Suburbio de Daraya en Damas, Siria (2024). Ammar Saboh/CICR

Presidenta del CICR: "Asistimos a un fracaso global y colectivo en la protección de los civiles en los conflictos armados"

"Hoy en día, la población civil está desprotegida en los conflictos armados que se libran por todas partes del mundo: desde República Democrática del Congo hasta Gaza y Sudán, desde Ucrania hasta Yemen", dice la presidenta del CICR, Mirjana Splojaric. Declaración para la primera conferencia internacional de seguimiento para examinar la aplicación de la Declaración política sobre armas explosivas en zonas pobladas el martes 23 de abril de 2024 en Oslo (Noruega).
Declaración 22 abril 2024

El costo humano de estas guerras, exacerbado por el uso de armas explosivas pesadas en zonas pobladas, es inaceptable.

Las armas explosivas pesadas son un riesgo para todos —niñas, niños, mujeres y hombres— y para todo —viviendas, escuelas, hospitales—, y sus amplias zonas de impacto suelen exceder holgadamente el objetivo. En los entornos urbanos, donde los objetivos militares, la población civil y los bienes de carácter civil están tan cerca unos de otros, el resultado es devastador. Los equipos del CICR en el terreno han visto a innumerables personas civiles fallecidas o heridas, que en muchos casos terminan con una discapacidad permanente o traumas psíquicos graves. Las ciudades quedan reducidas a escombros, y las viviendas, la infraestructura, las escuelas y los sitios culturales, destruidos. Las personas ven desaparecer sus medios de subsistencia. Se desmoronan los servicios esenciales para la vida humana, lo que priva de acceso a agua, saneamiento, electricidad y atención médica a poblaciones enteras. Todo esto provoca más muertes y enfermedades, obliga a las personas a desplazarse y echa por tierra décadas de desarrollo.


En los últimos dos años, el CICR ha sido testigo del aumento del costo humano de la guerra y las armas explosivas pesadas, hoy ya intolerable.

El fenómeno plantea preguntas importantes sobre cómo los Estados y los grupos armados no estatales que hacen uso de ese tipo de armas interpretan y aplican las normas del derecho internacional humanitario (DIH) que rigen la conducción de las hostilidades.

Estas normas del DIH están pensadas para proteger a la población civil del peligro mortal de los enfrentamientos. Parten del principio cardinal de distinción, que exige a todas las partes en un conflicto diferenciar en todo momento entre población civil y combatientes, así como entre bienes de carácter civil y objetivos militares. Los ataques no deben dirigirse contra personas civiles ni bienes de carácter civil, y los ataques indiscriminados están prohibidos.

Además, los principios de proporcionalidad y precaución protegen ante daños incidentales por ataques contra objetivos militares. Las operaciones militares deben realizarse con un cuidado constante de preservar a las personas civiles y los bienes de carácter civil. Se prohíben los ataques que puedan causarles a esas personas y bienes un daño incidental previsible excesivo o que podría evitarse o minimizarse.

Así y todo, se hacen excepciones al DIH que dejan a categorías enteras de personas sin la protección que les corresponde. Se invocan argumentos transaccionales y de reciprocidad en un intento por justificar interpretaciones inaceptables de la proporcionalidad y no se toman precauciones factibles, entre otras formas de incumplimiento. Se enfatiza cada vez más la necesidad militar en detrimento de la vida de la población civil y se pierde de vista el propósito de protección del DIH. Con esta interpretación más y más laxa de los fundamentos del derecho internacional humanitario, las partes en los conflictos armados sientan un precedente peligroso, con consecuencias trágicas para todos.


Por el contrario, las partes en cualquier conflicto armado deben respetar estos principios y normas al pie de la letra, en particular cuando utilizan armas explosivas en zonas pobladas.

En ese sentido, encomiamos la Declaración Política sobre Armas Explosivas en Zonas Pobladas por subrayar la importancia de cumplimiento riguroso del DIH como medio para proteger a la población y los bienes de carácter civil evitando o, en su defecto, minimizando los daños.

Si bien, en el marco del DIH, no pesa una prohibición general sobre el uso de armas explosivas pesadas en zonas pobladas, la probabilidad de que este uso tenga efectos indiscriminados es muy elevada, y, según las circunstancias, las normas del DIH bien pueden prohibirlo. En eso se apoya el llamamiento de larga data del CICR y del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en su conjunto para que todos los Estados y grupos armados no estatales que sean partes en conflictos armados eviten el uso de armas explosivas pesadas en zonas pobladas. Estas armas deben evitarse a menos que puedan adoptarse medidas de mitigación suficientes para limitar su radio de impacto y el consiguiente riesgo de daños civiles.



Desde esa perspectiva, la declaración constituye un novedoso logro: es el primer instrumento que, en vista del profundo sufrimiento que infligen estas armas, compromete expresamente a los Estados a limitar su uso.

El documento plantea que, para proteger con eficacia a la población civil, además de atenerse al derecho, los Estados y las partes en conflictos armados deben revisar y mejorar las políticas y prácticas nacionales relativas a la protección de las personas civiles durante conflictos armados en los que se hace uso de armas explosivas en zonas pobladas.

El CICR celebra este compromiso político. El horror de la guerra urbana en diversas partes del mundo nos recuerda todos los días la pertinencia y la urgencia de esta declaración. Sin embargo, debemos ser conscientes de que el potencial de la declaración para salvar vidas solo se materializará en la realidad de los conflictos armados si se cumplen las siguientes condiciones:

  • todos los Estados que la apoyen se atienen a la letra y el espíritu de la declaración;
  • todas las partes en conflictos armados, entre ellas los grupos armados no estatales, adhieren sin reservas a sus compromisos;
  • todas las partes beligerantes interpretan el DIH, incluidas sus normas sobre conducción de las hostilidades, de buena fe, en consonancia con el propósito de protección para el que fue pensado.

Las palabras importan. Las promesas políticas importan. Y aun así, son magro consuelo para las personas civiles de todas partes del mundo que padecen el horror de los bombardeos. Necesitamos con urgencia un cambio tangible en el terreno. Llamamos a todos a tomar medidas concretas, aquí en Oslo y al regresar a sus respectivas capitales, para lograr este cambio.