Colombia: La desaparición, el dolor de no saber

A ellas se suman los nuevos casos de desaparición que continúan ocurriendo. En 2024, documentamos 252 nuevas desapariciones relacionadas con los conflictos armados y la violencia, lo que representa un incremento del 13 % en comparación con el año anterior. Estos casos se registraron en 19 departamentos, pero el 85 % de ellos se concentró en siete: Arauca, Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Norte de Santander, Bolívar y Chocó.

Las personas fueron reportadas como desaparecidas por múltiples razones. Algunas fueron víctimas de desaparición forzada, otras fueron privadas de libertad o reclutadas sin posibilidad de comunicarse con sus seres queridos. En otros casos, fallecieron en contextos violentos, como en enfrentamientos u homicidios, y sus familiares no tienen información sobre su suerte y paradero.

Los actores armados siguen recurriendo a la desaparición como una estrategia para generar temor entre la población civil. Sin embargo, también hay casos en los que los portadores de armas son responsables de estas desapariciones debido a la inadecuada gestión de los
cuerpos y de la información de las personas fallecidas en el marco de los conflictos armados. Frente a esta situación, el aumento de las hostilidades y la disputa territorial en el último año incrementaron el número de muertos y heridos, lo que elevó el riesgo de desaparición de quienes fallecen en enfrentamientos.

Es esencial recordar que, en el marco del DIH, las partes de los conflictos armados tienen la obligación de prevenir la desaparición, incluso cuando no sea intencional y, en caso de que ocurra, emprender los esfuerzos necesarios para esclarecer la suerte y el paradero de las personas
desaparecidas. Por ello, los actores armados deben adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que los cuerpos de las personas fallecidas en este contexto sean ingresados a la ruta estatal, permitiendo su identificación y entrega a sus familias. Ninguna persona debe desaparecer, y ninguna familia merece vivir con la incertidumbre de la ausencia.

De los casos de desaparición documentados el año pasado, el 82 % corresponde a personas civiles, mientras que el 18 % restante corresponde a miembros de la Fuerza Pública y de grupos armados. En su mayoría, las personas desaparecidas son hombres, y son buscados por sus madres, esposas, compañeras, hijas y hermanas. Desde la entrada en vigor del Acuerdo de Paz de 2016 hasta diciembre de 2024, documentamos 1.929 desapariciones ocurridas en ese período. Aunque esta cifra es significativa, no refleja la magnitud completa de la problemática, que
con toda certeza es mucho mayor.

Ante un escenario en el que las desapariciones siguen ocurriendo, consideramos fundamental que el Estado colombiano establezca una alternativa exclusivamente humanitaria y extrajudicial para la búsqueda de las personas desaparecidas después de la entrada en vigor del Acuerdo de Paz de 2016.

Adicional a ello, es crucial que el Estado asigne los recursos necesarios para que la política pública que está estructurando el Sistema Nacional de Búsqueda se consolide e implemente para dar respuestas concretas a los familiares de personas desaparecidas. A su vez, también es importante que el Estado fortalezca la capacidad de respuesta de las instituciones que conforman el Sistema Medicolegal para atender de manera efectiva las necesidades forenses de las víctimas de los conflictos armados. Esto implica la búsqueda, recuperación, análisis, identificación y entrega
de los cuerpos de personas desaparecidas o fallecidas. La identificación es un aspecto esencial, tanto o más que la propia recuperación de los cuerpos, ya que, en este contexto, es necesario garantizar que las personas desaparecidas, una vez encontradas, puedan ser identificadas y entregadas dignamente a sus familias, reconociendo que la búsqueda no termina con el hallazgo, sino con la restitución de la identidad.