Con esta convicción, la misión del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Honduras empezó a trabajar de la mano con las autoridades para acompañar las jornadas de vacunación que el Instituto Nacional Penitenciario (INP) y la Secretaría de Salud (SESAL) llevan a cabo en diversos centros penitenciarios del país y mediante la que se busca beneficiar a 20,635 personas, incluidas a internos y personal que labora en los centros penitenciarios.
"Los esfuerzos para controlar la pandemia de la COVID-19 en un país pueden fracasar si las medidas de prevención y control de infecciones no se implementan en los lugares de detención", indica Karim Khallaayoun, jefe de Misión del CICR en Honduras.
"Las personas privadas de libertad son más vulnerables a un brote de enfermedad por el coronavirus que la población general debido a que muchas veces viven en condiciones de hacinamiento o con poca ventilación, y también a la dificultad de implementar medidas de prevención como el lavado frecuente de manos o el distanciamiento físico".
Como parte de esta acción en favor de las personas privadas de libertad, el CICR desplegó una campaña de sensibilización dirigida a los privados de libertad y sus familias sobre la importancia de vacunarse. Esta iniciativa consta de mensajes que se les hacen llegar a través de videos y afiches disponibles en español, misquito, garífuna e inglés. Asimismo, ha realizado donaciones de equipo de protección personal para los vacunadores, apoyando logísticamente el despliegue de los equipos en los lugares de detención y suministrado equipamiento para asegurar la cadena de frío de las vacunas.
La vacunación a personas privadas de libertad es un asunto de salud pública en beneficio general de la población. La experiencia muestra que las cárceles y entornos similares -donde las personas se reúnen en contacto cercano- pueden ser una fuente de infección, amplificación y propagación interna y externa de enfermedades infecciosas.
"Los gobiernos tienen la responsabilidad de brindar atención a las personas que se encuentran en centros penitenciarios. Su condición de privados de libertad no debería influir en la decisión de si son "dignos" de recibir atención que les salve la vida. Todos tenemos derecho al acceso la vacuna: nadie estará a salvo de la pandemia hasta que todos estemos vacunados", expresa Karim Khallaayoun.
De acuerdo con las cifras oficiales más recientes, 15,424 privados de libertad han sido vacunados con una primera dosis como parte de estas jornadas, además de 797 agentes penitenciarios; 75 militares; 53 policías preventivos y 175 miembros del personal de salud. En diversos centros penales del país ya inició la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19.
