La formación del derecho internacional humanitario

30-06-2002 Artículo, Revista Internacional de la Cruz Roja, por por Jean Pictet

Introducción

Parecerá que el título de esta conferencia [1] es muy ambicioso o, por lo menos, que el tema es demasiado amplio. De hecho, mi intención es presentar, desordenadamente, algunas reflexiones y experiencias de un profesional del derecho humanitario, que ha tenido la insigne suerte de participar en esta fascinante labor desde el comienzo de su carrera.

Este derecho, hay que decirlo, no es totalmente como los otros. Algunos pontífices de la ciencia jurídica contemplan con condescendencia esta rama del derecho internacional público, juzgándola contaminada de elementos heterogéneos que se derivan de la moral del ideal, por no decir de la poesía. Si es cierto que no se hace buena literatura con buenos sentimientos, ¿sería lo mismo por lo que respecta al derecho convencional?

Pienso que este derecho adquiere sus verdaderas dimensiones precisamente porque está relacionado, de tan estrecha manera, con el hombre. De esa parte de la ciencia jurídica, y no de otra, pueden depender la existencia, el bienestar y la libertad de multitud de individuos. Es eso lo que le da su carácter tan profundamente original.

Los Convenios de Ginebra no son polvorientos libros mágicos ni contratos acerca de intereses más o menos sórdidos; tampoco son una fría recopilación de problemas abstractos y de «casos académicos». Son textos llenos de savia y de calor humano. Son también de una candente actualidad y conciernen a cada uno de nosotros. Efectivamente, ¿quién está segu ro de no verse alguna vez implicado en un conflicto armado?

No se preocupen: no hablaré de mi persona; pero quisiera rendir homenaje, en pocas palabras, a quienes me formaron. Ya en la Universidad, dos mentes brillantes, Georges Scelle y Maurice Bourquin, hicieron que me gustase el derecho internacional. Después, cuando comencé, hace casi medio siglo, a prestar servicios en el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para preparar la revisión de los Convenios de Ginebra, Paul Des Gouttes me inició en los arcanos del derecho humanitario y fue mi guía durante varios años. Ahora bien, él había colaborado estrechamente, durante diecisiete años, con Gustave Moynier, uno los fundadores de la Cruz Roja y presidente del CICR durante cuarenta y siete años. Por lo tanto, hay, desde los orígenes hasta nuestros días, una filiación continua en la línea jurídica.

Mi segundo maestro me dejó una huella más profunda. Fue Max Huber, presidente del Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, presidente del CICR antes de la Segunda Guerra Mundial y durante la misma, un jurisconsulto de gran altura de ideas, a la vez que un hombre auténticamente cordial, de quien llegué a ser próximo colaborador.

Lo que no significa que siempre compartiera su filosofía. Defendía él la teoría del derecho natural y atribuía a sus normas jurídicas una fuente transcendental. Yo era más realista y las veía más bien brotar de las necesidades de la vida en sociedad. Poco importa, en definitiva, que el derecho, la humanidad y la justicia desciendan de las alturas etéreas o que suban de los hechos sociales objetivamente considerados, en los límites de la experiencia y de la razón. Lo que cuenta es que el derecho existe, que es útil para el hombre y que contribuye al desarrollo de la vida. Pero yo creía, como Max Huber, en la soberanía del derecho, que supera a la de los reyes.

Después de haber rendido homenaje a mis maestros, quisiera tributarlo a mis colegas y colaboradores, sin los cuales nada habría sido posible. La elaboración del derecho humanitario es una obra colectiva y debería permanecer anónima.

Para las personas que no son especialistas en derecho internacional, recordaré brevemente que la finalidad del derecho humanitario es reglamentar las hostilidades para atenuar sus rigores inútiles. Hay dos ramas: el derecho de Ginebra y el derecho de La Haya. El derecho de Ginebra tiende a salvaguardar a los militares que se rinden —se convierten en prisioneros de guerra— y a los militares fuera de combate —es decir, los heridos, enfermos y náufragos—, así como a las personas que no participan en las hostilidades, o sea, a la población civil. En cuanto al derecho de La

Haya, o derecho de la guerra, determina los derechos y deberes de los beligerantes en la conducción de las operaciones y limita la elección de los medios para dañar.

Tales reglas han tomado cuerpo, poco a poco, en la costumbre de los pueblos, tan pronto como éstos han salido de la barbarie primitiva. Su progreso ha seguido la curva ascendente de la civilización, en el curso de la formidable lucha que libran, desde los orígenes de la sociedad, los que quieren preservar y liberar al hombre contra quienes quieren destruirlo o esclavizarlo.

La guerra no se justifica más que por la necesidad; no puede ser un fin en sí misma. Para un Estado, sólo es un medio de someter otro Estado a su voluntad. Toda violencia que no sea indispensable para conseguir ese fin no tiene objeto; es, por consiguiente, puramente cruel y estúpida. Una vez que el enemigo es inofensivo, por estar herido o capturado, es inútil y criminal exterminarlo o hacerlo sufrir.

Si el nacimiento de estas reglas de humanidad se pierde en la noche de los tiempos, su codificación en forma de convenios —o sea , de tratados internacionales que obligan a los Estados- -comenzó en 1864, con la firma del primer Convenio de Ginebra para aliviar la suerte de los heridos y de los enfermos en las fuerzas armadas en campaña, por iniciativa de los fundadores de la Cruz Roja y siguiendo el llamamiento de Henry Dunant, testigo de las trágicas secuelas de la batalla de Solferino, en la que, por falta de asistencia, murieron unos 30.000 heridos.

A este Convenio, que se modificó varias veces hasta nuestros días, le siguieron otros Convenios sobre el trato a los prisioneros de guerra y, después, sobre la protección de las personas civiles.

  I. La Segunda Guerra Mundial  

     

En los años que precedieron a la conflagración, el CICR, viendo los nubarrones que se cernían en el cielo político, intensificó su tradicional esfuerzo para desarrollar el derecho humanitario. El problema central era asegurar la protección de las personas civiles que entonces sólo se beneficiaban de algunos anticuados artículos del Reglamento de La Haya de 1907. La Primera Guerra Mundial ya había revelado la trágica insuficiencia de esas normas y el CICR propuso que se determinara la suerte de las personas civiles, al mismo tiempo que la de los militares, y elaboró, en este sentido, un proyecto para la Conferencia Diplomática de 1929. Pero las Potencias suprimieron de un plumazo este punto del orden del día. Se pensó que no haría buen efecto en un momento en que la joven Sociedad de Naciones hacía lo posible por instaurar la paz eterna, porque se vivía todavía en ese sueño.

