara el informe de la Comisión, se promulgó una amplia ley de amnistía que protegió a todos los nombrados. Ibid., p. 40.

[20 ] La Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Sudáfrica es la única comisión autorizada a ofrecer una amnistía individualizada.

[21 ] Promotion of National Unity and Reconciliation Act, nº 34 (1195) (Sudáfrica), Sección 30, citado en Truth and Reconciliation Commission of South Africa Report, Vol. 1, 1999, cap. 7, párr. 21, p. 179.

[22 ] Caso nº 3334/96, Truth and Reconciliation Commission v. Du Preez and Another, 1996 (3) SA 997; caso nº 4443/96 (Appellate Division), citado en Truth and Reconciliation Commission of South Africa Report, vol. 1, 1999, cap. 7, sec. 21-76, pp. 179-190.

[23 ] Hayner, op. cit. (nota 5),, p. 125.

[24 ] Hayner, op. cit. (nota 7), p. 259. En cuanto a la descripción de una comisión de la verdad idónea, v. los comentarios de Jamal Benomar, director del Programa de Derechos Humanos en el Centro Carter de la Universidad de Emory, citados en Mary Albon, relatora de la Conferencia " Truth and justice: The delicate balance -documentation of prior regimes and individual rights " , en Transitional Justice, op. cit. (nota 7), pp. 290-291.

[25 ] Hayner, op. cit. (nota 7), p. 251.

[26 ] Ibíd., p. 254. La Comisión de la Verdad de Haití resultó un fracaso a este respecto porque publicó un informe seis meses después de que terminara su mandato y no se distribuyó ampliamente. Méndez, op. cit. (nota 14), p. 269.

[27 ] Hayner, op. cit. (nota 7), p. 249.

[28 ] Herman Schwartz, " Lustration in Eastern Europe " , en Transitional Justice, op. cit. (nota 7), p. 461, nº 1. Se hace también referencia a lustración cuando se habla de purgas. El término viene del latín lustratio, que significa purificar con sacrificios; v. Alexandra Barahona De Brito, Carmen González Enríquez y Paloma Aguilar (reds), The Politics of Memory: Transitional Justice in Democratizing Societies, Oxford University Press, Oxford, 2001, p. 6 [en adelante, The Politics of Memory ] .

[29 ] Schwartz, op.cit. (nota 28), p. 461.

[30 ] Luc Huyse, " Justice after transition: On the choices successor elites make in dealing with the past " , Law & Social Inquiry, Vol. 20, 1995, citado en Transitional Justice, op cit. (nota 7) p. 337. En Bélgica, Francia y los Países Bajos tras la II Guerra Mundial, la lustración se acompañó de condena penal. Ibid.

[31 ] The Politics of Memory, op. cit. (nota 28), p. 6; Schwartz, op. cit. (nota 28), p. 463.

[32 ] The Politics of Memory, op. cit. (nota 28), p. 6.

[33 ] Ibíd., p. 210. En Eslovaquia, las leyes de lustración dejaron de estar en vigor cuando la Federación se desintegró el 1 de enero de 1993. Jamás fueron derogadas oficialmente, pero nunca se activaron los necesarios mecanismos administrativos para aplicarlas.; Ibíd., p. 228.

[34 ] Ibíd., p. 6.

[35 ] Ibíd., p. 219.

[36 ] Ibíd., p. 220.

[37 ] Ibíd., p. 221.

[38 ] Huyse, op. cit., (nota 30), p. 346.

[39 ] The Politics of Memory, op. cit. (nota 28), p. 6.

[40 ] Schwartz, op. cit., (nota 28), p. 464. La antigua Checoslovaquia da un ejemplo. V. The Politics of Memory, op. cit. (nota 28), p. 225.

[41 ] Schwartz, op. cit., (nota 28), p. 466; v. en general Andrzej Rzepllinski, " A lesser evil? " , East European Constitutional Review, vol. 1, 1992, pp. 33-35, reimpreso en Transitional Justice, op. cit. (nota 7), pp. 484-487.

