Mujeres privadas de libertad: entre el olvido y los estigmas - Entrevista con María Noel Rodríguez Tochetti

Mujeres privadas de libertad: entre el olvido y los estigmas - Entrevista con María Noel Rodríguez Tochetti

Las mujeres privadas de libertad están en una situación especial de vulnerabilidad. Aparte del estigma que cargan por haber infringido la ley siendo mujeres, y de las dificultades para acceder a la justicia, deben cumplir sus condenas en lugares construidos en función de los hombres y no adaptados a sus necesidades, algunas tan básicas como el acceso a la higiene menstrual.
Artículo 29 septiembre 2021 México Honduras Guatemala El Salvador Costa Rica Nicaragua

María Noel Rodríguez Tochetti, asesora penitenciaria de la Delegación Regional para México y América Central del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), explica que para entender las necesidades particulares de las privadas de libertad en la región es necesario implementar en los sistemas penitenciarios un enfoque de género mediante el cual se entienda que las mujeres vienen de historias y contextos distintos a los de los varones. Además, cometen delitos diferentes a los hombres e incluso enfrentan otro tipo de retos sociales y económicos al momento de su reintegración social.

Instrumentos internacionales como las Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de libertad para las mujeres, conocidas como las Reglas de Bangkok, son indispensables de promover e implementar, más aún en tiempos de pandemia como la que actualmente vivimos por la covid-19.

¿Qué situación viven las mujeres privadas de libertad?

Históricamente, las mujeres han representado un bajo porcentaje de la población privada de la libertad en América Latina en relación con los varones. En este hemisferio, las mujeres y niñas representan aproximadamente del 6.3% de la población carcelaria. Esto ha contribuido a invisibilizar su problemática y necesidades particulares.

Si bien el porcentaje es aún reducido, en los últimos años ha existido un incremento severo y mucho más acelerado de la cifra de mujeres reclusas en relación con los varones. Un estudio de la plataforma Resumen Mundial de las Prisiones (World Prision Brief) y del Instituto de Investigación de Política Criminal (Institute for Criminal Policy Research) muestra que, entre el año 2000 y 2017, el número de privadas de libertad aumentó tres veces más que el de los hombres en el continente americano.

Esto se debe fundamentalmente a la existencia de políticas punitivas para delitos no violentos (vinculados generalmente con la pobreza), endurecimiento de las leyes relacionadas con las drogas, así como a la falta de perspectiva de género en la legislación y el sistema penal.

Muchas veces vemos que las estructuras de crimen organizado captan a las mujeres, en ocasiones aprovechando algún tipo de dependencia económica o emocional, para utilizarlas en roles secundarios pero muy expuestos, lo que provoca su criminalización. Ello ocurre en un contexto en el que las mujeres tienen dificultades para acceder a una defensa adecuada y gratuita. En consecuencia, sus procesos son más largos y no siempre terminan de la forma más favorable.

Es necesario generar conciencia sobre la necesidad de una mayor atención e impartición de justicia con perspectiva de género.

¿Qué implica que las necesidades de las mujeres sean invisibilizadas?

En general, los sistemas penitenciarios han respondido a las características y necesidades de los varones. La invisibilidad de las necesidades de las mujeres se percibe en todos los planos: el diseño de los centros penales, el equipamiento, los reglamentos, sistemas de clasificación, los programas de rehabilitación, entre otros.

Por ejemplo, las mujeres tienen necesidades propias en materia de salud sexual y reproductiva, pero, debido a la escasez de recursos, los sistemas penitenciarios no siempre están en condiciones de brindarles insumos necesarios para su aseo personal e higiene menstrual o existen retos para garantizar el acceso a consultas especializadas como las ginecológicas.

También requieren de más sanitarios para procurar su aseo y evitar enfermedades. Sin embargo, generalmente, los lugares de detención se construyen sin esta perspectiva y no hay baños suficientes para cubrir estas necesidades.

Si bien la población privada de libertad se encuentra en especial situación de vulnerabilidad frente a la pandemia provocada por la covid-19 debido a que viven en lugares de encierro con falta de condiciones adecuadas para garantizar medidas de higiene y distanciamiento físico, el impacto en las mujeres ha sido más fuerte.