Pero el CICR jamás se desanima. Hizo aprobar su texto en la XV Conferencia Internacional de la Cruz Roja de Tokio, en 1934, y ésta le encar gó preparar, de acuerdo con el Gobierno suizo, la reunión de una Conferencia Diplomática para dar fuerza al «Proyecto de Tokio», como se llamó.

El Consejo Federal prestó en seguida su apoyo a la empresa y envió el Proyecto a los Estados como base de discusión. Pero tardaron las repuestas a la invitación suiza, con la misma culpable despreocupación, como en 1929, y solamente el año 1939 se fijó fecha de la Conferencia Diplomática para principios de 1940. Era demasiado tarde; entre tanto, se había desencadenado la tempestad.

En el orden del día de esa abortada Conferencia figuraba también un proyecto de revisión del Convenio «heridos y enfermos», otro para el «Convenio marítimo» y, por último, nuevas disposiciones sobre la aviación sanitaria y las localidades sanitarias. ¡Cuántas esperanzas destruidas!

En la tormenta, el CICR se encontró pronto absorbido por una multitud de tareas importantes y urgentes que le imponía la más terrible de las conflagraciones. Dada la debilidad de las bases jurídicas que el derecho convencional vigente le proporcionaba, se vio obligado a desarrollar gran parte de sus actividades fuera del derecho codificado. Pero, por lo menos, supo sacar cierta fuerza de esa misma debilidad: al no estar obligado por el derecho, no estaba amenazada su independencia y su acción conservó toda la flexibilidad deseada.

El Convenio de 1929 contenía, por suerte, un artículo en el que se preveía que sus disposiciones no obstaculizarían las actividades humanitarias que el CICR pudiera emprender con el consentimiento de las partes interesadas. El CICR atribuye mucha importancia a esta mención, muy modesta, que le reconoce un derecho de iniciativa.

Se apoyó sobre esta base, sin perder por ello de vista el desarrollo del derecho humanitario. En realidad, se convirtió incluso en una verdadera “fábrica jurídica”. Sin embargo, no siguió la vía de la codificación, susp endida durante años, en su proceder, sino la de los acuerdos multilaterales ad hoc, realizados al margen del derecho positivo; de forma simplificada, el CICR se limitó a reunir las respuestas concordantes de los Estados.

Desde los primeros días del conflicto, el CICR propuso a las potencias beligerantes poner en vigor, como modus vivendi, el Proyecto de Tokio, dejado de lado, como ya vimos. Ante la poca atención prestada, sugirió después aplicar, por analogía, a las personas civiles que se encuentren en territorio enemigo al iniciarse las hostilidades y que sean internadas, las disposiciones del Convenio de Ginebra de 1929 sobre el trato a los prisioneros de guerra. Las potencias consintieron en ello y, por eso, unas 160 000 personas civiles se libraron de la arbitrariedad y recibieron un trato aceptable. Era un éxito parcial, pero no desdeñable.

No obstante, las personas civiles de los territorios ocupados seguían desprovistas de protección. Muchas de ellas fueron deportadas a campos de sufrimiento y de muerte. Habría que esperar a 1949 para que se aprobara, por fin, un Convenio eficaz sobre la protección de las personas civiles.

De momento, en pleno conflicto, el CICR tuvo que innovar totalmente. Su primera preocupación fue extender a la población civil la actividad de la Agencia Central de Búsquedas, prevista hasta entonces solamente para los militares.

En este marco, preocupado por la prohibición de que las personas civiles de los países adversarios mantuvieran correspondencia, creó para ellas un amplio sistema de transmisión de noticias por medio de un formulario-tipo que permitía la inscripción de un mensaje de 25 palabras y de la respuesta al dorso. Los países en guerra aceptaron este sistema, previa censura, y de este modo intercambió 24 millones de mensajes, personales o familiares.

Por lo que respecta a los prisioneros de guerra, el Convenio 1929 había codificado el sistema de control de su aplicación, que nació por generación espontánea durante la guerra de 1914. Los delegados del CICR habían ido entonces a los campos de prisioneros para organizar la distribución de socorros; se habían acostumbrado a mirar a su alrededor y a informar a Ginebra de lo que habían visto en relación con las condiciones de detención.

En 1929, se confió el control oficial a las Potencias protectoras —Estados neutrales encargados de representar los intereses de un beligerante ante su adversario [2] — y se estipuló la visita sistemática de sus representantes a los lugares de internamiento. Pero nada dijo, a este respecto, sobre la inspección por los delegados del CICR, cuyo cometido era, sin embargo, el origen de todo. Ahora bien, el CICR realiza, por su parte, una tarea subsidiaria, pero de grandísima importancia, en el plano del control, y suple a las Potencias protectoras cuando éstas no existen, lo que ocurre con cada vez mayor frecuencia. Por lo tanto, era de capital importancia obtener prácticamente las mismas prerrogativas para sus representantes.

Se aceptó esto y, por consiguiente, el CICR efectuó, sobre la base de un acuerdo tácito extraconvencional, unas 11000 visitas a campamentos, que incluían entrevistas sin testigos con los cautivos y con sus «hombres de confianza». A las visitas siguieron informes escritos sobre las constataciones hechas, informes que se enviaron a los dos beligerantes concernidos. Este sistema es el mejor medio que se encontró para frenar la arbitrariedad de las Potencias detenedoras y para mejorar, sobre la base de concesiones recíprocas, el trato a los prisioneros. Es también un poderoso antídoto contra las represalias, porque informa a la Potencia de origen acerca de los cautivos, la cual, ignorándolo todo acerca del destino de éstos y temiendo lo peor, siente a veces la tentación de tomar contramedidas, que fatalmente conducirán a una degradación general de la situación.

Otro ejemplo: se apeló al CICR para que emprendiera una amplia acción de socorro en favor de los prisioneros de guerra en Europa. Para organizar, durante años, el transporte de bienes de consumo por un valor superior a los 3000 millones de francos suizos nada más que para los prisioneros en Alemania, tuvo que crear una flota mercante de treinta navíos, que surcaban, amparados por los emblemas de la Cruz Roja, que se iluminaban de noche, los mares infestados de submarinos. Según los términos del acuerdo entre los beligerantes, los barcos protegidos debían seguir un horario y rutas marítimas determinadas y llevar a bordo comisarios neutrales. Fueron pocas las pérdidas.

