El costo humanitario del incumplimiento del DIH en Colombia
En 2025, el impacto humanitario de los conflictos armados en Colombia siguió siendo crítico y se manifestó de forma diferenciada en los territorios. Esta situación estuvo determinada por la intensificación de las hostilidades, la forma en que se desarrollaron los enfrentamientos y el trato a la población civil en zonas con presencia y control de actores armados estatales y no estatales.
Según la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), al menos 235.619 personas se desplazaron de manera individual, 87.069 lo hicieron en eventos de desplazamiento masivo y 176.730 permanecieron confinadas. Ese mismo año, el CICR registró 965 personas heridas o fallecidas por artefactos explosivos, en su mayoría civiles. Además, documentó 308 nuevas desapariciones. Por su parte, la Mesa Nacional de Misión Médica reportó 282 actos violentos contra la asistencia de salud relacionados con los conflictos armados.
En comparación con 2024, estos indicadores muestran un aumento generalizado en el número de personas afectadas, particularmente el desplazamiento tanto individual como masivo y en el confinamiento, cuyas cifras se duplicaron.
Este deterioro se expresó tanto en hechos visibles e inmediatos como en afectaciones más profundas y duraderas, que alteraron las condiciones de vida de la población civil. El debilitamiento del tejido social, las restricciones prolongadas en el acceso a bienes y servicios esenciales y los cambios en las formas de subsistencia generaron efectos sostenidos en las comunidades.
Lo ocurrido en 2025 no fue un fenómeno repentino. Desde 2018, el CICR ha observado un deterioro progresivo de la situación humanitaria, en un contexto marcado por la persistencia de varios conflictos armados no internacionales y por dinámicas cada vez más complejas que han ampliado su impacto sobre la población civil.
