“Ayúdenme a encontrar a mi hija”: el llamado que no puede ignorarse en El Salvador
Guadalupe quisiera partirse en tres: en la que trabaja, la que cuida a sus nietos y la que busca su hija. Hace cinco años Roxana, su hija, desapareció, cuando tenía 26, junto con su pequeña. A los 15 días encontraron a la niña y hoy Guadalupe se siente entre la espada y la pared porque “tengo que cuidar a mi nieta, ir a buscar a mi hija, pero no tengo los recursos”.
Por David Quesne, jefe de misión del CICR en El Salvador
La incertidumbre sobre la suerte y el paradero de un ser querido es una dura realidad que deben afrontar Guadalupe y las demás víctimas de esta tragedia en El Salvador, donde aproximadamente seis personas desaparecen a diario y donde miles de familias todavía esperan una respuesta integral del Estado a su situación.
No existen cifras exactas y confiables sobre el número total de personas desaparecidas en el país, lo que representa un primer obstáculo para dimensionar la realidad del problema y atenderla. Por una parte, hay disparidades entre los números de las mismas autoridades. Por ejemplo: la Fiscalía General de la República (FGR) registró 2.273 casos en 2020, mientras la Policía Nacional Civil (PNC) cerró el año con 1.543 denuncias, una reducción del 35%. Por otro lado, hay un subregistro de casos, derivado de la falta de denuncias de las familias que temen sufrir represalias, que no cuentan con los recursos para ir a denunciar o que, incluso, desconocen sus derechos y los mecanismos para reportar la desaparición de su ser querido.
Al ahondar en los datos de personas desaparecidas durante la pandemia nos encontramos con otra situación particular: una disminución drástica de las denuncias durante el periodo de la cuarentena domiciliar obligatoria declarada durante la primera fase del covid-19. Si bien podría ser indicador de una reducción del delito, también podría obedecer a un acceso más limitado de las familias a los mecanismos de denuncia por el cierre de instituciones clave durante la emergencia sanitaria, acentuándose así el subregistro de casos y la desprotección de las víctimas y sus familiares.
Yo quisiera hacerme tres Lupes: una para estar en el trabajo, otra para estar pendiente de los niños en la casa y otra para buscar a mi hija; pero no se puede. A mí se me hace muy difícil, porque para irla a buscar a mí me pusieron entre la espada y la pared. Tengo que ir a buscarla, pero no tengo los recursos, principalmente el dinero
Pese a los esfuerzos y avances para hacer frente a esta problemática en El Salvador, brindar una respuesta integral y un trato digno a las familias, encontrar a las personas desaparecidas, facilitar el proceso de denuncia y garantizar la no repetición siguen siendo tareas pendientes.
Para esto, además de contar con cifras confiables y fortalecer el intercambio de información entre autoridades para conformar un registro único de personas desaparecidas, es necesario adoptar un marco normativo y desarrollar políticas públicas que reconozcan los derechos de la persona desparecida y de sus familiares, que facilite la determinación del estatus legal, establezca mecanismos de búsqueda con enfoque humanitario, la participación de las familias, y pautas para la recuperación, tratamiento e identificación forense.
Igual de indispensable es generar condiciones para que las familias puedan denunciar, recibir un trato digno, así como fortalecer el servicio médico forense para una mejor gestión de la información e identificación de las personas fallecidas no identificadas.
Uno de los mecanismos con los que cuenta El Salvador desde 2010 en respuesta a la identificación y repatriación de personas fallecidas es el Banco de Datos Forenses para Migrantes no localizados conformado por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), el Ministerio de Relaciones Exteriores (RREE), el Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desparecidos (COFAMIDE) y la Procuraduría de Defensa de Derechos Humanos (PDDH). El Banco ha logrado resolver 74 casos de migrantes desaparecidos, de un total de 343 documentados, a través de la toma de ADN. Este es un importante mecanismo para las familias, un modelo que ha sentado la base para las buenas prácticas, atención digna, notificación adecuada, registro y acompañamiento.
En El Salvador, la inagotable lucha de las familias aunada a la nueva configuración de la Asamblea Legislativa, abren la oportunidad de avanzar juntos en la formulación de propuestas que contribuyan a la búsqueda y localización de las personas desaparecidas y permitan una atención integral de sus familiares.
Como siempre, el CICR reitera su disposición para acompañar con su asesoría técnica estos procesos para que las normas que surjan de estos consensos estén apegadas a los estándares internacionales. Las familias, como la de Guadalupe y miles más en El Salvador, siguen esperando una respuesta y creemos que sí podemos estar a la altura de sus expectativas.
Descarga aquí la sección de El Salvador del Balance Humanitario 2020-2021