Para ello fue necesario un acuerdo expreso, porque en el derecho convencional no se reconoce una navegación inmunizada más que en forma de barcos-hospitales, reservados para el transporte de los heridos, enfermos y náufragos, así como del material sanitario. Cabe imaginarse lo difícil que fue llegar a tales acuerdos, pues no sólo había obstáculos materiales que vencer, como procurarse los navíos y los bienes en plena guerra, sino que también había que abrir brecha en el bloqueo y, para ello, levantar las prohibiciones militares y políticas y ganarse la confianza de las partes.

Sin embargo, no todas las iniciativas tuvieron éxito. Así, por ejemplo, en marzo de 1940, presintiendo que la guerra aérea adquiriría proporciones devastadoras, el CICR hizo un vibrante llamamiento a quienes dirigían los destinos del planeta, proponiéndoles entenderse acerca de algunos principios para salvaguardar lo que todavía podía salvaguardarse. Se trataba, sobre todo, de confirmar la inmunidad general de la población civil y de proclamar que sólo los objetivos militares debían ser el blanco de ataques legítimos. Era simple y razonable; todos podían suscribirlo. Pero el CI CR no recibió más que buenas palabras y asistió, impotente, a la expansión de la «guerra total» y de sus estragos sin precedentes.

Estos principios, dicho sea de paso, fueron reproducidos en los Protocolos adicionales de 1977; así como en muchos otros textos que se habían tenido que «congelar» durante los años dramáticos. Así pues, en el desarrollo del derecho humanitario, el trabajo nunca se pierde totalmente.

Las actividades que acabo de evocar y muchas otras, llevada cabo sobre una base discrecional, se convertirían en el derecho de mañana.

  II. La Conferencia Diplomática de 1949  

     

La Segunda Guerra Mundial acumuló más miserias y ruinas que ninguna otra. Después de la pesadilla, el primer renacimiento fue el del derecho. Por un lado, se organizó la paz, bajo la égida de las Naciones Unidas, y se elaboró la legislación de los derechos humanos. Por otro lado, siguiendo un rumbo próximo pero que, a pesar de muchos puntos comunes, sigue siendo distinto, se efectuó la refundición de los Convenios de Ginebra.

En el mismo instante en que enmudecieron los cañones, el CICR, artífice de este desarrollo desde su origen, reanudó la tarea. Procedió del mismo modo que para las empresas anteriores, que se llevaron a cabo, por término medio, cada 25 años, es decir, una generación.

Para lanzarse a tales empresas, es necesario, en primer lugar, creer y, después, querer, porque, como dice el proverbio inglés, «where there is a will, there is a way». A continuación, como lo hizo con brío Henry Dunant en los comienzos, es preciso convencer a los responsables, y no es ésta la tarea más fácil.

Y luego, hay que reunir una detallada documenta ción sobre las experiencias adquiridas en los conflictos. Desde hace más de un siglo, se asiste así a la marcha paralela de la acción y del derecho, una precediendo a la otra. Es preciso «pegarse» a los hechos; de lo contrario, sería una obra vana, alejada de las realidades. Se tienen también en cuenta las iniciativas tomadas por las organizaciones humanitarias, que han significado nuevos hitos en la lucha contra el sufrimiento.

Segunda etapa: El CICR elaboró proyectos de Convenios en colaboración con expertos internacionales, reunidos en conferencias preparatorias. Efectivamente, es necesario asociar, desde un principio, a los Gobiernos en esta obra, a fin de ganarlos para la causa y preparar la aprobación de nuevos instrumentos diplomáticos. También es necesario que el CICR sepa hasta dónde puede llevar las reivindicaciones humanitarias, porque retocar textos tan fundamentales es siempre un gran salto en lo desconocido. Los proyectos se someten también a la Conferencia Internacional de la Cruz Roja.

Después, se codifican los principios y la costumbre en forma de convenios internacionales. Más tarde, sobre esas bases ya sólidas porque están ancladas en el suelo, la Cruz Roja desplegará sus actividades y emprenderá otras nuevas. Y el ciclo se reanuda, manteniendo en equilibrio estos dos elementos —el hecho y el derecho—, que se suceden y se prestan mutuo apoyo.

En la aprobación de tratados internacionales, todo depende, naturalmente, de los Estados que, mediante su firma y su ratificación, contraen compromisos solemnes, a los cuales deberán ajustar tanto su legislación como, así se espera, su comportamiento. Aprobar ciertos artículos clave representa, pues, para ellos una delicada decisión, cargada de consecuencias. Hay que comprender esto, pero hay que saber también que, por ello, el CICR no es responsable del texto final, por lo menos en su totalidad.

Por consiguiente, se entiende que el derec ho humanitario está hecho, en gran parte, de concesiones obtenidas de los Estados, sobre todo de las grandes potencias. Para convencerlas, hace falta el apoyo de los pequeños y medianos países, de las autoridades morales y de la opinión pública. Pero hay que saber mostrarse realistas en las propuestas presentadas. A veces, las potencias son reticentes y se siente, entonces, todo el peso del poder soberano. Así ocurrió, por ejemplo, cuando no querían obligarse por disposiciones sobre los «detenidos políticos» ni sobre las armas nucleares de destrucción masiva.

Algunos han dudado incluso de que los Estados, que son entidades abstractas, “monstruos fríos”, decía Nietzsche— puedan mostrarse humanos, dado que solamente los seres de carne y hueso pueden hacerlo. Sin duda, esto no es totalmente falso, pero el Estado se manifiesta por medio de sus representantes, que son hombres, y a menudo hombres cordiales.

De hecho, los delegados en la Conferencia Diplomática demostraron ser, en general, personas de buena voluntad, no desprovistas de ideales. Por desgracia, aunque reciben el título de plenipotenciarios, no tienen un poder de decisión ilimitado. Antaño, en los tiempos de los Frédéric de Martens y de los Louis Renault, los debates prolongados tenían todo su sentido, porque había una razonable esperanza de convencer a sus interlocutores. Pero, en nuestros días, actúan después de recibir instrucciones, que sin cesar solicitan por teléfono. Así pues, defienden, en primer lugar, la intereses inmediatos del poder constituido y no siempre tienen libertad para elevarse hasta el plano del interés general ni, sobre todo, para considerar las reivindicaciones procedentes de la otra «orilla». Es, por otro lado, el drama de toda la política actual y de las grandes organizaciones internacionales.

