Desaparecidos: la deuda pendiente
Por Olivier Martin, jefe de la misión del CICR en El Salvador
La desaparición de personas ha sido y es uno de los grandes retos humanitarios que enfrenta El Salvador.
Durante 2019, la Fiscalía recibió, por día y en promedio, nueve denuncias de personas desaparecidas, mientras otras tantas personas (la cifra superaría el millar) desaparecieron en la ruta migratoria. Estas desapariciones se suman a las de 8.000-10.000 salvadoreños que desaparecieron durante los años del conflicto armado, según estimaciones de autoridades estatales y organizaciones de la sociedad civil. Aún no existen cifras consolidadas, pero la cantidad de salvadoreños que han desaparecido por la ola de violencia en la última década en el país superará la cantidad de personas que desaparecieron durante los doce años de conflicto armado. Casi tres décadas después de la firma de los acuerdos de paz, la no repetición sigue siendo un reto difícil de conseguir.
Si bien hay avances positivos para enfrentar el problema de la desaparición, aún queda mucho por hacer. Los familiares no son reconocidos legalmente como víctimas y no reciben ayuda económica del Estado, a pesar de sus necesidades. No existe aún un registro único de personas desaparecidas y cuerpos no identificados que facilite el proceso de búsqueda e identificación. Las dependencias estatales encargadas del proceso de identificación y acompañamiento en salud mental a menudo se ven sobrepasadas, pues la demanda supera, de lejos, su capacidad financiera, humana y de infraestructura.
La persona que desaparece no es la única víctima. La incertidumbre sobre su paradero se extiende y afecta a miles de familias enteras, que ven rotos sus vínculos y viven en una angustia cotidiana por no saber si su ser querido sigue vivo, si está sufriendo, dónde está, qué le pasó.
Tres hijos de Cunegunda desaparecieron durante el conflicto armado en El Salvador. CICR/F. Díaz
Uno de los grandes retos es, sin duda, reconocer este sufrimiento, facultar a las familias legalmente como víctimas y responder, en consecuencia, a sus derechos. Primero, el derecho a saber lo que sucedió y, si la persona falleció, a recibir el cuerpo para darle una sepultura digna. Segundo, deben ser atendidas las necesidades en salud mental de las familias, así como las económicas y administrativas. Se necesita desarrollar e implementar programas de asistencia económica y asistencia psicológica y psicosocial, así como establecer, por vía legislativa, la declaratoria del estado legal de ausencia por desaparición para que las familias puedan gestionar los bienes de sus seres queridos.
Es también de suma importancia impulsar la aplicación sistemática, en todo el territorio y por las instituciones correspondientes, del Protocolo de Acción Urgente, así como asegurar que se informe debidamente a las familias sobre los resultados de la búsqueda. La implementación de un registro único de personas desaparecidas y personas fallecidas no identificadas, sumado al uso apropiado de todos los medios de identificación humana, incluida la comparación de las huellas dactilares tomadas de los cuerpos no identificados con las del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, sería un paso fundamental para mejorar la búsqueda e identificación de las personas desaparecidas.
En El Salvador, el CICR mantiene un diálogo permanente con las autoridades para lograr una respuesta más integral a las necesidades de estas familias, que deben estar siempre en el centro de cualquier iniciativa. Vemos con esperanza los esfuerzos del Congreso para la elaboración de un proyecto de ley que responda a esas necesidades y el interés de las autoridades de que esa legislación cumpla con los estándares internacionales en la materia.
El Salvador tiene una deuda pendiente que crece cada día con las familias de las personas desaparecidas: es hora de saldarla.