Resultados de nuestro trabajo humanitario en Colombia durante 2017
Nuestra labor tuvo impacto sobre la vida de 65.700 personas.
A continuación, algunos resultados de nuestro trabajo, en muchas ocasiones realizado en conjunto con la Cruz Roja Colombiana.
- 690 familiares de personas desaparecidas recibieron apoyo y orientación sobre sus derechos.
- 271 personas recibieron noticias sobre la suerte de su familiar desaparecido. De ellas, 133 restablecieron el contacto y 138 fueron notificadas de la muerte de su ser querido.
- 19 cuerpos de personas fallecidas en zonas de conflicto fueron recuperados y entregados a las autoridades para su identificación.
- 3.330 desplazados recibieron alimentos, insumos o dinero para superar la emergencia.
- 5.300 campesinos que habitan zonas afectadas por el conflicto armado mejoraron la producción de alimentos.
12.000 personas tienen mejores condiciones sanitarias, acceso al agua e infraestructura comunitaria.
- 11.980 personas que viven en zonas afectadas por artefactos explosivos aprendieron a evitar accidentes.
- 160 víctimas de minas antipersonal y otros explosivos recibieron apoyo económico.
- 11.320 personas con discapacidad mejoraron sus condiciones en centros de rehabilitación socios del CICR.
- 590 heridos y enfermos accedieron a servicios de salud.
1.500 familias afectadas por el conflicto armado mejoraron sus ingresos económicos gracias a la capacitación para el trabajo, apoyo para obtener empleo o los recursos para fortalecer sus negocios.
1.280 detenidos se beneficiaron del trabajo del CICR en las prisiones, como visitas y mejoras en agua, saneamiento y salud.
- 107 menores de edad desvinculados de grupos armados comenzaron el tránsito hacia una vida nueva tras la labor del CICR en 2017.
- 13 personas que estaban en poder de grupos armados volvieron a ver a sus seres queridos. Desde 1994, más de 1.630 personas han recuperado la libertad gracias a la labor del CICR.
570 personas, la mayoría víctimas de amenazas, recibieron ayuda para buscar un lugar seguro.
490 víctimas recibieron atención psicológica y psicosocial. Entre ellas, sobrevivientes de violencia sexual.
1.700 miembros de la fuerza pública y autoridades penitenciarias se formaron en estándares internacionales de uso de la fuerza y normas humanitarias.