Sin embargo, en la Conferencia Diplomática de 1949, se manifestó un impulso unánime para remediar los inmensos males que el mundo acababa de padecer. F ue lo que permitió tener éxito en un solo período de sesiones, de cuatro meses y medio. Y algunos delegados realizaron, como presidentes de comisiones, ponentes o promotores de enmiendas, una labor admirable.

No es el CICR el que convoca las Conferencias Diplomáticas. Es más ortodoxo que lo haga una autoridad pública. Desde los orígenes, se ocupó de ello el Gobierno suizo, fiel a su tradición y al apoyo que siempre ha prestado a la Cruz Roja, que encarna tan bien su ideal de neutralidad y de paz. Por lo tanto, el CICR colaboró estrechamente, desde el comienzo de los trabajos, con 1a autoridad federal, es decir, con el Departamento de Relaciones Exteriores, y esta operación, que siempre se ha desarrollado con el mejor espíritu, ha contribuido mucho al éxito de la empresa. Dando una prueba clarísima de su interés por esta causa tan digna de ser defendida, Suiza solicitó la colaboración, para dirigir los debates de las dos últimas Conferencias Diplomáticas, de dos presidentes de la Confederación, los señores Max Petitpierre y Pierre Graber. En 1977, se designó oficialmente a Suiza como Estado gerente de los Convenios de Ginebra.

Desde los trabajos preparatorios, se planteó una importante cuestión de método: ¿había que elaborar códigos muy detallados o formular principios generales y flexibles? Nosotros nos inclinábamos netamente por la última solución, porque, como todos los juristas saben, aunque sea paradójico, querer reglamentar todo es poner trabas, dado que se cae en un formalismo rígido. Codificar es inmovilizar. Como siempre hay casos no previstos, permanecerán fuera del derecho, mientras que, si nos atenemos a principios simples, claros y concisos, éstos permitirán reglamentar los casos nuevos por extrapolación, es decir, prolongando las líneas de las normas básicas.

Pero prevaleció la concepción formalista, porque los representantes pensaban, en primer lugar, en los males precisos que su país había sufrido y cuya repet ición querían, como es lógico, evitar. De ahí que los Convenios de Ginebra totalicen más de 400 disposiciones, a menudo muy largas, mientras que el primer Convenio, que data de 1864, no tiene más que 10 cortos artículos.

Por supuesto, se ha reprochado a los legisladores de 1949 el hecho de haber «preparado la última guerra», en otros términos de haber elaborado textos demasiado orientados hacia el pasado que no anticipan suficientemente el futuro. Hay en ello una parte de verdad, porque la historia no se repite, pero no veo cómo hubiera podido hacerse de otro modo. No se puede contar más que con los hechos confirmados. Sería muy peligroso hacer planes quiméricos porque las cosas previstas no siempre se producen o, al menos, no se producen como se pensaba. Creo que los textos aprobados en Ginebra son un razonable compromiso entre las experiencias hechas y las perspectivas de futuro prudentemente evaluadas.

En cada Conferencia se hacen progresos por lo que respecta a la técnica de la codificación. Así, en 1949, por ejemplo, aprendimos a nuestra costa que es mejor imponer, por mayoría de votos, una solución sencilla y práctica que buscar un laborioso compromiso que, finalmente, no satisface a nadie. Lo hemos visto, por ejemplo acerca de la retención de los miembros del personal sanitario caído en poder del enemigo e internados en campos de prisioneros para asistir allí a sus camaradas heridos o enfermos: una cuestión vivamente discutida. Finalmente, se dijo que esos médicos y enfermeros no serán prisioneros de guerra, pero que se beneficiarán del Con- venio de los prisioneros de guerra. Son «no prisioneros con un pero», como diría el Aguilucho de Edmond Rostand. Y, en la votación final, la delegación a causa de la cual se habían hecho todas estas contorsiones con la esperanza de una ilusoria unanimidad se pronunció finalmente en contra.

Cuatro Convenios resultaron de la Conferencia de 1949, de 1os cuales tres revisados, es deci r, el Convenio «heridos y enfermos», su adaptación a las operaciones navales, el Código de los prisioneros de guerra y, sobre todo, un nuevo Convenio para la protección de las personas civiles, tanto tiempo deseado. Sobre este punto preciso, fue la delegación francesa la que, en la conferencia preparatoria de expertos gubernamentales, aportó un primer proyecto enteramente redactado, lo que el CICR todavía no se había atrevido a hacer. Era demasiado detallado y fue necesario podarlo mucho, pero proporcionó, en gran parte, la trama del instrumento diplomático que iba a nacer y que es la principal obra de esa Conferencia. Por lo que respecta a los resultados, hay que añadir el nacimiento de una disposición revolucionaria en derecho internacional, el artículo común 3, tendente a hacer prevalecer, en los conflictos armados no internacionales, algunos rudimentos de humanidad.

Los conflictos interiores son más encarnizados y más crueles que los choques entre naciones porque —seamos cínicos— el odio se desencadena entre personas que se conocen (demasiado bien), lo que ciertamente no ocurre en las guerras internacionales. Por lo demás, las insurrecciones solían ahogarse en sangre, excepto cuando el ejército se ponía del lado de los insurrectos.

Las «luchas intestinas» son tan antiguas como la vida en sociedad y si se ha esperado tanto tiempo a que comenzara la codificación es, por una parte, porque tal tentativa choca de frente con la ciclópea fortaleza de la soberanía y, por otra, porque el derecho internacional es un medio, en definitiva bastante inadecuado, para resolver un problema esencialmente nacional. Los Convenios son tratados por los cuales los Estados regulan entre ellos sus asuntos comunes. En el conflicto interno, el vínculo real se crea entre un Estado y un grupo de sus súbditos, todavía ignorado. Pero no se ha encontrado mejor camino.

La experiencia ha demostrado que el derecho interno es incapaz de resolver estos prob lemas de manera satisfactoria, incluso atemperado por el reconocimiento de beligerancia, a fin de cuentas muy raro y que sólo se aplica en los conflictos de gran intensidad.

Al término de la Segunda Guerra Mundial, nadie pensaba que el derecho internacional podía regular tales situaciones. Pero algunos «locos» lo creyeron, y lo hicieron. Así nació ese mirlo blanco que es el artículo 3, calificado de « miniconvenio» , que, por embrio-nario que sea, ha prestado grandes servicios.