Como parte de las acciones para tratar de controlar la covid-19 en lugares de detención, muchos sistemas penitenciarios suspendieron o restringieron las visitas familiares. Si consideramos el rol que la mujer ocupa en la familia —generalmente están al frente del hogar y tienen una relación sumamente cercana con sus hijos— el no poder recibirles ha tenido un impacto significativo en su salud mental y menstrual. La falta del vínculo afectivo y la imposibilidad de obtener artículos de higiene a través de sus seres queridos ha impuesto situaciones muy complejas para ellas.

En este sentido, uno de los principales retos que enfrentan los sistemas penitenciarios es incorporar a las personas privadas de libertad a los procesos de vacunación, incluyendo a las mujeres.

Por eso es tan importante el trabajo con las autoridades penitenciarias y judiciales con el fin de contribuir a la comprensión y entendimiento tanto del instrumento, como de las necesidades de las mujeres privadas de libertad.

El CICR, como parte de su mandato exclusivamente humanitario, ha priorizado el trabajo con mujeres en detención y viene desarrollando e implementando diversas iniciativas que procuran visibilizar y atender sus necesidades especiales.

¿Qué son las Reglas de Bangkok y cuáles son los retos regionales para su implementación?

Son el instrumento internacional más importante para gestionar los espacios de privación de libertad considerando las necesidades especiales de las mujeres. Reconocen el impacto diferencial de la pena privativa de libertad y la importancia de atender sus necesidades específicas.

Sus objetivos básicos son: reducir el uso de la pena privativa de libertad para las mujeres, promover medidas alternativas a la privación de libertad, atender sus necesidades especiales y abordar las causas detrás de sus delitos.

El principio básico de las Reglas de Bangkok está consagrado en su primera disposición: "a fin de poner en práctica el principio de no discriminación, se deben tener en cuenta las necesidades especiales de las reclusas. La atención de esas necesidades para lograr en lo sustancial la igualdad entre los sexos, no deberá considerarse discriminatoria".

Son el primer instrumento internacional que visibiliza a las hijas y los hijos de las mujeres privadas de libertad. Incorporan disposiciones particulares para mujeres madres y embarazadas, extranjeras y mujeres pertenecientes a grupos en especial situación de vulnerabilidad.

Las Reglas contemplan las responsabilidades que las mujeres infractoras tienen en el cuidado de otras personas y establecen que, en la medida de lo posible, las reclusas deben ser alojadas en centros de detención cercanos a su lugar de residencia

Este instrumento también incluye que las instalaciones destinadas al alojamiento de las personas detenidas deben contar con instalaciones y artículos necesarios para satisfacer las necesidades de higiene propias de su género, como el acceso a insumos para la higiene menstrual y el suministro permanente al agua para el cuidado personal y el de sus hijos e hijas.

Entre sus 70 disposiciones también contempla el examen médico al momento del ingreso a fin determinar sus necesidades básicas de atención de salud.

El primer reto para implementar este instrumento internacional es que se conozca ampliamente y asegurar que la formación en materia de género llegue a todo el personal en todos los niveles.

Recientemente, el CICR llevó a cabo el cuarto taller para abordar los desafíos en la atención de las mujeres privadas de libertad, ¿cómo benefician experiencias de este tipo?

Bajo el título "A 10 años de la aprobación de las Reglas de Bangkok, los desafíos de la gestión penitenciaria en tiempos de pandemia", funcionarios y funcionarias de los sistemas penitenciarios de México, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Guatemala y Nicaragua tuvieron la oportunidad de analizar desde un enfoque de género y derechos humanos los retos en materia de salud física y mental, planes de vacunación, procesos de liberación, así como los desafíos para gestionar la privación de libertad en línea con estas reglas.

Este tipo de experiencias son de suma importancia porque, lamentablemente, no hay espacios de coordinación regional para los sistemas penitenciarios. La policía, los jueces y los fiscales tienen organizaciones regionales y espacios de articulación; sin embargo, el personal penitenciario carece de estos espacios de intercambio regional.

Desde el 2018 el CICR ha logrado reunir anualmente a las autoridades de estos países para abordar las necesidades especiales de las mujeres dentro de los sistemas penitenciarios. Este es un espacio único, que permite discutir en clave de género, intercambiar desafíos y lecciones aprendidas en el trato y atención a las mujeres privadas de libertad.

No es lo mismo que un organismo internacional les indique cómo deben gestionar la privación de libertad, a que dialoguen entre pares y compartan experiencias y retos comunes. En ello el CICR tiene un valor agregado para procurar el trato digno, humano y diferencial a los miles de mujeres que se encuentran privadas de libertad en nuestra región.