[42 ] " Todos somos responsables, cada uno en grado diferente, de mantener en funcionamiento la maquinaria totalitaria. Ninguno de nosotros es simplemente una víctima, porque todos nosotros contribuimos a crearla juntos " : Vaclav Havel, " New Year's Address " (1 de enero de 1990), citado en Andrew Nagorsli, The Birth of Freedom, Simon and Schuster, Nueva York, 1993, p. 89; Schwartz, op. cit., (nota 28), p. 461.

[43 ] Huyse, op. cit., (nota 30), p. 348.

[44 ] Informe Joinet, op. cit. (nota 4).

[45 ] Los tratados mundiales o zonales de derechos humanos, refrendados en las decisiones de los tribunales internacionales. V. " Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas: Estudio relativo al derecho de restitución, indemnizacióny rehabilitación a las víctimas de violaciones flagrantes de los derech os humanos y las libertades fundamentales " , Theo van Boven, relator especial, UN Doc. E/CN.4/Sub.2/1993, 8 de julio de 1993; v. también Informe Joinet, op. cit. (nota 4).

[46 ] " Estudio relativo al derecho de restitución, indemnizacióny rehabilitación a las víctimas de violaciones flagrantes de los derechos humanos y las libertades fundamentales, Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías " , Theo van Boven, relator especial, Informe preliminar, UN Doc. E/CN.4/Sub.2/1990/10, 26 de julio de 1990, párrs. 25-29.

[47 ] Hayner, op.cit. (nota 5), p. 180.

[48 ] Ibíd., pp. 172-173.

[49 ] Ibíd., p. 178.

[50 ] Ibíd., p. 177.

[51 ] Ibíd.

[52 ] Alcinda Honwana, " Sealing the Past, Facing the Future: Trauma Healing in Rural Mozambique " , Accord -An International Review of Peace Initiatives, 1998, www.-c-r.org/accord/acc_moz/honwana.htm

[53 ] José Luís Cabaço, ex funcionario del Gobierno del FRELIMO, citado en Hayner, op. cit. (nota 5), p. 191.

[54 ] Honwana, op.cit. (nota 52), p. 2; Hayner, op. cit. (nota 5), p. 193-195.

[55 ] Honwana, op.cit. (nota 52), p. 5.

[56 ] Hayner, op. cit. (nota 5), p. 192, entrevista con Raúl Domingos, ex líder de RENAMO, en Mozambique.

[57 ] El 12 de octubre de 2000, la Asamblea Nacional de Transición votó la ley que instituye la gacaca. La gacaca es un término kinyarwanda que designa la hierba sobre la que se solían celebrar las asambleas tradicionales de las aldeas. Herve Bar, " Ruanda: los ruandeses eligen a los jueces de los tribunales populares para los juicios por genocidio " , AFP, vía NewsEDGE, 4 de octubre de 2001.

[58 ] " Rwanda: Genocide survivors worried about people's courts " , Agence France-Presse vía NewsEDGE. 10 de marzo de 2001. Otras estimaciones hablan de 150 años: Abigail, Zoppetti, " Crime de guerre . Au Rwanda, retour a la justice coutumière de les " gacaca " " , Le Temps, 19 de julio de 2001; y de 200 años: Gabriel Gabiro y Julia Crawford, " Les Rwandais expriment des sentiments partagés sur les " gacaca " , Arusha International Criminal Tribunal for Rwanda News, Agence de Presse Hirondelle, 4 de mayo de 2001.

[59 ] Bar, op. cit. (nota 57).

[60 ] Charles Ntampaka, " Le gacaca rwandais, une justice répressive participative " , Actualité du droit international humanitaire, Les Dossiers de la Revue de Droit Pénal et de Criminologie, vol. 6, la Charte, Bruselas, 2001, p. 211, p.213.

[61 ] Informe Joinet, op. cit. (nota 4).