Mencionaré todavía un logro de la Conferencia Diplomática de 1949. Se había rehusado a una considerable parte de los prisioneros de guerra el beneficio del Convenio de 1929, porque los detenedores pretendían que no había guerra en el sentido del derecho interna-cional o negaban a su adversario la calidad de Estado, su belige-rancia e, incluso, su existencia. De este triste hecho nació el artículo común 2, el cual estipula que los Convenios se aplicarán no sólo en caso de guerra declarada, sino también en todo conflicto armado, incluso si no se ha reconocido el estado de guerra.

Así pues, el derecho debe aplicarse cuando hay víctimas, único criterio que conoce la humanidad. Sin embargo, el CICR no intenta envenenar la situación pretendiendo que todos los choques son guerras. Así, el reciente conflicto entre Gran Bretaña y Argentina, en el que los Convenios fueron notablemente aplicados, tuvo lugar sin que fuese reconocido el estado de guerra. En tales casos, el CICR dice a las partes concernidas: si no hay guerra, entonces tenéis que tratar a las víctimas de los acontecimientos mejor que si hubiera guerra, porque el trato instituido por los Convenios no representa más que un mínimo.

Otro éxito que cabe señalar: la asimilación de los combatientes de la resistencia a los miembros de las fuerzas armadas, con tal de que reúnan las condiciones clásicas, bastante restrictivas, es deci r, que lleven las armas abiertamente, que enarbolen un signo visible, que tengan un jefe responsable y que se ajusten a las leyes de la guerra.

Como se sabe, algunos Estados, con una imaginación digna de mejor causa, se esfuerzan por eludir el derecho en los conflictos armados y buscar sus fallos, mientras que los legisladores de la ley internacional intentan impedírselo, levantando, aquí o allá, nuevas barreras. Así, desde entonces, ha habido Gobiernos que han inten-tado subordinar la aplicación de los Convenios a condiciones, políticas o militares, ajenas al ámbito humanitario, o a condiciones diplomáticas o pseudojurídicas, referentes, por ejemplo, a la califi-cación del conflicto. Es evidente el mal incalculable que causan esas ficciones, esos odres hinchados en los que se pretende fundar tantos elementos de la vida contemporánea y que llevan en sí un germen de muerte.

Señalamos un hecho positivo: los Convenios de 1949 han llegado a ser universales, lo que no ocurría antes.

     

  III. La Conferencia Diplomática de 1974-1977  

     

En 1967, el CICR emprendió, en una nueva etapa, el desarrollo del derecho humanitario, con dos imperativos mayores: proteger a la población civil contra los peligros de la guerra, especialmente 1os bombardeos aéreos —una materia perteneciente al derecho de La Haya, que habla permanecido abandonada desde 1907— y perfeccionar el artículo 3, relativo a los conflictos interiores, que no era ‘todavía más que un primer paso. Por lo demás, bastaría una puesta al día.

¿Era necesario hacer una refundición completa del derecho humanitario? No. El CICR renunció de entrada a esta solución, para no correr el riesgo de destruir el edificio existente, todavía sólido, a pesar de algunas grietas. Se podía temer, efectivamente, en un mundo que se habla endurecido, que los Estados se mostraran menos liberales que en 1949 y que aprovecharan una revisión del derecho para volver atrás. Así pues, se decidió proceder por la vía de Protocolos adicionales a los Convenios existentes. Los dos Protocolos «completan», según sus términos, los Convenios de 1949. De hecho, en varios puntos modifican y revisan a fondo esos Convenios.

Ya en la Conferencia preparatoria de expertos gubernamentales, la delegación noruega presentó una proposición radical: redactar un solo Protocolo que se aplicara tanto a las guerras entre naciones como a los conflictos internos. Era generoso, pero demasiado optimista y, a pesar de una obstinada resistencia de Noruega se desechó la idea.

Otra cuestión: ¿había que confiar la empresa a las Naciones Unidas? En su fundación, la gran organización intergubernamental renunció, de manera perentoria, a este ámbito del derecho, consi- derando imposible para ella reglamentar la guerra, ya que acababa de prohibirla. Reaparece siempre el mismo sofisma.

Pero en 1968, las Naciones Unidas volvieron a interesarse por el derecho de los conflictos armados y su división de derechos humanos pensó, incluso, en presentar su candidatura. Sin embargo, se creyó que la mejor oportunidad de éxito era tratar la materia en terreno neutral, tanto en el sentido propio como en el figurado y, en la medida de lo posible, fuera de la política. Por eso, se prosiguió por el camino tradicional, que hace del CICR el alma de la empresa y de Suiza el agente diplomático. El CICR compartió este punto de vista, no para defender una prerrogativa, sino por el éxito de la causa. La Asamblea de las Naciones Unidas es una reunión política, lo que es perfectamente normal. Pero demasi ado a menudo se ve en ella, cuando se tratan temas muy delicados, a países hermanos enfrentados, que se lanzan anatemas desde la primera sesión, y todo se sitúa pronto en un clima polémico. Había que evitar eso. Pero las Naciones Unidas dieron a la empresa su total apoyo, lo que fue muy valioso.

Eso no quiere decir que la Conferencia de Ginebra escapara enteramente a la politización. Desde la primera sesión de la confe-rencia preparatoria de expertos, hubo algunas tentativas de colocarla bajo el signo de la contestación. Efectivamente, era tentador examinar las quejas de violaciones que se habían presentado desde 1949. De ahí a condenar a sus autores sólo había un paso. Esas ofensivas fueron cortadas de raíz.

No obstante, la política esbozó nuevas incursiones en la Con-ferencia Diplomática misma. Se quiso despertar al viejo fantasma de la guerra justa, pretendiendo que los países agresores no pueden invocar el derecho humanitario, sino solamente sus víctimas. Todo el edificio del derecho amenazaba ruina. Afortunadamente, se evitó este veneno mortal. En cambio, se tomaron decisiones sobre la naturaleza internacional de las guerras de liberación y sobre la prohibición del mercenariado, cuestiones que habría sido mejor tratar en su marco natural, el de las Naciones Unidas, puesto que se trata mas de “jus ad bellum” que de “jus in bello”.

Estas intrusiones de la política no deben extrañarnos demasia-do. Se trataba de una conferencia de Estados y, en los tratados interestatales, lo humanitario no siempre es «químicamente puro» [3] Según la expresión del señor Jean-Luc Hiebel., porque si la protección de las víctimas es humanitaria, los medios para realizarla pertenecen también a la conservación del Estado. Por lo tanto, no se puede escapar a esa tensión entre exigencias humanitarias, por un lado, y necesidades militares y políticas, por otro ya que dicha tensión, como veremos mas ade- lante, es el alma misma del derecho de los conflictos armados.

