Una nueva etapa en la búsqueda de personas desaparecidas

A comienzos de 2018, llegué a este país para hacerme cargo de la Delegación Regional del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para México y América Central. Una de las novedades más importantes era que acababa de entrar en vigor la Ley General en Materia de Desaparición de Personas y, con ella, se había creado el Sistema Nacional de Búsqueda. Esta ley fue diseñada junto con los familiares y ellos mismos fueron los principales protagonistas de su aprobación.

La justificación para una ley de esa naturaleza era clara: la imperiosa necesidad de construir una nueva visión en la búsqueda de más de 40.000 personas desaparecidas y la urgencia de dar respuesta a las apremiantes necesidades de sus familiares. Además del hecho de que las desapariciones no se han detenido, sino que ocurren aún hoy en día, cada día.

Miles de madres y esposas mexicanas deambulan de institución en institución buscando a sus hijos. A ellas se añaden los cientos de madres y esposas centroamericanas que viajan a México en busca de los suyos a lo largo de las rutas migratorias del país. Una llamada, una fotografía, un testimonio, pueden ser la pista que reavive la esperanza de hallarlos con vida meses, años, después de perder su rastro.

El CICR trabaja sobre las consecuencias humanitarias de los conflictos y la violencia armada en todo el mundo. Una de las más angustiantes es la incertidumbre de no saber dónde está ni qué le ocurrió a un ser querido. El drama es similar en muchos de los casos: un padre o una madre, un esposo o esposa, un hijo o hija que salió de casa y nunca volvió. ¿Por qué desapareció? ¿Sufrió un accidente, fue secuestrado, reclutado de manera forzosa, quedó a merced de grupos armados? ¿Qué pasó? Los familiares viven cotidianamente la ambigüedad de esa pérdida, un sufrimiento que se agrava debido a las consecuencias psicológicas, psicosociales, económicas, jurídicas y administrativas de la desaparición.

El equipo del CICR encuentra el mismo drama en los diez estados de México donde trabajamos, así como en nuestro continuo intercambio con los familiares a nivel federal. Conocemos a muchos protagonistas de estas historias trágicas. Son los familiares de personas desaparecidas, integrantes en muchos casos de colectivos tenaces, incansables, que buscan con entereza y dignidad, por su cuenta o al abrigo de las instituciones, a los parientes perdidos. Su acción es desesperada, pero íntegra en cuanto al fin que persigue: recuperar a sus seres queridos, saber qué les ha pasado, regresarlos a sus vidas.

Desde hace años en el CICR hemos puesto nuestro empeño y experiencia al servicio de estas personas, apoyándolas directamente o a través de las autoridades encargadas de responder a sus preguntas y necesidades. Con ellas y para ellas hemos hecho recomendaciones en el proceso de elaboración de la ley y estamos acompañando su implementación tanto a nivel federal como en distintos estados del país; con ellas y para ellas asesoramos en proyectos de intervención forense, como el Proyecto 751 de Guerrero; fortalecemos la capacidad de respuesta de las instituciones forenses, de salud mental y de acompañamiento psicosocial; y a ellas respaldamos como hicimos a través de un encuentro nacional de 65 colectivos.

El derecho internacional establece la obligación del Estado de hacer cuanto esté a su alcance para prevenir la desaparición de personas, buscar a quienes desaparecieron y mitigar las consecuencias de esta situación. De nuestro trabajo y compromiso en decenas de contextos en todo el mundo hemos aprendido que “hacer cuanto esté a su alcance” significa, sobre todo, adecuar la respuesta a la magnitud del problema y a las necesidades de los familiares, así como hacer partícipes a las familias de todo el proceso.

La Ley General en Materia de Desaparición de Personas visibiliza la complejidad de la cuestión y cumple, en gran medida, con dichos requisitos. Fue elaborada junto a los familiares y establece una nueva etapa en la búsqueda. Crea una serie de instituciones e instrumentos como las comisiones nacional y locales de búsqueda, fiscalías especializadas, protocolos, programas y el Sistema Único de Información Tecnológica e Informática, entre otros. Una vez aprobados y asignados los recursos necesarios, confiamos en que ofrecerán soluciones más eficaces a las familias.

La desaparición no es solo un problema de los familiares, sino también de todos y cada uno de nosotros. Se trata de un grave asunto que nos interroga como seres humanos y como sociedad. Por ello es fundamental afrontarlo juntos, construir sinergias entre familiares, autoridades y la sociedad civil.

En el CICR seguiremos trabajando con y para esas familias y colectivos. Seguiremos brindando asesoramiento técnico en distintos ámbitos de la búsqueda de personas desaparecidas, así como promoviendo y facilitando consensos entre autoridades, expertos y asociaciones que permitan mejorar la atención a sus necesidades. Pero solo el trabajo coordinado, profesional, empático y en equipo de todos brindará las respuestas que ansiamos y que debemos a los familiares de las personas desaparecidas.