La Conferencia Diplomática se celebró de 1974 a 1977, a razón de cuatro reuniones anuales. No es extraño que fuese larga y difícil. Se trataron cuestiones más delicadas que en 1949 y materias que entonces la Conferencia había dejado de lado, porque implican luchar cuerpo a cuerpo con la guerra, como en la reglamentación de los bombardeos aéreos, o lanzarse al asalto de los abruptos muros de la soberanía estatal, como en la reglamentación de los conflictos interiores.

Había una baza importantísima. Efectivamente, la situación del mundo es, en nuestra época, tan tensa que las potencias pueden difícilmente entenderse por lo que respecta a las cuestiones políticas o incluso económicas. Mas aún: son incapaces de resolver los problemas que se plantean a nivel planetario, como el desarme, la superpoblación o la protección del medio ambiente. El único terreno en el que todavía pueden llegar a un acuerdo es, precisamente, el terreno humanitario.

La Conferencia fue el escenario de una notable universalidad ya que congregó a unos 700 delegados de 120 países. Mientras que en 1949, sólo hubo, por ejemplo, tres países africanos representados, en esta Conferencia hubo treinta. Se dijo entonces que el derecho internacional lo hacían los europeos para los europeos. Esto ya no es verdad.

Se pudo incluso medir la fuerza de la coalición realizada en torno al Tercer Mundo, que impuso, por ejemplo, el complejo tema de los «combatientes de la libertad» y, a última hora, la reducción masiva del Protocolo II, sobre los conflictos no internacionales. Es cierto que la entrada bastante espectacular en la escena mundial de fuerzas jóvenes, que a veces tienen un concepto bastante nuevo de derecho internacional, trastorna muchas nociones tradicionales. Hay que adaptarse.

Ya es reconfortante ver que enviados de todas las tendencias pro cedentes de los cuatro puntos cardinales, pueden encontrarse para hablar de algo que no es el dinero o el petróleo, sino la supervivencia del hombre, hacer callar por algún tiempo sus divergencias, superar los antagonismos políticos y dogmáticos, hablar el mismo lenguaje y ¿por qué no?, estrecharse la mano. Alguien ha dicho: en los ojos de los hombres de todas las razas se refleja un poco de azul cuando miran al cielo.

De 1949 a 1974, las modalidades de trabajo de una Conferencia Diplomática se transformaron profundamente. Entre tanto, las reuniones se multiplicaron, bajo los auspicios de las Naciones Unidas, y sus métodos prevalecieron, influidos por el formalismo anglosajón, a imagen de un mundo que se complica y se superorganiza por efecto del progreso técnico que se acelera. No es forzosamente un mal, porque esto nos ha valido, por ejemplo, el procedimiento del consenso, que permite hacer aprobar un texto sin votación, cuando nadie se opone formalmente, aunque dejando que se expresen las opiniones divergentes. El reglamento de la Conferencia preveía la aprobación de los artículos por una mayoría de dos tercios, lo que no dejaba de inquietarnos. Sin embargo, de los 150 artículos que tienen los dos Protocolos adicionales, solamente, 14 fueron objeto de votación. Todos los demás fueron aprobados por consenso.  

Pero los nuevos métodos de las reuniones internacionales nos aportaron también ese estilo locuaz, complicado y oscuro, que florece en nuestros días, y que la multiplicidad de las lenguas de trabajo incrementa todavía. Algunos diplomáticos vieron en seguida el partido que podían sacar de esta falta de limpidez, como los blindados se rodean de fumígenos en los campos de batalla. Ahora bien, el formalismo y la ambigüedad son soluciones fáciles, que tienden a obnubilar los problemas de fondo. El gran peligro es que la letra triunfe sobre el espíritu. Y si los textos son incompren-sibles, se tendrá la tentación de dejarlos de lado. Sea como fuere, la tendencia parece irreversible y hay que conformarse.

Tras cuatro años de intensísimos debates y gracias a la atenta colaboración de muchas delegaciones, nacieron dos Protocolos adi-cionales. En el primero —que es la obra maestra— figura un impresionante conjunto de normas que protegen a la población civil y reglamentan los bombardeos aéreos. Contiene, en primer lugar, una oportuna definición de la población civil y de sus bienes, por oposición a los militares y a los objetivos militares, que son los únicos blancos legítimos. Después, se confirma expresamente la inmunidad general de la que se beneficia la población civil. Se precisa que ésta nunca será dañada como tal, y que están prohibi-dos los bombardeos tendentes a aterrorizar a la población civil, así como los bombardeos indiscriminados o como represalia, lo que es un enorme paso adelante.

Un artículo prohíbe, como método de guerra, hacer padecer hambre a la población. Excluye, a este respecto, los atentados contra las zonas agrícolas, el ganado, el agua potable y otros bienes indispensables para la supervivencia. Una disposición se refiere a la protección del medio ambiente natural, otra gran innovación. Otro artículo prohíbe la destrucción de obras que contienen fuerzas peligrosas, tales como las presas o las centrales nucleares.

Un capítulo importante se refiere al comportamiento de los combatientes, que actualiza y desarrolla el reglamento de 1907. El escollo fue el fenómeno de la guerrilla, que era necesario afrontar. La solución final, un poco nebulosa como todo compromiso, con-sistió en definir, de manera mas precisa, las fuerzas armadas, después, en ampliar la categoría de los combatientes, flexibilizando las famosas condiciones de La Haya. Ya no se les pide que lleven abiertamente las armas mas que durante la acción y el despliegue que preceden inmediatamente al ataq ue.

Un éxito que causa satisfacción: el renacimiento, gracias a una señalización moderna muy técnica, de la aviación sanitaria inmunizada.

En cuanto al Protocolo II, está enteramente dedicado a los conflictos no internacionales, desarrolla el único artículo común 3 de 1949. Se trata de una versión simplificada del Protocolo I, adaptada a las condiciones particulares de este tipo de enfrentamientos. El precio pagado por la aceptación de un instrumenta detallado fue restringir el campo de aplicación: sólo cubrirá con-flictos armados de gran intensidad. Y después, la aprobación del texto final deparó una verdadera sorpresa de última hora, tras la cual se amputó la mitad de las estipulaciones del Protocolo (15 artículos sustanciales, en lugar de 33), por orden terminante de algunas delegaciones y con la complicidad de la mayoría de las otras. Por consiguiente, la lucha ya no era posible y, como dijo un delegado, «la mitad del huevo era mejor que la cáscara vacía».

En resumidas cuentas, pienso que el CICR supo aceptar el desafío que se le lanzó para resolver una parte, por lo menos, de los graves problemas que plantean los conflictos de nuestra época Aunque los Protocolos presentan, a veces, el defecto de las solu-ciones de compromiso, pueden salvar numerosas vidas. Pero, para que entren en vigor en todas partes, deben ser ratificados masiva-mente por los Estados. Ahora bien, hasta la fecha, apenas unos cincuenta de ellos han cumplido esa formalidad y el compromiso de las dos «superpotencias» todavía se hace esperar. Por eso, nada se debe descuidar para poner a los grandes de este mundo ante sus responsabilidades, a fin de que doten a los pueblos de una protección eficaz a la que tienen tan legítimo derecho. Entre tanto, la obra de codificación ya reviste toda su importancia como plasmación de la costumbre.

  IV. Conclusiones  

     

Para terminar, quisiera exponerles algunas consideraciones más generales. Sabemos que todo el derecho internacional humanitario resulta del equilibrio entre el principio de humanidad —o sea, el imperativo que empuja al hombre a actuar por el bien de sus semejantes— y el principio de necesidad, es decir, el deber de los poderes públicos de conservar el Estado, defender su integridad territorial y mantener el orden. Es el eterno enfrentamiento de Creón y de Antígona.

Lo que pide la Cruz Roja es que la conducción de las hostilidades y el mantenimiento del orden público no desdeñen el respeto que se debe a la persona humana. En su esfuerzo de promoción del derecho, el CICR siempre ha avanzado por la arista, estrecha como la hoja de un cuchillo, que separa estos dos mundos. Debe buscar sin cesar dónde está la justa línea de separación, saber hasta dónde ir en sus reivindicaciones en beneficio del individuo. Entre pedir demasiado y pedir demasiado poco, el margen es muy pequeño, tan reducido como para los cosmonautas que vuelven con su nave espacial a la atmósfera. Un poco más arriba o un poco más abajo, no se acierta.

Daré dos ejemplos. Cuando nació la Cruz Roja, Henry Dunant, el visionario, que sólo se dejaba guiar por su entusiasmo, hubiera querido que se fijara el trato a los prisioneros de guerra al mismo tiempo que el destino de los heridos. Pero sus colegas, más prudentes, le impusieron el método de los «pequeños pasos». Y el primer Convenio de Ginebra de 1864 no se ocupó más que de los heridos y enfermos de los ejércitos. Pero fue firmado y respetado. Y le siguieron los otros Convenios.

Cuando, después de la Segunda Guerra Mundial, el CICR, fundándose en la sorprendente comprobación, hecha por los expertos, de que el bombardeo masivo de los centros habitados no había «compensado» desde el pun to de vista militar, redactó un «proyecto de reglas» para proteger a la población civil contra los peligros de la guerra, las potencias se apresuraron a enterrarlo porque contenía un artículo que les habría estorbado en el empleo de la energía atómica.

El equilibrio entre humanidad y necesidad tiene otro aspecto con el que está estrechamente relacionado: la vieja oposición entre Don Quijote y Sancho Panza, es decir, entre pragmatismo e idealismo. En la elaboración del derecho humanitario, como en toda gran empresa, nada se hará sin el idealismo, que desafía a toda inteligencia. Sólo es una chispa en medio de las tinieblas, pero encenderá el foco del que se alzarán las llamas.

Para realizar la obra, el secreto del éxito es mantenerse realista Es la gran lección que nos dieron nuestros predecesores, los Gustave Moynier, los Paul Des Gouttes, los Max Huber. Gracias a su sensatez, los Convenios de Ginebra han conservado su crédito, su autoridad y son, a pesar de muchos obstáculos, generalmente aplicados. Si los Estados aceptan obligarse por textos de derecho, es porque éstos son conformes a su interés recíproco y bien entendido. Nada es más peligroso que el «humanitarismo desenfrenado» animado por las mejores intensiones, pero apartado de las realida- des, la imagen misma del «wishful thinking». De él nacerán hermosas páginas de elocuencia y tal vez castillos de estuco dorado, pero éstos se derrumbarán al primer choque.

Además, un derecho poco realista será inevitablemente violado. Ahora bien, un derecho violado, incluso solamente en ciertos puntos, será un derecho contestado, que estará amenazado de desmoronamiento y luego de ruina. En definitiva, la autoridad misma del derecho está en tela de juicio. En resumidas cuentas, para codificar es necesario poner en el «órgano para licores» de Huysmans, dos granos de sueño, uno de locura y cien de realismo, si se quiere que el combinado sea potable. Esa es la receta.

Los Convenios de Ginebra proceden de la humanidad, por supuesto, pero también, en buena parte, del sentido común. Para demostrarlo, me ha ocurrido, en los seminarios, proponer a estudiantes, que aún no conocían nada de los Convenios de Ginebra imaginar lo que se debería prever para reglamentar el cautiverio de guerra. Al final del ejercicio, se daban cuenta, no sin sorpresa, que habían elaborado totalmente, en sus grandes líneas, el Convenio de 1949 sobre el trato a los prisioneros de guerra.

Asimismo, el derecho humanitario no tiene oportunidades de ser aceptado más que si se sitúa en el plano de lo universal y si se funda en principios que pertenezcan verdaderamente al acervo común de la humanidad. Se sabe, desde Pascal y Montaigne, que la moral es relativa y que varía al cruzar una cordillera. La tentación de introducir en los Convenios profesiones de fe, filosóficas o religiosas, sólo puede conducir al fracaso.

La oposición entre humanidad y necesidad nos lleva todavía a otro problema: el «progreso» de las técnicas de guerra, la invención de nuevas armas, ¿harán que se pongan en tela de juicio las conquistas del derecho humanitario? En otros términos, ¿se modificará la línea de separación de que hablaba más arriba?

Pienso que una profunda evolución de los métodos de combate comportará forzosamente, a más o menas largo plazo, una revisión de las normas jurídicas, ya que precisamente se rompe el equilibrio entre necesidad y humanidad. Pero, en cambio, los grandes principios protectores, ya «consuetudinarios en segundo grado », es decir con un valor absoluto y válido, incluso para los Estados no signatarios, seguirán siendo intangibles. Por lo tanto, sólo se tratará de una adaptación del dispositivo, de las modalidades de aplicación.

Un ejemplo: la invención de la aviación de bombardeo puso en tela de juicio el artículo 25 del Reglament o de La Haya de 1907 que prohíbe bombardear las localidades no defendidas, pero ello únicamente por lo que respecta a las localidades de retaguardia inaccesibles en aquella época. En cambio, conserva su valor por lo que respecta a las localidades afectadas por el frente, y que las tropas que avanzan deben respetar. Hoy, la nueva reglamentación, formulada en 1977, autoriza el bombardeo de los objetivos militares, pero prescribe no atacar a la población civil.

He aquí por qué las potencias, confrontadas con los problemas vitales que plantea el descubrimiento de la energía nuclear, deberían sentarse, sin demora, en torno a una mesa para legislar a este respecto, de manera completa y definitiva. No hay otra solución, si se quiere evitar al mundo la catástrofe irremediable.

*

Se nos ha dicho: en lugar de reglamentar la guerra, harían ustedes mejor en impedirla. Esta perentoria afirmación es tan antigua coma el derecho humanitario, pero ha tomado un nuevo vigor con la prohibición de la guerra y la definición de la agresión. Es un sofisma tal que no abusaré de su tiempo para rebatirlo. En dos palabras: aunque la comunidad internacional ha proscrito la guerra, por desgracia los pueblos la hacen tanto como antes. Mientras los Estados muestren, armándose hasta los dientes, que no han renunciado verdaderamente a ella, incluso a título defensivo, se tiene el deber absoluto de promover la salvaguardia de sus víctimas, si por desgracia estalla. Es lógico atenuar los golpes de un azote mientras todavía no ha sido destruido. En realidad, los dos esfuerzos deben hacerse paralelamente, cada uno con los medios de que se dispone.

Sin duda, se ha hecho bien en proclamar la abolición de la guerra, pero hay que saber a qué precio se paga ese gesto espectacular. Por estar condenada la agresión, nadie quiere cometer la falta de declarar la guerra, y algunos Estados niegan incluso durante mucho tiempo est ar en conflicto. Y, naturalmente, dichos Estados se resisten a aplicar el derecho humanitario, temiendo que en ello se vea la prueba de su beligerancia.

Algunos nos han dicho: ¿para qué sirve desarrollar el derecho cuando en tantos lugares es pisoteado? Es cierto que el derecho humanitario no es siempre respetado. Pero esta tara corroe también las otras ramas del derecho. ¿No ha creado la sociedad un gran aparato —la justicia y la policía— únicamente previendo que el derecho será violado? A esto debe añadirse que la prensa es más ávida de lo que va mal que de lo que va bien; por consiguiente, relata sobre todo las faltas.

Dicho esto, el derecho humanitario se alza directamente contra la guerra, que ha cogido por la cintura. Ahora bien, la guerra pone en tela de juicio la existencia misma de los Estados. Implicados en una lucha a ultranza, no piensan más que en romper las trabas. Además, la guerra perturba el ejercicio de la justicia y tiende a enmascarar las infracciones cometidas, tanto más cuanto que, con-trariamente a lo que ocurre en el derecho interno, el sistema de las sanciones es, también en eso, embrionario.

Por lo tanto, es más difícil hacer aplicar este derecho que otro. Pero, por lo menos, tiene el mérito de aclarar a cada uno lo que debe hacer y lo que no debe en tiempo de conflicto. Antaño, se admitían muchas cosas que hoy se consideran inadmisibles. El derecho permite también determinar las responsabilidades de cada uno.

Es tanto más meritorio cuanto que ha salvado numerosas vidas y aliviado tantas miserias. Pero, ¿qué ocurrirá en el futuro, en un mundo cada vez más implacable? Tal es la angustiosa pregunta que nos atenaza la garganta.

Ciertamente, las naciones sólo ven a menudo sus intereses más inmediatos y les cuesta trabajo levantar su mirada a nivel mundial. Ciertamente, se combate con fanatismo y se sabe que cuanta más pasión haya en los enfrent amientos menos es respetado el derecho. Ciertamente, hay en nuestros días una escalada de la violencia, llamaradas de neobarbarie y algunos llaman acciones bélicas a actos de terrorismo contra inocentes, que no son más que crímenes.

Pero exacciones ha habido en todo tiempo. Si nos parecen más numerosas, es sobre todo porque las conocemos mejor que las conocían antes. En los países donde la información es libre, se denuncian públicamente los abusos, y esto está muy bien, porque la presión de la opinión pública frena ciertos excesos.

Es verdad que esta abundancia de información comporta el riesgo de saturación, de «vacunación». Al comienzo de un conflic-to, cada muerte comunicada conmueve muchísimo. Al cabo de unos días, la lista de las víctimas es sólo una estadística, sobre todo si el conflicto se desarrolla en un país lejano. El público se cansa y se vuelve indiferente.

Otro riesgo: conociendo la fuerza de la opinión, los servicios de propaganda se lanzan a manipularla y atizan, entre los pueblos enfrentados, un odio que no les encendía la guerra. Y, desde que estalla un conflicto, se denuncian sistemáticamente matanzas, torturas, se abultan los acontecimientos y, si es necesario, se inventan. Finalmente, el sufrimiento se convierte en un arma al servicio de la lucha, hasta tal punto que se reprocha al CICR que calme los espíritus, mostrando, mediante sus visitas a campamentos, la   futilidad de ciertas alarmas. Ha habido incluso detenidos políticos que han exagerado sus desdichas o se han negado a mejorar su propio destino, cuando se les proporcionaban los medios, para dar a sus camaradas de combate un arma moral más contra un régimen vilipendiado.

¿Adónde vamos? ¿Habrá, por fin, en el mundo fraternidad paz, o se destruirá a sí misma la c ivilización? ¿Será el « futuro sangriento», profetizado por Henry Dunant, o la edad de oro?

Sin duda, ni lo uno ni lo otro. Pero estoy persuadido de que el triunfo del derecho sobre la fuerza es la más firme esperanza que nuestra especie tiene de sobrevivir. Por eso, pensad que este derecho humanitario está en vuestras manos. Haced que viva, haced que salve, haced que irradie. Me dirijo aquí, sobre todo, a nuestra juventud, que llevará la pesada carga de construir el mundo de mañana. Todo lo que sabemos de ella nos permite confiar en el futuro.

  Notas:  

  [1] Conferencia pronunciada en la Universidad de Ginebra, el 16 de noviembre de 1984.

  [2] Recordemos que Suiza fue, en la Segunda Guerra Mundial, la Potencia protectora de 35 países.

  [3] Según la expresión del señor Jean-Luc Hiebel.